Opinión
El espacio público como nueva conciencia

La producción del espacio es una esfera de lucha y conflicto constante en la que la intervención de determinados actores pretende, a cada momento, determinar un resultado final que sea lo más cercano posible a sus intereses materiales.
Huawei en Plaza de España
Publicidad de Huawei en la Plaza de España, Madrid. Álvaro Minguito

Antropólogo y profesor universitario

@antroperplejo


16 ene 2024 06:00

Los mecanismos de exclusión del espacio público son diversos y, a veces, sutiles al ojo no entrenado. Desde la instalación de una simple terraza de bar o restaurante, a la colocación de un banco individual o sin respaldo, pasando por la dotación a un área considerada en recuperación de un parque infantil o cámaras de vigilancia. Todas estas medidas van destinadas a controlar aquello que opera en el denominado espacio público, a veces simplemente con el objetivo de desplazar o evitar comportamientos, otras para obtener plusvalías de este.

La consideración de la ciudad como un aparador, un modelo que ha de ser capaz de atraer inversión y turistas, lleva aparejada la implementación de obras, medidas y regulaciones que impiden a determinados colectivos hacer un uso intensivo de la calle

No obstante, la dotación y disposición de espacio en la ciudad es una de las principales políticas de inclusión que podrían llevar a cabo las administraciones. En contextos donde este opera como elemento nivelador, ofreciendo una esfera para la sociabilidad o, simplemente, la posibilidad de estar debido a las limitaciones que muchas veces ofrece las características de las viviendas o la ausencia de otro tipo de equipamientos, puede ser considerado como parte de políticas progresistas. Jugar en la calle, sentarte en un banco a leer, mantener conversaciones camino al trabajo, conforman y posibilitan un conjunto de relaciones sociales que fomentan procesos inclusivos. Las dinámicas actuales, más bien, parecen apuntar en dirección contraria. La consideración de la ciudad como un aparador, un modelo que ha de ser capaz de atraer inversión y turistas, lleva aparejada la implementación de obras, medidas y regulaciones que impiden a determinados colectivos hacer un uso intensivo de la calle.

Tomemos el ejemplo de la reforma de la Plaza de España de Madrid, la cual fue la última de las grandes obras puestas en marcha por el Gobierno municipal de Manuela Carmena. Aunque la idea fue lanzada dos años después de iniciado su mandato, en 2017, los trabajos no comenzaron hasta 2019, justo antes de su salida al frente de la institución, de forma que fue el nuevo Ayuntamiento surgido de las urnas, esta vez en manos de una coalición entre el Partido Popular (PP) de Martínez Almeida y Ciudadanos, con el apoyo externo de la extrema derecha de VOX, el que gestionó su definitiva finalización e inauguración.

Si bien la obra era de una cierta complejidad, abarcaba más de 37.000 metros cuadrados y, desde el principio, enfrentó gran cantidad de problemas (desajustes en la maquinaria por las complejidades de la obra, encuentros arqueológicos inesperados, los inconvenientes generados por la borrasca Filomena o la detención de los trabajos como consecuencia de las medidas de control y lucha contra el covid19), la extensión en el tiempo del proyecto no se debió tanto a inconvenientes físicos relacionados con el desarrollo de la propia obra sino, más bien, al despliegue realizado por el consistorio a la hora de determinar las características del proyecto. El proceso participativo puesto en marcha, de una magnitud sin precedentes, llegó a involucrar a más de 210.000 vecinos y vecinas de la zona, tuvo un coste total de 1,1 millones de euros y planteó cuestiones no solo relacionadas con el proyecto final de la Plaza de España, sino también vinculadas a actuaciones en la Gran Vía y otros Distritos de la ciudad.

El proyecto ganador se denominó Welcome Mother Nature Good Bye Mr. Ford y perseguía conectar la Plaza con la Gran Vía a través de una explanada, además de plantar más de mil árboles nuevos, incluyendo olivos y magnolios, cambiar la orientación de la estatua de Don Quijote que existía hasta ese momento, la cual comenzaría a mirar hacia el Edificio España y se vería rodeada de una lámina de agua. El resultado final supondría un incremento sustancial del área peatonal, abarcando zonas cercanas como Bailén o Ferraz. En los renders elaborados al efecto, y como suele ser habitual en ese tipo de presentación, era posible ver grandes zonas verdes llenas de gente joven, algún niño, deportistas que aprovechaban el nuevo espacio liberado y lectores improvisados sobre un césped floreado. El conjunto transmitía serenidad, tranquilidad y seguridad, una nueva zona amable para la ciudadanía de Madrid. Sin embargo, finalmente, no fue esto lo que ocurrió.

Aunque las obras se inauguraron en 2021, el nuevo Ayuntamiento del PP, siguiendo las lógicas típicas de su propia ideología, emprendió de forma inmediata un proceso de privatización mediante la concesión de cesiones temporales (contratos renovables hasta cuatro años) de parte de la Plaza para la organización de ferias, conciertos y otros eventos. Según un artículo publicado en octubre de 2022, los “4.000 metros cuadrados de superficie [de la zona central] albergan hasta cinco festivales por temporada y eventos puntuales que hacen que más de la mitad de los días del año este espacio se encuentre alquilado a empresas privadas [...]. Para 2023 son 168 días de ocupación [...]”.

Los procesos de privatización y mercantilización del espacio público siempre van acompañados de recursos ideológicos que pretenden crear una nueva conciencia, la sensación de que las medidas y políticas adoptadas son las únicas posibles

Esto es posible porque la Plaza de España tiene la consideración de Recinto Ferial, lo que le permite organizar fiestas de los distritos o mercadillos populares, pero también ser objeto de enajenación a empresas para su explotación como espacio mercantilizable. Se trata, por tanto, de un ejercicio claro de acumulación por desposesión, ya que supone la mercantilización del espacio urbano mediante la celebración de eventos que también genera la exclusión de su uso, en concreto, 168 días de desposesión. La producción del espacio es, por tanto, una esfera de lucha y conflicto constante en la que la intervención de determinados actores pretende, a cada momento, determinar un resultado final que sea lo más cercano posible a sus intereses materiales.

En la determinación de este objetivo juega un papel fundamental el recurso a la ideología. Es en este contexto en el que hay que enmarcar, por ejemplo, las declaraciones políticas que vinculan tomar cañas y el ejercicio de la libertad; una libertad que es ejercida siempre en una especie de vacío social, donde este tipo de derecho se ejerce, aparentemente, sin tener relación con otros, de forma abstracta y desconflictivizada. Así, en una aproximación marxista a este término, podríamos decir que la ideología sería aquel mecanismo social capaz de determinar los que lo que pensamos sobre nuestra vida cotidiana, relación con la sociedad, etc. O, en palabras de Marx, “no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”.

Finalizar, no sin antes recordar, que los procesos de privatización y mercantilización del espacio público siempre van acompañados de recursos ideológicos que pretenden crear una nueva conciencia, la sensación de que las medidas y políticas adoptadas son las únicas posibles, de forma que la realidad de la ciudad deba y tenga que ser siempre excluyente.

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