Racismo
El Estado español ante la ONU: justicia y Derechos Humanos en entredicho

El próximo 4 y 5 de octubre, el Estado español centrará su atención en el juicio de Silvia S.L.. Su caso, como mujer migrada y racializada en Euskadi, ha desatado las alarmas y puesto en evidencia la importancia del Protocolo de Estambul (Manual de las Naciones Unidas para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes).

El caso de Silvia destaca por una preocupante posible vulneración de derechos fundamentales en España, un país con una democracia consolidada. Su detención y el maltrato posterior ponen de manifiesto serias dudas sobre el compromiso del Estado con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

Su detención y el maltrato posterior ponen de manifiesto serias dudas sobre el compromiso del Estado español con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

Silvia, tras defender a un indigente, fue detenida en Getxo y, durante su custodia, sufrió maltrato y agresiones. Las grabaciones de seguridad evidenciaron el trato vejatorio, pero su denuncia no fue adecuadamente investigada. Posteriormente, el informe médico forense no siguió el Protocolo de Estambul, y las autoridades judiciales desestimaron pruebas clave.

España incumple la Convención Internacional contra la Tortura de la ONU, según el Informe Sombra

Sara Plaza Casares

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Tortura

Represión España incumple la Convención Internacional contra la Tortura de la ONU, según el Informe Sombra

Sara Plaza Casares

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Entidades como el centro Sira, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Iridia o La Comuna denuncian ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que España incumple el convenio con prácticas como las devoluciones en caliente.

Tras años de negativas, inadmisión de peticiones por la defensa y existencia de derechos que se están viendo vulnerados, Silvia se enfrenta una petición de prisión de siete años por la acusación formulada por el Gobierno Vasco, sin que, sin embargo, se haya puesto en marcha el manual de las Naciones Unidas, la herramienta internacional que dicta cómo se deben llevar a cabo las investigaciones médicas y legales en situaciones de supuesta tortura o maltrato policial.

Respetar los derechos Humanos y permitir a las partes ejercer su derecho a calificar los hechos es el principio que debe regir la ley.  n el caso de Silvia se pone en tela de juicio la alineación de España con las siguientes directrices y compromisos internacionales:

Se han vulnerado los artículos 24 y 15 de la Constitución Española que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva y prohíben los tratos inhumanos y degradantes y la tortura.

Se ha vulnerado el Protocolo de Estambul a pesar de que el Estado español ratificó la “Convención contra la Tortura” de la ONU en 1987 y se comprometió a seguir dicho tratado. En el caso de Silvia, este protocolo fue rechazado por el tribunal mediante auto de inadmisión de pruebas. Un auto que no puede ser recurrido.

Se ha vulnerado también el Real Decreto 650/2023 de 18 de julio de 2023 por el que se aprueba el protocolo médico forense a la persona detenida que busca alinearse con estándares internacionales. La Audiencia Provincial del Bizkaia debe admitirlo y aplicarlo. La historia de Silvia en los juzgados cuestionará si este decreto es verdaderamente efectivo en España.

A pesar de haber sido condenado en 12 ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, España no ha mostrado avances significativos en la investigación de denuncias de tortura.

Adicionalmente, hemos de recordar que este mes de julio, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha reprendido al Estado español una vez más. A pesar de haber sido condenado en 12 ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, España no ha mostrado avances significativos en la investigación de denuncias de tortura. Se critica especialmente su falta de adhesión al Protocolo de Estambul y la ausencia de políticas enfocadas en la reparación y rehabilitación de las víctimas

El caso de Silvia, que será juzgado el 4 y 5 de octubre en la Audiencia Provincial de Bizkaia, es más que un simple litigio; representa un microcosmos de los desafíos que enfrentan los derechos humanos en el Estado. La inadmisión del Protocolo de Estambul en el proceso, un estándar internacional reconocido para la evaluación de alegaciones de tortura, es alarmante.

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Iker Mojón

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La sociedad y la comunidad internacional estarán observando atentamente este caso. Silvia, una mujer que se enfrenta a una petición de siete años de prisión se convierte en el rostro de muchas personas que han buscado justicia y se han encontrado con barreras.

Su juicio será una prueba tanto para el sistema judicial español como para la propia democracia del país.  La pregunta crucial será: ¿Prevalecerán la justicia y los derechos fundamentales?