Pensiones
Escrivá tensa la Mesa del Diálogo Social con una propuesta sorpresa

“La recomendación de ampliar el periodo de cotización se eliminó 48 horas antes de que se aprobara el Pacto de Toledo por el 80% del Parlamento”, recordó ayer Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. “Incluso eligiendo los mejores 28 años, aumentar el periodo del cómputo supondría una rebaja en determinadas carreras profesionales, una rebaja innecesaria”, indicó el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá (PSOE), expuso en la sesión del lunes de la Mesa de Diálogo Social una propuesta que no ha gustado ni a los sindicatos ni a su socio de Gobierno (Unidas Podemos): a aumentar el periodo de cotización de los actuales 25 años a 30 supondría un nuevo descenso en la pensión media, tal y como refiere el Banco de España. Para amortiguar la medida, Escrivá añade la posibilidad de descartar los dos peores años, lo cual comportaría para las personas con vidas laborales con largos periodos precarios tener que trabajar más años —en buenas condiciones— si quieren eliminar 24 meses. 

Con su propuesta, Escrivá conseguiría su objetivo de alargar el periodo laboral antes de acceder a la jubilación; por otro, afirma que eliminando los dos peores años la pensión quedaría más o menos igual. “Neutra”, según dijo en la Mesa. 

Las estimaciones de CC OO con una muestra de vidas laborales —el sindicato no tiene acceso al cómputo del Ministerio, y este se niega a ofrecer los datos tanto a los sindicatos como a los medios de comunicación— apuntan a que el “efecto posible” podría ser “neutro en términos de gasto”, pero esa neutralidad matemática tiene consecuencias individuales: “A una gente le beneficiaría, a otra le perjudicaría”, advierte Bravo. En cualquier caso, asegura que “ese no es el debate que deberíamos tener ahora” y que les genera “inquietud” que el ministro plantee, otra vez, una propuesta para alargar el cómputo. Anteriormente propuso 35 años, después 33 y ahora, 30 menos dos.

El Gobierno debe aprobar la segunda parte de la reforma de pensiones, tal y como se comprometió con Bruselas al recibir en junio fondos europeos

La Mesa de Diálogo Social se ha reunido en tres ocasiones desde la apertura de este curso político: en septiembre, en octubre y el lunes de esta semana. Volverá a citarse mañana jueves. La segunda parte de la reforma del sistema de pensiones debe aprobarse en lo que queda de año, según el compromiso que adquirió España tras recibir la segunda tanda de los fondos europeos, tal y como consta en el informe favorable de la Comisión Europea fechado el 27 de junio. 

El informe dedica las últimas tres páginas a la componente 30, en la que, además de “preservar el sistema a corto, medio y largo plazo”, insta a “proteger las pensiones de la pobreza”, aunque alaba un ahorro presupuestario, e incluye el Hito #408 -“extender el periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación”-. Para su evaluación, a Europa le agradó que la reforma de las pensiones suponga un ahorro de entre 0,2 y el 0,4% en las estimaciones del PIB proyectado para 2030 y de entre el 1,1 y el 1,6% para el de 2050 (página 92) —“los servicios de la comisión consideran que la reforma generará ahorros fiscales”, valora—.

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Marco incorrecto

Mikel Noval, responsable del gabinete de Estudios Sociales del sindicato vasco mayoritario, ELA, asevera que el marco que plantean Europa, Escrivá, el Pacto de Toledo y la Mesa de Diálogo Social es incorrecto: “No se trata de gastos, ingresos y ahorros. De si el sistema es sostenible en esa ecuación. Se trata de justicia social y de que es necesario modificar la fiscalidad para aumentar las pensiones en vez de que haya recortes, porque el objetivo de la medida que plantea Escrivá es recortar las pensiones”. Recuerda que actualmente el 25% de la población recibe una pensión, pero que estas solo consumen el 12% del PIB. ELA defiende una reforma fiscal para redistribuir la riqueza, agrega Noval.

El Banco de España indica que extender el periodo de cálculo de los 15 a los 25 años se asocia a una caída de la pensión media del 5%, a la que hay que añadir otra reducción del 8,2% si se eleva a 35 años

El responsable de estudios recuerda que el propio Banco de España, en su informe Estimación del impacto de variaciones en el periodo de cálculo de la base reguladora sobre la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación, publicado en septiembre, reseñaba que extender el periodo de cálculo desde los 15 a los 25 años se asocia a una caída de la pensión inicial media del 5%, mientras que una ampliación de los 25 a los 35 años produciría una reducción adicional del 8,2%. Descartar los años más desfavorables para determinar la base reguladora “permitiría suavizar la caída”, pero no la evitaría, según el Banco de España. El organismo realizó los cálculos excluyendo los seis peores años de 35.

La reforma de las pensiones que firmó José Luis Rodríguez Zapataero (PSOE) en 2011 supuso aumentar el cómputo de 15 a 25 años progresivamente. 2022 ha sido el primer año en llegar a los 25. La firma de esa reforma supuso una huelga general. Que el PSOE plantee de nuevo ampliar el cómputo y recortar las pensiones le trae malos recuerdos a Mikel Noval, mientras que desde el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria indican que hoy harán pública su valoración de la propuesta de Escrivá, pero adelantan que están “absolutamente en contra”.

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Destopar las bases de cotización

Comisiones Obreras valora la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de forma “insuficiente”, lamenta su tardanza y reclama medidas de mejora en la partida de ingresos, así como la reducción de la brecha de género y de las pensiones mínimas. Considera de forma positiva la garantía de revalorizacón de las bases de todas las pensiones. Esta medida quiere decir que, tanto pensiones mínimas como máximas, se revalorizarán cada año con al menos el IPC real promedio de los 12 meses precedentes.

“Se trata de una reivindicación sindical que pone fin a la actuación discrecional anual por el Gobierno de turno a través de los Presupuestos Generales del Estado”, señala Carlos Bravo. Las pensiones subirán con el IPC sí o sí, cuando se apruebe este real decreto, y si finalmente incluye esta propuesta. Pero lamenta que la base máxima de cotización en España siga siendo solo de 45.500 euros (53.946, a partir de 2023). “Se encuentra muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno europe y actualmente 1,1 millones de trabajadores tienen salarios superiores a la misma”, advierte. Asegura que si se destopase la cotización de las bases, se generarían unos ingresos de entre 7.000 y 8.000 millones de euros. En septiembre, Escrivá propuso destopar la cotización de las bases, pero también sugirió destopar la pensión máxima, que ahora está en alrededor de 40.000 euros anuales.

CC OO valora positivamente revalorizar las bases de todas las pensiones con el IPC, pero critica que el debate haya virado hacia un punto, el del cómputo, que no se incluía en los Pactos de Toledo

CC OO lamenta que la “única propuesta” que les ha trasladado el Ministerio para reducir la brecha de género y garantizar la suficiencia en las pensiones mínimas ligadas al riesgo de pobreza es “claramente insuficiente”, por lo que les han reclamado una reunión urgente para abordar una “batería de medidas” para abordar un complemento por brecha de género, periodos reconocidos como cotizados en situaciones de excedencia, reducciones de jornada, etc.

También quieren debatir sobre la mejora de ingresos por cotizaciones en el sentido de que el mecanismo de equidad no termine en 2032, sino en 2050, y que la jubilación parcial vaya unida al contrato de relevo para el mantenimiento del trabajo. Estos temas conssidera que deberían ser los protagonistas del debate actual para la próxima reforma de las pensiones, en vez de hablar sobre un cómputo del periodo laboral que “no está en el Pacto de Toledo y que genera muchas dudas en términos de apoyos parlamentarios”, alerta Bravo.

La parte social discute la inclusión del Hito #480 en los requerimientos de Europa para abonar el segundo tramo de los fondos europeos (12.000 millones) y su consiguiente pertinencia en debatirla en el Diálogo Social. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se opone a ampliar los años de carrera profesional: “Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos; es recortar derechos”, afirmó ayer desde la feria de literatura en español que se celebra en Guadalajara (México).