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Tribuna
Que la emergencia climática no nos pille jugando al Monopoly
Mientras en España se dirime la gobernanza política, los líderes europeos negocian la gobernanza económica de la Unión Europea (UE) - las denominadas reglas de gasto - en la recta final de la Presidencia española del Consejo de la UE. Estas reglas son conocidas por los límites establecidos arbitrariamente al déficit público (3 %) y al endeudamiento (60 % del PIB) en los Estados miembro. El proceso se encuentra en un momento clave y los ministros de economía y finanzas y europarlamentarios pulen el texto base planteado por la Comisión antes del verano.
La tensión está entre unas reglas que permitan ajustes de las cuentas públicas más flexibles - liderada por Francia y España- o más estrictos, posición liderada por Alemania. Entre una y otra se juegan varios miles de millones de euros de ajuste arriba o abajo. Algunas organizaciones de la sociedad civil ya han alertado que incluso la propuesta base es una versión edulcorada que no responde al momento excepcional en el que nos encontramos en el que urge avanzar hacia otro tipo de economía de bases más justas, resilientes y dentro de los límites ambientales del planeta.
Las normas vigentes desde final del siglo XX han acelerado un tipo de economía inestable, basada en burbujas económicas
Echando la vista atrás, las normas vigentes desde final del siglo XX han acelerado un tipo de economía inestable, basada en burbujas económicas, permisiva con la captura de beneficios por parte de las élites, que ha perpetuado la matriz fósil y acelerado la destrucción de los activos ambientales. El resultado a nivel de la UE es que disponemos de una enorme deuda ecológica - consumimos 2,8 planetas -, un riesgo acelerado de inestabilidad climática - estamos a 2,3ºC de media - y un insoportable pasivo social - 95 millones de personas en riesgo de exclusión social -.
Desde el punto de vista histórico, el propio FMI cuestiona que la consolidación fiscal sea el camino adecuado para reducir los niveles de deuda. Además es extemporánea, pues advierte que afrontar el desafío de reducir a cero las emisiones de CO2 para 2050 requerirá un enorme esfuerzo fiscal. Algo que la Comisión refrenda señalando que se necesitarán 520.000 millones de euros adicionales al año (casi la mitad del PIB español) para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. Y en la tesitura de mayor necesidad de inversión, la New Economics Foundation muestra como las reglas fiscales son una atadura para hacer frente a la crisis climática, pues sólo cuatro países de la UE tendrían suficientes recursos para llevar a cero las emisiones y adaptarse a la misma. A esto se suma la preocupación emergente de ciertos países y regiones que están sufriendo los peores impactos de sequías, incendios o inundaciones y que han solicitado que estos costes queden fuera de la regla de gasto.
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Lo primero que debemos preguntarnos antes de definir unas reglas de gobernanza económica es qué está sucediendo con las cuentas públicas. Es una realidad que la posición de los países se ha deteriorado debido a las ayudas públicas realizadas en la pandemia (2,3 billones de euros) y para contrarrestar los efectos de la guerra de Ucrania y el aumento del coste de la vida (600 mil millones de euros). En comparación con la crisis de 2008, y a nivel general, estos paquetes de ayuda y de salida de la crisis han ayudado a reducir el impacto social y a avanzar en la transición verde, sin embargo una buena parte ha reforzado el status quo de un modelo fósil y de concentración de beneficios.
El elefante en medio de la habitación, y que no está en el debate, es el de los agujeros fiscales que minan la capacidad de los países. El observatorio europeo fiscal ha señalado recientemente que 500 multimillonarios europeos disponían en 2022 de una fortuna de 2,4 billones de euros (doble del PIB español) en jurisdicciones de baja o nula tributación y en las que no existe un intercambio automático de información. Estos multimillonarios apenas tributan un 0,125 % de media por su fortuna. En el caso español, se cifra en 140.000 millones de euros el agujero dejado por las multinacionales y multimillonarios, dinero que, tributado adecuadamente, sería suficiente para un año de educación y salud pública.
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Pero también el uso del dinero público debe ganar en coherencia. El FMI denunciaba este verano que nos encontramos en un pico histórico de la financiación pública global de los combustibles fósiles con 7 billones de dólares: “Mientras el mundo lucha por limitar el calentamiento global a 1,5 ºC (...), los subsidios al petróleo, el carbón y al gas natural están costando el equivalente al 7,1% del producto interno bruto mundial”, señalaba. Solo en Europa en 2022 fueron 120.000 millones de dinero público a subsidios fósiles dañinos.
Según el SIPRI, vivimos el tiempo de mayor gasto militar de la historia, algo que no ha contribuido a la paz y la seguridad del mundo
A su vez, según el SIPRI, vivimos el tiempo de mayor gasto militar de la historia, algo que no ha contribuido a la paz y la seguridad del mundo. En medio de un absoluto oscurantismo, Europa se ha adentrado en esta irracional y frenética carrera de doblar las inversiones en defensa, actualmente cifradas en 185 mil millones de euros, y cumplir con los compromisos de la OTAN. Algunos gobiernos quieren favorecer estos gastos frente a necesidades sociales o de transición ecológica en las nuevas reglas, para regocijo del complejo industrial militar.
Y al abrigo de estas realidades, lo que prevalece en las negociaciones europeas es una vuelta de tuerca del mantra de la austeridad. Austeridad como medicina universal para purgar los excesos y el derroche de los estados del bienestar y que vuelve con toda su fuerza política y mediática y nos desvía del verdadero debate de definir unas reglas fiscales que garanticen unas administraciones públicas con capacidades y alineadas con los principales desafíos.
Austeridad para los evasores y contaminadores, bienestar para la gente
No es tiempo de mirar a otro lado y no ver los agujeros fiscales que hay dentro y fuera de la UE ni el momento de dejarse capturar por los oscuros intereses del oligopolio fósil y del complejo industrial militar para relegar el bienestar de la ciudadanía y la salud del planeta. Es fundamental reforzar y dar coherencia al dinero público y ponerlo al servicio, de manera responsable y transparente, de una economía resiliente, del bienestar y respetuosa con el patrimonio natural y el clima. Para ello, las reglas fiscales en negociación deberían alinearse con el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el Pilar Social Europeo. Es la alternativa clara a una austeridad, más o menos edulcorada, que ahondará en la desafección del proyecto europeo y remará contra nuestro futuro y el de las futuras generaciones.