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¡Bravo por los jóvenes napolitanos! Han arrojado luz sobre una jornada del 1 de mayo repleta de hipocresía, de ambigüedades, de oportunismo y de silencios ensordecedores. El 1 de mayo los trabajadores y trabajadoras napolitanos fueron a manifestarse ante la sede de Confindustria, la principal organización de la patronal italiana. Identificaron, pues, al verdadero enemigo, la patronal, que ya no respeta las reglas de las relaciones laborales. El capitalismo había inventado esas reglas, que se enseñaban en las business schools, y que se basaban en un principio elemental: la empresa debe obtener beneficios, una parte de los cuales, la más consistente, es percibida por los accionistas, mientras otra va a parar a los trabajadores, porque así trabajan mejor, aumentan la productividad y consumen. Se trataba de un principio elemental de redistribución de la riqueza.
El capitalismo neoliberal, el modelo que empezó a imponerse en Occidente durante la década de 1990, rompió estas reglas, este pacto que había sancionado con el Estado y con los sindicatos. En Italia esta deriva ha alcanzado proporciones paroxísticas. Una de las maneras más simples de romper estas reglas es no renovar los convenios colectivos nacionales, cuando estos expiran. El 50 por 100 de los convenios colectivos nacionales vigentes en Italia no se han renovado desde hace «al menos» tres años. De este modo se erosionan los salarios de la gente y si hay inflación, esta no se compensa con ningún aumento salarial o, si se firma un nuevo convenio, la recuperación de la inflación siempre es insuficiente.
Los nuevos contratos «flexibles», cuyas modalidades alcanzan la treintena en Italia, pagan menos o directamente no pagan nada a las arcas públicas
¿Quién ha contribuido a que esta ruptura de las relaciones laborales fuera aún más devastadora? Los gobiernos que introdujeron nuevas formas de contrato de trabajo, todas orientadas a la flexibilidad, es decir, a la constitución del precariado. Se trata de la totalidad de las formas contractuales dotadas de una menor protección del trabajo, que por definición cuestan menos a las empresas. En lugar de castigar a estas por no redistribuir la riqueza, esta normativa pro flexibilización las ha ayudado, las ha subvencionado. Al hacer firmar contratos «flexibles», las empresas pagan menos contribuciones al Estado, al Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), al Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), empobreciendo así la sanidad pública, la educación pública, la cultura pública. La precariedad, por lo tanto, no sólo produce lo que ahora se llama «trabajo pobre», no sólo genera empleos que no permiten vivir a una persona, sino que propicia un situación de crisis en las cuentas públicas y, por consiguiente, induce la prestación de menos servicios públicos. Un contrato indefinido debe pagar las correspondientes cotizaciones al INPS y al INAIL, que sirven para pagar las pensiones y los seguros que cubren los accidentes laborales. Los nuevos contratos «flexibles», cuyas modalidades alcanzan la treintena en Italia, pagan menos o directamente no pagan nada a las arcas públicas. Estos nuevos contratos llegan al extremo de proporcionar trabajo gratuito (las prácticas curriculares, esto es, los contratos en prácticas ligados habitualmente a un itinerario formativo).
¿Y qué gobiernos han introducido estos nuevos contratos flexibles? Principalmente los gobiernos de centro-izquierda, del famoso «paquete Treu» (1996) promulgado de la mano del gobierno de Romano Prodi hasta la Jobs Act (2015) aprobada por el gobierno de Matteo Renzi. Y el último gobierno de Draghi, ¿qué ha hecho para remediar esta situación? Nada.
Y así ved cuánta hipocresía, cuánto oportunismo, cuánta mistificación hay en la petición, formulada por los secretarios de las centrales sindicales mayoritarias, por exponentes del Partito Democratico, por alcaldes y por expertos, de un nuevo «pacto» entre el Estado, las empresas y los sindicatos, para crear mejores empleos, para contratar a más jóvenes y mujeres... ¿Cómo? Introduciendo nuevos incentivos a las empresas, concediéndoles nuevas exenciones fiscales, aprobando nuevas bonificaciones en beneficio de las mismas. Es decir, ¡aprobando medidas consistentes todas ellas en la transferencia de recursos de los ciudadanos a las empresas! En esta obscena confusión del 1 de mayo, no hubo nadie, ni siquiera Mattarella, que pronunció no obstante un buen discurso en Cosenza, que dijera a las organizaciones patronales: ¡entregad el dinero, redistribuid la riqueza, contratad a la gente con contratos dignos! (por no hablar de la evasión fiscal de los ingresos no declarados y del dinero escondido en el extranjero). Sobre todo porque los beneficios obtenidos desde la pandemia se han disparado, como puede constatarse fácilmente estudiando los datos publicados por Mediobanca. Fijaos en la familia Agnelli-Elkann, que ha recibido miles de millones de euros en concepto de subvenciones públicas a lo largo de los años para luego vender sus empresas a Peugeot, cerrar sus fábricas en Italia y dejarnos pagar el fondo de despidos de los trabajadores empleados en las mismas. La familia Agnelli-Elkann es el símbolo, la quintaesencia, de la patronal italiana.
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Así que, jóvenes napolitanos, jóvenes de toda Italia, ¡ved cuánta hipocresía hay en este «antifascismo» que se manifiesta tras el gobierno de Meloni! Incluso Confindustria dice que es antifascista. Por eso habéis encontrado el camino correcto, no desde el antifascismo de pura fachada, sino desde la solidaridad con el pueblo palestino. El antifascismo que no es anticapitalismo, en particular el antifascismo que no reconoce que el potencial autoritario del capitalismo digital es peor que el de Mussolini, que Google, Amazon, Netflix son poderes que quieren apoderarse de nuestros cerebros, de nuestra imaginación, de nuestros deseos, incluso de nuestra libido, es un antifascismo de vergüenza.
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Qué artículo tan interesante.
¡Bravo por su autor y por la juventud napolitana!