Análisis
La creación de un crimen para defender la necropolítica migratoria europea

En Europa existen leyes que criminalizan cualquier tipo de apoyo a la migración irregular, pero son relativamente desconocidas. Miles de personas migrantes son acusadas de conducir la embarcación o el vehículo durante el cruce de fronteras, la mayoría son condenadas y encarceladas. Cientos de activistas son perseguidas por apoyar a las personas que migran y se enfrentan a largos procesos judiciales.

Las llamadas “leyes de facilitación de la migración irregular”, que son la base de ambos procesos, son uno de los pilares de la necropolítica migratoria europea. Convertir cualquier tipo de actividad vinculada al cruce irregular de fronteras en un crimen no solo es una forma de reducir el número de personas que llegan a territorio europeo, sino de criminalizar la migración en sí misma, ya que prácticamente no existen vías legales para migrar. Pero a la vez, la debilidad jurídica de estas leyes, que contravienen numerosas leyes internacionales y europeas, las convierten en su talón de Aquiles. ¿Qué ocurriría con la Europa Fortaleza si facilitar la migración irregular no fuera un crimen?

La criminalización de los capitanes de cayucos

Taina Tervonen

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Frontera sur

Fronteras La criminalización de los capitanes de cayucos

Taina Tervonen

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Aunque la Unión Europea ha hecho de la lucha contra los “pasadores de fronteras” una de las prioridades de su política migratoria, sobre el terreno son a menudo los capitanes de las embarcaciones quienes son detenidos y condenados.

A pesar de que a día de hoy no existe información completa ni fiable, se estima que miles de personas migrantes han sido arrestadas y encarceladas en Europa acusadas de “facilitar la migración irregular”. Entre ellas, Homayoun Sabetara, Maysoon Majidi, Ablaye, Moha, Hanad Abdi Mohammad, los 9 de Pylos o los 5 de Cutro. A diferencia del silencio mediático que rodea los casos de las personas migrantes encarceladas, las activistas y organizaciones perseguidas por los mismos cargos, en su mayoría blancas, sí han despertado grandes olas de solidaridad y han acaparado titulares: Mimmo Lucano, alcalde de Riace, la tripulación del barco de rescate iuventa o las activistas Sara Mardini y Sean Binder. A pesar de sus diferencias, ambos grupos tienen una cosa en común; sufren la persecución por parte del estado a través de una de sus herramientas políticas para obstaculizar la entrada en territorio europeo de las personas migrantes, las llamadas “leyes de facilitación”.

Por primera vez desde su aprobación en 2002, estas leyes van a estar sujetas a un proceso de modificación en la Unión Europea. En noviembre de 2023 la Comisión Europea presentó su propuesta de modificación, que representa un endurecimiento de las condiciones y hace prever un escenario de mayor criminalización. Al mismo tiempo, el Tribunal Europeo de Justicia está evaluando por primera vez la legitimidad y legalidad de estas leyes en el contexto del caso Kinsa. El futuro de estas leyes, y por lo tanto el de miles de personas que están llegando y llegarán a territorio europeo, dependerá de la relación de fuerzas en ambos espacios. Como siempre, la movilización será imprescindible para oponer resistencia a este paso adelante en el endurecimiento de las leyes en materia migratoria de la UE.

Facilitar la migración, ¿un crimen?

El denominado “Paquete de Facilitadores”, aprobado en el año 2002, es la normativa europea que establece las bases sobre las cuales los estados miembros deben diseñar sus leyes sobre la “facilitación de la migración irregular”. A pesar de que en ese momento ya existían referentes en la legislación internacional, la Unión Europea diseñó esta normativa de forma que pudiera utilizarse más allá de la persecución de los grupos organizados que gestionaban los cruces irregulares de fronteras. Escogieron el término “facilitación” en vez de “tráfico”, que era el concepto utilizado, por ejemplo, en el Protocolo de la ONU contra el tráfico ilícito de migrantes. De esta forma, la UE imponía un concepto con una definición resbaladiza cuyos límites son borrosos. Se considera “facilitar la migración irregular” cualquier actividad dirigida a asistir intencionalmente a las personas de terceros países a entrar en un territorio sin la autorización requerida por las leyes de migración. En cambio, el “tráfico” implica que estas acciones se llevan a cabo con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio material.

La obligatoriedad de que exista un beneficio material para ser considerarlo un crimen, uno de los elementos clave en el Protocolo de la ONU, tiene como objetivo explícito evitar que se criminalice a las personas migrantes, sus familiares y comunidades, así como a activistas y organizaciones que trabajan en la defensa de sus derechos. Que el Paquete de Facilitadores no incluya el requisito de que exista un beneficio económico, y que considere la facilitación de la migración como una ofensa criminal independientemente de las circunstancias, ha sido una de las principales críticas a esta normativa. Los efectos del Paquete de Facilitadores y las legislaciones que lo transponían a las leyes nacionales, han tenido efectos devastadores en las fronteras europeas. Más allá de las consecuencias directas sobre las personas afectadas, su aplicación no sólo ha expandido la falsa noción de que el hecho de migrar puede ser considerado un crimen, encarcelando masivamente a miles de personas, sino que ha enviado el mensaje de que cualquier tipo de apoyo hacia una persona migrante puede ser considerado criminal.

El Paquete de Facilitadores no incluye el requisito de que exista un beneficio económico, considerndo la facilitación de la migración como una ofensa criminal independientemente de las circunstancias

Encarcelamiento, masivo y silencioso, de las personas migrantes

La criminalización de las personas migrantes no es un efecto colateral de las leyes de facilitación, sino su principal consecuencia. Se estima que por cada barco que llega a las costas europeas se arresta aproximadamente una o dos personas acusadas de haber conducido el cayuco o la patera. Lo mismo ocurre cuando se cruza por fronteras terrestres, arrestándose en estos casos al conductor del vehículo. En los distintos países de la UE en los que activistas y organizaciones han investigado la criminalización de las personas migrantes acusadas de “facilitadores”, principalmente Grecia, Italia y España, se encuentran patrones similares: presiones ejercidas por la policía y Frontex para obtener declaraciones acusatorias entre las personas que viajaban (que incluye ofrecer permisos de residencia o trabajo a quienes testifiquen, o amenazas de deportación si no colaboran), largos periodos de prisión preventiva, pruebas muy débiles o inexistentes, falta de garantías procesales, de representación legal adecuada o de intérpretes apropiados. No es una sorpresa, por todo lo anterior, que el porcentaje de personas que acaban siendo finalmente condenadas sea realmente alto. Las consecuencias sobre las vidas de las personas condenadas van más allá del tiempo de prisión. No solo las sentencias condenatorias acaban afectando las posibilidades de obtener asilo, sino que las multas acaban imponiendo una situación de partida muy complicada una vez salen de prisión.

A pesar de la opacidad de la información por parte de los gobiernos e instituciones, el arduo trabajo de activistas ha conseguido capturar algunos datos sobre la magnitud de la criminalización de la facilitación en algunos países europeos. En Italia, el proyecto “From sea to prison” (Del mar a la prisión), en el que participan Arci-Porco Rosso y borderline-europe, estima que anualmente se arrestan entre 200 y 300 personas, y desde 2013 al menos 3.200 personas han sido arrestadas por “facilitar la migración irregular”. En Grecia, las personas acusadas de facilitar la migración irregular son el segundo grupo más grande en las cárceles del país. Como apunta el último informe de borderline-europe, al menos 1374 personas fueron detenidas por contrabando en 2022. La investigación, que ha hecho seguimiento de 81 juicios, arroja datos escalofriantes: los juicios duran 37 minutos de media, lo que se reduce a 17 minutos en los juicios con abogados de oficio. La condena media es de 46 años de prisión y una multa de 332.209 euros.

En Grecia, las personas acusadas de facilitar la migración irregular son el segundo grupo más grande en las cárceles del país

El estudio del abogado canario Daniel Arencibia aporta los primeros datos cuantitativos sobre la situación en el estado español. Arencibia ha analizado 300 sentencias de juicios contra los llamado “patrones de embarcación” entre 2022 y 2023, que afectaron a 500 personas acusadas, 311 de ellas migrantes. Tras un periodo de detención preventiva que suele durar entre uno y dos años, y con unas pruebas acusatorias muy débiles o inexistentes, la condena media es de entre 2 y 3 años. Como ya recogía El Salto a principios de año, aunque la fiscalía pide 8 años de prisión cuando el acusado no se declara culpable, suelen ofrecer un acuerdo para reducir la condena si el acusado se declara culpable, acuerdo que, dadas las circunstancias, aceptan la mayoría de los acusados.

La criminalización de la solidaridad

Las mismas leyes que se aplican sobre los supuestos “patrones de embarcación” han servido para criminalizar a activistas, trabajadoras humanitarias y organizaciones en las fronteras europeas, en lo que se denomina “criminalización de la solidaridad”. La organización PICUM realiza un informe anual en el que analiza la evolución de estos casos. En su informe sobre 2023 estiman que hay 117 personas criminalizadas en Europa, principalmente en Italia, Grecia y Polonia. El 60% de estos casos se basan en las leyes de facilitación, e incluyen actividades como las operaciones de búsqueda y rescate, ofrecer alojamiento o cobijo, o proveer de comida, agua, alimentos, asistencia médica o apoyo legal.

Prácticamente todas las personas acusadas acaban absueltas tras años de procedimientos legales abiertos, pero la aplicación de estas leyes acaba provocando un efecto disuasorio, por el cual el miedo generalizado a tener una causa abierta y la incertidumbre legal de qué actividades pueden ser consideradas ilegales, acaban modificando el comportamiento de las activistas y organizaciones en el terreno. Esto reduce el acceso a servicios en los personas migrantes trayectos migratorios; menos barcos de búsqueda y rescate, menos personal médico, menos abogadas, menos alimentos o menos ropa de abrigo, lo que acaba teniendo un tremendo impacto sobre las vidas de las personas, e incluso puede llegar a implicar su muerte. No solo eso, la criminalización de la solidaridad también ha generado que las activistas y organizaciones no puedan acceder a determinados espacios, como por ejemplo la zona marítima entre Libia e Italia, o entre Turquía y Grecia, lo que ha reducido la capacidad de monitorear las acciones de los agentes estatales, acusadas, en ambos espacios, de vulnerar de forma sistemática los derechos fundamentales de las personas migrantes.

La criminalización de la solidaridad con las personas migrantes en Europa marca un nuevo récord en 2023

Redacción El Salto

Fronteras

Migración La criminalización de la solidaridad con las personas migrantes en Europa marca un nuevo récord en 2023

Redacción El Salto

La tendencia de criminalizar tanto la solidaridad con las personas migrantes, como el mismo hecho de atravesar fronteras de manera irregular, afianza un entorno hostil para quienes intentan llegar a la Unión Europea.

Una vuelta de tuerca, la propuesta de la Comisión

El pasado noviembre la Comisión Europea presentó su propuesta de modificación del Paquete de Facilitadores, que en los próximos meses deberá discutirse en las llamadas “tríadas”, las negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea. La actual presidencia húngara de la Unión Europea hace pensar que las negociaciones no van a avanzar en los próximos seis meses. Varias organizaciones han publicado informes en los que analizan la propuesta de la Comisión, en los que indican que la nueva propuesta no acabará con la criminalización de personas migrantes y activistas, sino que probablemente la endurecerá.

El nuevo delito de “instigación pública” a la migración irregular, permitirá criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil que suministren información y servicios a las personas en tránsito

La propuesta de la Comisión es un juego de luces y sombras. Mientras por un lado introduce finalmente el beneficio económico como elemento del crimen, solo lo hace en los casos en los que no “exista un alto riesgo de causar daños graves”, no solo a las personas que cruzan las fronteras, sino también a terceras personas. Teniendo en cuenta las condiciones de los viajes, con barcos abarrotados y sin las condiciones de navegabilidad ni seguridad necesarias, será fácil seguir criminalizando a aquellas personas acusadas de conducir la embarcación. El texto sigue sin explicitar de forma clara y vinculante que las personas migrantes, sus familias y comunidades, así como activistas y organizaciones, deben ser excluidas de la aplicación de estas leyes, y tan solo lo menciona en el apartado de “considerandos”, que no son vinculantes. La Comisión incluye un nuevo delito en su propuesta, la llamada “instigación pública” a la migración irregular, lo que permitirá criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil que suministren información y servicios a las personas en tránsito. Finalmente, la nueva propuesta exige un mínimo de penas. En concreto, la pena aplicable no podrá ser inferior a tres años de prisión, lo que en algunos países excluye la posibilidad de acceder a la libertad condicional u otras alternativas a la privación de libertad, o 10 años cuando hayan circunstancias agravantes.

Dariush Beigui: “Hay que cambiar el enfoque de la solidaridad por el de la responsabilidad política”

Inés Marco

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Criminalización de la solidaridad Dariush Beigui: “Hay que cambiar el enfoque de la solidaridad por el de la responsabilidad política”

Inés Marco

Acusado por “ayuda e incitación a la entrada no autorizada en Italia” por su trayectoria en el barco de rescate iuventa, Beigui se enfrenta junto a tres compañeras, a un pena de veinte años de prisión.

El caso Kinsa: Un atisbo de esperanza

Pero al mismo tiempo que la Comisión planea endurecer las leyes de facilitación, el actual Paquete de Facilitadores está siendo evaluado, por primera vez desde su aprobación en 2022, en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El caso de O.B., el llamado caso Kinsa, se ha llevado hasta el TJUE. O.B., una mujer de origen congoleño, se enfrenta a 5 años de prisión por facilitar la entrada de su hija y su sobrina, las dos menores de edad. La mujer fue detenida a su llegada y separada de las dos niñas, que fueron trasladadas a un centro de menores. Desde entonces, una de ellas se encuentra en paradero desconocido. Francesca Cancellaro, abogada de O.B., presentó una petición al Tribunal de Bolonia requiriendo una sentencia preliminar del TJUE. Cancellaro argumenta que el Paquete de Facilitadores y su transposición italiana (el artículo 12 de la ley italiana de migración) están en conflicto con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otras cosas porque tienen un impacto desproporcionado en el derecho a solicitar asilo. La abogada también plantea que el efecto disuasorio que estas leyes generan sobre activistas y organizaciones, acaba implicando la vulneración del derecho a la vida, la integridad física, al asilo y a la vida familiar, entre otros.

En la audiencia del pasado 18 de junio las partes, Cancellaro, los gobiernos de Italia y Hungría, así como la Comisión y el Consejo, defendieron sus posiciones ante la Gran Sala del TJUE. Se espera que el Tribunal emita su opinión el próximo 5 de noviembre. Los resultados posibles son múltiples. El Tribunal podría validar las leyes, es decir defender que las leyes son conformes con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. También podría declarar las leyes como inválidas, en su totalidad o disposiciones específicas, o bien podría proponer una interpretación necesaria para su cumplimiento.

En la construcción de unas políticas de movilidad basadas en las personas, el desmantelamiento de las leyes de facilitación, cuyos fundamentos legales son muy débiles, puede ser clave

Pese a las escasas probabilidades de que el TJUE tome una posición valiente con respecto a uno de los pilares de la necropolítica migratoria europea, el caso Kinsa ha despertado esperanza, especialmente en un momento en el que las organizaciones están empezando a intensificar la presión política para evitar que una nueva directiva europea acabe agravando la criminalización en las fronteras. Esto se une a algunas decisiones judiciales en los pasados meses, como el cierre del caso contra los nueve supervivientes de la masacre de Pylos, o contra los cuatro miembros de la tripulación de un barco de rescate, el iuventa.

Como plantea Cancellaro, existe un conflicto inherente entre la protección de las fronteras y la protección de los derechos fundamentales, pero son estos últimos los que deberían prevalecer. En la construcción de unas políticas de movilidad basadas en las personas, el desmantelamiento de las leyes de facilitación, cuyos fundamentos legales son muy débiles, puede ser clave. Estas leyes visibilizan de forma explícita el conflicto. Como argumentaba el juez a cargo del caso iuventa en su razonamiento final: “cualquier conducta materialmente apropiada para procurar la entrada en Italia de los migrantes sin permiso de entrada sería de hecho necesaria, ya que serviría para defender los intereses fundamentales de la persona y para alejar a los migrantes en tránsito hacia Libia de las condiciones inhumanas que viven en los centros de detención”. Soñar con un mundo en el que facilitar el cruce de fronteras no sea un crimen, sino una obligación, parece una utopía. Si hay alguna opción de avanzar hacia ahí todavía no lo sabemos, lo único cierto es que queda un largo camino de lucha.