Migración
Mujeres en los asentamientos, cautivas en las afueras de todo derecho

Una mujer alta y delgada barre frente a su chabola en el asentamiento conocido como El Bosque, en Lucena. Se llama Rosana* y vino hace más de una década de Rumanía. Está intentando despejar la arena de agujas de pino secas, hay demasiadas y arden fácil, es necesario mantenerlas a raya, son el vehículo ideal para cualquier incendio. A pocos metros del lugar un área calcinada da testimonio del último ataque del fuego en este asentamiento chabolista. Esta vez las llamas, que acabaron con la vida de Ato y Essadia, la pareja que dormía en la chabola, no se extendieron, como suele pasar, por el espacio de tierra seca y casas de materiales inflamables que es el asentamiento. Aquel incendio del 19 de mayo dejó mucha tristeza, y también cierto miedo, por un incendio extrañamente selectivo.

Rosana barre el suelo del bosque y se queja del calor y la suciedad que se le pegan al cuerpo. No hay cómo quitárselos de encima, no hay agua en el asentamiento del Bosque. Ni para lavarse, ni para mantener el huerto que tenía al lado de la chabola, y donde, dice, los geranios estaban altísimos. Ahora está todo seco. Al ayuntamiento de Lucena no parece inquietarle el acceso de la gente al agua, dejó de suministrarla, y ahora una campaña exige que se revierta esta decisión. Hasta hace no mucho había al menos otro grifo cerca, cuenta Rosana, un empresario marroquí lo mantenía abierto. Pero ya se cerró, y ahora hay que irse lejos para llenar los bidones.

Rosana echa de menos la chabola de en frente, que hacía las funciones de bar, y donde pasaba muchas horas discutiendo con Ato. Está muy cansada de todo. “En 11 años que llevo aquí nunca he tenido miedo, si tengo calor duermo fuera, pero ahora…”. Todo se le hace insoportable, la falta de agua, la acumulación de basura, así que cuenta sus planes de irse a Alemania donde tiene algunos familiares. Y repite una vez más que está cansada: “la gente viene aquí, habla y habla y habla, pero después todo sigue igual”, lamenta.

En el asentamiento todo es difícil, lo es más siendo mujeres. No tienen forma de traer el agua, las compras, ellas no cuentan con coches, tampoco con bicicletas para ahorrarse la hora de camino al pueblo. En las economías paralelas que se generan en estos espacios de no derecho que son los asentamientos, todo sale más caro.

A Rosana la conocemos gracias a Mujeres en Zona de Conflicto, entidad que trabaja con las mujeres de los asentamientos desde 2013. Es a ellas que les cuenta sobre la decadencia de su huerto, su hartazgo y sus geranios, ahora secos. Junto a ella, su vecina Nadia, comparte la indignación pero también el humor como forma de soportar el calor, y la espera.

En el asentamiento todo es difícil, lo es más siendo mujeres. No tienen forma de traer el agua, las compras, ellas no cuentan con coches, tampoco con bicicletas para ahorrarse la hora de camino al pueblo. En las economías paralelas que se generan en estos espacios de no derecho que son los asentamientos, todo sale más caro. “Un euro cuesta un bidón como ese”, apunta Rosana, calculando cuánto le cuesta una simple ducha.

Nadia invita a entrar a las trabajadoras de MZC en su casa, hace ya tiempo que se conocen, hay confianza. Esta marroquí, que llegó con un contrato en origen, lleva ya tres años en Huelva. Vive con su pareja, un hombre de Ghana, en una chabola que ha convertido en un espacio acogedor con un salón, una habitación, un baño, una cocina. Hay mucho esfuerzo puesto para que el conjunto de palés y plásticos de invernadero en el que viven sea un hogar, por ello no se atreve a dejarla, irse a buscar la vida lejos. Y además, se halla en situación irregular, así que ahora toda su energía está puesta en lograr la documentación: pero no es fácil.

Después de mucho batallar, Nadia ha conseguido el empadronamiento, toda una conquista de lo básico, pues aunque la ley obliga a hacerlo, el ayuntamiento de Lucena, como tantos otros, se niega a empadronar a la gente que vive en las chabolas. Nadia tuvo suerte, ha conseguido empadronarse en casa de una mujer en el pueblo. Pero hay otro muro que no logra sortear, conseguir un contrato de trabajo que le permita regularizarse. Pregunta a sus visitantes si creen que podría emplearse en la hostelería o en el servicio doméstico por unos meses, algo, que le permita llegar a la siguiente temporada. Sin embargo, sabe como mujer marroquí, que esos sectores prácticamente le están vedados. 

“Hasta 2013 las personas que residían en los asentamientos eran población masculina prácticamente al 100%. Ese año empezaron a recibir mujeres: ahora las hay en todos los de Huelva: en Lucena, Mazagón, Moguer y Palos de la Frontera. Al de Lepe llegaron más tarde las mujeres a residir. Al principio eran nigerianas o procedían de Guinea Ecuatorial, pero sobre todo a partir de 2018 llegan mujeres marroquíes procedentes de la contratación en origen”, explica Ana Martín, de MZC. Mujeres que, como Samira, pasan a la irregularidad administrativa.

Salir de ahí es complejo, y como toda privación de derecho habilita un negocio: hasta 3.500€ por un contrato que permita avanzar con los papeles, explica Nadia que le han pedido a una amiga suya. 500, por el empadronamiento, cuentan las trabajadoras de MZC que se llega a abonar. Y muchas veces la persona se queda sin dinero, y sin padrón o contrato.

Otra opción de supervivencia es trabajar con los papeles de otra persona. Una práctica que supone un delito por el que pueden ser penalizadas tanto la titular de los documentos como la mujer que los ha usado. Multas cuantiosas aplicadas a mujeres que no tienen nada mientras que muchos empresarios miran para otro lado, explican desde MZC. Las mujeres, en muchas ocasiones, no son conscientes de lo que esto implica. La necesidad de sobrevivir y la falta de información son una combinación muy peligrosa, en la que siempre son ellas las que salen perdiendo.

Un techo ayuda pero no alcanza

Lo que Nadia teme, a Maryam le pasó: todas sus pertenencias desaparecieron en un incendio. Ahora comparte una habitación con Salma, en el albergue que la organización Asociación Nuevos Ciudadanos para la Interculturalidad (ANUSCI), consiguió abrir hace unos meses, el único de esas características en la zona. El espacio en el que viven temporalmente Salma y Maryam está limpio, tiene agua y luz, camas blandas, y zonas comunes agradables, un lugar digno por el que están muy agradecidas. Pero 40 plazas son muy pocas para la demanda que existe, por lo que el tiempo de permanencia es limitado. Pueden estar un total de seis meses. Después no saben dónde irán.

Salma y Maryam no conocen a nadie que les pueda prestar su documentación para trabajar, y no ven la forma de acceder al contrato de trabajo que necesitan para poder regularizarse. Sus hijos se han quedado en Casablanca y Agadir, las ciudades de dónde proceden: pero sin dinero y sin papeles no pueden volver, llevan años sin verles.

“Aquí se está bien, pero lo que necesitamos es trabajar. Ahora dormimos y comemos, dormimos y comemos”, se desespera Maryam. Las dos se quedaron una vez concluida la temporada, tras haber sido contratadas en origen. No conocen a nadie que les pueda prestar su documentación para trabajar, y no ven la forma de acceder al contrato de trabajo que necesitan para poder regularizarse. Sus hijos se han quedado en Casablanca y Agadir, las ciudades de dónde proceden: pero sin dinero y sin papeles no pueden volver, llevan años sin verles. “Necesitamos ayuda”, explican al final de la conversación, “se acerca la fiesta del cordero, nuestras familias esperan que les ayudemos, que les mandemos algo desde aquí, y no tenemos absolutamente nada”, se desesperan.

No muy lejos del albergue donde estas mujeres duermen, se extienden las chabolas. Frente a una de ellas, se sienta Youssef, un hombre senegalés que, también sin papeles, pasa el tiempo a la espera de que con la vuelta de la temporada vuelva el trabajo. El joven de Dakar nos acompaña entre otro grupo de chabolas desperdigadas al otro lado de la carretera, varias se han quemado. Mientras, cuenta la historia de una mujer marroquí que vive allí cerca con su pareja. Explica que ella tuvo un bebé, y que el médico se lo llevó, porque estimaba que no podía vivir en esas condiciones. A ella sin embargo, explica, la dejaron allí, sin su hijo y sin derechos. La mujer sale a saludar a la puerta de la chabola, sonriente y solícita. No podrá contar nada en castellano, por lo que es difícil saber por sus propias palabras lo que pasó. La barrera lingüistica es otra frontera, pero no la única. “Con mujeres marroquíes necesitamos trabajar con mediadoras muchas veces, si no es muy difícil que cuenten nada”, explica Ana Martín de MZC.

Una vulnerabilidad buscada

La vulnerabilidad de las mujeres marroquíes no es casual, fueron elegidas precisamente por ella: venir de entornos rurales, tener familias dependientes, las convierte en un sujeto fácil de explotación, explica Angels Escrivá, de Mujeres 24 horas, colectivo feminista de Huelva. De hecho, especifica esta profesora de la universidad de la provincia, a las mujeres, que al principio provenían de las mismas zonas, constituyendo un grupo más homogéneo, en los últimos años las traen de una gran variedad de sitios, de aldeas remotas, con la intención, intuye, de que les sea aún más difícil relacionarse entre ellas, y poder mantenerlas así lo más aisladas posibles dentro del aislamiento que implica vivir en fincas alejadas de las poblaciones.

Ana Martín explica que en MZC empezaron a trabajar con las jornaleras marroquíes en origen, dentro de las fincas, porque veían que muchas llegaban  a los asentamientos por falta de información, quedando en situaciones muy duras. Tienen el objetivo de que las mujeres sepan que tienen derechos y los reclamen, aunque son conscientes de que la distancia entre lo que dice la ley, y lo que acaba pasando, es muchas veces dramática. La activista considera que es imprescindible hacer incidencia política y denunciar las situaciones de abuso que se dan en el sector, tanto en la contratación en origen, como con las mujeres en los asentamientos, pero valora también fundamental poder llegar a las mujeres en estas situaciones de vulnerabilidad.

Martín considera que es imprescindible hacer incidencia política y denunciar las situaciones de abuso que se dan en el sector, tanto en la contratación en origen, como con las mujeres en los asentamientos, pero valora también fundamental poder llegar a las mujeres en estas situaciones de vulnerabilidad.

Martín explica que la orden GECCO (la legislación que regula desde 2019 la contratación en origen) garantiza una serie de derechos, que las mujeres desconocen, “queríamos que tuviesen esa información, que había normas que las amparaban”. También querían advertirlas de lo que supone quedarse en España, tras verlas caer en un grado más de vulnerabilidad, sin papeles, a merced de los explotadores y en ámbitos mayoritariamente masculinos, donde la vida no es fácil para ellas.

Si la existencia de la orden GECCO no ha conseguido proteger a estas mujeres, es por una sencilla razón, nadie la cumple, además se desconocen otras garantías de derecho que podrían ser centrales para estas mujeres, explica el periodista Perico Echevarría, director del medio digital La Mar de Onuba. “Se llegó a afirmar que España permitiría que las mujeres que cumpliesen con el compromiso de retorno cuatro años seguidos tendrían derecho a pedir la residencia permanente e incluso la reagrupación familiar”,  rememora el periodista. Sin embargo, recuerda que esto ya estaba contemplado en la ley de extranjería, y los años no son cuatro, sino dos. “¿Estas mujeres lo saben? Porque a lo mejor muchas mujeres que hoy por hoy se han quedado como ilegales en España no deberían estarlo, porque el derecho ya lo habían devengado, cumpliendo el compromiso de retorno dos años”.

Además, recuerda Echevarría, la orden GECCO dispone de una serie de garantías que no se cumplen, la primera, que lo que se respete sea el contrato firmado en origen. “La oferta de trabajo dice que ofrecen tres meses de trabajo, un salario y unas condiciones, alojamiento a cargo de la empresa, y salario según condiciones del convenio colectivo, además el empresario está obligado a garantizar como mínimo, a parte de la continuidad en la actividad laboral, el 75% del importe del contrato. Solo con que el estado garantizara esto, la situación cambiaría”, explica el periodista, quien publicó en su medio que el 99% de los contratos firmados ya en España están en fraude de ley, eran por obra y servicio en lugar de temporales, como correspondería en este situación.

El periodista ve una relación entre el incumplimiento de estos términos y que las mujeres marroquíes decidan quedarse, pues, al terminar la temporada juntan mucho menos dinero del esperado, debido a que han tenido que pagar alojamiento, han trabajado pocos días, o se ha prescindido de ellas por “baja productividad” o como castigo por protestar. Ellas hacen una inversión para este viaje, necesitan mandar dinero para que tenga sentido, y cuando no les compensa, reflexiona Echevarría, deciden quedarse aquí y probar suerte. 

El problema parece remitir siempre a lo mismo: Un montón de gente sin nada que perder que posibilita una situación de abuso que parece imposible de cambiar, y en esta reserva de mano de obra, capas y capas de vulnerabilidad que dificultan toda respuesta. Pero Echevarría está entusiasmado: parece que la explotación tendrá consecuencias, ha publicado recientemente que Dinamarca anuncia que dejará de importar frutos rojos de España y mandará sus propios inspectores. Espera que la presión exterior logre lo que años de denuncia no han podido cambiar.

Otras fronteras

Tener o no papeles, no es la única frontera que aleja a las personas de sus derechos, el informe de 2017 Realidad sobre los asentamientos en la provincia de Huelva, firmado por la mesa de integración de la provincia, donde confluyen numerosos actores de la sociedad civil, muestra que la mayoría de quienes residen en estos espacios cuentan con la documentación en regla. Pero con eso no alcanza. En una chabola de un asentamiento frente al polígono industrial de Palos de la frontera, cinco mujeres de Guinea Ecuatorial se preparan para volver a sus ciudades.

Hablan el idioma y no les falta documentación. Pero la espalda les duele con la misma intensidad que a las demás, por el trabajo del campo, y sus reparos para ir al médico, son parecidos a los de aquellas que no tienen papeles. Una de ellas, dolorida, le pide algo fuerte a una de las trabajadoras de MZC, quien le explica que no puede darle tal cosa sin receta. La mujer insiste, teme que no le hagan caso, que no le tomen en serio por venir de un asentamiento. Mientras, le hacen trenzas, cose y aguanta el dolor.

Fuera de allí, en la entrada del asentamiento, una mujer y su hijo se acercan, tienen algo que contar. Ella es la propietaria de esa tierra, llevan tiempo denunciando ante los medios su oposición hacia esa situación, el reclamo de recuperar sus terrenos. La mujer señala las construcciones precarias, teme que se extiendan más fuegos, le horroriza cómo se acumula la basura sin que cambie nada. Una y otra vez su hijo recuerda que no se trata de atacar a la gente que allí trabaja, y exige que el ayuntamiento intervenga: “No pueden tener a la gente viviendo en estas condiciones, no es solo que nosotros queramos recuperar lo que es nuestro, esta situación nos perjudica a unos y a otros”, insiste. 

De fondo, la gente sigue montando palés sobre la tierra quemada, viviendo en los únicos lugares donde consiguen construirse un techo. En ellos, pequeños grupos de mujeres que luchan por salir a flote en un entorno hostil. En estos espacios de segregación, masculinizados y donde no hay tierra firme para tantas, los cuerpos de las mujeres se convierten muchas veces en su única herramienta para sobrevivir, o en territorio de control y disputa. Todas las diferencias y desigualdades se exacerban cuando la negación de derechos se convierte en un elemento funcional al sistema.