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Unidas Podemos
Nacho Álvarez: “Si queremos reducir la desigualdad tenemos que empezar por el mercado laboral”
Los vientos de cola de los nuevos debates políticos internacionales parece que soplan a favor de Unidas Podemos. Pero los halcones europeos de la austeridad y los tímidos acuerdos de la OCDE pueden convertir esos vientos en simples soplidos sin fuerza para mover el barco. Por otro lado, el nacional, las cifras de empleo previas a la pandemia se recuperan y el PIB sigue creciendo, pero el precio de la luz, la inflación o las reformas que se firmaron pero que no llegan ponen en peligro la recuperación económica robusta que el país necesita para poder salir de esta crisis mediante una transformación económica, medioambiental y social. Por delante quedan dos años de legislatura y la tarea de que la recuperación y los fondos europeos “no sea solo para las élites, sino para el conjunto de la sociedad”.
Profesor de economía en la Universidad Autónoma de Madrid, secretario de Economía de Podemos y ahora secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España, Nacho Álvarez no es un hombre de titulares polémicos, pero sí de analizar el trasfondo económico con nitidez y datos en la mano. Es pata fundamental de las negociaciones de índole económico en el seno del Gobierno de coalición y una de las personas que deberá aprovechar esos vientos de cola para transformar la economía del país que no deje a nadie atrás.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Son expansivos como los del año pasado, pero también vemos que el gasto militar no deja de aumentar o que las políticas de vivienda no parece que aumenten a la altura del problema. ¿Cuál es tu valoración de estos PGE?
Mi valoración es que estos presupuestos consolidan un punto de inflexión en la política económica española. Venimos de una década de austeridad y de recortes, y estos PGE consolidan una política fuertemente expansiva donde la inversión pública duplica lo que España tenía en años anteriores. O sea que estos presupuestos abren un nuevo periodo en donde van a contribuir a apuntalar la recuperación económica y la creación de empleo. Pero además van a contribuir a una modernización del tejido productivo español. Creo que centran una inversión muy relevante en transición ecológica y energética, en la transformación digital de nuestro tejido empresarial, en el reforzamiento de algunas partidas relevantes del estado de bienestar como es la sanidad, la educación o la dependencia.
Son un punto de inflexión donde yo veo más luces que sombras, pero, claro, no son los presupuestos que hubiera hecho Unidas Podemos si gobernara en solitario. En todo caso, nos posicionan en una situación y una reacción a una crisis muy diferente a la que tuvimos hace una década.
Dame un ejemplo de algo que hubiera cambiado si Unidas Podemos hubiera gobernado en solitario.
Hubiéramos reforzado más inversiones necesarias como, por ejemplo, la educación de 0 a 3 años. Y se está invirtiendo, pero hubiera sido necesaria una mayor ambición.
El debate económico se ha 'podemizado' y no solo temporalmente, sino para un tiempo más largo
En referencia a esa década de austeridad que citas, parece que ahora hay vientos distintos en Europa y parece que se permiten esos presupuestos expansivos, pero ¿cuánto crees que va a durar?
Asistimos a la formación de nuevos consensos en el debate económico internacional. Hasta el punto de que esos consensos obligan a que un presidente como el de los Estados Unidos reconozca que la economía de un país no puede progresar si no progresa la economía de las familias. Creo que de alguna forma el debate económico se ha 'podemizado' y no solo temporalmente, sino para un tiempo más largo. La vía de la austeridad se ha demostrado como una vía muerta y en cambio las políticas fiscales expansivas que en este momento se están utilizando están demostrando una mayor utilidad para salir de la crisis. Después de la crisis de 2008 se tardó toda una década en recuperar los niveles de empleo, después de que la política económica generase una socialización del sufrimiento muy innecesaria. En esta ocasión, en apenas un año y medio hemos recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia. Por lo tanto, se ha evidenciado que, frente a la austeridad, las políticas de estímulo económico han funcionado mucho mejor. Frente a los recortes salariales, el reforzamiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha funcionado notablemente mejor.
La vía de la austeridad se ha demostrado como una vía muerta y en cambio las políticas fiscales expansivas están demostrando una mayor utilidad para salir de la crisis
Estados Unidos tiene soberanía monetaria y cuando tienen que poner dinero encima de la mesa para salir de la crisis, lo hacen sin dudar mucho. Pero en Europa nos tenemos que poner muchos países de acuerdo y los halcones siguen sobrevolando. Incluso Nadia Calviño sigue diciendo que hay que volver a la senda fiscal dentro de 2 o 3 años.
Yo creo que la vuelta a la austeridad no va a pasar. El debate económico está cambiando también y está abierto. Pero hoy es el propio Olivier Blanchard, el execonomista jefe del FMI, quien hace una propuesta que me parece bastante avanzada: superar la rigidez del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y su fetichismo de los niveles del 3% déficit y el 60% de la deuda pública, para ir a una concepción de la sostenibilidad de las finanzas públicas mucho más sensata, más adaptada al ciclo económico y a las necesidades de políticas anticíclicas en un momento de crisis, y al mismo tiempo más coherente con las propias necesidades de inversión en la necesaria transición energética, en educación o en cuidados de larga duración que tienen en este momento los países.
¿Veremos una japonesización de la economía con tipos de interés en mínimos durante décadas?
Yo creo que vamos a unos próximos años de fuerte crecimiento económico que debe ser aprovechado. Esto es importante porque el crecimiento per se no basta para resolver los problemas estructurales. Ya lo hemos comprobado en décadas anteriores. Este crecimiento económico debe servir fundamentalmente para reducir la desigualdad y, en segundo lugar, para acometer los cambios en el sistema productivo que son necesarios para garantizar la sostenibilidad medioambiental de este crecimiento.
Los 69.000 millones que vamos a recibir en transferencias directas de los fondos europeos, ¿son suficientes para acometer ese cambio?
Son necesarios, pero ya veremos si son suficientes. Y, sin duda, son una gran oportunidad. España ha vivido dos grandes olas de transformación reciente, el programa de estabilización de los 60 y la llegada de los fondos europeos en los años 80, que supusieron dos épocas de modernización. Esta debe ser la tercera y debe ser aprovechada. Pero esto exige aprovechar bien los fondos europeos y utilizarlos, no tanto para privilegiar a las élites, sino para que lleguen al conjunto del tejido empresarial y social del país y sirvan para afrontar cambios que se deberían haber hecho hace años, como los que tienen que ver con desplazar nuestro tejido industrial a terrenos de mayor valor añadido y en mejorar la investigación y la innovación y el desarrollo en nuestra economía.
La llegada de los fondos tiene que servir no solo a las élites, sino al conjunto de la ciudadanía
En referencia a esto de que solo se privilegie a las élites, existe un miedo de que los fondos europeos acaben en manos de grandes empresas y no llegue a todo el tejido. Sobre todo cuando hablamos de los PERTE (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) que al ser de gran envergadura parece que sea difícil que llegue a pequeñas empresas. ¿Qué hará el Gobierno para que esto no ocurra?
Unidas Podemos trabaja en el seno del Gobierno, pero también desde su actividad parlamentaria, para que esto no suceda. La llegada de los fondos tiene que servir no solo a las élites, sino al conjunto de la ciudadanía. Porque debemos cambiar el modelo económico, pero también debe servir para reforzar servicios esenciales en nuestro país. Y, en este sentido, creo que es lógico reconocer que el Gobierno está dando pasos muy importantes en esta dirección. La llegada de los fondos europeos va a permitir reforzar notablemente la capacidad de investigación e innovación en nuestro país. Va a permitir reforzar el gasto en materia educativa y servir para desplegar los cuidados de larga duración reforzando nuestro sistema de atención a la dependencia. Son pasos muy relevantes para que esos fondos redunden en un mayor bienestar social.
Se habla mucho de lo necesario de la digitalización, pero se habla muy poco del trabajo que se elimina con esa digitalización. Veo las líneas europeas y el Plan España Puede que apuestan por la vía de la digitalización, pero que hablan muy poco sobre qué pasará con esa gente que cada vez tiene más complicado encontrar empleo.
Toda transformación industrial y productiva ha tenido siempre efectos positivos y algunos efectos disruptivos. El Gobierno es consciente de esta situación y por eso el Gobierno, y en particular Unidas Podemos, apuesta porque el proceso de la digitalización se haga de la mano de la justicia social. No puede haber digitalización si no se hace teniendo en cuenta que debe llevar aparejada una transición justa también para muchas personas. Tiene que ir de la mano de un uso de las mejoras de productividad destinado a mejorar los salarios y las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía. Y en segundo lugar, debe de discurrir de forma paralela a procesos de cualificación y formación laboral, de recualificación de profesionales, para que puedan adaptarse a estos cambios y no queden excluidos del mercado de trabajo.
Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Una renta básica universal, aumento del Ingreso Mínimo Vital? Porque habrá gente que se va a quedar desempleada igual.
Yo creo que hay dos elementos importantes. El primero es la modernización de las políticas activas de empleo. Es decir, tiene que haber una formación continua de los trabajadores en el marco de su vida laboral que les permita hacer frente a estos cambios en el modelo productivo. El Gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante en una mejor dotación y modernización de esas políticas activas de empleo. En segundo lugar, creo que no es posible afrontar los cambios que tenemos por delante relativos a reducir las desigualdades si no hay una reforma fiscal que lo garantice.
Se habla mucho de esa reforma fiscal pero no llega. El 15% mínimo en el Impuesto de Sociedades está bien, pero su recaudación y alcance no va a ser mucho. ¿Cuándo llegará esa reforma y qué va a exigir Unidas Podemos que lleve esa reforma?
La reforma fiscal forma parte del acuerdo de coalición y, por lo tanto, forma parte de la hoja de ruta de este Gobierno. Yo creo que no se puede retrasar más. 2022 tiene que ser el año donde se aborde esta reforma fiscal. El Gobierno está a la espera de que el comité de expertos que está elaborando un dictamen sobre la necesidad de esta reforma fiscal haga público su informe a principios de 2022. A partir de ahí se trabajará para que entre en vigor lo antes posible. Y en este sentido quiero ser muy claro, no podemos hablar de reducir las desigualdades y que esto quede en meros discursos. Hay que pasar del dicho al hecho y es necesario dar pasos en esta dirección. No es posible que partidos progresistas lleven en sus programas reformas fiscales que pasan por incrementar la progresividad del sistema, eliminar los mecanismos de elusión con los que cuentan las grandes empresas en este país, pero que luego no se vea en la acción de gobierno. 2022 es la hora de que esto se produzca.
Necesitamos un impuesto de patrimonio que grave las grandes fortunas y que no permita paraísos fiscales como el de Ayuso
¿Y cuáles serían tus líneas rojas en esa negociación con el PSOE?
No me gusta ir a las negociaciones con líneas rojas, pero hay que ir con convicciones muy firmes y me parece que hay algunas muy claras. Nuestro país tiene un sistema fiscal horadado, lleno de agujeros por donde se cuelan las grandes fortunas y las grandes empresas. Por lo tanto, cerrar estos agujeros es fundamental. Necesitamos un impuesto de patrimonio que grave las grandes fortunas y que no permita paraísos fiscales como el de Ayuso. Necesitamos un Impuesto de Sociedades que no solamente grave a las pymes, como hace ahora, sino que también sirva para que las grandes empresas paguen su parte.
El IMV no ha llegado a toda la gente que se pretendía. Habéis lanzado un nuevo paquete de medidas para hacerlo más accesible. ¿Cuál es tu valoración de su funcionamiento hasta ahora?
Hace apenas dos años España era un país que carecía de una prestación a las familias de estas características, a diferencia de nuestro entorno. Este Gobierno ha acelerado la entrada en vigor de este IMV que estaba pensado desarrollarse a lo largo de la legislatura como consecuencia de la pandemia. Por lo que creo que ha sido un importante paso adelante, de hecho creo que ha sido el paso más importante que se ha experimentado en materia de protección social en los últimos 15 años desde la aprobación de la Ley de Dependencia.
Pero hay que constatar que el IMV ha sido un paso adelante insuficiente y por eso se está aprovechando el trámite parlamentario para que, entre los grupos que sostienen la acción de gobierno, cerrar una serie de enmiendas que corrijan parte de los errores de diseño que ha tenido el IMV, para que faciliten que no solamente llegue a las familias que están en una situación de pobreza estructural sino a aquellas que, teniendo una situación relativamente mejor, pueden caer de un día para otro en pobreza sobrevenida. Por lo tanto, este instrumento debe ser flexible para que también llegue a esas familias.
El fenómeno de inflación que estamos viendo obedece en gran medida a los cuellos de botella que se están produciendo y a los desajustes temporales que se están produciendo entre la oferta y la demanda
Otro de los grandes temas del momento es la inflación. Muchos economistas liberales están aprovechando el repunte de la inflación para entonar el “ya lo dijimos” y culpar a las medidas de gasto fiscal de los gobiernos y las inyecciones de dinero de los bancos centrales.
No es un análisis correcto. El fenómeno de inflación que estamos viendo obedece en gran medida a los cuellos de botella que se están produciendo y a los desajustes temporales que se están dando entre la oferta y la demanda. La demanda se ha recuperado rápidamente, como consecuencia de la vacunación masiva y la eliminación de las restricciones, pero, sin embargo, durante la pandemia hubo un parón de la producción que tiene que ir adaptándose a los nuevos niveles de demanda. Estos desajustes, buena parte de los analistas, esperan que sean temporales y que, por lo tanto, la inflación sea un fenómeno pasajero que desaparezca a mediados de 2022. Como digo, es la opinión de buena parte de los analistas pero tendremos que ver cómo se comporta este fenómeno que está sucediendo en todos los países de la OCDE. De todas maneras, un cierto nivel de inflación en un contexto de fuerte endeudamiento ni siquiera es un fenómeno tan negativo en la medida que permite reabsorber parte de las elevadas deudas actuales.
Si estos cuellos de botella tardan más, a mitad de 2022 ya da un poco de miedo, y el tema de los precios de la energía no se resuelve, ¿cómo ves el contexto económico para el próximo año?
Yo diría que el contexto económico es favorable y de fuerte crecimiento como consecuencia de las políticas fiscales expansivas, pero es cierto que hay incertidumbres que se puedan mantener en el futuro. Incertidumbres que tienen fundamentalmente un carácter internacional relativo a la evolución de los precios internacionales del gas o a estos cuellos de botella. Insisto que la gran mayoría de los analistas coinciden en que serán pasajeros, pero el Gobierno está muy atento al impacto que estas incertidumbres internacionales tengan sobre esta recuperación económica.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que “derogar la reforma laboral generaría una tremenda inseguridad jurídica”. Siempre que oigo esto de la inseguridad jurídica acaba significando que el beneficio empresarial esté por encima de las decisiones de un gobierno democrático. ¿Qué opinas de esta declaración?
Creo que lo importante cuando hablamos del mercado laboral no es la etiqueta, sino el fondo, el impacto que va a tener la medida. Y aquí me parece que la vicepresidenta segunda del Gobierno está planteando una orientación muy ambiciosa, que pasa por una superación de la reforma laboral nefasta que nos dejó el Partido Popular en 2012, la cual ha supuesto una degradación muy significativa de las condiciones laborales de millones de personas. Debemos avanzar hacia un nuevo mercado laboral que garantice los derechos de los trabajadores. Este es el fondo de la discusión y esto es lo que Yolanda Díaz está pilotando en la mesa de diálogo social. Esto implica ser capaces de avanzar en un reequilibrio de la negociación colectiva, dándole más importancia y prevalencia a los convenios sectoriales. Esto implica también tomar medidas contra la precariedad y la temporalidad. De lo que no cabe duda es que si queremos reducir la desigualdad en el país tenemos que empezar por el mercado laboral. No podemos dejar que sea el Estado mediante transferencias el único que reduzca los problemas de desigualdad que genera el propio mercado laboral. Necesitamos desterrar estadísticas como las que tenemos ahora mismo relativas a la pobreza laboral. Hay más de un 10% de los trabajadores que, pese a tener un puesto de trabajo, son pobres. Esto implica que el trabajo ya no es un pasaporte de ciudadanía como lo era hace décadas y esto debe ser superado por la reforma del mercado laboral que se está dialogando ahora con los interlocutores sociales.