Sanidad pública
Las adjudicaciones a los lobbies de la Sanidad se han duplicado en Madrid durante la pandemia

Si algo ha caracterizado la gestión de la pandemia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es un despliegue faraónico en infraestructuras. Un total de 87,5 millones de euros en 227 adjudicaciones fueron invertidos en el hospital de campaña IFEMA, infraestructura que estuvo activa 41 días en 2020. Más de 1,7 millones de euros al día adjudicados en su mayoría a empresas relacionadas con los lobbies de la sanidad. Así se muestra en el último informe de la Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), Los lobbies en la Sanidad 2020, que se ha presentado este martes.

Este colectivo ha detectado una veintena de lobbies que operan en la sanidad madrileña, definidos como  organizaciones que defienden un interés creado por sus miembros y buscan influir en decisiones políticas sin ejercer responsabilidades de gobierno. “Tratan de presionar para modificar las políticas y los presupuestos en aras de sus propios intereses”, enfatiza Vicente Losada, integrante de Audita Sanidad, que insiste en que “no es tolerable” la forma en la que estos grupos “presionan y corrompen” a la administración de una manera antidemocrática.

“De cada 100 euros, 73 se los llevan empresas pertenecientes a lobbies”

En base a los concurso de licitación publicados en el BOCM y en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, el informe concluye que las adjudicaciones a empresas relacionadas con alguno de los lobbies identificados casi se duplicaron en pandemia, pasando de 828 de promedio en el periodo 2014-2017 a 1.531 en 2020. 

En cuanto al importe invertido en 2020, supone un 72,68% del total, muy superior al 55,58% de promedio del período 2014-2017. Así 759 millones de los 1.045 millones de euros totales fueron destinados a estos grupos de presión. “De cada 100 euros, 73 se los llevan empresas pertenecientes a lobbies”, resume Losada para quien los datos demuestran que la importancia de estos sectores sigue en aumento.

En cuanto a los principales lobbies, el informe destaca la Fundación IDIS como principal grupo de interés adjudicatario, con la consecución de más de 600 millones de euros durante 2020. Esta fundación fue constituida en 2010 por los representantes de los principales grupos de hospitales y clínicas privadas, así como de compañías aseguradoras de nuestro país, como Mapfre, Adeslas, Ribera Salud o Quirón Salud.

Tras esta se sitúa Fundación España Salud, con más de 460 millones de euros para las empresas de su entorno.  Esta entidad privada tiene como órgano consultivo, el Consejo Económico de España Salud, que reúne a un conjunto de empresas y organizaciones del ámbito sanitario y otros. A esta fundación también pertenece Farmaindustria y empresas farmacéuticas como Cinfa, Janssen o Novartis.

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Un estudio de Audita Sanidad revela que de un total de 8.365 millones del presupuesto de la Consejería de Sanidad, 4.131 millones fueron a manos de entidades privadas.

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Losada destaca que en última posición se encuentra la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), “lo que demuestra la línea ideológica de la Comunidad de Madrid” que no tiene voluntad política de sustituir productos de marca por genéricos, “pese a que esto supone un ahorro del 40% en medicamentos”.

“En el año 2.000 la deuda estaba en 4.200 millones de euros y ahora está en 34.000 millones, se ha multiplicado por ocho. Y esto lo pagamos todos y todas”

Desde Audita Sanidad concluyen que los resultados muestran una falta de transparencia asociada a posibles sobrecostes, dificultad en el acceso a la información y posibles puertas giratorias. “Se está llegando a unos niveles de concentración de poder que impide maniobrar al poder ejecutivo, legislativo e incluso al judicial. No puede ser que los lobbies sean los que detenten el poder cuando no se rigen por el principio democrático de una persona un voto”, denuncia Losada, mientras añade un dato: “En el año 2.000 la deuda estaba en 4.200 millones de euros y ahora está en 34.000 millones, se ha multiplicado por ocho. Y esto lo pagamos todos y todas”, sentencia.