Ley de Seguridad Ciudadana
Manifestaciones en 24 ciudades para exigir el fin de la Ley Mordaza

“Ni ley mordaza, ni mordaza maquillada”. Este es el lema que el domingo 13 de febrero se oirá en las calles de 24 ciudades de todo el Estado para exigir el fin de la Ley Mordaza ante la reunión que, el próximo martes, tendrá lugar en la Comisión de Interior del Congreso en la que se prevé que se cierren los acuerdos que marcarán gran parte del texto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. 

“La reforma de la Ley Mordaza, tal y como la plantea el Gobierno, obviamente no es una derogación, pero tampoco una verdadera reforma: es un maquillaje de la ley actual, que no elimina los elementos más restrictivos para el ejercicio de derechos”, señalan desde No Somos Delito, organización que convoca las manifestaciones junto a Amnistía Internacional España, Defender a Quien Defiende, Greenpeace España o Legal Sol, entre otras organizaciones. El llamamiento, apoyado por más de cien colectivos sociales del Estado, critica que el paquete de medidas acordadas por PSOE y Unidas Podemos no supone medidas que protejan el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. 

La reforma “seguirá amordazando derechos fundamentales”, recalcan desde No Somos Delito, organización que subraya entre las principales deficiencias de la reforma que esta mantenga el principio de veracidad de los agentes policiales por encima del testimonio de la ciudadanía o que se mantengan los artículos 36.6, que castiga con multas de entre 601 y 30.000 euros la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse, o el 37.4, que castiga con multas de hasta 600 euros las faltas de respeto a los agentes de la autoridad. “Su aplicación depende esencialmente de la interpretación que hagan in situ los funcionarios actuantes”, denuncian desde No Somos Delito.

Solo estos dos artículos han supuesto hasta 140.000 multas entre los años 2015 y 2019, según datos del Ministerio de Interior. Una cantidad que supone el 70% de las sanciones interpuestas en ese periodo en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana. También exigen que eliminen de la ley las infracciones que “criminalizan determinadas situaciones de pobreza”, como las que castigan la venta ambulante o la prostitución, y que se prohíba expresamente las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente y las redadas por perfil étnico. 

“Ninguna de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios plantea la revisión o reformulación del concepto de seguridad ciudadana”

“Ninguna de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios plantea la revisión o reformulación del concepto de seguridad ciudadana”, señalan las organizaciones convocantes, que consideran que el concepto de seguridad que tradicionalmente contemplan las leyes de seguridad ciudadana deriva de la ley franquista de Vagos y Maleantes. “Se entiende que la seguridad está enfrentada con la libertad y que, por tanto, la seguridad ciudadana es un instrumento para limitar el ejercicio de libertades y no un instrumento para proteger estos derechos”, explican desde No Somos Delito.

Aunque reconocen que las medidas pactadas entre PSOE y Unidas Podemos suponen “algunos avances” frente a la normativa aprobada en el gobierno de Mariano Rajoy, cuya derogación ha sido una promesa por parte del resto de partidos desde el momento de su tramitación hace ya siete años, afirman que son “insuficientes, poco valientes y poco garantistas”. Una de estas mejoras es la rebaja de la cuantía de las sanciones según los ingresos de la persona sancionada, rebaja que seguirá teniendo como importe de referencia los que contempla la ley creada por el entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.

Al artículo que define la presunción de veracidad del testimonio de la policía, solo se le añade que su relato debe ser “coherente, lógico y razonable”

También el artículo que define la presunción de veracidad del testimonio de la policía, al que ahora se añade que debe ser “coherente, lógico y razonable”, o la propuesta de reconocer el derecho de manifestación espontánea, con la que la policía podrá seguir determinando quién es la persona convocante de la manifestación que no haya sido comunicada y sancionarla. Tampoco se eliminará la sanción por difundir imágenes de las actuaciones policiales ni la que castiga a las personas que acuden a intentar evitar desahucios.

Hasta ahora, hay programadas movilizaciones para el 13 de febrero en más de veinte territorios entre los que se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Pamplona, Granada, Vitoria, Pontevedra, Toledo, Guadalajara, Santiago, Huelva, Castellón, Logroño, A Coruña, Albacete, Ciudad Real, Málaga, Oviedo, Terrassa, Cádiz o Mérida, y continúan sumándose localidades, además de León, donde se celebrará el 15 de febrero. La manifestación en Madrid comenzará a las 12 horas e irá desde Atocha hasta la Puerta del Sol, lugar en el que se leerá el manifiesto.

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