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La denominada ley mordaza es una reforma de la norma que regula la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, una ley que, técnicamente se llama Ley de Seguridad Ciudadana y que existe desde hace tres décadas. Fue a raíz del 15M cuando el texto se modificó por completo para otorgarle más poderes a la Policía. El Partido Popular sabía lo que hacía, enemigo siempre de las protestas y movilizaciones masivas de los ciudadanos, como buenos herederos del franquismo que son.
Con el aumento de poderes y facultades para la Policía se limita de manera absolutamente desproporcionada algunos derechos fundamentales que están recogidos en nuestra carta magna: toda una serie de conductas que desde entonces son sancionables con multas desproporcionadas.
Ecologismo
Ecología 'No a la tala': la ciudadanía madrileña defiende los árboles de Madrid Río
La autoridad gubernativa, normalmente, suele dar más credibilidad a la versión policial que a la ciudadana. Primera irregularidad democrática. Tenemos antecedentes más que de sobra en los últimos años. Sin tener posibilidades reales de defensa, el ciudadano afectado se ve obligado a pagar una multa. Además, el coste del procedimiento judicial y su larga duración hacen que las multas impuestas por la Policía tengan poca solución. Segunda anomalía democrática.
Todo ello provoca que se disuada a la ciudadanía a la hora de ejercer algunos de sus derechos fundamentales, como es el de derecho a la protesta, porque se trataría de sanciones por desobedecer, o faltar el respeto a un agente. Teniendo en cuenta esto, y las estadísticas de los últimos años, se demuestra que la Policía usa de manera totalmente desproporcionada este tipo de sanciones. Protestas de vecinos ante locales de apuestas en los barrios han sido en muchas ocasiones motivo de multa exageradas o, incluso de arrestos. La impunidad en los abusos es ya la norma. Tercera anomalía democrática.
Si hay una asignatura que quedó pendiente en la anterior legislatura fue la reforma de esta ley, por lo menos la eliminación en ella de la impunidad policial y, sobre todo y lo más importante, todo lo que desanima el ejercicio de los derechos fundamentales.
Hay muchos tipos de represión. El alcalde Almeida y su jefa, Ayuso, las conocen muy bien. Utilizan la represión económica para amedrentar a ciudadanos y ciudadanas que defienden sus barrios
Debemos exigir que esto suceda en esta legislatura. No hay tiempo que perder. De otra manera seguiremos viendo cómo vecinos con dignidad, cómo los que viven en el Distrito de Arganzuela y aledaños, son multados con hasta 600 euros por sus acciones de protesta contra la tala de árboles en Madrid Rio.
El grupo de vecinos que se encadenaron a un árbol como protesta minutos antes de que fueran talados se ha saldado con un total de 19.232 euros. Dos de ellos que se subieron a sus ramas fueron incluso detenidas y trasladadas a los calabozos de Moratalaz. Simplemente este arresto supone una aberración democrática. Un gobierno progresista no puede alargar por más tiempo esta reforma de la Ley.
'Puto' defender los árboles frente a los alcorques vacíos de Almeida no es una opción, es una obligación. La dignidad y la lucha vecinal no se detendrá nunca
Hay muchos tipos de represión. El alcalde Almeida y su jefa, Isabel Díaz Ayuso, las conocen muy bien. Utilizan la represión económica para amedrentar a ciudadanos y ciudadanas que defienden sus barrios, el aire limpio, las sombras en verano, y los árboles que ofrecen vida.
'Puto' defender los árboles frente a los alcorques vacíos de Almeida no es una opción, es una obligación. La dignidad y la lucha vecinal no se detendrá nunca, porque parar esta tala indiscriminada es también defender Madrid.
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