Opinión
Luchas urbanas, gobernanza, ciclo inmobiliario y economía digital

La ciudad refleja los conflictos de la sociedad. Nos referiremos a los que se producen por confrontación de intereses, los de convivencia en la vida cotidiana, también aquellos sobre la forma de practicar la democracia. En ellos se manifiestan la confrontación de distintas concepciones de la ciudad, las referidas: al interés general de la ciudadanía o del planeta, a las necesidades de distintos grupos sociales, las que buscan maximizar las ganancias de los inversores de capital…

En estas confrontaciones la parte que ejerce más poder influye en los mecanismos de gobernanza condicionando cómo se definen las políticas urbanas en su beneficio, aunque supongan situaciones de desamparo, tanto para el interés común (sostenibilidad, cambio climático…) como para los sectores de la ciudadanía con menos poder y con más riesgo de sufrir efectos desfavorables.

Por eso es necesaria una democracia deliberativa y participativa. Es necesario hablar de los conflictos, confrontar posiciones y argumentos para entender, tanto sus orígenes como los intereses de distintos agentes y las consecuencias para distintos grupos y lugares. Sea para modificar las condiciones que abocan al conflicto cuando sea posible, o sea para alterarlas por completo con objetivos basados en principios de sostenibilidad y justicia social. Y siempre para educarnos en los valores de civilidad, en el ejercicio del debate, del análisis y estudio comprensivo de cuestiones complejas, y en el respeto a los principios sociales más allá de la ganancia económica.

Desde finales del franquismo y ante la falta de una democracia deliberativa, la reivindicación de políticas urbanas más justas ha generado importantes experiencias de lucha: la constitución del asociacionismo vecinal y las luchas por la remodelación de barrios o contra la subida del pan, la traída de aguas a barrios, o la dotación de transporte publico…, luchas que mostraron que, para conformar un modelo de ciudad más justo y con mayor calidad de vida, era necesaria la organización ciudadana y batallar.

Conflictos y gobernanza

El gobierno urbano debe afrontar los conflictos contemplando los criterios de interés general del común, y también mediar entre los grupos en conflicto, facilitando información, estudios adecuados y debate para que las decisiones se tomen con conocimiento y transparencia. Sin entrar, en este artículo, en las cuestiones de empleo y pobreza —que están en la base de los conflictos sociales— ni en las relativas a las formas de producción y consumo —que subyacen a los principales problemas ambientales—, vamos a centrarnos en las políticas urbanas.

Los conflictos sobre la organización, estructuras y funcionamiento de la ciudad, se centran fundamentalmente en la localización de distintos usos que pueden equilibrarla o desequilibrarla, social y funcionalmente, provocando segregación, carencias de servicios —incluido un sistema de vivienda pública que se ignora—, e impactos que dificultan la calidad de vida en distintos barrios. Detrás de estos conflictos está la presión inmobiliaria sobre la urbanización y los bienes inmuebles (abandono, rehabilitación, nueva construcción…), con el objetivo de impulsar procesos urbanísticos que generen mayores plusvalías.

Vemos cómo el ejercicio de la gobernanza va al compás de la especulación, de los intereses de estos o aquellos empresarios incrustados en las estructuras de poder

Como el gobierno local no suele cumplir adecuadamente sus funciones, las condiciones de vida comunitaria —y la salud planetaria— acaban siendo los efectos colaterales, en vez de ser los objetivos de muchas políticas urbanas, políticas que hegemonizan grupos de capital cuyo fin principal es extraer ganancias y acumular riquezas. Los gobernantes llegan a acuerdos con lobbies, o simplemente se apuntan a mantras neoliberales según los cuales lo que importa es “que se hagan cosas”, y para ello adoptan las formas de crecimiento que satisfagan a muchos inversores que buscan la especulación, aunque provoquen el aumento de la precariedad en el empleo, la vivienda, los servicios públicos… Un crecimiento que beneficia a los inversores, locales o internacionales, y a los rentistas propietarios de bienes inmuebles; no un crecimiento que impulse desde abajo la economía productiva, el empleo de cierta calidad, y los servicios públicos como la vivienda, el transporte o los equipamientos.

La mala situación financiera de los gobiernos locales —debida en parte a mala gestión, despilfarro y corrupción— contribuye a agravar su entreguismo a las dinámicas especulativas. Para mejorar sus recursos —sin abordar una política fiscal progresista— optan por buscar ingresos mediante la venta de patrimonio, la búsqueda de contrapartidas económicas a la intensificación de usos en actuaciones privadas, y el favorecimiento de la “atracción de inversiones” a actuaciones inmobiliarias (urbanización, construcción, adquisición), aunque esquilmen la ciudad. Así vemos cómo el ejercicio de la gobernanza va al compás de la especulación, de los intereses de estos o aquellos empresarios incrustados en las estructuras de poder. Y para ello, cuando les hace falta, desarbolan el sistema legal, y esconden en el oscurantismo la toma de decisiones, evitando procesos públicos de información y deliberación.

A lo largo de la democracia los movimientos vecinales junto con otros movimientos ciudadanos (ecologismo, movilidad sostenible, feminismo…) han tenido que plantar cara a la gobernanza a favor de los inversores especuladores, como se ha visto en la última década en operaciones como: Canalejas, Mahou-Calderón, Paseo de la Dirección, PAUs del sureste, Taller de Precisión de Artillería, cocheras de Cuatro Caminos..., donde estamos viendo un modelo injusto e insostenible de ciudad, barrios perjudicados y causas judicializadas, en las que en muchos casos los tribunales acaban anulando las decisiones del Ayuntamiento. En muchas operaciones el Ayuntamiento aprovecha para incluir su propio suelo y especular con el, como pasó en el Centro de negocio las Cuatro Torres y de forma paradigmática en la Operación Chamartín.

La semana más larga de la Operación Chamartín

Pablo Elorduy

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Especulación urbanística

La semana más larga de la Operación Chamartín

Pablo Elorduy

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El mayor proyecto urbanístico de Europa lleva estancado desde 1994. Esta semana el Ayuntamiento de Madrid ha desbloqueado Madrid Nuevo Norte. La Operación Chamartín ha echado andar a la espera de que la Fiscalía anuncie si admite a trámite una denuncia por corrupción y de que el Tribunal Superior de Justicia Madrileño estudie el recurso contencioso planteado por organizaciones vecinales y ecologistas.

En todos ellos y otros, los movimientos ciudadanos han reaccionado y han puesto en entredicho estas formas de actuar que manipulan la gobernanza y la sitúan al margen de una democracia deliberativa. Estos movimientos han tenido que seguir asumiendo el papel antagonista ante estas formas de crecimiento urbano especulativo, en defensa de la cultura urbana y el debate, para poner de relieve las demandas locales, de grupos vulnerables o de los ecosistemas generales, frente a la gobernanza entreguista burocratizada.

En su relato para justificar su actuación, el gobernante enmascara el conflicto y debilita la deliberación pública, para ocultar su frágil dependencia del poder en cada caso. No quiere reconocer la existencia real del conflicto. Según ellos las reivindicaciones son fruto de un alarmismo exagerado y la gente lo que tiene que hacer es aceptar sus decisiones sin reclamar su estudio y debate público.

Nuevos agentes, ciclo inmobiliario y economía digital

Ahora estamos ante el ciclo inmobiliario de los rentistas, las oficinas, la turistificación del centro, la gentrificación de barrios y el abandono de las necesidades de los barrios populares o de las actividades como la industria urbana sin espacios adecuados ni apoyo. Las estrategias municipales las están estableciendo las presiones de los rentistas, hosteleros y los fondos inmobiliarios, más que la economía real productiva ni las necesidades vecinales.

En la fase neoliberal de financiarización desbordada actual, y especialmente desde la crisis de 2008, nuevos agentes presionan el modelo de organización y explotación de la ciudad. Especialmente los fondos de inversión y su instrumento inmobiliario, las Socimi, que promueven, explotan y tienden a monopolizar los centros comerciales y logísticos, centros de negocios, y también compran parques de vivienda públicos y de bancos en quiebra para subir los alquileres, desahuciar a quien no pueda pagar y cuando llegue la oportunidad, revender con beneficios especulativos.

La lucha de los afectados por la venta de vivienda púbica del Ayuntamiento y la Comunidad (anulada por los tribunales) corre en paralelo a la lucha por la regulación del alquiler del Sindicato de Inquilinos, para hacer frente a lobbies de caseros arrendadores, tanto rentistas privados como grandes tenedores. Otras luchas urbanas paradigmáticas, provocadas por la falta de mecanismos de estudio y deliberación publica, son la de la plataforma de barrios del norte para hacer frente a la Operación Chamartín o la de una plataforma de barrios del sur para denunciar y reclamar otras políticas urbanas, en la actuación del Centro logístico de Villaverde.

Finalmente en el debate social actual no se presta suficiente atención a los cambios que la digitalización de la economía están produciendo en las condiciones marco que impulsan el crecimiento económico en las ciudades, ni a cuáles son los impactos de su localización en el modo de convivencia, al no contemplar las necesidades de los barrios y sus habitantes.

Los últimos años estamos viviendo el asalto de una forma evolucionada de inversores globales con uso de nuevas tecnologías, las plataformas digitales. El principal cambio que se está implantando es la transformación de servicios de contratación y/o distribución, que se están impulsando con la digitalización y las redes, a través de grupos monopolistas. Las plataformas se han hecho con la comercialización de las viviendas de uso turístico, sin que el gobierno local haya contado con los vecinos afectados por la gentrificación e impactos en la convivencia, y produciendo una normativa insuficiente y que llegó tarde, como respuesta a las presiones vecinales. Algo parecido ocurrió con los coches de alquiler de Uber o Cabify que el Ayuntamiento no controló adecuadamente, permitiendo que se incumpliera la regulación de licencias, y provoco la revuelta de los taxistas.

En su afán por atraer inversiones, los gobernantes ceden lo que sea, haciendo interpretaciones tramposas de las ordenanzas, evitando hacer estudios de impacto ambiental o de movilidad en el vecindario, etc. Los ejemplos más recientes son las cocinas fantasma y los almacenes de última milla, a los que el Ayuntamiento deja localizarse en manzanas residenciales, ocupando locales y centros de manzana sin el menor recato, aunque se incumplan ordenanzas, y sin aplicarles el Reglamento de Actividades Molestas, sin estudios de impacto ambiental ni de movilidad, ocupando aceras de calles estrechas con decenas de motos de reparto y camionetas de abastecimiento, pues normalmente carecen del exigible espacio interior para esas operaciones.

Barcelona paraliza las cocinas fantasma, Madrid se queda en el anuncio

Gessamí Forner

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Economía

Cocinas fantasma Barcelona paraliza las cocinas fantasma, Madrid se queda en el anuncio

Gessamí Forner

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La semana ha cerrado con anuncios en ambas capitales ante las quejas de los vecinos afectados por el último fenómeno de la uberización de la economía.

Los daños los sufren los vecinos del entorno y el pequeño comercio de proximidad que da vida a los barrios. De nuevo se han tenido que constituir plataformas de afectados, apoyadas por las asociaciones vecinales, para hacer frente a la actitud de dejadez municipal en apoyo de los operadores de estos negocios que de nuevo están vinculados a plataformas digitales (Uber, Glovo, Deliveroo…)

Con las plataformas se ha radicalizado la dialéctica global/local entre vecinos-ciudad-gobiernos-inversores locales-empresas globales. Y vuelve a ser evidente la necesidad de una gobernanza que se base en la información transparente, el estudio de los impactos urbanos y la democracia deliberativa. Mas democracia en las instituciones locales.