Represión
Arranca el juicio del Rodea el Congreso con una petición de penas de más de 112 años

Doce años después de la histórica manifestación de Rodea el Congreso, en la que miles de personas colapsaron las calles aledañas al Congreso de los Diputados, arranca el juicio contra 21 de las personas detenidas de aquel día. La “pena de banquillo” ya la han tenido que cumplir con un juicio en el horizonte que puede acarrear castigo penal. Esta dilación influye psicológicamente, como explica Erlantz Ibarrondo, abogado de varios de los acusados, que apunta que sus clientes están “con las vidas paralizadas hasta que llega el día del juicio”.

Ibarrondo apunta también que “independientemente de las penas que pida el fiscal, tienen que bajarse porque hay unas dilaciones indebidas muy cualificadas. Es una evidencia, algo objetivable, no está sujeto a interpretación”. La Fiscalía pide condenas que en algunos casos superan los siete años de cárcel y que, en total, suman 112 años entre todos los acusados. Elena García, una de las personas que a través de la Coordinadora 25-S, sirve de apoyo a los encausados, recuerda que además de esta elevada petición de penas, “esta movilización, desde el principio ha tenido que hacer frente a una represión excepcional”. “El propio día de la movilización hubo un despliegue policial como no ha habido otro igual”, rememora la activista. García explica que los días previos a la movilización “decenas de militantes fuimos identificados. La entonces delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, hablaba en la prensa de una cifra de entre 800 y 1000 militantes que aparecíamos en listas”.

García explica que le llegó la primera citación para declarar en la Audiencia Nacional antes del 25-S, “nos acusaban de algo que  decían que iba a pasar y que todavía no había ocurrido, un hecho digno de la dictadura”

A esta activista le llegó una citación para una causa abierta en la Audiencia Nacional: “Antes de que fuera la movilización y para acusarnos por algo que iba a ocurrir en esa movilización. Las citaciones las recibimos entre el 16 y el 22 de septiembre y la movilización estaba prevista para el 25 septiembre”. García expone que “nos acusaban de algo que ellos decían que iba a pasar y que todavía no había ocurrido, un hecho digno de la dictadura”.

Causa ejemplarizante

La Fiscalía de Madrid imputa en su escrito de acusación delitos de desórdenes públicos; atentado a la autoridad, resistencia, daños y lesiones, entre otros. El juicio se celebra en el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid y se prolongará hasta el próximo 28 de noviembre. La Fiscalía apunta a que los acusados actuaron “coordinados” y “organizados”, y dirigieron sus acciones “a causar destrozos en la vía pública, intentado rebasar los cordones de seguridad establecidos, arrojando objetos, no sólo contra las fuerzas de seguridad sino contra los vehículos policiales”.

García explica que, aunque lógicamente esas 21 personas son las acusadas “no es solo a ellos lo que se juzga, sino que se está juzgando es si tenemos derecho a protestar en la calle, organizándonos”. Algo que afecta al conjunto de la sociedad, “nos jugamos si por ir a una manifestación con una demanda democrática, de justicia social, te pueden caer 112 años”.

El abogado Ibarrondo considera que el juicio “se traslada también a todas las personas que se manifestaban en esos días, aunque no estén investigados ni acusados en este procedimiento judicial”

El abogado Ibarrondo considera que el juicio “se traslada también a todas las personas que se manifestaban en esos días, aunque no estén investigados ni acusados en este procedimiento judicial”. Uno de sus defendidos “tiene claro que fue una manifestación que está orgulloso de haber ido, que los motivos por los que estuvo siguen vigente a día de hoy”. García explica que esa protesta señalaba que “las carencias democráticas eran estructurales, no se ceñía solo a los recortes que hiciera un gobierno o no era por una movilización puntual o por una cosa sectorial, sino que era una impugnación total”. Entre otras demandas, la protesta del 25-S planteaba, según García, “la necesidad de un proceso constituyente entre otras razones, porque veíamos que en cuestiones concretas ya se estaba mermando la libertad de expresión y de reunión, y con este juicio lo que hacen es darnos más motivos aún”.

Esta movilización tuvo una influencia decisiva para el impulso de la conocida como ley mordaza. “Se hizo una legislación ad hoc exclusivamente para sancionar esta conducta, se puso un artículo concreto para estas conductas, en las inmediaciones del Congreso y se modificó el Código Penal, el articulado referente a los desórdenes públicos”, explica Ibarrondo. El abogado contextualiza que el impulso a la ley mordaza llegó tras “el momento en el que había una protesta social que venía de abajo, sin tutelas”. García considera que esta ley afianzó “ese marco represivo tan excepcional y desproporcionado contra lo que es el movimiento popular y la movilización en la calle como herramienta fundamental para lograr derechos”. “El juicio lo situamos como otro eslabón más de ataque, en este caso, contra estas 21 persona”, concluye.