Tribuna
La nueva Llei de Millora Urbana: una oportunidad para los barrios

Entre los significantes más reconocidos por la izquierda se encuentra el concepto de “barrio”. Lo barrial actúa simbólicamente situando a sus estandartes en una escala concreta de la estructura de clases. En un mundo en continua guerra cultural, el barrio o ser de barrio supone una identidad muy poderosa, tanto que permite, una vez más, presentarnos en sociedad más por lo que somos que por lo que hacemos. Es por esto que no nos puede sorprender que haya sido el Grup Parlamentari En Comú Podem el que ha presentado, en el Parlament de Catalunya, la propuesta de Llei de Millora Urbana, Ambiental i Socials dels Barris i Viles.

El objetivo principal de esta ley es la creación y la regulación del Fondo de Recuperación Social, Urbana y Ambiental de los barrios y villas de Catalunya; un fondo que persigue “reducir las desigualdades sociales y hacer frente a la crisis ambiental a través de la mejora de las condiciones de vida de la población en los barrios y villas que sufren déficits urbanísticos, baja calidad de la edificación, falta de equipamientos y servicios, dificultades de accesibilidad, riesgos ambientales, exposición severa a los efectos de la emergencia climática, así como alta vulnerabilidad social y riesgos de exclusión”. La iniciativa legislativa podría considerarse como una revisión, bajo criterios actuales, sobre todo en aquellos aspectos vinculados a la cuestión ecológica y medioambiental, de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, aprobada por el primer Gobierno del tripartito catalán bajo Pasqual Maragall.

Los barrios han sido objeto de especial atención por parte de la sociología y la antropología urbana, entre ellos el papel simbólico que desarrollan en los conflictos contemporáneos que viven muchas ciudades o la calificación de los mismos como esfera protagónica de la lucha de clases en lo referente a la reproducción social. Tomando esto en consideración y evaluando tanto el contexto actual como la experiencia vivida por la Llei de barris de 2004, es que se realiza el presente análisis.

Los barrios son espacios altamente sensibles donde se da una dialéctica reforzada: todo lo que ocurre en el interior de las viviendas tiene una repercusión directa en la calle, y todo lo que ocurre en la calle tiene un efecto inmediato en el interior de las casas

Los barrios, sobre todo aquellos que dan cobijo a las clases populares, son espacios intersticiales donde la separación entre lo público y lo privado se diluye. No son la ciudad abierta, escenario de encuentros espontáneos entre desconocidos y relaciones interesadas, ni son el hogar, espacio privado por excelencia donde desarrollamos nuestra intimidad y nos mostramos tal y como somos despojándonos de nuestra máscara diaria. Es por esto que cualquier intervención en los mismos tiene que tener un carácter integral. Los barrios son espacios altamente sensibles donde se da una dialéctica reforzada: todo lo que ocurre en el interior de las viviendas tiene una repercusión directa en la calle, y todo lo que ocurre en la calle tiene un efecto inmediato en el interior de las casas. Para que cualquier intervención pueda obtener unos mínimos resultados positivos, como los señalados por el objetivo de la nueva ley en lo referente a la lucha contra la desigualdad y la eliminación de dinámicas de exclusión socio-espacial —gentrificación, guetificación, etc.— es necesario apostar, en primera instancia, por el elemento más débil de dicha dialéctica: la vivienda. Es solo a partir de ella que es posible construir, y reconstruir, relaciones sociales estables que establezcan vínculos fuertes a nivel territorial, es decir, que construyan barrio. Sin vivienda, no hay barrio y cuando digo barrio me refiero a los espacios sensibles anteriormente destacados, no a la conjugación espacial de un mero conjunto de viviendas y las familias que en ella moran. Para que exista un barrio ha de existir vida en la calle, lo contrario es una urbanización o, como las denominó en su momento el amigo Jorge Dioni, una tesela más de la “España de las piscinas”.

Para que cualquier intervención pueda obtener unos mínimos resultados positivos, es necesario apostar, en primera instancia, por el elemento más débil de dicha dialéctica: la vivienda

Apostar por fijar la población al territorio no quiere decir construir más, sino movilizar todos los recursos, legales, económicos y culturales que impidan que aquellas personas y aquellas familias que llevan a cabo su cotidianidad en uno de estos emplazamientos urbanos tengan que moverse del mismo contra su voluntad. La nueva ley apuesta por la rehabilitación de vivienda degradada mediante la concesión de ayudas y por la construcción de nuevas promociones en aquellas áreas de intervención prioritaria que sean delimitadas y justificadas a iniciativa de los ayuntamientos catalanes. Sin embargo, el primero de los aspectos fue uno de los de menor nivel de ejecución durante la vigencia de la ley de 2004, mientras que el segundo, en ocasiones, sirvió como excusa perfecta para poner en marcha dinámicas de gentrificación homeopática; un mecanismo que, todos y todas sabemos, no es más que pura y dura gentrificación, sin apellidos.

Dicho esto, el resto de los aspectos contemplados en la ley suponen una oportunidad para nivelar las dotaciones de equipamientos, la disposición de zonas verdes y espacios públicos, el acceso a la energía, etc., en zonas en las que las propias características de las viviendas, las dinámicas sociales actualmente existentes, hacen que exista una enorme presencia y potencialidad de vida en la calle. Los bibliotecas, centros cívicos e instalaciones deportivas, auténticos “palacios del pueblo”, en palabras del sociólogo estadounidense Eric Klinenberg, han de convivir con la, aun más rica, vida urbana barrial, la cual ha de colocarse siempre en un lugar destacado.

Las intervenciones en el espacio urbano suponen, por otro lado, la posibilidad de desencadenar procesos de generación de rentas monopólicas. Es decir, toda mejora es susceptible de apropiación, vía incremento del precio del suelo, por parte de aquellos grupos sociales para los que no estaba pensada en un principio. La lucha contra la gentrificación, la cual viene recogida en la exposición de motivos de la ley, se hace así perentoria, aunque el articulado, posteriormente, no de respuesta a ella a lo largo del despliegue normativo. Pese a que en evaluaciones previas de la Llei de 2004 se ha destacado que el predominio de la vivienda en propiedad en Catalunya —el 86% de las familias catalanas es dueña del piso donde viven, según datos de finales de la primera década de los 2000— y, por tanto, el incremento del precio de las casas y pisos supone un efecto favorable por cuanto los residentes y propietarios ven incrementados el valor de sus inmuebles, a día de hoy este tipo de análisis ha dejado de merecer cualquier consideración siendo, incluso, contraproducente. De este modo, toda intervención urbana ha de mejorar, material y simbólicamente, la vida de los vecinos y vecinas de la zona, y no suponer, como ha sucedido en ocasiones, un motivo más para su desplazamiento involuntario o una nueva carga financiera.

Por último, hacer una referencia a la apuesta directa y sin ambages de la nueva ley por la participación y la diversidad. Ni la primera se ha mostrado más que como un vehículo para la intervención y contribución de las clases medias locales, o aquellas personas con capital cultural suficiente, que han sabido aprovechar los canales abiertos, ni la segunda se ha llevado a cabo con valentía, abriendo la puerta a la diversificación en zonas de la ciudad donde otro tipo de homogeneidad, de clase blanca alta, es la norma. Así, como señalara hace unos años el actual ministro de Universidades con referencia a Barcelona, “no estaría mal imaginar unas cuantas iniciativas de vivienda social para jóvenes o ancianos en Pedralbes, algunas iniciativas para diversificar escuelas o centros de asistencia primaria, y tratar también de mejorar las ratios de uso de los jardines y plazas. Todo ello antes de que el gueto de Pedralbes acabe siendo un peligro”.

Siendo pragmáticos, podría evaluarse, más que poner en marcha una nueva ley, recuperar la ya existente intentando, vía otros vehículos normativos, evitar los impactos negativos y las imperfecciones detectadas durante sus años de funcionamiento

En definitiva, y siendo pragmáticos, podría evaluarse, más que poner en marcha una nueva ley, con lo largo y farragoso que puede suponer dicho trámite —y la pérdida de oportunidad de canalizar a través de la misma fondos como los que en estos momentos están llegando de la Unión Europea—, recuperar la ya existente intentando, vía otros vehículos normativos, evitar los impactos negativos y las imperfecciones detectadas durante sus años de funcionamiento. Además, llevar a cabo esa acción acompañada de una dotación presupuestaría mínima asegurada, una apuesta sostenida en el tiempo, y articulándola con otros instrumentos normativos ya existentes, sobre todo en temas de vivienda. Es así que tendríamos una oportunidad para los barrios.