Telefónica
Los tentáculos de Telefónica en las universidades públicas: 100 millones en digitalización

Telefónica es una de las empresas del Ibex 35 que ha recibido, en los últimos diez años, más cantidad de dinero público de los ministerios adscritos a Universidades, a cambio de proveer determinados servicios a las universidades españolas. Así se desprende de la base de datos realizada para la publicación del informe La economía política del capitalismo digital en España, del Instituto 25M a la que ha El Salto ha accedido.

En 1988, durante la segunda legislatura de Felipe González, el gobierno socialista lanzó el Plan Nacional de I+D del ministerio de Educación y Ciencia, mediante el cual se funda RedIRIS (la primera plataforma educativa), en colaboración con Telefónica, cuando el Estado todavía tenía control sobre la gran empresa de telecomunicaciones española. El presidente de la compañía era Luis Solana, actualmente presidente del Observatorio Europeo de Seguridad y Defensa, hermano de Javier Solana, entonces Ministro de Educación y Ciencia del Gobierno de González, lo que da buena muestra de la estrecha relación del gobierno con la tecnológica.

Esta posición privilegiada, no solo se mantuvo, sino que aumentó tras la política de privatizaciones que llevaron a cabo los gobiernos de Felipe González y José María Aznar en los años posteriores. Los ministerios adscritos a Universidades han adjudicado a la empresa, liderada actualmente por Álvarez-Pallete, contratos públicos por más de 100 millones de euros desde el 21 de enero de 2009, según los contratos que aparecen publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los últimos trece años. Ese mismo día, el Ministerio de Educación, cuya cartera controlaba Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, adjudicó a Telefónica tres millones de euros más por el servicio de telecomunicaciones fijas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para los años 2009, 2010, 2011.

RedIRIS, historia de la privatización de la alternativa española a Silicon Valley

Álvaro Lorite

3

Tecnología

RedIRIS, historia de la privatización de la alternativa española a Silicon Valley

Álvaro Lorite

3

Esta iniciativa, pionera a la hora de promover la soberanía tecnológica de las universidades, ha mantenido siempre una tensión entre mantener su función y depender de las lógicas comerciales de Telefónica. No obstante, su historia cuenta que es posible erigir alternativas a Google y Facebook.

Los contratos de la etapa de Zapatero

En estos casi tres años de la segunda legislatura de Zapatero, el gobierno socialista adjudicó 28 contratos por más de 25 millones de euros, a cambio de servicios como proveer de telefonía fija, transmisión de datos, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas o suministros e instalaciones de redes de comunicaciones a las universidades. El 24 de noviembre de 2010, el BOE recogía el contrato más cuantioso de la era Rodríguez Zapatero, valorado en más de 6 millones de euros, mediante el cual se externalizaba el servicio de suministro e instalación de una red de comunicaciones para la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Precisamente, durante las dos legislaturas de Zapatero, el gobierno socialista tuvo que lidiar con la fuerte oposición del movimiento estudiantil, que ya denunciaba las consecuencias de la entrada del Plan Bolonia en todas las universidades públicas del Estado. La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue definido como un paso más hacia la mercantilización de la universidad, que ya no respondía a la necesidad de proveer a las alumnas y alumnos de conocimientos y herramientas con el objetivo de crear una sociedad más crítica o creativa, sino que, bajo el manto de la “modernización” y la “competitividad”, el proceso de convergencia europeo introdujo los criterios de la lógica empresarial en la universidad, primando la rentabilidad en detrimento de una educación al servicio del alumnado, pública, de calidad y gratuita. El recorrido que debían andar las universidades europeas quedó definido en la Estrategia de Lisboa de marzo de 2000, que perseguía convertir la UE “en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo”, introduciendo en la gestión del sistema público de enseñanza métodos empresariales. Esta modificación implicaba la transformación de los órganos de gobierno de las universidades siguiendo el modelo de los consejos de administración de las empresas, impulsando la competitividad entre universidades para la obtención de financiación privada, así como el establecimiento de agencias de calidad que distribuirán los recursos en función de los índices de calificación. Carlos Fernández Liria, catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya vislumbró, en La revolución educativa, un artículo publicado en Diagonal (noviembre de 2004), las consecuencias de la política educativa que se estaba diseñando en los despachos de Bruselas. Entre ellas, “la incorporación de representantes de las grandes empresas a los órganos de gobierno de las universidades, a través de los Consejos Sociales, como El Corte Inglés o Telefónica, en el caso de la Universidad Complutense”, decía Fernández Liria, junto a otras cuestiones, como la financiación y el control de las investigaciones, citando el ejemplo de la Cátedra de Repsol-YPF en la UPM.

Las conexiones de Telefónica con el Gobierno de Zapatero

En abril de 2008, César Alierta (presidente de Telefónica en aquel momento y hasta 2017) fue nombrado presidente del órgano de participación del Consejo Social de la UNED a propuesta de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera. Dos años después, Javier Gómez Navarro, ex-Ministro de Comercio y Turismo con González, fue nombrado vocal del mismo Consejo Social. Estas ideas fueron resumidas por el presidente Zapatero en enero de 2007, durante el Foro de la Nueva Economía: “Universidades que sean más empresas y empresas que sean más universidades”. Cabe mencionar también que Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social primero y de Asuntos Exteriores y Cooperación después, se incorpora a Telefónica en febrero de 2016 como Directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos.

Unos años antes, el 1 de julio de 2005, el Gobierno de Zapatero aprobó una modificación de la reforma fiscal que benefició, entre otros, a Mercedes Cabrera y César Alierta, entonces presidente de Telefónica e investigado por los técnicos de Hacienda. Andrés Villena, doctor en Sociología y economista, explica en Las redes del poder en España (Roca Editorial, 2019), que este cambio liberaba a las sociedades de capital variable (las SICAV son un instrumento financiero que las grandes fortunas utilizan para tributar solo un 1%) de ser fiscalizadas por la Agencia Tributaria, quedando reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de los Valores (CNMV). El número dos de la CNMV era Carlos Arenillas, que hasta la entrada en el gobierno socialista había gestionado varias SICAV junto a su esposa, Mercedes Cabrera. En 2006, ya como ministra de Educación, ficharía como jefa de gabinete a Carmen Balsa, cuyo marido, David Vergara, era el secretario de Estado de Economía y Hacienda. Según Villena, estos dos matrimonios, muy bien conectados con los círculos de poder en España, conocen muy bien los mecanismos de elusión fiscal. Dos años más tarde estalló la crisis inmobiliaria, se desplomaron los ingresos (la principal causa del aumento del déficit) y las SICAV quedaron exentas de investigación por parte de Hacienda

En los casi siete años de gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno popular adjudicó a Telefónica 59 contratos por 69,5 millones de euros. Los años de gobierno del PP, con José Ignacio Wert al frente del ministerio de Educación, fueron los más duros para la comunidad educativa y el movimiento estudiantil. Gracias a las reformas educativas anteriores (el modelo de Bolonia como oportunidad de negocio) y con la crisis económica y las grandes deudas de las universidades públicas como pretexto, se aplicaron las mayores subidas de tasas de la historia. La reforma de la LOMCE y la Estrategia Universidad 2015 fueron el resultado de unas políticas que, en palabras de Wert, iban encaminadas a que los universitarios “no estudien lo que quieran, sino lo que les emplee”.

El 1 de octubre de 2016, el BOE publicaba el contrato más lucrativo a la compañía: 6,6 millones de euros a cambio de proveer el servicio de las tecnologías de la información y telecomunicaciones a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por un periodo de cuatro años, prorrogables a dos años más. Los contratos más importantes se adjudicaron por cuantías en torno a los 3 y 4 millones de euros, con el objetivo de proveer servicios diversos: desde telefonía fija, móvil y circuitos de datos para la UCM hasta la gestión de la red corporativa de comunicaciones de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), pasando por otros como la centralización de los servicios de telecomunicaciones corporativas del Consorci de Serveis Universitaris (CSUC), que engloba universidades catalanas públicas y privadas o diferentes servicios asociados a la red informática de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Las plataformas tecnológicas son uno de los sectores clave mediante los cuales la empresa privada saca tajada en el negocio de externalización de la universidad pública. Con Pilar del Castillo como ministra de Educación, impulsora un año después de la reforma de la LOU, se crea el portal Universia, a base de subcontratas del Banco Santander, empresa líder en gestión de servicios universitarios. El presidente ejecutivo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), ligada a este proyecto, es Javier Monzón, actualmente presidente no ejecutivo del grupo Prisa. Expresidente de Indra, tuvo cargos directivos en Telefónica, siempre ha tenido muy buena conexión con los círculos de poder del Ibex 35 y está muy ligado al expresidente González.

Las conexiones de Telefónica con los gobiernos del PP

Si Felipe González abrió el camino de las privatizaciones parciales, fue en la etapa de José María Aznar cuando esta estrategia se consolida como el núcleo fundamental de su política económica. Y que servirá a los populares también como puerta de entrada para ocupar puestos de relevancia en las grandes empresas privatizadas. El 4 de enero de 2013, 16 años después de la privatización de Telefónica siendo ministro de Economía, Rodrigo Rato se incorporó al consejo de asesores de la compañía, enfocado en los negocios de la compañía en Europa y América Latina. Cinco años antes se incorporaba como alto cargo Eduardo Zaplana, Ministro de Trabajo con Aznar, compañía que abandona definitivamente en marzo de 2020, debido a su detención en el marco de la ‘Operación Erial’, una presunta trama que, supuestamente, cobró cerca de 11 millones de euros en dinero en B a cambio de contratos con la administración, siendo él presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002). Igual que ocurrió en las etapas de gobierno anteriores, como hemos visto, las conexiones entre Telefónica y las estructuras de poder del Estado continúan en la etapa de Rajoy. Buena muestra de ello fue el ‘fichaje’ del abogado del Estado Iván Rosa para su departamento jurídico. Rosa es el esposo de Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, con las competencias sobre el CNI.

Falta de transparencia en los contratos

Durante el año y medio de gobierno en minoría del PSOE de Pedro Sánchez, el ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con Pedro Duque al frente, adjudicó 8 contratos por 3,7 millones de euros a Telefónica, a cambio de servicios de comunicación y datos para la Universidad de Castilla La Mancha, telefonía y datos para la red corporativa de telecomunicaciones de la Universidad de Jaén o suministro de material audiovisual para la URJC, entre otros.

No obstante, durante todo el periodo consultado entre 2009 y 2019, existen 13 contratos adjudicados parcial o totalmente a Telefónica, en los cuales la falta de transparencia del ministerio es manifiesta. Es el caso, por ejemplo, del contrato adjudicado en 2009 para el servicio de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), cuyo presupuesto base se sitúa en torno a los 3 millones de euros, pero que no especifica el precio final del mismo. Existen otros ejemplos, en los que sí aparece el montante total, pero no desglosado por empresas, en los casos de contratos con varios adjudicatarios, como ocurre con un contrato publicado el mismo año, por valor superior a los 11 millones de euros, a cambio de ofrecer servicios tecnológicos a la UCLM. Junto a Telefónica, aparecen otras empresas como Indra, Siemens o Fujitsu, entre otras. Lo mismo ocurre con un contrato de 2013 con la misma universidad, a cambio de los mismos servicios, aunque por un precio inferior. Y luego existen otro tipo de contratos que también destacan por su opacidad, como uno de octubre de 2018, también con la UCLM, en los que se contratan equipamientos informáticos de todo tipo sin que conste precio ninguno, ni en las bases de licitación, ni en la adjudicación final.

La Universidad Rey Juan Carlos, segunda universidad con más contratos para Telefónica

Llama la atención que, desglosando los contratos adjudicados por universidades, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) aparezca como la segunda que más servicios ha recibido por parte de Telefónica. El importe total asciende a casi 7 millones de euros, solo por detrás de la UNED, cuyo montante supera los 8 millones de euros. La URJC saltó a la palestra mediática durante el año 2018, después de que eldiario.es destapara el caso Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, a quién presuntamente le habrían regalado un máster en Derecho Autonómico a través del Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, hoy cerrado. Más tarde fueron investigados Pablo Casado, líder del PP y Carmen Montón, entonces ministra de Sanidad con el gobierno de Sánchez, también por presuntas irregularidades en los másteres que cursaron (Casado en Derecho Autonómico, como Cifuentes, y Montón en Estudios Interdisciplinares de Género). Otras universidades públicas que han recibido servicios importantes a través de adjudicaciones a Telefónica son la UCLM, con 6,8 millones; la ULPGC, con 6,6 millones o la Universidad de Sevilla, con 5,2 millones.