Paraísos fiscales
BEPS o cómo las multinacionales llevan sus beneficios a paraísos fiscales

Un móvil por el que Apple paga el 99% de su precio de mercado a su filial irlandesa, una tienda Zara que paga un 5% de su facturación por el uso de la marca a una sede holandesa o el dinero que se paga por unas zapatillas Nike viajando a las Bermudas para luego volver a Holanda son algunos de los ejemplos más cotidianos y comunes de los Base Erosions and Profit Shifting (BEPS), erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Este tipo de prácticas es uno de los principales métodos de elusión y evasión de impuestos ahora en el punto de mira de la lucha contra la evasión fiscal. Pero que, viendo los resultados, los Estados siguen perdiendo.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los BEPS son propiciados por “la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales, con el fin de hacer ‘desaparecer’ beneficios a efectos fiscales, o bien de trasladar beneficios hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real si bien goza de una débil imposición, derivando en escasa o nula renta sobre sociedades”. Pero lo cierto que lo que la OCDE llama “lagunas”, son estrategias planificadas y bien conocidas por los ministerios de Hacienda de los países donde ven que la factura fiscal de esas multinacionales se reduce notablemente. 

Las consecuencias provocadas por estas prácticas de elusión y evasión fiscal son difíciles de calcular, pero todos los análisis coinciden en que el uso de BEPS es una de las principales causas de evasión. Para Carlos Cruzado, del Sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), el efecto sobre la merma de ingresos en España es evidente, como en el resto de Europa y del mundo: “El bajo tipo efectivo sobre el resultado contable de los grupos consolidados, 7,3% es el último dato publicado por la AEAT, es una mínima muestra”.

Cómo acaba tu dinero en un paraíso fiscal

El mecanismo es muy sencillo. Los entramados fiscales y societarios que componen los grandes grupos empresariales dotan a cada filial de independencia frente a sus empresas hermanas en otros países. Pero estas filiales pueden comerciar, prestarse dinero, asegurarse o realizar servicios entre ellas. Con total control sobre lo precios, tarifas o tipos de interés que se cobran entre filiales, los grandes grupos pueden trasladar los beneficios de una de las filiales, erosionando la base imponible del impuesto de sociedades (IS) en ese país, a otra sede en un país donde la factura fiscal sea mucho menor o nula. 

Son muchos los ejemplos de nuestra vida diaria donde el dinero que gastamos en una compra puede acabar en un paraíso fiscal o un territorio con ventajas fiscales para las grandes empresas. Como ya se ha publicado anteriormente en El Salto, todos los derechos de las marcas de Inditex pertenecen a una filial holandesa. Las tiendas de Zara, Pull&Bear o Bershka del conocido grupo de Amancio Ortega pagan un canon por usar la marca a esta sede en los países bajos. ¿El motivo? Holanda ofrece una desgravación fiscal a los ingresos por derechos de marca o royalties que provengan de otros países. De esa manera, empresas como Inditex, Ikea o McDonald’s, desvían sus ingresos desde los países donde realmente producen sus beneficios con sus ventas, erosionando la base imponible del IS, a un país donde esos beneficios pagan una factura fiscal prácticamente nula. La empresa textil también utiliza una filial irlandesa para prestar dinero y asegurar a otras filiales del grupo y una sede en Suiza para comprar a los proveedores en países en desarrollo y vender a las filiales dueñas de las tiendas en otros países, manejando los márgenes para trasladar esos beneficios a las filiales que soportan una menor carga fiscal en paraísos fiscales.

Empresas como Inditex, Ikea o McDonald’s, desvían sus ingresos desde los países donde producen sus beneficios a un país donde esos beneficios pagan una factura fiscal prácticamente nula

Cuando compras un móvil u otro dispositivo de Apple, tú dinero también puede acabar en Irlanda. La conocida empresa de la manzana ha recibido una de las mayores sanciones impuestas a una compañía por las ventajas fiscales que recibe por parte de ese país. La técnica de Apple, conocida como “precios de transferencia”, es tan simple como pagar por los productos un precio inflado a la sede irlandesa, Apple Sales International, provocando pérdidas o beneficios muy reducidos en los países donde se vende el producto para trasladar esos beneficios a Irlanda, donde en 2014 el tipo impositivo real que pagó esta filial fue del 0,005% gracias a los tax ruling, acuerdos firmados de manera bilateral entre empresa y país.

Plan de Acción anti-BEPS de la OCDE

En 2014, la OCDE publicó el Plan de Acción contra los BEPS a petición de los ministros de Hacienda del G20. Para Miguel Alba, del departamento de Justicia Fiscal de Oxfam Intermon, “el plan de la OCDE empezó de una manera muy ambiciosa, pero finalmente ha quedado un poco descafeinado”. Un plan que debería proporcionar a los países instrumentos nacionales e internacionales que alineen mejor la potestad impositiva con las actividades económicas, así como para luchar de manera conjunta contra este tipo de prácticas. Este plan era el resultado de un primer diagnóstico, publicado en julio de 2013, que concluía que los principales problemas que había que afrontar relativos a las BEPS y que también fue respaldado por el G20.

Según declara a El Salto Verónica Grondona, asesora en temas de justicia tributaria para el grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), el Plan de Acción anti-BEPS de la OCDE tiene algunos puntos muy positivos, como el informe country by country (país por país). Este informe pretende que los grandes conglomerados tengan que hacer público sus beneficios en todos los países donde operan y de los cuales obtienen beneficios, aunque, según Grondona, fue diseñado de una manera bastante deficiente “entre otras cosas por no ser público”, por lo tanto, lamenta, “la realidad es que los países en los que existen filiales de una gran empresa no tienen acceso a la información de la matriz o de las otras empresas del grupo en otros países”. Algo en lo que coincide Alba y añade que “el sistema country by country de la OCDE solo pretende contemplar a las empresas de gran tamaño, pero deja fuera a muchas de ellas que también realizan estas prácticas”.

“Los países desarrollados son los que dictan las normas y los países no desarrollados, que son los que más sufren ese tipo de prácticas, no forman parte del proceso”, Miguel Alba de Oxfam Intermon

Tanto Alba como Grondona coinciden en que las medidas para atajar estas prácticas deben de ser inclusivas y negociadas por todos los países en igualdad de condiciones. “El plan de acción está creando un marco que supuestamente es inclusivo, pero han invitado a países que no son del a OCDE ni del G20 a sumarse al Foro Global de la OCDE para implementar unas normas en cuya decisión no han participado”, a lo que Alba añade que “los países desarrollados son los que dictan las normas y los países no desarrollados, que son los que más sufren ese tipo de prácticas, no forman parte del proceso”. Las Naciones Unidas podría ser el organismo donde se discutan y tomen esas políticas de lucha contra la evasión y elusión, según Grodona, pero “para ello es necesario financiar su departamento impositivo”.

Los precios de transferencia, la técnica utilizada por Apple y muchas otras empresas para realizar operaciones entre empresas del mismo grupo, ha sido considerado uno de los problemas fundamentales por la OCDE, pero “lo dejaron sin resolver”, lamenta Alba. Para la asesora del GUE/NGL, para acabar con esta práctica “es necesario cambiar el criterio bajo el cual se valoran y se analizan las operaciones intragrupo, y el valor que se le asigna a los contratos entre filiales, los cuales hoy son considerados por encima de la realidad económica que representan”.

Economía digital como herramienta para los BEPS

Pero sin duda otro de los grandes retos de la lucha contra los BEPS es la economía digital y la manera de hacer tributar a una empresa que puede tener sus servidores en una isla del Caribe, su sede en un paraíso fiscal, pero vende sus servicios a un cliente en el Estado español. El 21 de marzo, la Comisión Europea propuso la aplicación de un nuevo impuesto a las empresas de la economía digital que podría variar entre el 1 y el 5% de su facturación, aunque la CE ha aconsejado que sea del 3%.

Según la CE, se considerará que una plataforma digital tiene una “presencia digital” gravable o un establecimiento permanente virtual en un Estado miembro si supera el umbral de siete millones de euros de ingresos anuales en un Estado miembro, tiene más de 100.000 usuarios en un Estado miembro durante un ejercicio fiscal o en un ejercicio fiscal se generan más de 3.000 contratos de servicios digitales entre la sociedad y los usuarios. Un avance que podría recaudar impuestos a Google, Amazon o Microsoft, pero que no eliminaría las prácticas BEPS ni la elusión de impuestos mientras siga siendo rentable evadir y, viendo el tipo impositivo real que paga Apple en Irlanda, no parece que gravar sus ingresos con un 3% vaya a ser una barrera sólida a esas prácticas.