Régimen del 78
Cuando el PSOE se manifestaba por sus políticos presos

“Nos están metiendo en la cárcel como antes” fue una de las frases que, según la crónica de El País,  más repitieron los militantes socialistas que acudieron a la cárcel de Guadalajara para apoyar a Rafael Vera y José Barrionuevo el día de su ingreso en prisión, condenados ambos por ordenar y financiar con fondos públicos el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey a través de los GAL. 5.000 socialistas llegados de toda España y los principales rostros del partido, el expresidente Felipe González, el secretario general Joaquín Almunia, el candidato a la presidencia Josep Borrell, así como destacados presidentes autonómicos, no quisieron faltar a la despedida del exministro de Interior y su secretario de Estado de seguridad.

Las consignas del PSOE estaban claras: no dejar solos a los suyos, proclamar su inocencia y presentarlos como víctimas de una cacería política. Los gritos de “¡Libertad, libertad!”, “¡Inocentes, inocentes!”, “Cascos, Aznar, os vamos a ganar”, “¡Felipe sácalos!”, e incluso el cántico de La Internacional por parte de algunos espontáneos, acompañaron la entrada en prisión de ambos políticos. La crónica de aquel día del periodista Pablo Ordaz en el periódico El País, con alusiones a la memoria histórica de cárcel y persecución del socialismo español, no ocultaba su simpatía por los políticos encarcelados, de los cuales se destacaba su serenidad y entereza a la hora de asumir el castigo:

“Cuando Vera y Barrionuevo ya no podían consolar a nadie, cuando las puertas de la prisión se cerraron detrás de sus pasos, algunos de los máximos dirigentes del PSOE se derrumbaron definitivamente. A Alfredo Pérez Rubalcaba, el portavoz del partido, se le llenó la cara de lágrimas. Tampoco fue fácil consolar a Felipe González. Quienes lo conocen desde hace más de 20 años aseguran que nunca le habían visto exhibir públicamente —quizás sin quererlo después de una tarde tan larga de espera y de cárcel— su dolor y su rabia”.

El PSOE todavía volvería a organizar otra concentración en diciembre a las puertas de la cárcel en apoyo a Vera y Barrionuevo. Se cumplían 100 días en prisión. Aunque menos concurrida, unas 500 personas, contaría con la presencia de Felipe González y de los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, José Bono, y Andalucía, Manuel Chaves. El ex presidente del Gobierno anunciaría nuevas movilizaciones si no llegaba el indulto, y Almunia afearía al Gobierno de Aznar que estuviera apoyando el traslado de presos de ETA a cárceles vascas, mientras seguía sin conceder el indulto a Vera y Barrionuevo.

El caso Marey. Guerra sucia contra ETA financiada con dinero público

El 4 de diciembre de 1983 el ciudadano francés Segundo Marey era secuestrado por un grupo de mercenarios contratados con fondos reservados del Ministerio de Interior. Marey, vendedor de muebles y vecino de la localidad fronteriza de Hendaya, era hijo de un socialista español exiliado en Francia tras la Guerra Civil, y no tenía ninguna relación con el terrorismo independentista. Sin embargo, confundido con un dirigente de ETA refugiado en Francia, él y su esposa serían rociados con gases lacrimógenos y golpeados. Luego Segundo sería conducido a un coche y trasladado clandestinamente a España. Tras 10 días de secuestro en una cabaña en Cantabria, sus secuestradores le liberarían en el sur de Francia con una nota en el bolsillo donde sus captores anunciaban su intención de seguir respondiendo con acciones armadas a cada atentado de ETA, así como de golpear los intereses franceses en Europa por su política de “acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente”.

La acción sería reivindicada por los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación, un supuesto colectivo de extrema derecha, que entre 1983 y 1987 cometería 30 atentados, 27 de ellos mortales, de los cuales 9 serían a personas sin ninguna relación con ETA. La reapertura en 1993 por el juez Baltasar Garzón del expediente sobre el secuestro de Segundo Marey permitiría terminar probando que tras las siglas de los GAL se escondía en realidad una red parapolicial organizada y financiada desde el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Felipe González para combatir a ETA y presionar al Gobierno francés a colaborar con la lucha antiterrorista.

A pesar de la condena del Tribunal Supremo a Barrionuevo y Vera en 1998, como máximos responsables del secuestro de Marey, las penas más largas en prisión por acciones de los GAL las cumplirían miembros inferiores de la cadena de mando, mercenarios reclutados por los servicios secretos españoles y policías como los ex inspectores José Amedo y Michel Domínguez, cuyos testimonios fueron claves para demostrar la culpabilidad de los políticos socialistas.

Recurso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En un comunicado previo a su entrada en la cárcel, Barrionuevo y Vera, habían rechazado por una cuestión de dignidad pedir el indulto, aunque agradecían “el gesto de quienes lo han hecho por amistad hacia nosotros”. “Políticamente los problemas se resuelven en las urnas, mediante el ejercicio del voto. Jurídicamente agotaremos todos los recursos que nos de nuestro ordenamiento para defender nuestra inocencia, ahora ante el Tribunal Constitucional y si es preciso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos” afirmaban ambos militantes socialistas en su escrito a los medios y la opinión pública. En 2001 el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia del Tribunal Supremo y desestimó los recursos interpuestos.

De igual modo, en 2010, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la sentencia del Tribunal Supremo era correcta. De este modo, ambos tribunales confirmaban la culpabilidad de los dos dos políticos socialistas y su responsabilidad en la organización de un grupo parapolicial dedicado a la guerra sucia contra el terrorismo de ETA. Para entonces, sin embargo, tanto el ex ministro como su ex mano derecha ya disfrutaban de una vida en libertad.

De los 10 años a los que habían sido condenados por la justicia española, pasarían privados de libertad tan sólo tres meses. El tiempo que tardaría el Gobierno de José María Aznar en concederles un indulto parcial, tras una previa recomendación del mismo Tribunal Supremo que les había condenado a una década de prisión unos meses antes. La medida de gracia beneficiaría también al resto de cargos públicos socialistas condenados por su participación en los GAL.

La excarcelación de los políticos presos llegaría en diciembre, coincidiendo con las fiestas navideñas de 1998, y que ambos ya pasarían en sus casas. El diario El País valoraría el indulto como una “decisión centrada” que “ha hecho posible la solución de un asunto que ha dividido y divide a la sociedad española y que condiciona negativamente la relaciones entre fuerzas políticas”.