Economía
La libertad de empresa nada tiene que ver con la democracia

Nos encontramos en una cada vez más estricta funcionalización de la actividad política de la U€ y de los Estados miembros, a la garantía de la centralidad del mercado.

Ferrovial, al igual que otras multinacionales antes de ellos, se deslocalizan y reubican, bien sus sedes sociales, bien parte de su actividad o la totalidad de la misma, allí donde estimen conveniente para su ampliación de capital y mayor rentabilidad para sus accionistas, porque las reglas de juego a niveles mundiales (tratados de comercio, OMC, directivas, etc.), garantizan la libertad de mercado y la defensa –incondicional- de la libre competencia, como armas legales contra los derechos laborales y sociales de las personas asalariadas y de la sociedad y territorio de origen, lo cual no deja de ser un ejercicio racional de coherencia con la filosofía jurídica y los valores constituidos en la legalidad Internacional y de la Unión Europea a través de sus Tratados[1].

Estas reglas son contrarias a la Carta Social Europea y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 16 de diciembre de 1966 y aprobado por el Estado español el 27 de abril de 1977.

Por ejemplo, el Derecho de Huelga está seriamente amenazado por la producción normativa de la U€, donde este viene a ser considerado un derecho fundamental de menor rango que la libertad de mercado y la libre competencia.

Europa, ese espacio de mercado con 27 estados y con zonas mediterráneas -magrebíes sobre todo-, y de América Latina, a través de Acuerdos Preferenciales y Tratados de Libre Comercio, legaliza una única lógica, el crecimiento por el crecimiento y el desarrollo sin trabas sociales, fiscales o medioambientales.

Lo cual requiere de incrementos constantes de productividad y éstos, a su vez, requieren de condiciones pragmáticas, llevando a las personas (trabajadoras y ciudadanas) a identificar eficacia con algo que pertenece al mercado, a lo privado, a la empresa privada y gestionada por individuos que entran en una feroz competencia con el resto de individuos según las áreas económicas en las cuales operen.

De ahí que se eleve a la categoría de derechos fundamentales la libertad de circulación y establecimiento de los capitales.

Las deslocalizaciones de empresas dentro y fuera del país, que forman parte del otro fenómeno más amplio y frecuente que son las reestructuraciones empresariales, con externalizaciones y subcontrataciones cuando la actividad o parte de ella se contrata a otra empresa fuera o dentro del país, conllevan efectos sobre el empleo y, sobre todo, dumping social.

Dumpig Social es aceptar que el capital puede establecerse y prestar servicios en países con menores costes de producción: menores salarios y derechos laborales, menor fiscalidad, mayores jornadas laborales, menor requerimiento de cualificaciones laborales, etc., pues es necesario para la realización de sus beneficios.

La competitividad no sólo conlleva un desmantelamiento social, es decir, la privatización de servicios esenciales para las poblaciones, desde la educación superior hasta la sanidad, sino que al mismo tiempo obliga a la reducción de los costes del trabajo, a través o por medio de políticas que incrementen la flexibilidad, la movilidad de la fuerza de trabajo y la capacidad de ajuste, sin distorsiones externas o regulaciones de derecho necesario homogéneas y obligadas para todos los estados miembros de la UE.

Que Ferrovial haya crecido de manera exponencial, hasta convertirse en una gran corporación transnacional[2], se encuentra ligado a factores políticos o de las políticas económicas de los distintos gobiernos dese el franquismo hasta ahora: apuesta por el ladrillo (construcción residencial, tanto privada como vivienda pública), y licitaciones públicas de grandes infraestructuras adjudicadas por el Estado desde hace varias décadas[3].

En los últimos 32 años, la familia Del Pino ha recibido cerca de 9.000 millones de € por adjudicaciones por parte del Estado y con las legislaciones fiscales existentes (pago de impuestos), lleva sin aportar nada por el Impuesto de Sociedades[4] desde 2020, es decir 0€, de esos empresarios que tanta riqueza “crean” (el jefe de los patronos Garamendi “dixit”) y tan suculentos beneficios se reparten, para convertirse en el tercer hombre (blanco y occidental) más rico de “la patria“ con un patrimonio cercano a los 4.000 millones de euros y con un salario y fondo de pensiones en el 2022, de 5,2 millones de euros.

Los discursos y la retórica de la socialdemocracia actual (incluida UP), además de los neoliberales más agresivos, solo sirven como “moralina”[5] de la mala, donde se esconde que quienes han garantizado y garantizan “la seguridad jurídica” de los negocios privados, han sido ellos (bien con legislaciones nacionales, bien con legislaciones globales y de la U€), a través de avalar políticas de reconversión, restructuración y deslocalización desde los años 80 del siglo XX, hasta las políticas de los Fondos Europeos (Next Generation) para la recuperación y resiliencia, donde las grandes corporaciones energéticas, financieras, de telecomunicaciones y de la construcción reciben y recibirán casi el 85% de los mismos.

Esto no va de democracia (la libertad absoluta de mercado, define el perímetro de la misma), esto va de que las clases sociales están en guerra permanente y desde hace muchas décadas, las clases obreras (bajas, medias o mediopensionistas), no llevan a cabo una contra ofensiva global donde no sólo hacer valer que quien crea la riqueza es el trabajo, sino que también esa riqueza tiene que repartirse con criterios de justicia social y ecológica.

[1] “La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores en el que esté garantizada la libre circulación de personas…”

“La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de precios, en una economía social de mercado altamente competitiva…”

“La Unión garantiza la libre competencia y que la misma no esté falseada…”

(Tratado de Lisboa)

[2] La cifra de su negocio según Informe de gestión 2022, tienen su origen fundamentalmente en el exterior de “la patria”: 21% Reino Unido; 36% EE.UU y Canadá y 18% en el Estado español.

[3]  Obras para ADIF (Renfe), AENA, Dirección General de Carreteras,  Obras para ADIF (Renfe), AENA, Dirección General de Carreteras, Puertos del Estado y distintos ministerios, así como las licitaciones públicas de Administraciones Autonómicas o Locales.

[4] El tipo impositivo que se encuentra en el 25%, se ha convertido en 0%, a través de esa ingeniería financiera que la fiscalidad española permite.

[5] UP presenta una proposición de ley (ahora) para que aquellas empresas que deslocalicen tengan que devolver todos los dineros que hayan recibido directa o indirectamente del Estado y sus administraciones, algo imposible pues entra en contradicción con la libertad de prestación de servicios y la libre competencia de la Legislación Europea. Pedro Sánchez, PSOE, que su partido es el artífice de las reconversiones industriales y del campo, más bárbaras acometidas en el estado español, así como la entrada de las grandes empresas en los bienes comunes (sanidad, como ejemplo paradigmático), lo único que se le ocurre es apelar a los “buenos empresarios patriotas” y lo “malo que es Rafael del Pino….