Aborto
Ante el movimiento global antiabortista, más feminismo, educación y justicia

Rita Segato, antropóloga y activista argentina, explicaba en torno al pulso por la despenalización del aborto que “La lucha por la criminalización o descriminalización del aborto no es una lucha para que sea posible la práctica de este, pues la ley no ha demostrado su capacidad para controlarlo, sino por el acceso y la inscripción de la narrativa jurídica de dos sujetos en pugna para obtener el reconocimiento en el contexto de la nación. El autoritarismo del Estado se ejerce cuando se obliga a continuar con el embarazo”.

España y el movimiento antiabortista

Hace unas semanas, el vicesecretario general de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox) anunciaba un protocolo antiabortista, en el que se incluía la escucha del latido fetal, una ecografía 4D y la derivación a salud mental que el personal sanitario habría de ofrecer de manera obligatoria a las mujeres que deciden ejercer su derecho al aborto. Este anuncio generó la reacción del Ejecutivo, que envió un requerimiento con amenazas del emprendimiento de medidas para defender el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos por la normativa. Estas medidas terminaron con un enfrentamiento entre los dos partidos en el gobierno de Castilla y León, y mientras el presidente de la Junta, Alfonso Mañueco afirmaba que no había ningún procedimiento nuevo aprobado para las mujeres que optaran someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en Vox amenazaban con romper el pacto de gobierno si las medidas antiabortistas no entraban en vigor.

Las medidas, que fueron desautorizada por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, son un reflejo más de una campaña antiabortista que se representa de forma agresiva, violenta e invasiva desde hace tiempo contra las mujeres y personas con capacidad gestante que deciden ejercer su derecho al aborto, y que no sólo ejerce su influencia en España, sino en todo el mundo.

Una campaña antiabortista global

Los derechos sexuales y reproductivos son amenazados mediante campañas, lobbies y estrategias antiabortistas a nivel mundial, y eso se refleja en distintos lugares y con diferentes estrategias y actores. Entre algunos espacios de reunión de estos colectivos, está el Congreso Mundial de las Familias, un evento anual en el que se estructura la agenda, y al que han acudido políticos como Matteo Salvini, Georgina Meloni o el primer ministro húngaro Viktor Orbán, el último fue celebrado en México y contó con la presencia española en la delegación de Tamara Falcó. Está claro que es un movimiento internacional y conectado, y como explica el sociólogo belga David Patternote en una entrevista con ElDiario.es “se organizan en una estrategia orquestada a nivel internacional en forma de lobby, o en algunos países como Brasil, Hungría o Polonia, dirigidas directamente desde los gobiernos, y su objetivo es tumbar los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+, pero también construir una sociedad nueva marcada por sus valores conservadores”.

En Europa, como reflejaba en 2021 el informe “La Punta del Iceberg” del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EDF) la financiación para socavar los derechos de las mujeres y LGTBI se cuadriplicó en los últimos diez años. Según el informe, una multitud de fundaciones y ONG cooperan para terminar con las leyes del aborto, educación sexual y LGBTI y se juntan para contribuir a la creación de una “agenda anti género”, que cada año cuenta con más fondos (el informe La Punta del Iceberg. Financiadores religiosos extremistas contra los derechos sexuales y reproductivos revela que se habrían multiplicado por cuatro en una década, al pasar de los 22.2 millones en 2009 a los 96 en 2018. Habrían sumado un total de 707.2 millones en diez años, en una aproximación “subestimada”). Así, las cifras representan el aumento de los movimientos contrarios al feminismo, el aborto y los derechos del colectivo LGBTIQ+. Esto se representa en España y en Europa a través de otras fundaciones, y en este sentido, la investigación destaca a Francia, Italia, España, Alemania y Polonia como los países más relevantes.

Allá por 2012, Jaime Mayor Oreja en su escaño del Europarlamento promovió una Iniciativa Popular Ciudadana “en defensa de los no nacidos” que no fue apoyada por la Comisión, pero devino un año después en la creación de la Federación Europea One of Us (Federación Europea por la Vida y la Dignidad Humana)

En España, el exministro del Interior y ex eurodiputado del Partido Popular Jaime Mayor Oreja, que dirige la Fundación Valores y Sociedad y el grupo HazteOír, dirigido por Ignacio Arsuaga, conforman grupos para promover el lobby religioso y generar conexión entre España y Bruselas. En sus esfuerzos, allá por 2012, Jaime Mayor Oreja en su escaño del Europarlamento promovió una Iniciativa Popular Ciudadana en la euro cámara “en defensa de los no nacidos” que no fue apoyada por la Comisión, pero devino un año después en la creación de la Federación Europea One of Us (Federación Europea por la Vida y la Dignidad Humana) que agrupa a organizaciones pro-vida de toda la región. Entre otras acciones de coacción y presión a la libertad de las mujeres que deciden abortar, está la plataforma antiaborto Derecho a Vivir, que creó la llamada “Ambulancia Vida” un vehículo que, a las puertas de las clínicas de aborto ofrecía ecografías a las mujeres para que “puedan saber si su hijo está vivo y su corazón late” y decidan no abortar. Otro ejemplo del acoso incesante al que se enfrentan las mujeres que deciden abortar es la presencia y la presión de grupos ultra católicos delante de la clínica Dator, la más antigua de Madrid en realizar abortos, que instalan furgonetas frente a la clínica, con un ecógrafo e intentan convencer a las mujeres a que pasen a escuchar el latido de los fetos, destrozar muñecos con formas de niños delante de las mujeres, o invitarla a desayunar para intentar impedir que realicen la interrupción voluntaria del embarazo.

Conectando campañas y medidas que pretenden reprimir los derechos sexuales y reproductivos, observamos que las medidas propuestas por Vox de la escucha del latido del feto antes de abortar, no fue propuesta únicamente por Vox. En Hungría, en septiembre de 2022, el gobierno de Viktor Orbán aprobaba una norma que establecía que el formulario de solicitud del aborto debía incluir la garantía del ginecólogo de que habría mostrado a la mujer una “clara identificación de los signos vitales del feto”. En 2020, Hungría había firmado la declaración del consenso de Ginebra junto a EE UU (cuando estaba presidido por Trump), Brasil, Uganda, Egipto y Polonia en un documento que defendía la familia tradicional y condenaba el aborto. También en Estados Unidos, en Texas en el año 2011 se empezó a plantear las “leyes del latido” y se fueron instaurando en otros estados.

Las conquistas de derechos en América Latina en un escenario complejo y de resistencias

En América Latina, a pesar de la gran fuerza de los movimientos feministas y de grandes conquistas, como la legalización del aborto en Argentina, México y Colombia, los derechos sexuales y reproductivos siguen —como en el resto del mundo— siendo cuestionados por grupos ultracatólicos y por partidos políticos de extrema derecha, que se coordinan con los de otras regiones para impulsar los movimientos provida y antiaborto.

Argentina, referente con la legalización del aborto en diciembre de 2020, cumplía el pasado diciembre dos años de aborto voluntario y de más derechos para las mujeres y las personas con capacidad gestante. En Argentina, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos impulsada desde grupos feministas y el movimiento de mujeres, se inicia mediante la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2005, con la adhesión de más de 500 organizaciones de todo el país. El objetivo fue instalar en la sociedad y en el Estado el debate en torno a la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en el país.

Aún con la implementación de la Ley 27.610 y la conquista de muchos derechos, sigue habiendo problemáticas, que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalaba el pasado diciembre. Entre otros obstáculos, “El primero es la falta de información clara sobre el derecho a abortar, lo que tiene consecuencias graves, como la demora en la primera consulta y que se siga recurriendo a métodos inseguros, por desconocimiento. Muchas solicitudes de atención en distintas provincias del país se resuelven mediante traslados hacia otras provincias o desde zonas rurales a urbanas, por la falta de disponibilidad de equipos de salud que garanticen la atención integral. Esta falta de uniformidad en los servicios de salud sigue marcando las desigualdades territoriales”. Igualmente, el CELS se refiere a la criminalización del aborto, una práctica que, en la Argentina transcurre a través de algunos sectores de la justicia, ejemplo de ello fue el procesamiento de Miranda Ruiz en Salta, médica imputada y procesada por garantizar la interrupción de un embarazo.

En Colombia, en 2022, se eliminó el delito del aborto del código penal (hasta la semana 24 del embarazo) respondiendo a la demanda de la campaña social y jurídica Causa Justa, en la que participaron más de 120 movimientos y miles de activistas

En Colombia, en 2022 se eliminó el delito del aborto del código penal (hasta la semana 24 del embarazo) respondiendo a la demanda de la campaña social y jurídica Causa Justa, en la que participaron más de 120 movimientos y miles de activistas. El aborto estuvo totalmente prohibido en Colombia hasta 2006, año en el que un fallo de la corte constitucional, impulsado por varias activistas de Causa Justa lo despenalizó bajo tres causales: peligro para la salud o vida de la mujer, incompatibilidad del feto con la vida extrauterina y violación. Uruguay legalizó el aborto en 2012 hasta la semana 12. En Ecuador, el proyecto de ley que contemplaba el aborto en caso de violación fue vetado por el presidente Guillermo Lasso en marzo del 2022.

Chile, en la redacción de la Constitución —que en septiembre fue rechazada—  había aprobado por amplia mayoría un artículo que consagraba los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales y garantizados por el Estado. Chile se habría convertido, con la aprobación de la Constitución, en el primer país del mundo en otorgar rango constitucional al derecho al aborto. A la espera de redactar la nueva Constitución, tras el rechazo de la que fue redactada por la Convención Constitucional, los movimientos feministas siguen luchando por el aborto libre, seguro y gratuito. En 2021, la corte suprema de México declaraba inconstitucional la penalización absoluta del aborto e invalidaba una ley federal que permitía al personal de salud negarse a realizar abortos por “objeción de conciencia” lo que significaba que ninguna persona podía ir a la cárcel por abortar.

En Brasil, tras los años del Bolsonarismo con la prohibición del aborto legal, la llegada de Lula supuso entre otros cambios en pro de los derechos humanos, la revocación de una normativa dictada por la Administración de Jair Bolsonaro que inhibía el acceso al aborto incluso en los casos amparados por la ley. Esa norma, aprobada en septiembre de 2020, generaba más burocracias y complicaba la interrupción voluntaria del embarazo fruto de una violación —en Brasil, el aborto está permitido por ley solo en casos de violación, cuando la vida de la madre está en peligro o el feto presenta anencefalia—.

En la región latinoamericana, los derechos sexuales y reproductivos han sido criminalizados y obstaculizados, tal y como denuncian colectivos y organizaciones feministas. No obstante, y como explican Adriana González, Diva Moreno y David Grass en su artículo “Interrupción voluntaria del embarazo en Latinoamérica, superando barreras”, “el desafío feminista interpela al orden patriarcal que, en alianza con el poder, la política y la teología, construyó e instrumentó el control y soberanía sobre los cuerpos de las mujeres durante siglos) para acelerar la instauración de un nuevo orden. Este debe estar inspirado en la libertad, se encamine al logro de un equilibrio de poder entre los géneros mediante la adquisición política de una ciudadanía plena para las mujeres: el sexo en la esfera pública desvinculado de la reproducción y liberado a la facultad de las mujeres a decidir ejercerlo. Así mismo, las desigualdades políticas de libertad, que arrastran otras tantas desigualdades, como las económicas y sociales, y que sostienen la institucionalidad democrática vigente: “Un embarazo no querido por una violación es idéntico a una violación” afirma Silvina Perugino, profesora de la Universidad Nacional de la Plata.

La prohibición del aborto es parte del plan del Partido Republicano para desempoderar a la clase trabajadora

Kenny Stancil Common Dreams

Estados Unidos

Estados Unidos La prohibición del aborto es parte del plan del Partido Republicano para desempoderar a la clase trabajadora

Kenny Stancil ,  Common Dreams

El Economic Policy Institute detalla cómo “las restricciones al aborto constituyen una pieza más en un proyecto sostenido de subyugación económica.”

Ante el movimiento antiabortista y provida, que pretende coartar los derechos sexuales y reproductivos conquistados a nivel global, más feminismo, justicia, libertad y poder de decisión para las mujeres y personas con capacidad gestante. Ante la inversión y la incidencia de los grupos antiaborto y los partidos políticos de extrema derecha a fin de derrumbar los derechos conquistados, hemos de seguir militando, avanzando y defendiendo los derechos sexuales y reproductivos.

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Ante el avance de la extrema derecha y los grupos ultra católicos a nivel mundial, desde la sociedad civil hemos de defender las conquistas, y desde el Gobierno han de promoverse e instaurarse políticas públicas efectivas para fomentar la educación en salud sexual y reproductiva, la promoción de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad gestante y el monitoreo y evaluación constantes de que los derechos sexuales y reproductivos están siendo efectivos.

Igualmente, han de ponerse los medios para impedir los obstáculos y las coacciones que ejercen los movimientos antiabortistas contra las mujeres —en la línea de la modificación del Código Penal en España que castiga con prisión de 3 meses a 1 año o con trabajos en beneficio de la comunidad a quienes intenten obstaculizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo—. Desde la sociedad civil y el Estado, ha de seguirse impulsando la defensa de los derechos sexuales y reproductivos para impedir que se generen restricciones a nivel social y estatal, ante el avance de la extrema derecha y la influencia de los grupos antiabortistas a nivel global.