Precariedad laboral
El ERE encubierto de la estiba

El conflicto está abierto en los muelles del País Valencià, donde cerca de 2.000 estibadores descargan cada año cien millones de toneladas de existencias, una quinta parte de la cantidad percibida por las terminales del Estado español. Automóviles en los atracaderos de Valencia, azulejos en Castellón, graneles en Alicante y muchas mercancías más que nutren los mercados y la industria de aquí y de otros territorios. Varias jornadas de huelga y paros parciales a nivel estatal han servido de forma de expresión para los trabajadores. Están molestos por la actitud del Gobierno y temen por sus jornales y empleos, pero también se muestran dispuestos y unidos para dar la batalla y defender sus derechos.

El sentir general en los portuarios es que el objetivo de la reforma del Partido Popular no es sólo precarizar sus condiciones, sino también acabar con el colectivo sindical de la estiba. Ante la posibilidad de cosechar mayores beneficios, muchas compañías multinacionales esperan hacerse con su trozo del pastel. En este aspecto, merece la pena señalar la visita en febrero al puerto de Valencia de Huang Cuxun, portavoz de China Ocean Shipping Company, para evaluar el potencial de una posible inversión en el puerto que ocupa el puesto número treinta del elenco mundial.

LA BRECHA
Hubo un detonante: la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2014, de la que se desprende que el modelo actual de la estiba en los puertos del Estado vulnera los estándares comunitarios de libre establecimiento y competencia. La resolución cuestiona la obligación que tienen las empresas que participan de la carga y descarga de mercancías de formar parte del capital de las entidades portuarias, la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), actualmente encargada de administrar la disposición y la formación de la mano de obra requerida.

Pepe Castells, presidente de la delegación alicantina de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector, explica que “la SAGEP garantiza el cumplimiento de los convenios, así como la profesionalidad y el empleo de los estibadores; al fin y al cabo, son sociedades que se nutren, de manera directa o indirecta, de la riqueza generada por los trabajadores”. El Gobierno de Mariano Rajoy, a través del Ministerio de Fomento, ha aprovechado dicha coyuntura para modificar los patrones de contratación actuales e implementar un mecanismo que deja la gestión del trabajo portuario en manos de las compañías que se dedican al negocio de la estiba. Dicha revisión normativa establece la sustitución de las sociedades actuales de estiba por “empresas de trabajo temporal (ETT) y centros portuarios de empleo”, cuyos estándares laborales distan mucho de las condiciones aseguradas por el modelo presente.

Para Castells, el decreto es un “ERE encubierto” que poco tiene que ver con el fallo del TJUE, “en el que nada se dice al respecto de precarizar el sector o del derecho de subrogación de los puestos de trabajo”, un derecho recogido en el Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado español. “Nuestra intención siempre ha sido la de cumplir la sentencia —asegura el delegado sindical—, llegamos al Ministerio con un acuerdo con la patronal bajo el brazo y el ministro Íñigo de la Serna dijo que no satisfacía las demandas de la resolución europea”. Los estibadores piensan que, al menos, debería darse “un proceso justo de negociación con te, ascienden a 24,5 millones de euros. Pero es pertinente contrastar esta cantidad con el coste derivado de la reconfiguración de las plantillas de la actual SAGEP. Ya que, según el decreto, las autoridades portuarias, adscritas a la cartera de Fomento y financiadas con fondos públicos, “asumirán obligatoriamente el 100% de las indemnizaciones generadas desde la celebración de los contratos hasta su extinción o hasta la finalización del periodo transitorio”. 

Las presiones

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) pide que se definan cuanto antes “las mejoras operativas para conservar la competitividad de los puertos españoles” y promete la continuidad “en el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores actuales de la SAGEP”. No obstante, matiza que la oferta no se podrá extender a las nuevas incorporaciones. A su vez, la postura de la patronal se ve respaldada por la conducta de la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), un lobby bajo cuyo paraguas se agrupan las mayores empresas operadoras en las terminales portuarias del Estado, como OHL Concesiones o Noatum. La PIPE se basa en un estudio elaborado por la consultora PwC, que afirma que los costes de contratación suponen más de la mitad de los gastos derivados de la estiba, para reclamar un recorte del 60% en la nómina de los trabajadores del sector.

Sin embargo, otro informe realizado a partir de indagaciones efectuadas por la Universidad Politécnica de Barcelona, uno de los pocos que incorpora las diversas condiciones de trabajo que se pueden dar en dichas operaciones, contradice la versión esgrimida por las grandes compañías: solo entre un 14 y un 20% de la inversión necesaria corresponde al precio de la mano de obra. La Coordinadora, por su parte, pretende alcanzar un pacto en el que se pierda la menor cantidad de derechos posibles y, como gesto de buena voluntad, se ha comprometido a aplicar reducciones salariales del 10% en todos los puertos. Asimismo, los trabajadores consideran que es fundamental que se mantengan los puestos de trabajo a través de un registro de operarios y que se perfile el carácter imprescindible de la formación en la manipulación de mercancías portuarias. Al respecto, Castells declara que es muy importante que cada estibador realice su función de forma segura y con la máxima eficacia: “Trabajamos con mucho tonelaje y la falta de preparación es motivo de accidentes, mi vida depende de mis compañeros y su vida depende de mí”.

Los muelles del Estado español canalizan el 85% de las exportaciones y el 65% de las importaciones del país, 500 millones de toneladas en mercancías por valor de 200.000 millones de euros, es decir, un 20% del PIB del transporte nacional. Así, el carácter estratégico del sector otorga una gran capacidad de influencia y negociación al sindicato de la estiba. En este sentido, Pepe Castells zanja la cuestión con inmensa nitidez: “Tenemos cierto poder y no dudaremos en usarlo para conseguir un trato justo”.