Memoria histórica
175 aniversario de la Guardia Civil. ¿Condenaremos algún día su actuación genocida en los años cuarenta?

Este lunes 13 de mayo se ha celebrado con gran pomposidad la celebración del 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil la Plaza de la Armería, a la cual han asistido los Reyes, Pedro Sánchez y la plana mayor del Gobierno en funciones. Una celebración que seguro muchos de sus actuales integrantes bien merecen por su dedicación y profesionalidad, pues el cuerpo a día de hoy goza de una excelente valoración por parte de la sociedad española, como así demuestra la encuesta de GAD3 realizada para ABC en 2018 en la que los ciudadanos valoraban a la Policía y la Guardia Civil con un 8,7 sobre 10. Sin duda los casos mediáticos de desapariciones y asesinatos en los que la Guardia Civil ha jugado un papel trascendental para dar con las víctimas y los victimarios han jugado un papel relevante en esta valoración, pero también la voluntad y buen hacer de muchos profesionales que anónimamente ayudan y protegen en muchas poblaciones de la España rural.

La Guardia Civil no fue guardiana de la seguridad de los civiles a los que debía proteger, sino que se convirtió en el brazo ejecutor de cuantos civiles y partisanos debían ser represaliados

Con todo ello, los actuales miembros del cuerpo no son responsables ni tienen porque justificar ni pagar consecuencia alguna de los actos realizados por la institución armada en tiempos pretéritos, pero si la sociedad y, sobre todo, nuestros dirigentes. Una historia de casi dos siglos como de la que dispone la Guardia Civil está llena de luces, pero también de sombras. Y en estos días en los que se celebra la efeméride del cuerpo, solamente salen a la luz los buenos actos presentes y pasados del cuerpo. Pero, ni mucho menos, la Guardia Civil consta de un expediente pulcro y sincero como se nos cuenta desde los medios de comunicación en estos días de homenajes. Con diferencia, la etapa más oscura de la Benemérita, fue la durísima década de los años cuarenta del siglo pasado, en la que el cuerpo actuó con tremenda diligencia en la persecución de los vencidos que aún faltaban por vencer tras el primero de abril de 1939.

En el marco de la guerra antipartisana contra los maquis españoles y en el establecimiento definitivo del Estado franquista mediante la violencia física, la Guardia Civil se convirtió en el instrumento represivo ideal del Generalísimo. La Guardia Civil no fue guardiana de la seguridad de los civiles a los que debía proteger, sino que se convirtió en el brazo ejecutor de cuantos civiles y partisanos debían ser represaliados para la instauración definitiva del nuevo Estado fascista.

Fueron precisamente miembros destacados del estamento del cuerpo quienes se encargaron de organizar y mandaron ejecutar las políticas de violencia que produjeron auténticas masacres de partisanos y sobre todo de civiles, como el capitán Francisco Aznar Iriarte, el coronel Arturo Puga Noguerol, el teniente coronel Luis Marzal Albarrán, el coronel Santiago Garrigós Bernabéu, el teniente coronel Fernández Montes de Oca, el teniente coronel Eulogio Limia Pérez, el teniente coronel Gómez Cantos o el general y subdirector de la Guardia Civil Manuel Pizarro Cenjor, por citar alguno de los más tristemente célebres. Personajes de una tremenda bajeza moral que jamás han sido condenados por sus crímenes, como el capitán Caballero de la Comandancia de Granada que, a tal extremo llegó su brutalidad, que el general Prieto López le confesó al historiador Miguel López Corral que dicho capitán: 

“el día que no mataba a alguien estaba malo, y que su mayor disfrute era descerrajar la cabeza de un tiro a un enlace, para lo cual los mandaba colocar en el asiento delantero del Land Rover, disparándoles por sorpresa desde atrás, al igual que habían hecho con Calvo Sotelo sus asesinos”. 

Supuestos garantes de la legalidad y el bienestar de los españoles que acabaron convirtiéndose en auténticos criminales de guerra que jamás han sido juzgados. Sus acciones, tanto de los mandos como de sus subordinados, sumieron la España de los cuarenta en un auténtico escenario de guerra en el que cualquiera podía ser objeto de las balas, la tortura y la barbarie fascista.

De hecho, tal fue la brutalidad con la que actuaron que el propio Cuerpo General de la Policía de Cáceres llegó a redactar un informe en el que se concluía que, la población civil, temía tanto o más a los guardias civiles que a los propios partisanos, como recogía el historiador Julián Chaves Palacios en Huidos y Maquis:

“[…]. Pero la desconfianza unas veces y el mal trato dado otras, hicieron que temieran tanto a la Guardia Civil como a los propios huidos, según frase vulgarizada de tan extendida. Han actuado en muchos casos con marcado despotismo y abuso de poder, haciendo requisas, detenciones, represiones, imponiendo y cobrando multas fuera de toda normal y legalidad, empleando procedimientos inadecuados y en desuso, creando un ambiente de temor excesivo en perjuicio de la colaboración civil e indudable merma del prestigio del Instituto”. 

En su afán represivo la Guardia Civil no tuvo en consideración tan siquiera la vida de mujeres ni de niños. Josefa Estrella, natural de Garvín (Cáceres), fue acribillada a balazos por la Guardia Civil en su propio domicilio en 1945 por el hecho de ser hermana de tres guerrilleros. Al igual que Bonifacia Gallardo, vecina de Navalvillar de Pela en Badajoz, también asesinada por la Guardia civil al tener un hijo echado al monte. Hermanas, madres y también las esposas fueron asesinadas. Es el caso, por citar solo un ejemplo, de lo sucedido en Villanueva de Córdoba. En esta localidad fue asesinada Catalina Coleto Muñoz una madre que, con siete hijos a su cargo, fue asesinada en una cuneta porque su marido era guerrillero.

De hecho, la Guardia Civil llegó a ser cómplice de asesinatos cometidos por civiles, habitualmente falangistas, contra otros vecinos. Como el somatenista Rafal Ferreró que asesinó a otros vecinos con el beneplácito, el silencio y el respaldo de la Guardia Civil. Y cuando no fue cómplice fue verdugo directamente. Así, el teniente coronel Gómez Cantos se ganó el apodo de El exterminador o El carnicero de Extremadura al detener habitualmente a vecinos de Las Mesas y Castañar de Ibor que, a la postre, eran llevados al Puente de Almaraz con 53 metros de altura y, desde allí, tirados al río Tajo. Si lograban sobrevivir al impacto y no se ahogaban al llegar a la orilla les disparaban grupos de falangistas.

Pero si hubo por encima de todos un instrumento represivo utilizado por la Guardia Civil hasta la saciedad y que causó miles de muertes durante la larga década de los cuarenta, este fue la aplicación de la ley de fugas. Uno de los casos recogidos por el historiador Sánchez Agustí en El maquis anarquista resulta perfectamente descriptivo. Miquel y Jaume Guitó se encontraban encarcelados en Berga hasta que, una mañana, una patrulla de la Guardia Civil los sacó de la celda y, esposados, fueron conducidos a la estación de tren de Olvan-Berga donde se montaron junto a unos guardias civiles. El tren se dirigía en sentido Barcelona y, en el apeadero de la Rabeia, donde se encontraba la colonia textil de Balsareny, la patrulla y los dos detenidos se bajaron del vagón. Una vez allí, ante la sola presencia de los reos y los que iban a ser sus ejecutores, ambos hermanos fueron fusilados sin haber sido juzgados ni condenados por ningún tribunal. La Guardia Civil elaboró un infausto informe en el que señalaba que: 

En la falda norte del castillo de Balsareny sobre las ocho de la mañana intentaron escapar emprendiendo veloz carrera en dirección al rio Llobregat, inmediato a aquel lugar, sin que, a pesar de las repetidas voces de alto que les fueron dadas se detuvieran, viéndose obligada la fuerza a disparar ocasionándoles la muerte. 

Un informe que servía para tapar un asesinato cometido con la mayor sangre fría imaginable puesto que, los detenidos, fueron intencionadamente sacados de prisión y llevados en tren hasta el lugar donde sus ejecutores tenían pensado darles muerte. De hecho, los disparos realizados por los guardias civiles, según la autopsia, fueron realizados en la cabeza de los supuestos huidos: “heridas por arma de fuego con bala con destrucción por estallido de la masa encefálica”. No se molestaron siquiera en disparar a las piernas para intentar frenar la supuesta huida. Y nunca les hizo falta, pues la dictadura les permitía asesinar con total impunidad inmersos en la espiral represiva de la guerra antipartisana, sus crímenes no iban a ser juzgados jamás por la ley y el derecho franquista. Como tampoco lo han sido por las leyes de la España democrática del siglo XXI que, con toda legitimidad y razón, celebra el 175 aniversario del cuerpo, pero sigue echando tierra encima de un pasado genocida que jamás ha sido juzgado.