El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acaba de formalizar la contratación a dedo de dos sobrinas de la expresidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, por algo más de 85.000 euros al año para este curso político. Ambos, conocidos colaboradores mutuos y pesos pesados del PSdeG en la provincia de Pontevedra. Pagadas sus nóminas con los recursos municipales, una de ellas fue contratada para esta legislatura como directora del gabinete en Alcaldía, con un salario anual de 50.768,90 euros y la otra como secretaria particular del alcalde, por 34.968,92 euros anuales. Un total de 85.737,82 euros al año que, si agotan los cuatro años de ejercicio como parece previsible, costarán a las arcas públicas, en conjunto, 342.951,28 euros.

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Vigo

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La promotora reconoce que el patrocinio del Ayuntamiento era el principal aliciente para llevar a la banda estadounidense a Vigo y no a cualquier otra ciudad. La Fiscalía decidirá si investigar un presunto delito de prevaricación y malversación.

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Todo queda en casa. Y es que las sobrinas de Silva tienen una relación familiar completa con altos cargos del equipo de Caballero. Son hijas de Javier Pardo, cuñado de la expresidenta de la Diputación de Pontevedra y colocado también por Caballero en el 2011 como jefe de gabinete, puesto heredado ahora por una de sus hijas. Según su currículo público, Pardo es “responsable de acción sindical en el sector de alimentación de CC.OO. en Vigo”, aunque lleva treinta años en excedencia y quien conoce el sindicato por dentro explican a El Salto: “Pardo fue uno más en la estrategia del PSOE de hacerse con el sindicato colocando sus cuadros, pero aquí nadie le recuerda trabajo relevante alguno dentro de la organización”.

Caballero, Silva y Pardo forman un triángulo de poder en el que las familias de las manos derecha e izquierda del alcalde de Vigo salen especialmente beneficiadas gracias a los puestos a dedo

Pardo fue también concejal de obras y, después de las elecciones municipales del 28 de mayo, Caballero lo convirtió en el segundo teniente alcalde, encargado de las áreas de Fomento, Obras, Agua, Transporte Público y Limpieza. Un triángulo isósceles de poder formado con los más altos cargos del consistorio. Con Caballero en el ángulo agudo del vértice y Silva y Pardo en el lado base. Beneficiando de forma evidente a la familia de ambos con los recursos de todas.

De hecho, antes de que Carmela Silva perdiese su puesto como presidenta en la Diputación de Pontevedra en favor del Partido Popular, empleó por primera vez a una de las dos sobrinas como su secretaria de gabinete durante la presidencia de la Diputación de Pontevedra. Según su currículo, hecho público por la propia institución, declara no haber trabajado nunca en ningún otro lugar que no haya sido para su tía desde que terminó su bachillerato de ciencias sociales.

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Condenas por enchufar (también) a su cuñada

No han pasado apenas dos meses desde que el alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo condenado como responsable del enchufe de una cuñada de Carmela Silva en una concesionaria municipal, Francisco Javier Gutiérrez Orúe, entró en la prisión del Dueso (Santoña), pero las redes familiares de la expresidenta de la Diputación vuelven a verse beneficiadas por el clientelismo del Partido Socialista de Galicia en Pontevedra. Esta vez, con un mecanismo menos sofisticado.

Gutiérrez cumple ahora condena por el conocido popularmente como 'caso cuñada'. La condena que le fue impuesta en primera instancia en febrero del 2019 lo colocaba como responsable de un delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental al realizar un plan para que la cuñada de Carmela Silva, Vanesa Falque, realizara trabajos ficticios contratados por el Ayuntamiento de Vigo a la empresa Imesapi. Un supuesto trabajo que la sentencia de la sección 5 de la Audiencia Provincial de Pontevedra sostenida por el Supremo dejó claro que nunca se realizó, sin embargo la cuñada de la expresidenta de la Diputación de Pontevedra sí percibió esos 108.000 euros.

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El desarrollo de aquel juicio fue esperpéntico. La cuñada de Silva dio plantón al tribunal y estuvo ilocalizable durante semanas para que se le pudiese notificar por escrito su comparecencia como testigo en el juicio hasta que fue llevada allí por dos agentes de la Policía Nacional. Citada como testigo, ni siquiera como imputada. Pero para entonces Falque adolecía de una mala memoria y declaró ante lo jueza hilando evasivas: “No me acuerdo de nada”. Como explica la crónica judicial de aquel momento, su actitud obligó al presidente de la sala a darle varias llamadas de atención y advertirle que podía incurrir en un delito de obstrucción a la justicia. Todo eso hasta que concluyó que había conseguido el trabajo que no hizo y por lo que cobró 108.000 euros enviando un currículo a la empresa que la contrató.

Con todo, la jueza alegó la prescripción del delito en el contrato de Vanesa Falque pero antes afirmó que “las relaciones de parentesco de la investigada” con la entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo, Carmela Silva, habían influido en su contratación. El alto funcionario del Ayuntamiento, gobernado ya entonces por Abel Caballero, defendió en todo momento que nunca había tratado de imponer la contratación de la cuñada de Silva, pero el otro condenado, el gerente de la empresa Imesapi, Ramón Comesaña, sí que reconoció que había recibido instrucciones de contratarla a ella, pero sin recordar de que boca habían salido las órdenes.

Después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo en la que se confirmaba la condena a cinco años y tres meses de prisión y nueve años de inhabilitación al alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo, por una parte, cuadros del PSOE gallego en Vigo intentaron hacer una recogida de firmas con la ayuda de algunas de las asociaciones de vecinas y vecinos de la ciudad para pedir el indulto alegando la extensa militancia del condenado en el Partido Socialista y en UGT. Pero el propio código ético del PSOE impide que sea otorgada esta medida de gracia y, siguiendo el criterio de la Fiscalía, le fue denegada por el Ministerio de Justicia.

Cuadros del PSOE gallego en Vigo intentaron hacer una recogida de firmas con la ayuda de algunas de las asociaciones de vecinas y vecinos de la ciudad para pedir el indulto alegando la extensa militancia del condenado en el Partido Socialista y en UGT

Mientras, la oposición en la Diputación, representada por el Partido Popular, tuvo que acudir al juzgado para que el Gobierno provincial celebrara un pleno extraordinario que el PSOE había bloqueado para pedir responsabilidad política. En ese pleno avalado por la justicia y celebrado después de un pleno ordinario, la retransmisión en directo se cortó casualmente para la ciudadanía y los medios de comunicación que la seguían de manera telemática, pero el acta del pleno da cuenta de cómo Silva se negó a tomar partido alguno y mantuvo el silencio.

En una entrevista en aquella altura publicada por Faro de Vigo y preguntada por este caso, Silva llegó a decir: “Ya me gustaría que se pronunciaran sobre sus sentencias de corrupción [del PP], que son múltiples y variadas. Yo no me voy a enfangar en el lodo, que es donde siempre han estado cómodos Rueda y Feijóo, los artífices de esta persecución. Las calumnias son calumnias, la única verdad es una sentencia firme del Tribunal Supremo que dice que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, primera tenienta de alcalde de Vigo, ni siquiera ha estado en este proceso. Soy una persona intachable, lo sabe todo el mundo”.