Personas refugiadas
La resolución de 31.000 solicitudes de asilo mandaría a la irregularidad a miles de personas

La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (Ciar) no ha descansado durante el confinamiento. El último martes el órgano colegiado elevó al Ministerio de Interior la propuesta de resolución de 16.000 solicitudes de asilo y anticipó que para julio habrá decidido sobre 15.000 expedientes más. Previsiblemente, y atendiendo a la tendencia de los últimos años, en poco más de un mes esta aceleración en las tramitaciones dejará en situación de irregularidad a un gran número de personas.

El 2019 el Estado español reconoció algún tipo de protección a solo el 5% de las solicitudes resueltas, de adaptar esos indicadores a los números actuales, el total de expedientes denegados rondaría los 30.000. Según ha podido conocer El Salto algunas familias solicitantes ya han sido informadas de que deberán abandonar el recurso de acogida en el que se encuentran.

En la presentación de su 18º informe, el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Carlos Berzosa, destacó que en 2019 España ha tenido “el máximo histórico de solicitudes de protección internacional, de las cuales el 59% proceden de Venezuela y Colombia” y valoró que el 5% de concesión de protección “es una cifra que nos parece realmente escasa, una cifra que nos parece verdaderamente ridícula”.

“Sería una llamada al Ministerio de Interior, que es quien gestiona estos procedimientos, para que agilice estas solicitudes de asilo y que posibilite que un mayor porcentaje de personas tenga derecho a esta protección internacional. Muchas veces no sabemos las razones de por qué se deniegan, pero nos gustaría que nuestro país fuera mucho más acogedor en términos jurídicos, en términos legales, a lo que lo está haciendo en estos momentos”, destacó.

El 2019 el Estado español reconoció algún tipo de protección a solo el 5% de las solicitudes resueltas, de adaptar esos indicadores a los números actuales, el total de expedientes denegados rondaría los 30.000

Sobre estas resoluciones la directora de Políticas y Campañas de la entidad, Paloma Favieres, confirmó que “en la última comisión interministerial ya se producía una resolución de miles de expedientes retomando el ritmo y las medidas que venía anunciando hacía mucho tiempo el Ministerio de Interior” y agregó que en CEAR preocupa “que en ese incrementar la cantidad de expedientes resueltos pueda mermar la calidad del procedimiento”.

“Seguimos abogando sobre la necesidad de identificar de manera temprana, hay que hacer una identificación de esas necesidades, de ese tratamiento diferenciado que establece la Ley y que por cierto se sigue haciendo de manera ad hoc porque no hay desarrollo reglamentario de la Ley del año 2009”, explicó. Un reglamento que once años después no va a llegar porque está prevista una reforma de la propia Ley y las organizaciones esperan contenga todas las previsiones del paquete de directivas comunitarias al respecto.

“¿Eso va a dejar en situación de irregularidad a miles de personas? Evidentemente sí, atendiendo a los índices de protección que venimos acumulando en el año 2019”, admitió la letrada y acotó que a su entender “quizá eso hará analizar, si no de manera global, al menos identificar aquellos perfiles que siguiendo nuestra propuesta ante la comisión de reconstrucción puedan ser beneficiarios de una flexibilización a efectos de regularizar su situación. Por parte del Ministerio de Inclusión ya se han tomado algunas medidas en materia de extranjería que en cierta manera pueden paliar algunas de estas situaciones, pero nosotras queremos ser ambiciosas, que es lo que nos toca”.

Que esta aceleración llegue en tiempos de post Covid le agrega mayor complejidad. “A partir del 1 de junio se ha reanudado el cómputo de plazos por lo que a partir de ahora vamos a ver cómo se incrementará el número de personas que deberán salir del sistema y que se van a ver en situación de vulnerabilidad, algo que nos preocupa enormemente”, manifestó la directora general de CEAR, Estrella Galán.

“A partir de ahora vamos a ver cómo se incrementará el número de personas que deberán salir del sistema y que se van a ver en situación de vulnerabilidad, algo que nos preocupa enormemente”

“En una situación normalizada solo el 30% de las personas que solicitan protección internacional en nuestro país piden ingresar en el sistema de asilo. Durante el estado de alarma se ha incrementado el número de personas que han solicitado ingresar en el sistema o reingresar en el mismo, y estamos viendo que va a ir en aumento por la disminución de ingresos con la situación de desempleo y la falta de acceso a recursos”, anticipó.

Una celeridad que levanta sospechas

La celeridad de la Ciar hace dudar al tejido asociativo sobre cómo han sido los procedimientos de evaluación y resolución de los expedientes, un hecho no menor ante la importancia que la protección tiene para la vida de estas personas.

Según señalan diferentes fuentes que prefieren mantener su anonimato, el organismo adscrito al Ministerio de Interior no se habría reunido —“ha sido todo vía email” confirman—y al parecer “se habría actuado por bloques, en muchos casos sin analizar circunstancias individuales”. Es por lo menos sospechosa la velocidad con que se ha actuado si se tiene en cuenta que, como denunció CEAR el martes último, en los últimos cinco meses solo se habían resuelto 8.500 expedientes.

“Los plazos tienen que cumplirse, la Ley establece un procedimiento de urgencia en determinados supuestos, de tres meses, y un procedimiento de seis y creemos que se produce una distorsión del sistema de protección internacional si se incumplen”, aclara Favieres. Para ello considera que “debe haber un tratamiento muy concreto y una puesta de atención en aquellos perfiles de solicitantes que se encuentran dentro de situaciones de vulnerabilidad —que son la mayoría— pero para eso se necesitan medios materiales y humanos, más formación de todos los agentes que intervenimos en el procedimiento, mayor especialización a la hora de atender a personas solicitantes en función de su género, orientación sexual, su situación psicológica”.

La falta de vías de regularización por la Ley de Extranjería, en muchos casos reconduce hacia el sistema de protección internacional

“Desde nuestro punto de vista el sistema de asilo no se puede convertir en el único canal para canalizar todas las respuestas a una situación legal migratoria”, aseveró Favieres, reforzando una demanda cada vez más instalada entre los movimientos y ONG de una necesaria regularización o flexibilización de las exigencias.

“Hay que incentivar y garantizar que todas las personas independientemente del motivo que hayan tenido para migrar, se canalicen por la vía de la extranjería o por la vía de la protección internacional. Lamentablemente, la falta de vías de regularización por la Ley de Extranjería, en muchos casos reconduce hacia el sistema de protección internacional, muchas cuestiones que podrían ser abordadas en una reforma de la Ley de Extranjería adaptada a una nueva realidad”, concluyó.

Preocupación del tejido asociativo

La posible irregularidad sobrevenida de miles de personas enciende las alarmas de los colectivos sociales que en los últimos meses han trabajado en las diferentes ciudades del Estado español en la acogida formal e informal de demandantes de asilo. La noticia ha tomado por sorpresa a organizaciones que ya de por sí, sin esta nueva realidad, se encuentran con un panorama desolador post covid-19.

“Muchos llevan un año, o casi dos, con muchos esfuerzos después de meses de estar en la calle. Algunos han podido conseguir trabajo, pueden pagarse su habitación, aunque sea en precario, han hecho su vida y tienen sus redes aquí, sería como empezar de nuevo, trabajan como cualquiera de nosotros y hacen su vida como cualquiera de nosotros, y si ahora se deniegan sus expedientes se van a quedar en la calle”, afirma María, de Emergencia Frontera Sur (efs) Barcelona, y pregunta. “¿Qué se supone que tienen que hacer? ¿Volver a su país porque aquí no los quieren?”.

Para Paola, de Alarm Phone Málaga e integrante de diferentes movimientos sociales en la ciudad, en Andalucía antes del covid tenían “un trabajo muy precario y los índices de paro más grandes de todo el Estado, que ahora se han incrementado”.“Aquí en Málaga muchos amigos han sufrido denegaciones o se ha terminado la ayuda en mitad del estado de alarma y han tenido que emigrar ante la falta de trabajo. Si se quedan sin papeles se van a ver abocadas a situaciones de semi esclavitud y pobreza y los colectivos andaluces no creo que estemos preparados a hacer frente a tal número de personas a las que la administración deniegue sus derechos”, asegura.

1,7 millones para el retorno voluntario

En el Boletin Oficial del Estado del pasado jueves 18 de junio el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó su resolución de convocatoria a “subvenciones para proyectos de retorno voluntario de personas nacionales de terceros países” por un importe total de 1,7 millones de euros.

Según la publicación, “el objeto de estas subvenciones será la realización de proyectos que faciliten a las personas nacionales de terceros países en situación de vulnerabilidad social y económica, la posibilidad de retornar voluntariamente desde España a sus países de procedencia para favorecer su reintegración, viable y sostenible”. Lo paradójico es que los fondos para este plan de retorno salgan del Fondo de Asilo, Migración e Integración, es decir de fondos que en teoría deberían utilizarse a los fines contrarios de un retorno.