Medio ambiente
Las sentencias judiciales contra Madrid Central sitúan al Ayuntamiento en una encrucijada

“Se podría dar la eventualidad de que, el 15 de septiembre, la sentencia fuera firme, en cuyo caso tendríamos que adoptar medidas extraordinarias y urgentes para poder preservar la zona de bajas emisiones e iniciar el proceso de mejora”, declaraba ayer, 29 de julio, el alcalde Jose Luis Martínez-Almeida ante la prensa, tras la Junta de Gobierno. El regidor contestaba así, sin aportar más claridad, la incógnita de qué pasará con Madrid Central, el proyecto del gobierno municipal anterior que se convirtió  en objetivo a desactivar desde su puesta en marcha, y que esta semana ha sufrido un revés judicial.

Dos días atrás, el lunes 27 de julio, el apellido de la anterior alcaldesa de Madrid se hacía un hueco en las tendencias de Twitter. La razón, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se había pronunciado sobre las denuncias contra Madrid Central presentadas por parte de la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento y la empresa de reclamo de multas DVuelta Asistencia Legal. Periodistas, políticos y opinadores contrarios al anterior equipo del Ayuntamiento de Madrid viralizaban su satisfacción por la decisión del TSJM de invalidar lo que consideraban el legado de Manuela Carmena. Se abría así en mitad del verano un último capítulo de la guerra cultural en torno a las medidas de movilidad sostenible del equipo de Ahora Madrid, central para quienes en ese momento estaban en la opsición. Sin embargo, quien ahora ha de afrontar las consecuencias del éxito de su propia cruzada, es el ejecutivo del PP. Y aún no se sabe cómo lo hará.

“Preservar la zona de bajas emisiones”, es el objetivo para el mismo líder político que hizo de la cuestión de la movilidad en el centro de Madrid una parte fundamental de su campaña electoral y de sus primeros días de gobierno, mientras que su compañera de partido y entonces candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llevaba la oposición a la medida al extremo de defender los atascos como algo típico de la ciudad. 

Las sentencias plantean un problema considerable al Consistorio: la eventual devolución de 36 millones de euros, que se corresponden a las 800.000 multas puestas durante el periodo de vigencia de Madrid Central

Las sentencias, tres en total, tendrían consecuencias graves para el Consistorio: la eventual devolución de 36 millones de euros, que se corresponden a las 800.000 multas puestas durante el periodo de vigencia de Madrid Central. Un golpe considerable a las arcas municipales. Que el TSJM se pronunciase era algo que tenía que pasar, al fin ya al cabo, explica a El Salto Paco Segura, de Ecologistas en Acción, los recursos presentados contra Madrid Central ascienden a seis. Lo que no esperaban, cuenta el ecologista, que es también uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, era perder. “Estábamos bastante confiados —ahora pienso que ingenuamente— en que la decisión del TSJM sería a nuestro favor. Hemos trabajado mucho el caso”. De hecho, el letrado Jaime Doreste, consiguió hace poco más de un año neutralizar la ofensiva del nuevo gobierno contra Madrid Central logrando la paralización temporal de la moratoria en las multas que el nuevo equipo municipal decidió al poco tiempo de comenzar su mandato. Ahora, los errores formales que motivarían las sentencias del alto tribunal regional, son calificados como “cuestionables”, por parte de la Plataforma, formada por organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, FAPA Francisco Giner de los Ríos, la FRAVM, Fridays For Future y Madres por el Clima.

Ecologistas en Acción ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia, se ha personado de hecho en todos los recursos. Cuenta Yetta Aguado, activista de Madres por el Clima, cómo un tiempo antes del confinamiento hicieron una campaña de recaudación para cubrir los gastos jurídicos derivados de estos procesos. Desde la Plataforma consideran que se ha retorcido los hechos para fabricar un dictamen contra Madrid Central.

Segura lo explica así: las sentencias señalan irregularidades formales respecto a la información económica y la  información pública.  “Dicen que no está bien especificada la memoria económica, esto era un presupuesto del orden de los 11 millones de euros, tendrías que ver los desgloses presupuestarios de un montón de proyectos del Ayuntamiento de presupuesto muy superior que no explican nada, y aquí, de 11 millones no sé que esperaban, que se dijera lo que cuestan las pegatinas, o cada trozo que han pintado de Madrid Central”, ironiza el integrante de Ecologistas en Acción para señalar que se exige un nivel de detalle que choca con las prácticas del Ayuntamiento.

Respecto a la segunda argumentación, que se centra en la falta de información pública, Segura también discrepa: “la ordenanza de movilidad sostenible la sometieron en un par de ocasiones a información pública, en una de ellas admitieron 1068 alegaciones. Admitieron tantas que luego el proyecto posterior era sustancialmente distinto a lo que se había sometido a información pública”. Para Segura le hecho de transformar el proyecto en base a las alegaciones fue de hecho una buena práctica frente a otros procesos donde la información pública es un mero trámite. De hecho recuerda cómo en aquella ocasión el consistorio aceptó 36 alegaciones presentadas por su organización, explicando el por qué de su aprobación. Desde la Plataforma consideran que el anterior gobierno municipal no estaba obligado a presentar de nuevo a información pública el proyecto una vez modificado tras las alegaciones.  

“Imagínate que porque lo has hecho bien te fuerzan a ir de nuevo a información pública, entonces alguien presenta otras alegaciones, pues se crea un proyecto nuevo que debe ir otra vez a información pública, nuevas alegaciones y así hasta el infinito. Pues ese es el argumento que utilizan”, critica Segura. 

Con todos estos elementos Segura entiende que los recursos tienen posibilidades de éxito, sin embargo piensa que será complicado elevar el caso al Tribunal Supremo como corresponde pues este “no admite las acusaciones de forma automática, tienes que demostrar que eso tiene interés casacional”. Pasar este primer obstáculo no va a ser fácil, considera, ni inmediato: “Pero la vamos a pelear hasta el final, el asunto es desde nuestro punto de vista diáfano”. 

El Ejecutivo madrileño, sin embargo, no acaba de verlo con claridad, mientras, desde la oposición, el PSOE y Más Madrid han pedido al consistorio que recurra la decisión ante el Supremo. El ejecutivo ha aprovechado para atacar al equipo de Carmena, al tiempo que aseguran que no se anulará Madrid Central sino que se mejorará, según expresaba la vicealcaldesa Begoña Villacís el pasado martes ante la prensa. Segura califica la situación por la que Almeida como alcalde ha de afrontar las consecuencias de la cruzada contra la zona de movilidad sostenible que el mismo lideró como “paradójica y absolutamente kafkiana”. 

“No han dicho que no vayan a recurrir”, comenta Aguado. “Ni que sí ni que no. Dicen que están en ello y que lo que digan los servicios técnicos y jurídicos, quizás previendo que tengan que recurrirla por una cuestión meramente administrativa o económica”. La activista recuerda cómo después de que el mismo TSJM anulara cautelarmente la moratoria de las multas, les pidieron que retiraran los recursos para poder cerrar este asunto. No lo hicieron. “Y ahora tienen una situación que han de resolver, porque si deja de funcionar Madrid Central imagina por ejemplo, cómo se puede afrontar esto con la Gran Vía reformada”, señala Aguado quien apunta también a la amplia aceptación popular con la que cuenta la medida. 

Desde la Plataforma de Defensa de Madrid Central temen que el ayuntamiento aproveche la coyuntura para implementar su Estrategia Madrid 360. Un documento que consideran mucho más permisivo

Desde la Plataforma temen que el ayuntamiento aproveche la coyuntura para implementar su Estrategia Madrid 360. Un documento que consideran mucho más permisivo que las medidas pensadas por el anterior grupo de gobierno y que consiste, según describe Segura, en un Power Point diseñado para que el consistorio tuviese algo que contraponer a la agenda de movilidad sostenible existente. De hecho, recuerda el activista, el relato del Partido Popular consiste en eso: contraponer su Estrategia Madrid 360 a Madrid Central, defendiendo que la primera es general y la segunda está limitada solo al centro, cuando, argumenta Segura, Madrid Central es solo una de las 30 medidas que contiene el Plan A, que es con lo que tendría que compararse el plan de Martínez Almeida.

Segura recuerda que el plan A contenía medidas que iban más allá de la zona de movilidad sostenible de la almendra central e implicaban al resto de los distritos incidiendo en la movilidad peatonal, la inclusión del eje de género, el fomento de la bicicleta, o la extensión de los carriles bici. Para el activista fue un error que no se avanzara en este Plan, pues la gente no se apropió del mismo y se reforzó el relato de que Carmena se había focalizado en el centro olvidando los otros distritos. Pero entiende que fue difícil avanzar por todas las trabas burocráticas que se pusieron en el camino, y que dieron al traste con un plan que estaba siendo positivo en términos de participación.

“Se crearon mesas de seguimiento en las que estaban representados todos los sectores, eso no lo hecho ninguna administración de las que ha habido antes en el Ayuntamiento: dar voz a todo el mundo, que se pudieran debatir las medidas, ir dando cuenta de cómo iba evolucionando”, pero el cambio de gobierno frustró el Plan: cuanta Segura que a partir de entonces solo se convocó una vez a las mesas. Una ocasión en la que “invitaron sobre todo a gente que estaba contra el Plan A y se pusieron a defender su Estrategia Madrid 360”.  

Apropiación popular

El hecho de que dos días después de que se conocieran las sentencias Martínez-Almeida, el mismo alcalde que apenas llegó al poder suspendió Madrid Central, se dedicase a asegurar que la zona de movilidad sostenible seguirá vigente hasta que la sentencia sea firme y que en caso de que esta fuese negativa se pensarán “medidas extraordinarias” daría fe de cierta irreversibilidad de la medida. Segura piensa que la aceptación es masiva salvo algún “comerciante recalcitrante” y rememora cómo hace poco más de un año, el 29 de junio de 2019, fueron miles las personas que, bajo un tremendo calor estival, acudieron a la manifestación en defensa de Madrid Central. 

Aguado piensa que, tras una época de cierta quietud en la protesta debida a las circunstancias excepcionales de confinamiento, las movilizaciones podrían retomarse. Recuerda, en todo caso, que aún las sentencias no son firmes y no se sabe qué pasará con Madrid Central. 

“Cuanto más falta hace acelerar en el sentido adecuado para afrontar la crisis sociológica y social, ellos van exactamente en la dirección contraria y poniendo trabas”

Queda por ver si el Consistorio decidirá seguir dando esta batalla cultural aún a costa de un fuerte mordisco en las arcas municipales, negándose a recurrir la sentencia, o si se verá obligado a actuar para salvar una situación que ellos mismos crearon. Segura desconfía: “Cuanto más falta hace acelerar en el sentido adecuado para afrontar la crisis sociológica y social, ellos van exactamente en la dirección contraria y poniendo trabas”.

Más allá de lo que pase en Madrid, Aguado sí espera que sea una cuestión de tiempo avanzar hacia otro modelo de ciudad, en parte como aprendizaje tras vivir ciudades vacías de tránsito durante el confinamiento, en parte porque ya hay otras ciudades que están avanzando hacia otros modelos:  “Vamos a notar esos cambios cuando viajemos, ya no a Amsterdam o Copenhague, que eran como las excepciones, sino también a Londres, París, Barcelona o Valencia. Aquí a ver si en algún momento alguien toma nota”, apunta.