LGTBIfobia
La Comunidad de Madrid se niega a sancionar al Obispado de Alcalá de Henares por sus terapias para curar la homosexualidad

“La AMS [atracción y proyección hacia las personas del mismo sexo] es el grito, la alarma, la fiebre que te avisa de que algo en ti necesita madurar, ser cultivado. Si la Mentira/Manipulación Gay no hubiera inundado todos los rincones de nuestro mundo y por el contrario fuéramos capaces de responder con prontitud y verdad a esta llamada del corazón de los adolescentes, sería muy sencillo y rápido madurar la personalidad y la masculinidad y superar la atracción hacia el mismo sexo”. Este texto se incluye en uno de los documentos que se trabajan en los cursos para curar la homosexualidad organizado por el Obispado de Alcalá de Henares.

En 2019, a raíz de una información publicada por eldiario.es, la organización de consumidores Facua presentó una denuncia ante la Comunidad de Madrid contra esta institución religiosa por violar la Ley de protección integral contra la LGTBifobia autonómica, que desde su aprobación en 2016 castiga con multas de hasta 45.000 euros la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, sin importar, según explcita la ley, que haya consentimiento por parte de la persona sometida a tales terapias. Tres años después, desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid han decidido archivar el expediente abierto al Obispado de Alcalá de Henares. La institución madrileña argumenta que las pruebas presentadas contra el Obispado —mails y grabaciones de llamadas— se consiguieron violando el derecho a la intimidad de la entidad. Es el mismo argumento que, hace poco menos de un mes, dio el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para también archivar el proceso iniciado por estos cursos, según el informe que presentó ante el Congreso de los Diputados.

La institución madrileña argumenta que las pruebas presentadas contra el Obispado —mails y grabaciones de llamadas— se consiguieron violando el derecho a la intimidad de la entidad

“Las prácticas venían llevándose a cabo en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, un servicio que pertenece a la diócesis y que está dentro del mismo complejo religioso”, explican desde Facua. “Cuando se denunciaron los hechos y la entonces denominada Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad abrió el expediente, tenía al frente a Javier Luengo, de Ciudadanos. Tras las elecciones de mayo de 2021, en las que el PP ganó por mayoría absoluta, pasó a depender de Concepción Dancausa”, continúan desde la asociación de consumidores.

Desde Facua anuncian que están valorando recurrir la decisión de la consejería. Según explican, en la comunicación del archivo la consejería “cuestiona que un ciudadano tenga derecho, como hizo el periodista para desarrollar su investigación, a grabar cualquier conversación donde pretendan venderle un producto o servicio y posteriormente usarla como prueba en una denuncia si en ella ha sido objeto de un intento de fraude”. “El organismo de la Comunidad de Madrid llega al extremo de cuestionar el derecho del periodista a grabar las conversaciones realizadas en el marco de su investigación para contar con las pruebas de las irregularidades”, añaden desde Facua. 

Una oración contra la homofobia en la catedral de Alcalá de Henares

Redacción El Salto

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Una oración contra la homofobia en la catedral de Alcalá de Henares

Redacción El Salto

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Un centenar de personas se concentra en las puertas de la catedral de los Santos Justo y Pastor, en Alcalá de Henares (Madrid), para protestar por los cursos para ‘sanar’ la homosexualidad que imparte la diócesis.