Amazonía
Brasil se independiza de la energía de Venezuela y amenaza a los indígenas

El Gobierno de Jair Bolsonaro, que desde antes de ganar las elecciones ya venía anunciando un retroceso de las políticas indigenistas y ambientalistas para favorecer lo que él considera como “un desarrollo necesario para el país”, recurrió al argumento de “interés nacional” para desbloquear un proyecto de transmisión de electricidad que lleva casi una década bloqueado porque viola los derechos de las comunidades indígenas Waimiri-Atroari.

La tierra indígena de esta etnia se sitúa entre los Estados de Amazonas y Roraima, al norte de Brasil, y fue demarcada y homologada en 1989 tras el establecimiento de la Constitución de 1988, que garantizaba el derecho a la diferencia, a la autonomía y a la tierra. No obstante, los Waimiri-Atroari han sufrido en las dos últimas décadas la invasión de varios proyectos de infraestructuras públicas y privadas, y 194 proyectos de minería amenazan su soberanía territorial. La garantía de los derechos de estas comunidades está siendo una vez más relegada porque el actual Gobierno brasileño desempolvó a finales de febrero unos antiguos planos de tendido eléctrico.

La obra consiste en ampliar la línea de transmisión de energía Tucuruí para construir un último trazado y unir Manaos, en el Estado de Amazonas, con Boa Vista, capital de Roraima. El objetivo: garantizar la completa autonomía energética de Brasil. Roraima, encajado entre las fronteras de Venezuela y Guayana dependía hasta hace un mes casi integramente de la energía proveniente de Venezuela, más exactamente de la central hidroeléctrica El Guri. Se trata de la cuarta hidroeléctrica más grande del mundo, que desde principios de marzo viene siendo protagonista de recurrentes interrupciones que han dejado sin suministro a venezolanas y venezolanos.

amenaza para los Waimiri-Atroari

Sin un anuncio público oficial, el actual Gobierno de Brasil parece haber roto el contrato de compra de energía de la estatal Venezolana Corpoelec, firmado en 2001 entre los gobiernos de Hugo Chávez y Fernando Henrique Cardoso, presidentes en aquel momento de ambos países. Con una vigencia prevista hasta 2021, el acuerdo permitía abastecer al Estado de Roraima, donde a día de hoy no llega el tendido eléctrico brasileño.

“Roraima ya es independiente de Venezuela”, señala a El Salto Leonardo Goy, asesor de comunicación y relaciones institucionales de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). Goy explica que, desde las 21.24 horas del 7 de marzo, el suministro de este Estado está siendo completamente cubierto por las centrales térmicas brasileñas presentes en la región, que anteriormente solo se utilizaban en momentos de emergencia debido a la tasa de contaminación y al elevado coste de producción.

Víctor Amaral: “Estoy totalmente convencido que los Waimiri-Atroari van a resistir, pero esta contienda puede cobrarse nuevas vidas”

De acuerdo con las declaraciones del asesor de esta agencia pública, solo en lo que va de año la ANEEL registró 25 apagones en la línea de transmisión Brasil-Venezuela, según él, “todos con origen en Venezuela”. Este representante explica que, debido a la degradación del servicio, el suministro de energía proveniente de El Guri fue cortado “sin previsión de retorno a la conexión de Venezuela”.

El 27 de febrero, una semana antes de que Brasil se independizase energéticamente de Venezuela, el Gobierno brasileño dictaminó junto con el Consejo de Defensa Nacional que el proyecto de la línea de transmisión de Tucuruí hasta Roraima es del interés para la “soberanía y defensa nacional”. Esta posición apelaría a una sentencia de 2009 en la que la Corte Suprema dictaminó que la explotación de alternativas energéticas estratégicas podrían ser prioritarias a los resultados de la consulta de las comunidades afectadas y a las disposiciones de la Fundación Nacional del Indio (Funai). “El usufructo de los indios no se sobrepone al interés de la Política de Defensa Nacional”, determinaba esta decisión.

Tal argumentario pretende esquivar la obligación de consulta previa, libre e informada de las personas afectadas por cualquier proyecto de infraestrutura, según estipula el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo y recogido también por la Constitución de Brasil. “Los indios serán consultados, pero el interés nacional debe prevalecer”, afirmó Otávio do Rêgo Barros, portavoz gubernamental de la decisión de construcción del tendido.

Con esta medida, “el Gobierno de Bolsonaro debe acelerar la aprobación de la obra, que debería haber estado concluída en 2015”, explica Goy. “El atraso de debe a problemas en la licencia ambiental y la expectativa, ahora, es que las obras comiencen en el segundo trimestre de este año para que la línea entre en funcionamiento antes de finales de 2021”, añade. La ANEEL ya ha aprobado el proyecto y ha programado una subasta en mayo para conceder la licitación a la empresa que haga responsable de la construcción y de la gestión.

Este proyecto, cuya primera licitación aprobada data de 2011, consiste en 715 km de tendido eléctrico, de los cuales 125 km tendrían que atravesar la tierra indígena Waimiri-Atroari. Debido al incumplimiento de las exigencias legales, la tentativa ha sido recurrentemente anulada. Frente a la suspensión de la licencia ambiental, la ANEEL buscaba alternativas y lanzó en febrero una llamada para incitar a la construcción de otras fuentes energéticas, como solares o eólicas. No obstante, aunque este plano continuará en pie, pasará a un segundo plano porque la prioridad del Gobierno de Bolsonaro continúa siendo la de extender el tendido eléctrico nacional y atravesar una vez más la Amazonia, por encima de las comunidades indígenas que en ella viven. La línea de transmisión “dará más fiabilidad al suministro (energético) y permitirá mayor desarrollo económico para la región”, completa Guy.

Resistencia indígena

“Los Waimiri-Atroari o Kiña, como ellos mismos se denominan, se manifiestan abiertamente contra la construcción de esta línea de transmisión desde que fue propuesta”, explica Egydio Schwade, filósofo e indigenista, y una de las personas que estableció los primeros contactos con esta etnia a finales del siglo XX. “Estas comunidades tienen una historia de resistencia, pero no sabemos cómo van a reaccionar ante la presión del Gobierno, de la Electrobras —compañía estatal de electricidad— y de Romero Jucá, un enemigo histórico de los pueblos indígenas desde que dirigió la Funai”, afirma Schwade.

Jucá, actualmente acusado en diversos casos de corrupción, como el de Lava Jato, fue director de la Fundación del Indio entre 1986 y 1988 y después continuó ocupando diversos cargos políticos. “Es uno de los principales defensores de la invasión de proyectos de minería en áreas indígenas y, probablemente, tenga intereses en las propias empresas que distribuyen la energía en Roraima”, explica el filósofo, que pone de relevancia cómo los entramados energéticos se esfuerzan por atravesar la selva para que las actividades de extracción de recursos naturales, principalmente la minería, puedan ser viables.

En 1975, en oposición a la BR-174, más de 2.000 indígenas habían perdido la vida como resultado de violentos enfrentamientos con el ejército

El Instituto Socioambiental (ISA), una de las principales organizaciones brasileñas en defensa del medio ambiente y de los pueblos ancestrales, rebatió el argumento del Gobierno que alega que el impacto será reducido porque la línea de transmisión de Tucuruí se instalaría de forma paralela a la autovía BR-174, que ya atraviesa la tierra de los Waimiri-Atroari. El ISA alega que, aunque la obra se realice sobre una vía ya previamente abierta, implica deforestar nuevas áreas para la instalación de inmensas torres de energía, además del impacto que provocaría la invasión recurrente de los técnicos de las empresas para realizar el mantenimiento de la línea. Los indígenas Waimiri-Atroari no se beneficiarían de la energía que atravesaría su tierra, según denuncia la institución.

La construcción de la línea de transmisión de Tucuruí “será una nueva y humillante imposición que los Waimiri-Atroari van a sufrir, semejante a la de la construcción de la BR-174”, explica Schwade en referencia a esta autovía de 3.000 km que une el Estado brasileño de Mato Grosso con Venezuela, una de las principales arterias de cemento y tierra que atraviesa la selva amazónica.

En 1975, en oposición a la BR-174, más de 2.000 indígenas habían perdido la vida como resultado de violentos enfrentamientos con el ejército, incluyendo ataques con armas químicas y bombardeos, así como de enfermedades traídas de fuera, tal y como recoge el informe El genocidio del pueblo Waimiri Atroari del Comité de la Verdad del Estado de Amazonas. Si bien en 1900 la población Kiña se estimaba en 6.000 integrantes, el recuento bajó a 3.000 a principios de los 70 y en los 80 solo quedaban 300, de los cuales 200 eran niños y jóvenes. Hoy en día, los Waimiri-Atroari se están recuperando de la masacre y ya suman unos 2.000 habitantes.

Por el hecho de oponerse publicamente a la construcción de esta autovía que los Waimiri rechazaban, la dictadura militar le prohibió a Schwade acceder a cualquier área indígena. Él fue uno de los fundadores de la ONG Operación Amazonia Nativa (OPAN), del Consejo Indigenista Misionario (Cimi) y de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), tres de las entidades más relevantes en la defensa de los derechos indígenas en Brasil. Schwade no se rindió y acabó mudándose junto con su familia a una de las aldeas de los Kiña.

“Por pedido insistente de los indígenas, mi compañera y yo iniciamos un proceso de alfabetización con el método Paulo Freire”, explica este indigenista que hasta el día de hoy mantiene un centro cultural en honor a los Waimiri-Atroari. Después de un año y medio de clases, los indígenas ya eran capaces de retratar por ellos mismos, mediante escritos y dibujos, las atrocidades que estaban viviendo con las obras de la autovía. “En ese momento, la Funai, omisa durante todo el proceso genocida emprendido por los militares y dirigida por Jucá, interrumpió nuestro trabajo de alfabetización y nos expulsó”, relata Schwade.

El retroceso de la defensa de los derechos indígenas

Tras el cuestionamiento del trabajo de la Funai, que durante mucho tiempo favoreció a los intereses expansionistas del gobierno militar de la dictadura, así como a algunas empresas, la institución participó en 1996 en la reformulación de los criterios científicos para la homologación de tierras indígenas. No obstante, mantuvo resquicios dictatoriales hasta que tuvo lugar la gran reforma de la Fundación en 2009, cuando se eliminaron las funciones tutelares y se trasladó la gestión al Ministerio de Justicia. Fue entonces cuando las comunidades conquistaron mayor autonomía de defensa de sus intereses y la Funai pasó a cumplir un papel como mediadora entre los indígenas y el poder público.

A pesar de los avances de esta última década, la defensa de los derechos de los pueblos ancestrales en territorio brasileño están siendo de nuevo desdeñados. El actual Gobierno de Bolsonaro ha trasladado la Funai al Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, y la ha despojado de una parte de sus principales responsabilidades, las licencias ambientales y la homologación de tierras indígenas, que han sido trasladadas al Ministerio de Agricultura, comandado por Tereza Cristina, defensora del gran latifundio y del agronegocio.

“Las empresas especulan con los recursos naturales y a los indígenas les dejan los impactos”, añade Amaral

“Hoy la Funai es una institución recortada y los recursos disponibles para la protección de los derechos de estos pueblos son escasos”, explica Victor Amaral Costa, jefe de Promoción de los Derechos Sociales y Ciudadanía de la organización en el Estado de Mato Grosso. Concienciado con la lucha histórica de los Waimiri-Atroari, Amaral se lamenta por el hecho de que los indígenas sean vistos como un obstáculo para el denominado ‘crecimiento’ del país. “Estoy totalmente convencido que los Waimiri-Atroari van a resistir, pero esta contienda puede cobrarse nuevas vidas”, concluye este indigenista que, en su experiencia de trabajo en varios Estados de la Amazonia brasileña, ha presenciado desastrosos resultados tras la implantación de varios proyectos de infraestructuras como la construcción de carreteras o hidroeléctricas.

“Las empresas especulan con los recursos naturales y a los indígenas les dejan los impactos. Les ofrecen compensaciones económicas pero no se preocupan con las necesidades de supervivencia de estos pueblos”, añade Amaral, quien explica que Brasil ya posee un excedente en producción de electricidad y que aumentar la producción es simplemente una carta de invitación para atraer a las industrias de extracción de recursos y construir el desarrollo que ellos quieren, según él mismo cita.

Jaime Zehamy, cacique de una aldea en la tierra indígena Erikbaktsa, mira fijamente el río del que vive su comunidad, afligido por los inúmeros proyectos energéticos que amenazan actualmente a la Amazonia. “Nosotros, pueblos indígenas, no recibimos información sobre los diversos planes de infraestructuras que el Gobierno quiere aprobar. El Gobierno atropella nuestros derechos y no se preocupa con nuestra existencia”, declara el cacique.