Agricultura
Movilización campesina en Extremadura: anatomía de un complejo despertar

Al mediodía de un templado y luminoso 29 de enero, una multitud de entre 6.000 y 8.000 personas se agolpa a las puertas de la institución ferial FEVAL de Don Benito. La inauguración de la feria anual Agroexpo, el principal evento del sector en la región y uno de los más importantes del país, ha sido pospuesta hasta el fin de la concentración, “en apoyo al sector agrícola y sus reivindicaciones”, según el comunicado del certamen, o para restar visibilidad a la protesta, según el generalizado sentir de sus participantes. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, que en condiciones normales hubieran pasado la mañana recorriendo los amplios y abarrotados pabellones de la feria y departiendo con empresarios, profesionales, políticos y periodistas entre mutuos parabienes y apetitosas catas de los excelentes productos de la tierra, limitan su visita a una sucinta rueda de prensa en una FEVAL cerrada, desierta, protegida por los antidisturbios y asediada por los manifestantes.

Confluyen en la protesta las tres organizaciones profesionales agrarias históricas, ASAJA, COAG y UPA, que han llegado a Don Benito en autobuses y han marchado por una de las principales arterias de la ciudad hasta la FEVAL, y con su propia convocatoria una cuarta, la más joven Unión de Agricultores y Ganaderos, cuyos asociados han circulado previamente en tractorada hasta Don Benito desde varios municipios de la zona. Participan también, además de colectivos de apicultores, cereceros y otras ramas del sector, la villanovense AGRYGA y la dombenitense ASEPREX, nuevas asociaciones campesinas nacidas en las dos grandes localidades de las Vegas Altas y su cinturón de pedanías y pueblos agrícolas al calor de las movilizaciones del sector durante los últimos dos años y medio.

Rompiendo, tras algunos momentos de tensión pero sin mayores incidentes, el cordón policial que pretende mantenerlas separadas, ambas convocatorias se unen en una única e imponente concentración. Pero las sucesivas informaciones contradictorias sobre la disposición de Fernández Vara y Planas a recibir a una delegación de los congregados, y luego la persistencia en el cierre de las instalaciones aún después de la fugaz visita de ambos políticos y su discreta evacuación por una salida secundaria, caldean progresivamente los ánimos en las primeras y más combativas líneas de manifestantes (entre las que se destacan las banderas y chalecos de ASEPREX, pero a las que se suman otros muchos participantes), situadas ante el acceso principal del recinto y las dotaciones antidisturbios, hasta que estas cargan varias veces con gran violencia, empleando empellones, patadas, golpes de porra, salvas al aire y un número indeterminado de pelotas de goma, dejando varios heridos leves, entre ellos algunas personas de edad avanzada. Tras replegarse los antidisturbios al interior del recinto, desbordados por la presión de los concentrados, estos terminan arrancando de cuajo la verja principal de varios cientos de kilos de peso del recinto y, con la policía ya en actitud pasiva, tomando su amplia escalinata de acceso, donde concluyen la protesta con el discurso de uno de los portavoces de ASEPREX, a hombros de sus compañeros y aclamado por la multitud.

Son imágenes como los extremeños más jóvenes no han visto jamás, y que retrotraen la memoria de sus mayores a las míticas “guerras del campo” de las ya lejanas décadas de 1970 y 1980

Son imágenes como los extremeños más jóvenes no han visto jamás, y que retrotraen la memoria de sus mayores a las míticas “guerras del campo” de las ya lejanas décadas de 1970 y 1980. Se trata, se percibe con toda inmediatez y claridad, de un acontecimiento relevante, una fractura, un parteaguas. En una suerte de imprevista condensación y aceleración histórica, varias crisis de distinta naturaleza pero tan íntima como problemáticamente entrelazadas, que venían arrastrándose silenciosamente por años o décadas, se anudan y restallan de improviso en las apenas cuatro horas y escasos miles de metros cuadrados en que se desarrollan los acontecimientos.

La primera y principal de estas crisis es, por supuesto, la crisis crónica de una renta agraria en caída permanente desde hace décadas, singularmente pronunciada en un 2019 desastroso para el campo, atenazado por la implacable política de precios bajos que promueve el cártel de gigantes distribuidores nacionales y multinacionales, en un selvático mercado globalizado en el que prima la feroz competencia que posibilitan sucesivos acuerdos de libre comercio de orientación agresivamente desreguladora, afectado ahora además por las nocivas consecuencias de la nueva oleada de guerras comerciales, vaivenes arancelarios y sanciones cruzadas entre las distintas potencias en pugna por la hegemonía del nuevo desorden mundial post-neoliberal. Una crisis de la renta agraria que es una de las causas principales de una crisis aún más amplia, material y cultural, de todo un mundo rural en estancamiento económico, envejecimiento y despoblación, duramente golpeado además por el agresivo desmantelamiento de sus servicios públicos esenciales de salud, educación, seguridad o transporte impuesto por las políticas de austeridad.

Todos estos elementos se ciernen con singular crudeza sobre una región como Extremadura, con cerca del 60% de su población residente en municipios de menos de 25.000 habitantes, con un vasto, diverso y excelente sector agroganadero que sirve de piedra basal a su estructura económica, pero que sin embargo, con un pobremente desarrollado sector industrial transformador (por mencionar solo dos ejemplos significativos, apenas el 15% del aceite extremeño se envasa en la región y hasta un 60% del cerdo ibérico criado en sus dehesas se sacrifica fuera de ella), debe contentarse con el trabajo más duro y los beneficios más estrechos de los primeros tramos de sus cadenas de valor, exportando grandes volúmenes de producto primario o semielaborado que puede luego multiplicar entre cinco y diez veces su precio hasta llegar a manos del consumidor final. En estas condiciones, cientos de pequeñas explotaciones familiares se ven abocadas al cierre cada año, alimentando un acelerado proceso de acaparamiento de tierras por parte de viejos y nuevos latifundistas. Análisis aparte merecerían las políticas agrarias públicas, empezando por las de la misma Junta de Extremadura, sistemáticamente favorables a grandes terratenientes y corporaciones del agronegocio. Incólumes al paso de las décadas, muchos de los diagnósticos del mítico estudio Extremadura saqueada coordinado por José Manuel Naredo y Mario Gaviria (Ruedo Ibérico, 1978) siguen ajustándose como un guante a la realidad extremeña contemporánea.

Incólumes al paso de las décadas, muchos de los diagnósticos del mítico estudio Extremadura saqueada coordinado por José Manuel Naredo y Mario Gaviria siguen ajustándose como un guante a la realidad extremeña contemporánea

Una segunda crisis escenificada en los acontecimientos de Don Benito es la de la representación profesional del mundo del campo. Las organizaciones profesionales agrarias (OPA) nacen después de la dictadura para agrupar a los campesinos propietarios o arrendatarios de explotaciones agrarias, como parte del proceso de democratización del viejo sistema franquista de representación corporativa en las Hermandades de Labradores y Ganaderos y Sindicatos de Rama. La pionera de estas OPA, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), fue formalmente fundada en 1977, aunque hunde sus raíces en experiencias previas de organización y lucha campesina clandestina bajo el franquismo, desde presupuestos nítidamente transformadores y con fuerte presencia del Partido Comunista, desplazándose después paulatinamente hacia el centro-izquierda. En 1982 y desde posiciones cercanas al PSOE se le sumará la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que recoge a los campesinos propietarios y arrendatarios vinculados a la histórica central agraria socialista Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT). En 1989, la fusión de las organizaciones profesionales conservadoras CNAG, CNJA y UFADE, herederas en mayor o menor grado de pureza del sindicalismo vertical agrario franquista y sus cuerpos dirigentes, hace de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) la mayor OPA del país, estrechamente vinculada al Partido Popular y la organización patronal CEOE.

Ya la aparición de la Unión de Agricultores y Ganaderos en 2008 rompe con casi veinte años de cartelización de la representación de la propiedad agraria por parte de ASAJA, COAG y UPA, poniendo en evidencia las persistentes insuficiencias de un sistema de “elecciones al campo” de plazos arbitrarios, normas cambiantes y censos confusos. La aparición de las nuevas asociaciones AGRYGA y ASEPREX a partir del ciclo de protestas agrarias de 2017-2019 en las Vegas Altas del Guadiana, nutridas en buena medida por agricultores jóvenes, supone un reflejo local de este proceso de cuestionamiento y fragmentación del orden representativo agrario, que el 29 de enero se visibiliza en Don Benito con el protagonismo de la Unión y sobre todo de ASEPREX en los momentos más duros de la movilización, y también en el conato de enfrentamiento entre los dirigentes de las centrales tradicionales y los socios de ASEPREX y otros manifestantes, que les reprochan una actitud acomodaticia ante la administración y les exigen sumarse a la primera línea de la protesta. Son, se les dice, evocando una figura retórica bien conocida en la reciente historia política española, “la casta del campo”.

Una tercera crisis anudada en torno a los acontecimientos del 29 de enero es la crisis estructural del sistema político español de 1978, en su actual fase álgida de polarización e incertidumbre tras el proceso soberanista catalán, el auge de la ultraderecha voxista, la celebración de las cuartas elecciones generales en cuatro años y, por último, la inesperada formación de un gobierno de coalición de centro-izquierda entre el PSOE y Unidas Podemos, contestada desde la derecha y la ultraderecha con una feroz oleada de crispación, discurso de odio y paranoia conspirativa. Una crisis política española que es coexpresión de la mucho más amplia crisis planetaria de culturas y sistemas políticos posterior al colapso económico de 2007-2008, primero de signo nítidamente ilustrado, cosmopolita y progresista, con la oleada de protestas populares que nace de las primaveras árabes e ibéricas de 2011, después de signo contrario, oscurantista, chovinista y reaccionario, tras el referendo británico de salida de la Unión Europea y la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos en 2016. Una subtrama permanente en el análisis de esta oleada reaccionaria global es su relación con la fractura existencial entre el campo y la ciudad, que se evidencia políticamente en sucesivos procesos electorales en todo el mundo, pero cuyo sentido, causas y consecuencias últimas siguen siendo objeto de intensa discusión, como refleja el éxito de ventas y la polémica intelectual en torno a libros como La France peripherique de Christophe Guilluy (Champs, 2015) o Hillbilly, una elegía rural de James D. Vance (Deusto, 2017).

Vox hace campaña en Extremadura enarbolando la defensa de la actividad económica agroganadera y de prácticas como la caza o la tauromaquia, señalando como sus enemigos mortales al ecologismo y por extensión al progresismo

En España, este auge de la ultraderecha se materializa en la fulgurante cabalgada electoral de Vox, de los 12 escaños en las elecciones autonómicas andaluzas de diciembre de 2018 a los 24 escaños en el Congreso en las elecciones generales de abril y los 52 en su repetición en noviembre de 2019. En Extremadura, esta ofensiva voxista se salda con resultados desiguales: la ultraderecha consigue un escaño por Badajoz en las generales de abril (70.611 votos, el 10’77%) y le suma un segundo por Cáceres en noviembre (99.547 votos, el 16’83%), pero en las autonómicas y locales de mayo, en las que muchos aguardan o temen se repita su éxito andaluz, queda fuera de la Asamblea de Extremadura (28.849 votos, el 4’7%) y obtiene una muy pobre representación municipal. Como en el resto del país rural, y en coherencia con su característica hibridación de neoliberalismo económico y reaccionarismo cultural, Vox hace campaña en Extremadura enarbolando la defensa de la actividad económica agroganadera y de prácticas como la caza o la tauromaquia, señalando como sus enemigos mortales al ecologismo y por extensión al progresismo o a las instituciones y normativas de la Unión Europea, pero eludiendo cuidadosamente cualquier crítica al papel del agronegocio o a las fuertes desigualdades sociales en el seno del campesinado, taumatúrgicamente superadas por la pertenencia compartida a la comunidad nacional.

La presencia plenamente normalizada de Vox en la protesta del 29 de enero, encabezada por sus dos diputados al Congreso por las provincias extremeñas, eficazmente sobredimensionada por su ya bien conocida habilidad para la comunicación política y la agitación de las redes sociales, supone un hito político significativo en tanto por primera vez la ultraderecha se incorpora y puede entrar a disputar la orientación ideológica de un proceso de movilización de amplia base social en Extremadura. Aunque las nuevas organizaciones agrarias nacidas en las Vegas Altas insisten en su carácter apartidista y su composición ideológicamente plural, es patente que nacen en un clima de total recomposición de la estructura política española, en el que no solo Vox, sino el más amplio conglomerado político, cultural y mediático reaccionario del que Vox forma parte, ejercen una potente atracción sobre amplios sectores de la sociedad, sus incertidumbres y descontentos.

Dar por sentada una suerte de subrepticia teledirección voxista de la franja más combativa de la protesta sería tan aventurado como descontar este factor del conjunto de causas y condiciones que la hicieron posible y que podrían determinarla en adelante. Y aún más, después del monumental error político de la delegada del gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, de ordenar las cargas policiales que convirtieron a esa franja en protagonista absoluta de la movilización, portada de todos los grandes medios de comunicación y potente símbolo del conjunto de la contestación agraria en la región y el país. Si, como parece, la intención de Vox es incubar en el descontento agrorrural unos “chalecos amarillos” a la francesa que usar como ariete contra el “gobierno social-comunista” o “dictadura progre” de PSOE-UP, la estúpida y desmedida respuesta represiva de García Seco y Fernández Vara (nadie que conozca mínimamente la política extremeña podría siquiera imaginar que la primera hubiese obrado al margen o contra el criterio del segundo) ha resultado lamentablemente funcional al plan de la ultraderecha.

Dar por sentada una suerte de subrepticia teledirección voxista de la franja más combativa de la protesta sería tan aventurado como descontar este factor del conjunto de causas y condiciones que la hicieron posible y que podrían determinarla en adelante

Especial relevancia ha cobrado la cuestión de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el debate sobre las protestas (aunque nominalmente este asunto solo aparece colateralmente entre las demandas consensuadas por sus convocantes, dentro del capítulo de incremento de costes y muy por detrás del problema de los precios y la demanda de una ley de precios mínimos), cuando en paralelo a estas protestas se desarrolla una durísima negociación del nuevo convenio del campo extremeño y las OPA, muy especialmente ASAJA, han mostrado persistentes reticencias a asumir estos incrementos del SMI, provocando episodios de movilización jornalera de desigual intensidad y seguimiento, especialmente concentradas en las grandes centrales hortofrutículas de las Vegas Altas y Bajas, agrupadas en la poderosa patronal del sector Asociación de Fruticultores de Extremadura (AFRUEX) que lidera el acaudalado empresario y terrateniente Atanasio Naranjo. Unas protestas en las que, junto a la autoorganización de sus trabajadores y la tímida movilización de los sindicatos de concertación, viene jugando un rol dinamizador importante la Asociación 25 de Marzo, que al mismo tiempo también recupera, mediante publicaciones, representaciones teatrales, coloquios o marchas, la memoria histórica de la lucha jornalera en la región, con su momento culminante en las ocupaciones masivas de tierras del 25 de marzo de 1936.

Esta coincidencia de conflictos, al menos parcialmente contradictorios, devuelve al primer plano la complejísima composición de clase del agro extremeño y la dificultad que de ella se ha derivado siempre para su caracterización y representación cultural y política. Si históricamente la Extremadura al sur del Tajo fue una sociedad claramente dividida entre un reducido cuerpo de latifundistas y una enorme masa de jornaleros desposeídos, los planes de colonización agraria del franquismo crearon la importante capa intermedia de pequeños propietarios que, con la llegada de la democracia, nutrieron las filas de las OPA. Aún antes y sobre todo después de la muerte de Franco, además de las numerosas y durísimas luchas específicamente jornaleras por el salario y condiciones de trabajo y por la nunca consumada reforma agraria, las sucesivas “guerras del campo” por el precio de distintos productos, las primeras experiencias cooperativistas o la lucha contra la central nuclear de Valdecaballeros, que el franquismo había planificado en la misma cabecera del curso extremeño del Guadiana, generaron una notable movilización de la pequeña propiedad, que tuvo precisamente en las Vegas Altas y Bajas su epicentro y en la gigantesca marcha antinuclear del 1 de septiembre de 1979 en Villanueva de la Serena su momento culminante. La potente Unión de Campesinos Extremeños (UCE), animada por veteranos del activismo campesino bajo el franquismo y militantes del Partido Comunista extremeño, así como algunos núcleos de autoorganización campesina de inspiración cristiana de base, autónoma, libertaria o ecologista articulados por jóvenes colonos y cooperativistas, fueron las principales expresiones orgánicas de esta época de movilización radical de la pequeña propiedad agraria.

Aún pendiente en la historiografía extremeña un análisis exhaustivo de las causas, desarrollo y consecuencias de aquellas experiencias de pequeña propiedad en lucha y relativa cercanía a la clase jornalera, lo cierto es que mediada la década de 1990 ya podemos dar por agotada su trayectoria, con una separación cada vez más nítida entre luchas jornaleras y luchas pequeño-propietarias, escindidas aunque igualmente abocadas a la institucionalización y el declive, en el caso de los jornaleros a través de las secciones agrarias de los grandes sindicatos de concertación CCOO y UGT, progresivamente subordinados al PSOE en el poder en la Junta, en el caso de los pequeños propietarios bajo la duradera hegemonía conservadora de ASAJA, estrechamente vinculada al PP pero perfectamente integrada en la compacta estructura de poderes públicos y privados del régimen autonómico extremeño de 1983. El sector cooperativo, crecientemente empresarializado y concentrado, también víctima de sucesivos y gravosos escándalos por fraude, negligencia o instrumentalización política, persiste hasta hoy como actor clave de la economía agraria extremeña, pero pierde paulatinamente mucho, finalmente casi todo, de su papel como articulador y democratizador comunitario. Los Planes de Empleo Rural (PER) para los jornaleros, de dotación rácana pero suficiente para sostener siquiera parcialmente la austera forma de vida de las clases populares del medio rural extremeño, y los fondos de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea para los propietarios, repartidos de forma extraordinariamente desigual a favor de los grandes pero con un goteo suficiente hacia los pequeños como para compensar temporalmente la creciente competencia, desregulación y depresión de precios del mercado, componen desde entonces la fórmula magistral de algo más de un cuarto de siglo de casi ininterrumpida paz social en el campo extremeño.

El sector cooperativo, crecientemente empresarializado y concentrado, también víctima de sucesivos y gravosos escándalos por fraude, negligencia o instrumentalización política, persiste hasta hoy como actor clave de la economía agraria extremeña, pero pierde paulatinamente mucho de su papel como articulador y democratizador comunitario

Que esa paz social fraguada a cuatro bandas entre sindicatos, organizaciones profesionales, agronegocio y gobierno regional se estaba resquebrajando lo venían anunciando las tractoradas y otras movilizaciones de propietarios de las Vegas Altas a través de la ya extinta Plataforma 27-M, la lucha significativamente autónoma de los cereceros del valle del Jerte o las protestas por la aplicación del nuevo SMI de los jornaleros de grandes fincas y centrales hortofrutículas del curso pacense del Guadiana. Y el 29 de enero la paz del campo extremeño termina de romperse por donde únicamente podía hacerlo, el campesinado propietario, cuya estructura y cultura organizativa aún abarca y puede movilizar simultánea y transversalmente, por millares y de una punta a otra de la región, los intereses de los pequeños y medianos propietarios por sobrevivir y de los grandes por sostener sus suculentas tasas de ganancia, frente a la escasa o nula vocación movilizadora del trabajo jornalero de los grandes sindicatos de concertación y las dificultades de los movimientos sociales y la izquierda política extremeña para incidir efectivamente en el mundo agrario, tras décadas enteras en las que, con la salvedad del ciclo de movilizaciones de contenido más nítidamente socioeconómico y cierta penetración en el mundo rural encabezado tras el 15-M en Extremadura por los Campamentos Dignidad, sus frentes centrales de movilización han sido otros, como el ecologismo, la memoria histórica democrática, el feminismo o la defensa de la educación, la sanidad, el ferrocarril y otros servicios públicos, y su ámbito de actuación preferente, con notables pero puntuales excepciones, el urbano.

Muy concretamente el ecologismo, aunque en la lucha contra el proyecto de central nuclear de Valdecaballeros en la Transición y treinta años después en la lucha contra el proyecto de refinería petrolera en Tierra de Barros aunase fuerzas, exitosamente en ambos casos, con el campesinado, mantiene una relación estructuralmente muy difícil con el mundo agrario en particular y con el mundo rural en general, por cuestiones sobre todo culturales, aunque también con una importante dimensión económica, como la caza o la tauromaquia, pero también por cuestiones directamente concernientes a la economía agraria, como la extensión de las zonas con distinto grado de protección ambiental, la extenuación de los recursos hídricos, la convivencia entre actividad ganadera y fauna silvestre, el uso de agrotóxicos o nuevos megaproyectos agroindustriales como la azucarera de Mérida o el matadero de Zafra.

Distintas experiencias agroecológicas, concentradas sobre todo en los valles del norte cacereño, sustentadas por colectivos y redes de enorme valía técnica y humana, suponen un cualitativamente interesante contrapunto a este divorcio, pero resultan aún muy minoritarias y periféricas a las mentalidades y escenarios centrales del sector y, constituyendo sin duda alguna la perspectiva más fecunda para la transformación del mundo rural y la economía agraria a medio y largo plazo, ofrecen escasas posibilidades en el nivel prioritariamente táctico de la intervención sociopolítica inmediata, atenazada por la nueva recesión económica en ciernes y por el auge social y electoral de las contemporáneas formas del fascismo.

Lo desusado y desmedido de las cargas policiales del 29 de enero generó en la izquierda y los movimientos sociales extremeños una oleada de solidaridad que, al menos momentáneamente, pareció imponerse a las diferencias sobre la sostenibilidad medioambiental de las prácticas productivas y modelos de negocio del sector

Lo desusado y desmedido de las cargas policiales del 29 de enero generó en la izquierda y los movimientos sociales extremeños una oleada de solidaridad que, al menos momentáneamente, pareció imponerse a las diferencias sobre la sostenibilidad medioambiental de las prácticas productivas y modelos de negocio del sector, la aplicación del salario mínimo al trabajo jornalero, la presencia real y proyectada de la ultraderecha en la movilización o su problemática coincidencia con los primeros e inciertos pasos del fragilísimo gobierno de coalición PSOE-UP y su feroz contestación por la derecha.

La coalición Unidas por Extremadura, que reúne en la Asamblea de Extremadura a Podemos, Izquierda Unida, Equo y la formación regionalista progresista Extremeños, y que estuvo de hecho representada en la protesta por dos de sus diputadas autonómicas, ha respondido comunicativamente con acierto y celeridad apoyando en redes y medios la propuesta de ley de precios mínimos, y la Asociación 25 de Marzo convocó al mismo día siguiente de los hechos una concentración ante la residencia oficial de Fernández Vara en Mérida entre cuyos reclamos estaba la condena de la represión policial. Son pasos tácticos sin duda positivos que entreabren la posibilidad de una interacción entre la izquierda política y social y el movimiento campesino, pero que no despejan las dudas sobre su potencial alcance, cuando el grueso de su cuerpo militante, devastado y desmoralizado por los reiterados procesos autodestructivos protagonizados por la izquierda extremeña en la pasada década, se asienta en el medio urbano y está política, cultural e incluso afectivamente muy desvinculado del sector agrario, y aún menos sobre cómo administrar discursiva y estratégicamente las profundas diferencias políticas, culturales o medioambientales que les separan, que ahora además exacerba la presencia de Vox y su uso de la ruralidad como munición de sus guerras culturales contra el progresismo, componiendo en conjunto un escenario mucho más adverso que aquellos en los que se desplegaron las anteriores experiencias de cooperación contra la central de Valdecaballeros y la refinería de Tierra de Barros.

En estas condiciones, resulta muy poco realista aspirar a que la izquierda extremeña pueda fracturar el bloque propietario liderado por ASAJA y bajo la creciente influencia del voxismo y reorientar enteramente en clave siquiera progresista, no digamos ya social o medioambientalmente transformadora, el ciclo de movilización que parecen haber abierto los acontecimientos del 29 de enero. Sí podría, mucho más modestamente, empezar a abrir algunas cabezas de puente hacia él, que aunque por ahora sin la potencia suficiente para cuestionar esa sólida hegemonía conservadora y ultraconservadora, sí pudiesen presentarle contrapuntos críticos y potenciales líneas de fuga que dificultasen en el corto plazo su instrumentalización en bloque al servicio de las derechas. Cabe imaginar, así, entre otras muchas posibilidades, a los movimientos por los derechos sociales y los servicios públicos de las ciudades extremeñas abriendo hueco en el espacio y la sociedad urbana a las demandas del campo mediante acciones de información y solidaridad, al potente movimiento feminista extremeño poniendo en primer plano de su activismo la agenda de la mujer rural y campesina o a los medios alternativos y centros sociales extremeños sirviendo de marco al desarrollo de nuevas perspectivas para analizar y comunicar la cuestión rural y agraria, en cada caso contra y más allá del pensamiento extractivo del neoliberalismo agrario y la propaganda reaccionaria de la ultraderecha ruralista, pero sin perder el contacto con los aspectos más justos y sostenibles de la plataforma reivindicativa de las movilizaciones en curso y con su base social en toda su inevitable complejidad política, cultural y de clase, aunque apoyando y apoyándose especialmente en aquellos de sus sectores y sensibilidades que el curso de los acontecimientos señalase como más afines o pertinentes. Pero ni siquiera un mínimo despliegue de estas u otras igualmente modestas líneas de acción será posible si, como sucedió durante la pasada legislatura ante la movilización por el tren en Extremadura, conclusiones unilaterales e intereses de parte de las distintas fracciones de la menguante izquierda regional se imponen irresponsablemente a la poderosa evidencia de sus muy mermadas fuerzas y las pocas y estrechas ventanas de oportunidad que en la práctica ofrece hoy la sociedad extremeña a su intervención.

En las próximas semanas y meses sabremos cuál entre estas dos opciones se impone, y en los años o décadas venideros, las consecuencias de esa elección.