Renta básica
Funcionarias que sortean el laberinto burocrático para exprimir el sistema en busca de justicia social

“Hay papeles que la gente no nos puede presentar, para eso sirven las declaraciones juradas y punto pelota”. A Nati Casanova le faltan solo seis años para jubilarse de su empleo como trabajadora social en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Lleva 21 años en ese puesto, y otros 15 en Cáritas. Toda una vida laboral que le ha enseñado a interpretar una norma desde criterios de justicia social en vez de asistencialismo.

Habla con desparpajo, también con cierta sorna. Tiene un tono de voz alegre y explica, como si fuera sencillo, la intensidad de su trabajo. Uno de los trámites necesarios para optar a una ayuda social es tener una cuenta bancaria, pero muchas personas desregularizadas no disponen de ella. Este requisito administrativo suponía dejar totalmente desamparadas durante los meses de confinamiento a las personas sin papeles que trabajan en la economía sumergida.

“Les dijimos que nos dieran el número de cuenta de otra persona, que la autorizaran para recibir el dinero y que esa persona les autorizara para sacarlo. No creo que nos saltáramos la ley. La norma se puede interpretar desde un posicionamiento que ponga el bien común y a la persona en el centro”, explica Casanova. Y agrega: “Si una persona entra en Servicios Sociales con un problema, una funcionaria no debería añadirle diez más y que, al final, salga de la oficina con once”. 

De este modo, de marzo a mayo transfirieron 350 euros al mes a unidades de convivencia de cuatro personas en concepto de ayudas familiares. Aparte, gestionaron las ayudas para el pago del alquiler con los caseros. Aseguraron techo y alimento a pesar de la burocracia.

Su punto de vista es el que reclamó el relator de pobreza de la ONU, Philip Alston, en su visita al Estado español el pasado mes de enero, cuando afirmó que los requisitos de la asistencia social en España son “más propios del siglo XIX que del XXI”. En su informe de 21 páginas y 85 puntos puso especial énfasis en que mantener la pobreza es una decisión política, a cargo de “una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y que valora más el formalismo que el bienestar de las personas”.

“Tengo una jefa que no me inspecciona ni me está detrás. Cuando le digo que esto no puede ser, me dice ‘vale’. Si no, estaría con expedientes abiertos todo el rato”, dice Nati Casanova

“Una compañera me dice: ‘Nati, interpretamos la ley de forma diferente’. ¿Y sabes qué le respondo yo? Ya lo veremos cuando venga una auditoría”, argumenta, y saca a colación la nefasta gestión de las Rentas Mínimas y la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid. Casanova es consciente de que puede ofrecer esa respuesta porque se siente respaldada. “‘Las más gastosas, las de manga ancha’, nos dice mi jefa”, sigue explicando. “Tengo una jefa que no me inspecciona ni me está detrás. Cuando le digo que esto no puede ser, me dice ‘vale’. Si no, estaría con expedientes abiertos todo el rato. Me siento respaldada por ella y, gobierne quien gobierne, ella siempre exige más presupuesto y está pendiente de que cuenten con nosotras para redactar las ordenanzas municipales”, añade con satisfacción.

Ni pizza ni nuggets

Esa mirada compartida hizo que el Departamento de Servicios Sociales no asumiera el acuerdo de la Comunidad de Madrid suscrito con las empresas Telepizza y Rodilla, por el cual, durante el confinamiento, los niños becados en los comedores escolares se alimentaron con nuggets y pizza. San Sebastián de los Reyes lo rechazó y ofrecieron a las familias ayudas económicas para que compraran los alimentos que considerasen adecuados para sus hijos.

Las cifras del informe del relator de pobreza de la ONU sitúan en un 29,5% las niñas y los niños en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018. Uno de cada tres pasa hambre. Pero una cosa son las cifras y otra ser consciente de que “un alumno lleva dos días sin comer y su compañero, dos meses alimentándose solo a base de pasta y arroz”, afirma Laura Alegre, directora del instituto La Serreta de Rubí, en Barcelona. “Prefería que comieran a que hicieran los deberes”, añade. Procurar alimentación a sus alumnos no está dentro de sus obligaciones, tampoco crear una red informal de ofertas de trabajo con el boca a boca del pueblo para las familias migradas recién llegadas, que son las que más sufrieron el confinamiento, sin aún red de solidaridad. “No queríamos hacer caridad, pero llamamos a Servicios Sociales y estaban saturados, con una lista de espera de entre dos y tres semanas”, recuerda. 

“Podíamos no hacer nada o tirar de contactos, y en el claustro decidimos que atenderíamos esas peticiones de alimento y las trasladaríamos a una de las tres entidades que trabajan en el pueblo, coordinadas entre sí. El mismo día que lo pedían, las familias conseguían una cesta básica. Gestionamos 30, cuidando siempre del anonimato”, y las dejaron apalabradas en agosto, mes que el instituto cerró por vacaciones. “En julio, muchas familias se acercaron a darnos las gracias”, indica Alegre. Sabe que, con su iniciativa, consiguieron “aliviar el primer impacto de un sistema colapsado”.

El laberinto burocrático

El laberinto burocrático español desampara a personas vulnerables si no pueden cumplir formalidades. El documento del Ingreso Mínimo Vital consta de once páginas entre formularios y explicaciones, sin contar los documentos escaneados que deben aportarse y el plan de trabajo requerido —el receptor debe comprometerse a una búsqueda activa de empleo y formación—. “Es un error. Las personas son las primeras interesadas en trabajar, en sentirse útiles y encontrar recursos para su familia. Condicionar las ayudas al trabajo es una manera de culpabilizar al receptor”, sostiene Hontanares Arranz, trabajadora social y activista en Marea Básica contra el paro y la precariedad y ATB Cuarto Mundo. Arranz recuerda que se debe tener en cuenta la capacidad mental y física de trabajar. “Una persona que no tiene aceptado un problema de salud mental no puede seguir un ritmo normal y acumula un fracaso detrás de otro y, si no hay seguimiento, termina en la calle”.

Alerta también de que las empresas cobran dinero del Fondo Social Europeo por contratar a personas en riesgo de exclusión social pero ha visto cómo muchas no terminan el periodo de prácticas, y luego les penalizan el acceso a las prestaciones. “Me hace pensar que los empresarios cogen la subvención y ya está; y eso aún aplasta más a los receptores”, sugiere Arranz. Una sensación que constata el informe de la ONU.

También cuestiona la implantación de la Tarjeta Social Digital anunciada por el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luís Escrivá. “Pondrán una tarjeta para centralizar las ayudas que ofrecen, en vez de invertir en una cobertura universal”, resume Arranz sobre el enésimo artilugio burocrático con el que se sigue evitando ampliar el presupuesto, reducir los trámites y aumentar la cobertura. “Además, ¿quién va a leer la tarjeta?”, cuestiona, “porque en mi trabajo ya tengo todos los accesos que necesito. Creo que esa tarjeta supone gastar presupuesto en control social, en vez de invertir en las necesidades de la gente”.

Extender la emergencia a siempre

Arranz se define como “creativa” a la hora de interpretar las leyes que regulan su municipio, pero relativiza su capacidad de incidencia a largo plazo ante la falta de un sistema de protección económica estable y robusto: “Por mucho presupuesto que tengas, si los ERTE no se pagan y si el Ingreso Mínimo Vital no entra, las ayudas de emergencia que gestionamos en Servicios Sociales pueden resolver uno, dos o tres meses, pero luego el sistema revienta porque los ayuntamientos no pueden asumir esta situación económica”, advierte. 

“La pandemia, como la crisis de 2008, nos sume en la emergencia económica constante”, alerta Arranz. Y la situación lleva a una constante frustración. “Todo el día recibimos atención de emergencia económica porque falla el sistema de protección económica, que no debiera ser objeto de Servicios Sociales, y lo es cada vez más”. Con ello quiere decir que “hay parte de la urgencia derivada de una pandemia que debemos asumir, pero otra la están creando por cómo gestionan las leyes. Ahora, la mayor parte del personal debería estar tramitando ERTE e IMV, y nosotras dedicarnos a hacer intervención social”, concluye.

Una vez más, el punto de vista de esta trabajadora social coincide con las conclusiones del relator de pobreza de la ONU, que ya en febrero, antes del covid-19, escribió en su informe que “la tasa de aprobación de las solicitudes se redujo drásticamente del 50% en 2016 al 23% en 2018, y el número de personas cuya prestación quedó en suspenso o fue anulada definitivamente creció más del doble. Estos resultados tan terribles muestran que el sistema excluye deliberadamente a las personas o está muy mal diseñado”. Deliberadamente.