Aborto
Castilla y León acata el requerimiento pero el Gobierno seguirá vigilante en defensa del derecho al aborto

El Gobierno levanta la amenaza sobre la Junta de Castilla y León, después de que transcendiera el protocolo con medidas antiabortistas anunciado por Juan García- Gallardo (Vox) el pasado 12 de enero, pero permanecerán vigilantes. Según un comunicado emitido por Moncloa, desde el ejecutivo autonómico han dado respuesta al requerimiento enviado por la administración central y han acatado su contenido. Sin embargo, tras el Consejo de Gobierno de este jueves, el portavoz de la Junta insistía en que las nuevas medidas para las embarazadas serán una realidad.

Según Moncloa, desde la Junta aseguran que “no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno” y que “tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario, ni por escrito ni verbalmente”.

Desde Moncloa permanecerán vigilantes ya que este jueves el portavoz de la Junta expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a las embarazadas seguían adelante

Y, aunque se admite la marcha atrás del ejecutivo castellanoleonés, desde Moncloa permanecerán vigilantes ya que, avisan de que ayer jueves, en la comparecencia tras el consejo de gobierno, el portavoz de la Junta expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a las embarazadas seguían adelante. Por tanto, “el gobierno autonómico de Castilla y León mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida”, aseguran.

Por ello, desde el ministerio de Presidencia recordarán por carta a la Junta que si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido, el gobierno de Castilla y León materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno de España tomará cartas en el asunto. “A estos efectos, el Gobierno se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas”, advierten.

Terremoto social y político

Hace una semana, el vicesecretario general de la Junta de Castilla y León, Juan García- Gallardo (Vox) lanzaba un protocolo antiabortista, que incluía la escucha del latido fetal así como una ecografía 4D y la derivación a salud mental, que los médicos deberían ofrecer de manera obligatoria a las mujeres que optan por someterse a un aborto. Un terremoto social y político se desataba tras esas declaraciones, realizadas tras el Consejo de Gobierno y supuestamente respaldadas por su socio en la coalición el Partido Popular.

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Sara Plaza Casares

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Mientras Vox presenta un paquete de medidas antiabortistas en Castilla y León, facultativas insisten en que son un “despropósito” y un “desperdicio de recursos”. Mientras, la Consejería de Sanidad matiza las palabras del vicepresidente, Juan García-Gallardo.

Derecho al aborto Castilla y León ofrecerá escuchar el latido fetal a las mujeres que quieran abortar

Una amenaza que provocó el envío de un requerimiento desde el gobierno central con amenazas de tomar todas las medidas al alcance del ejecutivo “para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”.

Unas medidas que desembocado en un enfrentamiento entre los dos partidos en el gobierno de Castilla y León. Mientras el presidente de la Junta, Alfonso Mañueco, aseguraba que no había ningún procedimiento nuevo aprobado para las mujeres que optaran a someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), desde la ejecutiva de Vox amenazaban con romper el pacto de gobierno si las medidas antiabortistas no entraban en vigor