Memoria histórica
Vida extra para la Ley de Memoria: “Si no hay voluntad política, no sirve de nada”

La legislación memorialista tendrá una vida extra. El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos lleva al Consejo de Ministros un proyecto clave de la legislatura: la nueva ley de Memoria Democrática. La norma sustituirá a la aprobada en 2007 y afronta las claves que aquel texto ha dejado sin resolver, como activar un plan estatal para abrir fosas, ilegalizar la Fundación Franco y la apología del fascismo, “resignificar” el Valle de los Caídos o introducir la “memoria democrática” en las aulas.

La futura ley se centrará en lograr el “reconocimiento de las víctimas” y su “dignificación” a través del “deber de memoria del Estado”, en palabras de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. El Ejecutivo espera culminar la tramitación parlamentaria antes de final de año.

La actual Ley de Memoria Histórica cumple 13 años el próximo mes de diciembre. Y desde la sociedad civil, motor real de la lucha memorialista, la crítica al marco legal llegó desde el minuto uno. Porque al texto ejecutado bajo presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero le faltaba intención, al pasar de puntillas por los conceptos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como exige Naciones Unidas.

“Muchas de las cosas que reclamamos al Gobierno se pueden llevar a cabo desde el poder Ejecutivo mañana mismo sin tener que someterlo a un proceso parlamentario”, dice el presidente de ARMH, Emilio Silva

“Si no hay voluntad política, una ley no sirve de nada”, resume el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. “Muchas de las cosas que reclamamos al Gobierno se pueden llevar a cabo desde el poder Ejecutivo mañana mismo sin tener que someterlo a un proceso parlamentario”, añade.

Coincide en el diagnóstico el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Julio del Olmo. “Me importan sobre todo las acciones, las actuaciones, y en este país se deja pasar el tiempo, de tal manera que justicia y reparación ni han llegado ni van a llegar a las víctimas, sencillamente porque han muerto, y de sus hijos, hoy muy mayores, solo quedan los que eran muy niños”, explica.

Desde un extremo de la península surge un análisis similar. “La ley de Memoria de 2007 de Zapatero llegó tarde, era escasa en sus contenidos y fue incumplida en su gran mayoría”, en palabras del presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Andrés Rebolledo. Sí hay “ilusión y esperanza”, en cambio, con una nueva norma “llena de buenas voluntades”.

Claves de la nueva Ley de Memoria

Abrir las fosas. El Estado asume de oficio la búsqueda de los desaparecidos forzados. Pondrá en marcha un plan nacional de localización de tumbas ilegales, exhumación e identificación genética. España es uno de los países con más fosas comunes en el mundo y el Gobierno de coalición pretende acabar con una anomalía que señalan las propias víctimas del franquismo y asociaciones memorialistas. La creación de un Banco de ADN, un censo de víctimas y una Fiscalía para investigar los crímenes franquistas asienta uno de los cometidos clave asociados a la nueva Ley de Memoria.

Entre las grandes novedades de la nueva ley, el Estado asume de oficio la búsqueda de los desaparecidos forzados. Pondrá en marcha un plan nacional de localización de tumbas ilegales, exhumación e identificación genética

Rastreo al franquismo. La ilegalización de la apología del fascismo extinguirá instituciones contrarias a los valores democráticos, caso de la Fundación Franco, y otras como la del Valle de los Caídos, que vivirá una “resignificación” del espacio para convertirlo en un lugar de Memoria Democrática. La nueva ley suprimirá los títulos nobiliarios y honores de origen franquista y revocará las medallas policiales que disfrutaron torturadores como Billy el Niño. La parafernalia simbólica del golpe de Estado y la dictadura también será eliminada. Las instituciones que incumplan estos preceptos quedarán fuera de ayudas públicas y subvenciones.

Contra la justicia golpista. El Gobierno sustenta la ilegitimidad de los tribunales franquistas y declarar nulas sus condenas. Además pretende abrir el melón de la represión económica, con una suerte de auditoría del expolio a los derrotados. La norma busca reparar a los presos políticos y trabajadores esclavos.

Abolir la memoria de la dictadura. La violencia contra las mujeres tendrá un tratamiento especial en cuanto a elementos de reconocimiento y reparación. La propia consideración de víctima quedará enmarcada en el texto. La Memoria Democrática también entrará en los centros educativos, desde Educación Secundaria Obligatoria. La ley agilizará el acceso a los archivos como garantía de conocimiento.

La nueva ley suprimirá los títulos nobiliarios y honores de origen franquista y revocará las medallas policiales que disfrutaron torturadores como Billy el Niño

La próxima legislación establece un régimen sancionador que alcanza hasta 150.000 euros de multa para infracciones muy graves. Y apunta dos fechas en el calendario memorialista: el 31 de octubre como el Día de Recuerdo y Homenaje a Todas las Víctimas y el 8 de mayo como Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Exilio. La primera coincide con la aprobación en 1978 de la Constitución y de la Ley de Memoria en 2007, la segunda con la victoria sobre el fascismo y el nazismo, según el borrador al que han tenido acceso medios como Infolibre o El Periódico.

“Restitución de las víctimas”

“La primera acción de restitución de las víctimas es encontrarlas, identificarlas, que sus familiares las puedan tener y darles sepultura con el honor que les corresponde”, señala Carmen Calvo. Y que no exista ninguna fundación “que pueda enaltecer, promover o promocionar ideas totalitarias, contrarias a la memoria democrática que nos ha traído hasta aquí".

“Ojalá se cumplan todas las cuestiones planteadas, pero vamos con mucho retraso ya con las víctimas y con la sociedad”, afirma Andrés Rebolledo. La ley “es ambiciosa en su contenido con aspectos muy importantes”, subraya. El deber de Memoria “debe estar por encima de derechas e izquierdas, es responsabilidad del Estado resolver esta asignatura pendiente que mantiene al país y a la sociedad anclada, no en el pasado como algunos quieren hacer creer sino en la injusticia y en la impunidad”, apuntan desde el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar.

“La Ley de la Memoria 52/2007 no se responsabilizaba de algunas cuestiones fundamentales y de manera inexplicable hablaba de facilitar las exhumaciones cuando lo que debería haber hecho el Gobierno era responsabilizarse de ellas"

“La Ley de la Memoria 52/2007 no se responsabilizaba de algunas cuestiones fundamentales y de manera inexplicable hablaba de facilitar las exhumaciones cuando lo que debería haber hecho el Gobierno era responsabilizarse de ellas, algo que tenía un importante apoyo social como mostraba la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que llevó a cabo una encuesta específica sobre la memoria previa de la ley”, recuerda Emilio Silva.

“Y con respecto a lo que sabemos de la nueva ley el tratamiento que pretende darle el Gobierno al tema de los desaparecidos conserva parte de ese espíritu porque habla de subvencionar asociaciones que lleven a cabo la búsqueda de esas personas”, apunta el presidente de la ARMH. Es “difícil entender que el Estado no quiere atender directamente a las víctimas”, incide, y critica los días conmemorativos elegidos como “dos fechas fallidas”.

La de 2007 “era una ley que no tenía desarrollo”, según Julio del Olmo. El marco, que cumple 13 años en diciembre, no regula “cuestiones importantes como la búsqueda de desaparecidos o el acceso a los archivos”. Y otras “como la retirada de nombres o símbolos” franquistas, al final, “dependen únicamente de la voluntad del político de turno”. Una rémora que ha acabado provocando “retrasos que obedecen a una clara política de dejar pasar el tiempo para que este tema sea tratado desde perspectivas únicamente históricas, dejando a un lado los aspectos de justicia y reparación de las víctimas”, dice el presidente de la ARMH de Valladolid.