Pobreza energética
Las ayudas de la Junta no frenan los datos de pobreza energética en Extremadura

Conforme a los últimos datos de pobreza energética facilitados por el INE, relativos al año 2017, se ha producido cierta mejoría a nivel estatal, puesto que los hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada han pasado de un 9% en 2012 a un 8,3% en el año 2017. Estos datos contrastan, sin embargo, con los de algunas comunidades autónomas como Extremadura, donde el porcentaje de hogares en esta situación han pasado de un 10,2% en 2012 a un 11,8% en 2017, siendo la quinta región con mayor porcentaje de hogares en situación de pobreza energética. 

Según se describe en la exposición de motivos de la Ley extremeña de Medidas Extraordinarias Contra la Exclusión Social del año 2016, “el gasto más importante, la calefacción, supone ya el 42% del total de la factura de energía, haciendo gastar a las familias por encima de sus posibilidades. En el contexto extremeño la incidencia es mayor por el estado general de los inmuebles, ya que un 40% de ellos padecen patologías (humedades, goteras, podredumbres, etc.) que incrementan ese gasto de calefacción. Y hay, por lo menos, un 10% de familias cuyos recursos le impiden alcanzar una temperatura media de 18 grados, mínimo considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alcanzar las necesarias condiciones de salubridad”. Asimismo, concreta que “son más de 27.000 familias extremeñas las que pueden pasar frío en invierno debido al mal acondicionamiento de las viviendas y a los problemas para abonar las facturas”.

Son más de 27.000 familias extremeñas las que pueden pasar frío en invierno debido al mal acondicionamiento de las viviendas y a los problemas para abonar las facturas

Sin embargo, otras fuentes provenientes de colectivos sociales dudan de las cifras oficiales y consideran que los datos de pobreza energética en Extremadura son muchos más elevados. El informe de 2016 de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre pobreza energética señala que en Extremadura hay cada año 200 muertes prematuras asociadas a la pobreza energética.

DERECHO SUBJETIVO AL SUMINISTRO DE LOS MÍNIMOS VITALES

Con la intención, entre otros objetivos, de combatir la pobreza energética en Extremadura, se aprobó en julio de 2016 la citada Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social con los votos a favor del PSOE y Podemos y la abstención del PP y Ciudadanos.

Es importante señalar que el tener cubierto un mínimo de suministro de luz, agua y gas se reconoce como un derecho subjetivo, es decir, que obliga a la Administración extremeña a reconocer y asegurar estos suministros con la cantidad mínima fijada para cualquier persona que cumpla los requisitos contemplados en la normativa.

El procedimiento de tramitación de estas ayudas tiene graves carencias que producen que solo llegue a una pequeña parte de las personas afectadas por pobreza energética

Esta materia ha sido desarrollada por el Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para suministros de mínimos vitales y por la Orden que se saca cada año, habiéndose publicado hace unos días de manera anticipada la Orden correspondiente a 2019.
Sin embargo, el procedimiento de tramitación de estas ayudas tiene graves carencias que producen que solo llegue a una pequeña parte de las personas afectadas por pobreza energética. Dicho procedimiento se desarrolla en dos fases diferenciadas, en la primera los municipios solicitan las subvenciones a la Junta, y en una segunda se abre una convocatoria concreta en cada localidad que haya solicitado y recibido la correspondiente subvención de la Junta.

Por otro lado, para hacer efectivo el derecho a los suministros de mínimos vitales, la Junta de Extremadura ha de suscribir convenios con las empresas y entidades suministradoras de estos servicios. Y, analizado algunos de los convenios ya firmados, por ejemplo con Endesa o Iberdrola, el procedimiento es muy benigno con las empresas suministradoras.

Así, por una parte, todo el dinero de las ayudas autonómicas procede de la Junta, mientras las compañías no aportan nada y, por otra, no se evitan los cortes de suministro, llegando las ayudas solo a una parte de las personas interesadas puesto que son las propias afectadas las que han de solicitarla, es decir, poner de manifiesto el corte o posible corte del suministro. Acto seguido los servicios sociales realizarán una valoración técnica de la situación, sin que se les obligue a las compañías suministradoras a tener que avisar previamente o al mismo tiempo de cortar el suministro a los servicios sociales.

CARENCIA PRESUPUESTARIA

La idea de derecho subjetivo de los mínimos vitales se ve reforzada al reconocerse que la cantidad asignada a los beneficiarios tiene la consideración de crédito ampliable, es decir, que debe cubrir todas las ayudas a las personas que reúnan los requisitos. Sin embargo, este derecho subjetivo después lo convierten en un derecho condicionado y limitado fundamentalmente a que exista crédito presupuestario.

Según los cálculos del grupo parlamentario Podemos, para hacer frente a la pobreza energética severa en los hogares extremeños se necesitarían al menos 28 millones de euros

Este crédito presupuestario, a falta de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, asciende en 2019 a 4.600.000 euros, cifra que queda muy lejos de los 12.000.000 de euros anuales que obliga la disposición adicional cuarta de la Ley. Según los cálculos del grupo parlamentario Podemos, para hacer frente a la pobreza energética severa en los hogares extremeños se necesitarían al menos 28 millones de euros.

Aún así, por las dificultades impuestas en la gestión del procedimiento que hemos comentado, que se realiza a instancia de parte y sin ofrecer información las compañías suministradoras, gran parte del crédito presupuestario asignado a mínimos vitales queda sin ejecutarse, llegando solo a un pequeño porcentaje de la población que sufre pobreza energética.

Esta problemática se refleja en lo ocurrido en la convocatoria de 2015. La Junta aprobó ese año el primer decreto de mínimos vitales, con un presupuesto inicial de 5 millones de euros que se entregarían a los ayuntamientos en cuantías de 5.000 a 250.000 euros, en función de la población. Más de 300 consistorios solicitaron adherirse a la convocatoria para los años 2015/2016 y finalmente se concedieron ayudas por 3,4 millones, aunque esa cantidad al final fue sensiblemente inferior puesto que estaba la Junta a la espera de la justificación de los gastos por parte de los ayuntamientos. Es decir, hubo directamente casi 40 ayuntamientos que renunciaron a la subvención o la devolvieron y gran parte del crédito presupuestario asignado a pobreza energética sobró.

Según la portavoz de la Junta, Gil Rosiña, en 2015 hubo 2.305 personas beneficiarias de estas ayudas, cuando según datos de la propia Junta las familias extremeñas que no podrían hacer frente a sus facturas para calentar los hogares ascendía a más de 27.000. Y esta situación autonómica no es mucho mejor que la estatal, puesto que según los últimos datos cuatro de cada diez familias extremeñas dejarán de percibir este año 2018 el bono social eléctrico, dependiendo el nuevo bono social estatal de la cantidad que consignada en los Presupuestos Generales del Estado, un proyecto que aún no está aprobado para 2019.