Movimientos sociales
Movilización en varias localidades andaluzas para exigir más inversiones en servicios públicos

Este sábado, y cumpliendo los protocolos anti-covid, se celebrarán concentraciones y manifestaciones en estas localidades andaluzas con la consigna “Nuestras vidas importan más que sus beneficios”. En el manifiesto emitido por Las Marchas de la Dignidad señalan a la pandemia del coronavirus como una “maestra” que “nos está enseñando a apreciar y defender el valor de los servicios públicos, de la Sanidad, de la Educación, de los Servicios Sociales y las Pensiones Públicas, de los sectores agroalimentario, del comercio y del transporte”. Reconocen la entrega de trabajadoras y trabajadores públicos del sector sanitario y del resto de personas trabajadoras de otros sectores y servicios esenciales, “que han demostrado quiénes son imprescindibles para el funcionamiento de nuestras sociedades”. La convocatoria del sábado se replicará en diferentes puntos de España, “en defensa de la Sanidad y la Educación públicas, para que nunca más haya recortes, para recuperar todo lo que se ha recortado y devolver a lo público todas las privatizaciones con el fin de garantizar que los servicios básicos lleguen a toda la población”.

Las Marchas de la Dignidad exigen la implantación de la Renta Básica de Emergencia para las personas que están afectadas gravemente por la crisis económica actual

Las Marchas de la Dignidad, es la plataforma unitaria más amplia en Andalucía e integra multitud de organizaciones sindicales, proyectos sociales, partidos políticos, etc, “en cada provincia con una correlación de fuerzas distintas”, explica a El Salto Andalucía Rafael Polo; “hemos sido capaces de estar presentes durante siete años de existencia en todas las provincias andaluzas y establecer lazos de colaboración con otras organizaciones y plataformas”, señala. Exigen la implantación de la Renta Básica y, de manera inmediata, la implantación de la Renta Básica de Emergencia para las personas que están afectadas gravemente por la crisis económica actual, que ha incrementado el paro hasta porcentajes alarmantes —el último informe de Analistas Económicos de Andalucía cifra una tasa de desempleo en 2020 cercana al 30% en Andalucía— cuando encontramos localidades andaluzas que ya la superan, como La Línea de la Concepción en Cádiz, con un 38,99% de desempleo.

Proponen la construcción de un modelo económico y social basado en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales y la garantía de ingresos suficientes para todas las personas, que además preste especial atención a la emergencia climática y aproveche, respetando la naturaleza, las posibilidades de desarrollo andaluzas en el sector agroalimentario y en I+D+i. También hacen mención a la necesidad de garantizar una vivienda digna a la población migrante, la ayuda institucional a los municipios de acogida de temporeros y la regularización de esta población como primera medida que puede permitir garantizar su acceso a derechos sociales y laborales.

Manuel Sáez: “El Gobierno está implantando medidas, pero son claramente insuficientes para abordar a la cuestión social que tiene que ir unida a las medidas sanitarias”

Denuncian que los servicios públicos, y en especial el sistema sanitario andaluz, “están en una situación de debilidad estructural como consecuencia de años de políticas neoliberales de recortes y privatizaciones” y que las carencias en materia de personal sanitario y de infraestructuras siguen siendo prácticamente las mismas a las de la primera ola de la pandemia. “Seguimos sin camas y sin sanitarios suficientes al mismo tiempo, muchas niñas y niños están en nuestras escuelas sin que se cumplan las medidas básicas de distanciamiento físico, lo mismo que ocurre en la gran mayoría de los centros de trabajo y en los transportes públicos”, declara Manuel Sáez, de la coordinadora de Las Marchas en Granada, que añade que “no hay un plan de cobertura, el Gobierno está implantando medidas, pero son claramente insuficientes para abordar a la cuestión social que tiene que ir unida a las medidas sanitarias”.

Sus peticiones parecen totalmente justificadas ante las cifras sanitarias y las posibles medidas que se vayan a tomar a partir del próximo domingo, fecha en la que entra en vigor el decreto que prorroga el Estado de Alarma hasta el 9 de mayo.

Previsiones sanitarias de la Junta de Andalucía

La Junta presentó esta semana un plan de contingencia sanitaria para atender una cifra hipotética estimada en 4.500 ingresos por COVID-19 en toda Andalucía. En él aseguran un aumento de 2.896 camas convencionales y de 825 camas UCI en nuestra comunidad, con lo cual llegaríamos a 15.275 camas convencionales y 2.070 UCI. Actualmente, y en plena curva ascendente, la cifra es de 14.196 ingresos en Andalucía, con lo cual el margen de camas en nuestra comunidad es muy estrecho, tan sólo permitiría 3.149 nuevas hospitalizaciones.

El próximo domingo, y con el decreto estatal que delega en los gobiernos autonómicos la capacidad para restringir movilidad y aforos hasta el 9 de mayo, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se reunirá con el comité de expertos para determinar posibles nuevas medidas; mientras que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pedido al Gobierno que delegue también en las Comunidades Autónomas la capacidad para habilitar confinamientos regionales y locales. De momento, la Junta de Andalucía ha admitido el colapso sanitario que se ha producido en Granada, con la petición de un confinamiento total de la población por parte de José Miguel Pérez Villares, jefe de la UCI del Hospital Virgen de las Nieves, ante el posible aumento de los 250 ingresos por semana que está sufriendo la provincia.

¿Qué podría hacerse con los 130 millones de euros que la Junta de Andalucía está gastando en la privada?

Esta es la pregunta que nos plantea la Coordinadora andaluza de Mareas Blancas, que apoya la convocatoria del sábado y que, ante la absoluta y urgente necesidad de reforzar la Sanidad Pública, han realizado un cálculo de las distintas posibilidades para invertir ese dinero en la Pública y empezar a paliar desde ya, el actual colapso de la Atención Primaria y el eterno problema de las listas de espera. “Con 130 millones de euros se podría contratar durante un año 1.200 médicos, 1.200 personal de enfermería y 700 trabajadores auxiliares (rastreadores, administrativos...)”, asegura Juan Luis Camacho, portavoz de la Coordinadora en Granada.

Juan Luis Camacho: “Nos encontramos con una intencionalidad institucional de desmantelar la Sanidad Pública”

También han calculado otra posibilidad: abrir un turno de tarde en los diecinueve hospitales de referencia o especialidades andaluces, con el refuerzo de una media de veinte especialidades con al menos tres especialistas nuevos por especialidad y centro, además del personal de enfermería y otros puestos necesarios; la suma de las dos posibilidades supondría un desembolso de 260 millones de euros. “Nos preguntamos, por qué no se han empleado los fondos específicos del Gobierno central, que rondaron los 1.000 millones de euros en este tipo de medidas y exigimos que lo hagan con la partida de 11.056 millones de euros asignada esta semana por el Gobierno andaluz para 2020”, indica Camacho. Asegura que apenas se han formalizado nuevas contrataciones sanitarias desde antes de verano y hay graves carencias, como la falta de rastreadores, “que podrían haber marcado la diferencia y quizás no haría falta la toma de medidas de confinamiento tan estrictas. Pero nos encontramos con una intencionalidad institucional de desmantelar la Sanidad Pública”.

Covid-19: Una respuesta comunitaria para una pandemia social

Este es el título de un manifiesto que el Observatorio de Salud Comunitaria COVID 19, un grupo multiprofesional plural y diverso de la Alianza de Salud Comunitaria —una plataforma de organizaciones e instituciones entre las que se encuentra la Escuela Andaluza de Salud Pública— ha hecho público y en el que proponen un abordaje social de la pandemia dirigido a las distintas comunidades, sin disociar la salud de lo social y con especial enfoque a los grupos más vulnerables. En él afirman que las personas refugiadas y personas migrantes, las socialmente aisladas, las personas sin hogar, las mayores en residencias, las personas con enfermedad mental y las mujeres y niñas y niños en riesgo de violencia de género se verán más negativamente afectadas por el COVID-19.

Más de 50 colectivos se movilizan para pedir unos servicios públicos de calidad en Madrid

Guillermo Martínez

Servicios públicos

Más de 50 colectivos se movilizan para pedir unos servicios públicos de calidad en Madrid

Guillermo Martínez

La situación de algunos barrios y ciudades periféricas de la capital ha hecho que diversas agrupaciones se junten para demandar un fortalecimiento de los servicios públicos. Critican al Gobierno de España y al de la Comunidad de Madrid por no haber implementado medidas que realmente mejoren la vida de los vecinos de los barrios trabajadores.

Reivindican la identificación y reconocimiento de las redes comunitarias que deben participar en el diseño e implementación de acciones en cada territorio y la asignación de recursos y herramientas que faciliten los procesos que lo permitan, “Una situación de emergencia social precisa implementar una salida grupal y comunitaria que busque la elaboración colectiva de los traumas asociados y de los procesos personales de adaptación”. Advierten sobre la “infodemia” o el exceso de información en la que se incluyen bulos o rumores que ocasiona confusión y dificultad para encontrar orientación y fuentes de información fiables; y la actual estrategia de comunicación de la epidemia, que busca con frecuencia fomentar el miedo e identificar culpables, señalando a los colectivos en quienes la sociedad puede descargar la responsabilidad de la situación actual. Recomiendan el cambio en la orientación de la información y recomendaciones a la ciudadanía por los organismos públicos y medios de comunicación huyendo de la estigmatización fomentando la culpa hacia “el otro”.

Aconsejan la inversión económica en la Atención Primaria, eje de la detección precoz de casos y que puede fomentar el empoderamiento personal, comunitario y organizativo, elementos fundamentales de la responsabilidad comunitaria; la dotación de los recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes para que puedan existir espacios de trabajo y cooperación efectivos entre los servicios de salud pública, los ayuntamientos y atención primaria; y “un aumento de la inversión en servicios de salud pública que los hagan potentes y efectivos, fomentando contrataciones y condiciones laborales atractivas para crear servicios que puedan dar respuesta a las necesidades de cada territorio con un mayor enfoque en epidemiología social y estrategias de promoción de la salud”.