Frontera sur
La criminalización de los capitanes de cayucos

Sentado en un parque de Santa Cruz de Tenerife, Fodé*, de 22 años, saca de su mochila un montón de papeles. “Son todos los papeles del juicio”. Se trata de once documentos en total, fechados entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, la duración del proceso judicial y la prisión preventiva de Fodé y otras siete personas, acusadas como él de organizar una travesía en cayuco desde Gambia a Canarias, con 105 personas a bordo. Según el auto de procesamiento, los ocho acusados habían pilotado la embarcación, manejado un GPS, distribuido comida o agua o indicado a los pasajeros dónde sentarse, acciones todas ellas que podrían considerarse como participación en la organización de la travesía. Sin embargo, según el Código Penal español (artículo 318 bis) “el que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, desde, en tránsito o con destino a España será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión”. Esta ley no distingue entre asistencia remunerada y no remunerada, por lo que es indiferente que el capitán reciba o no dinero por la travesía. En caso de muerte durante el viaje, las personas pueden ser procesadas por homicidio involuntario y la pena aumenta en consecuencia.

Según la acusación, Fodé llevaba el timón y repartía también la comida. Así lo declararon cuatro pasajeros —de los cerca de cuarenta interrogados—, cuyos testimonios fueron aceptados como prueba por los tribunales. Estos testimonios, recogidos por la policía durante las 72 horas que las personas pasan en un CATE, y luego repetidos ante un juez, se consideran pruebas preconstituidas que luego se utilizarán durante el proceso judicial que seguirá y durará varios meses. Las personas que colaboran con la policía se consideran testigos protegidos y pueden beneficiarse de un permiso de residencia de un año.

En Canarias, 202 personas fueron detenidas en 2021 y 86 en 2022, acusadas de conducir una embarcación desde la costa africana hasta las islas o participar de otro modo en la organización del viaje

“Pagué 450.000 CFA (unos 680 euros) por mi travesía. Vengo del interior de Senegal y nunca había estado en un cayuco antes de la travesía. ¿Cómo habría podido pilotarla?”, dice Fodé. “En cuanto a la comida, sí, una vez compartí mis provisiones con el hombre sentado a mi lado al que no le quedaba nada para comer. ¿Merezco ir a la cárcel por eso?”, añade. En Canarias, 202 personas fueron detenidas en 2021 y 86 en 2022, acusadas de los mismos delitos que Fodé: conducir una embarcación desde la costa africana hasta las islas o participar de otro modo en la organización del viaje.

En prisión preventiva con sus siete coacusados, Fodé compareció ante el juez nueve meses después. En la vista, dos de los testigos se retractaron de sus declaraciones iniciales, alegando que no habían entendido las preguntas de la policía, interpretadas en francés y no en su lengua materna. “Cuando nos enseñaron las fotos, pensé que debíamos señalar a las personas que sabíamos que estaban en el barco con nosotros”, explicó uno de los testigos. Otro dijo que el verdadero organizador del viaje estaba efectivamente en el barco, pero que nunca había sido identificado como tal, versión que también confirma Fodé.

Ante las contradicciones de los testigos, el tribunal absolvió a los ocho coacusados. Fodé recuerda una mezcla de alivio y rabia. “En la cárcel intenté estudiar, pero cada vez que pensaba en por qué estaba allí, me daba tanta rabia que no conseguía hacer nada. E incluso ahora, cada vez que pienso en aquella época, vuelve la rabia”.

El Hierro: del marco de la crisis migratoria a las redes que exigen un cambio de paradigma

Sarah Babiker

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Mientras miles de personas llegan a las Islas Canarias y se reeditan discursos racistas, los derechos de las personas migrantes parecen haber quedado fuera de la agenda política en plenas negociaciones sobre la formación de gobierno.

Todavía en Canarias, sin papeles, Fodé espera llegar algún día a tierra firme y trabajar. Ese fue su plan desde el principio. “En mi país, yo era mototaxista. Nunca había tenido ningún conflicto con la ley, ni siquiera con la policía. Soy el único hijo de mi madre, no tiene a nadie más. Me fui para ayudarla mejor”.

Ali* también es senegalés. Está cumpliendo una condena de tres años en una prisión española y de vez en cuando le conceden permisos de unos días. A diferencia de Fodé, se declaró culpable para beneficiarse de una reducción de condena. “Fue gracias a la intérprete”, dice. Delante del juez, nos dijo en wolof: ‘Si firmáis, os trasladarán a otra prisión, estaréis mejor, tendréis comida, podréis trabajar. Pero si no firmáis, os quedaréis aquí y no podréis trabajar’. Dejamos nuestro país y nuestras familias para venir a trabajar. Tengo dos hijos que alimentar en casa y mi mujer ha muerto. ¡Claro que firmé el papel!”

En Senegal, Ali era pescador y ganaba unos 2.500 CFA al día (unos 4 euros). A veces, los ingresos ni siquiera cubrían el coste de salir al mar. “Estaba cansado de esta vida. Lo vendí todo para pagar el billete, 400.000 CFA (600 euros). No debía pilotar el barco. Pero cuando se levantó viento y había muchas olas, ayudé. Claro que ayudé. Conozco el mar”.

“Cuando se les presenta el escrito de acusación, a menudo llevan meses de prisión preventiva a sus espaldas, a veces más de un año. Sólo quieren saber cuándo serán puestos en libertad”

Varios de los clientes de la abogada Loueila Ahmed Ndiaye han optado por declararse culpables, como Ali, independientemente de la realidad de los cargos que se les imputan. “Cuando se les presenta el escrito de acusación, a menudo llevan meses de prisión preventiva a sus espaldas, a veces más de un año. Sólo quieren saber cuándo serán puestos en libertad”, explica la letrada. Al declararse inocentes, las personas se arriesgan a un juicio largo y a una condena no reducida. Es muy raro que los testigos estén presentes en el juicio, como en el caso de Fodé. La justicia se basa entonces en “pruebas preconstituidas”, y las absoluciones son raras.

“Es un procedimiento extremadamente injusto”, subraya Ahmed Ndiaye. La detención preventiva es un arma psicológica. Si los acusados estuvieran en libertad condicional y no en prisión preventiva, la situación sería completamente distinta. Tendrían fuerzas para luchar. En cambio, el sistema funciona para satisfacer las estadísticas policiales y judiciales. Los traficantes son detenidos y condenados, y todos contentos.

Teseida García García, fiscal de Las Palmas responsable de aplicar la normativa de inmigración, confirma que casi todos los acusados se declaran culpables cuando se dicta el auto de procesamiento. “Sabemos que los capitanes suelen ser emigrantes como los demás. En este tipo de situaciones, el fiscal considera que la pena justa es de tres años de cárcel. En caso de muertes a bordo, la persona será procesada por homicidio involuntario, lo que representa una pena de uno a cuatro años por persona fallecida, que puede dar lugar a condenas muy severas. Por lo tanto, estamos haciendo uso de la opción prevista en el Código Penal de optar por la pena más severa en caso de muertes múltiples resultantes de una misma acción”.

Según la fiscal, esto se justifica por el hecho de que las penas inferiores a dos años pueden suspenderse, evitando que el acusado tenga que pasar tiempo en prisión. “El mensaje a la sociedad española y también para los países de origen sería que se van de rositas. Las sentencias son un recordatorio de que hay riesgos en este viaje”.

La fiscal confirma que la acusación se basa la mayoría de las veces en declaraciones de testigos, recogidas durante las 72 horas siguientes a la llegada. “En este trabajo, también contamos con la ayuda de Frontex, que está presente en los CATE y se comunica con la policía nacional sobre la posibilidad de un capitán identificado”.

Dariush Beigui: “Hay que cambiar el enfoque de la solidaridad por el de la responsabilidad política”

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Fronteras

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Acusado por “ayuda e incitación a la entrada no autorizada en Italia” por su trayectoria en el barco de rescate iuventa, Beigui se enfrenta junto a tres compañeras, a un pena de veinte años de prisión.

A su llegada, no son las autoridades españolas quienes realizan la primera entrevista, sino agentes de Frontex. Según la agencia, estas entrevistas “informativas” son siempre voluntarias y anónimas, y se utilizan para recabar información estadística sobre las rutas migratorias.

Preguntado por las preguntas que se hacen a los pasajeros que llegan, el portavoz de la agencia, Piotr Świtalski, dice que no se trata de un cuestionario, sino de una “conversación libre”. A la pregunta de si en esa conversación se pregunta por el capitán, responde: “No podemos entrar en detalles sobre las preguntas que se hacen. Es información sensible que no podemos discutir en público”. Todas las personas que conocimos y que fueron entrevistadas por Frontex afirman que se les preguntó por la identidad del capitán, con fotos de los pasajeros.

Daouda, que llegó a Tenerife tras un viaje de 17 días en el que murieron varias personas, entre ellas su esposa y el menor de sus dos hijos, fue entrevistado por un agente de Frontex en julio de 2021. Según Daouda, la entrevista tuvo lugar en francés, en un despacho con la puerta abierta, con dos policías españoles de pie frente a la puerta y siguiendo la entrevista.

“La persona de Frontex me enseñó un teléfono y me preguntó si era mío. Le respondí que sí. Me pidió que lo desbloqueara y salió de la oficina con el teléfono en la mano. Volvió al cabo de media hora”. Al salir de la oficina al final de la entrevista, Daouda dijo que pasó por otra oficina con la puerta abierta y vio en la pantalla del ordenador fotos sacadas de su teléfono. Poco después, la policía española le mostró esas mismas fotos, que más tarde se utilizarían como prueba para acusarle de organizar el viaje.

Preguntado por este caso, el servicio de prensa de Frontex respondió por correo electrónico: “La entrevista informativa no debe tener consecuencias jurídicas negativas para el entrevistado. La finalidad de la entrevista debe explicarse claramente antes de que comience, así como el carácter voluntario de la misma y la posibilidad de interrumpirla en cualquier momento”. Tras 15 meses en prisión preventiva, Daouda fue puesto en libertad bajo supervisión judicial. Sigue a la espera de juicio. Su hija ha sido acogida por los servicios sociales.

“El intérprete nos dijo que nuestros papeles de adopción no valían nada en España y que nos iban a quitar a la niña para dársela a una familia de acogida”

En ocasiones, los testigos denuncian presiones. A su llegada a Almería, Aïcha* y su marido Ahmed* fueron amenazados con separarlos de su hija adoptiva de dos años y medio, que viajaba con ellos. “El intérprete nos dijo que nuestros papeles de adopción no valían nada en España y que nos iban a quitar a la niña para dársela a una familia de acogida”, cuenta Ahmed. Me derrumbé y empecé a llorar. Un hombre con chaleco azul se me acercó y me llevó a su despacho. Le cogí de la mano y le supliqué que no se llevara a nuestra hija. Me hizo preguntas sobre la travesía: de dónde habíamos salido, cuánto habíamos pagado, quién había conducido el barco. Se lo conté todo, tenía mucho miedo por nuestra hija”. Los agentes de Frontex llevan chalecos azules con el nombre de la agencia.

Inmediatamente después, Aïcha fue interrogada por la misma persona. “El hombre me dijo: ayúdanos y te ayudaremos. Así que se lo conté todo”. Al día siguiente, Ahmed y luego Aïcha fueron interrogados por la policía española, que les pidió que “repitieran palabra por palabra” lo que habían dicho el día anterior. Según Aïcha, el intérprete le aseguró que, si decía la verdad, no le quitarían a su hija.

Sin embargo, unas horas más tarde, la policía recogió a la niña. Sus padres no sabían adónde se la habían llevado. Al día siguiente comparecieron ante el juez para repetir su testimonio por tercera vez. Después los llevaron a la Cruz Roja, sin noticias de la niña. “Nadie hablaba árabe, así que intenté explicar con gestos lo que había pasado”, recuerda Ahmed. “Fingí que acunaba a una niña en brazos”.

Sólo tras cuatro días de separación y con la ayuda de un abogado, Ahmed y Aïcha pudieron reunirse con su hija en un centro de menores. Y sólo al cabo de un mes se dieron cuenta, en el curso de una conversación, de que su colaboración con la policía les había dado derecho a permanecer en España. “Nadie nos dijo nada”, dice Aïcha. “No hacía falta: nos tenían a nosotros y a la niña”.

Con la ayuda de su abogado, Ahmed y Aïcha han presentado una denuncia ante Frontex y el Defensor del Pueblo español. Hasta ahora no han recibido respuesta de la agencia europea. Preguntado al respecto, el servicio de prensa de la agencia dijo que no facilitaba ninguna información sobre el caso, que sigue bajo investigación. Desde entonces, sin embargo, el Defensor del Pueblo español ha expresado su preocupación por el respeto de los derechos de las personas durante estos interrogatorios, que se realizan sin la presencia de un abogado.

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Para Irma Ferrer, abogada en Lanzarote, conocida por su lucha contra la corrupción y que también ha defendido a varios capitanes, es precisamente esta ausencia de abogado lo que plantea un problema. “Los abusos siempre se producen en situaciones de oscuridad. Pero no sabemos nada de lo que ocurre durante estas primeras horas en el CATE. Cuando llego al lugar, los capitanes ya han sido detenidos sobre la base de pruebas que no sabemos cómo se obtuvieron y de interrogatorios que no sabemos cómo se llevaron a cabo”.

Para la también voluntaria de la asociación Derecho y Justicia, que organiza sesiones de asesoramiento jurídico en las cárceles, los capitanes son chivos expiatorios de los que admite no haber sabido nada hasta el día en que la prisión insular se llenó de decenas de presos preventivos en 2022. “Antes de encontrarme con casos concretos, yo también pensaba que estas personas formaban parte de una mafia de contrabandistas. Cuando no conoces la realidad de la migración, interiorizas la idea de que alguien tiene que pagar. La gente muere en el mar, así que alguien tiene que asumir la culpa”.

¿Es el capitán el culpable ideal? Según la abogada Loueila Ahmed Ndiaye, la única forma de remediar esta situación, que considera especialmente injusta, sería modificar el código penal, en particular introduciendo la noción de intencionalidad en la ayuda, que actualmente no existe. “En la aplicación actual de la ley, los tribunales consideran circunstancia agravante haber puesto en peligro la vida de otra persona. Pero esta puesta en peligro no es intencionada, ya que los capitanes corren exactamente el mismo riesgo que sus pasajeros. Y sin intención, no hay delito”. “La cuestión es compleja”, explica, antes de concluir: “En la actualidad, la ley no protege los derechos de los extranjeros; protege ante todo la frontera”.