Ley de Vivienda
El movimiento de vivienda se planta en el Congreso para influir en la futura ley

Las organizaciones de afectados por las hipotecas y los alquileres, sindicatos y otros movimientos de la sociedad civil reclaman que su voz sea escuchada en la ponencia de la ley de vivienda.
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Cajas de cartón simulando hogares en la concentración de la PAH frente al Congreso de los Diputados en enero de 2023. David F. Sabadell
24 ene 2023 18:03

El movimiento madrileño por la vivienda ha reclamado hoy, 24 de enero, su papel en la próxima Ley de Vivienda, cuya ponencia comienza en el Congreso de los Diputados. Hasta la Carrera de San Jerónimo se han trasladado algunas decenas de militantes con voluminosas cajas de cartón. Reclaman una serie de puntos que deben ser incluidos en el texto que se discutirá en pleno según la base que salga de la ponencia de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El aviso ha sido expuesto frente a la sede parlamentaria: “No consentiremos una ley de paja”.

La Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a la vivienda, impulsada por veinte organizaciones, entre las que se encuentra la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), Observatori DESC, o los tres mayores sindicatos de trabajadores por volumen de afiliación, han defendido que la ley sea “un instrumento útil que permita el acceso a este bien de primerísima necesidad”.

El final del proceso debe incluir, según esta iniciativa, la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional y una regulación de alquileres efectiva y aplicable en todos los territorios y para todos los caseros. Además se debe establecer la obligación a los grandes tenedores de vivienda a que ofrezcan un alquiler social a los inquilinos antes de iniciar un proceso que puede terminar en desahucio. 

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La Iniciativa reclama la paralización de las ventas de viviendas por parte de Sareb y que cambie su función social para que transfieran sus viviendas a las instituciones públicas. Por último reclaman la protección del derecho a la vivienda con un blindaje igual al del derecho a la propiedad.

Con cajas de cartón y las características camisetas verdes de la PAH, las personas que estaban en el Congreso han apuntado a los socialistas como responsables de la situación de la vivienda en España: “El PSOE, el partido que más años ha gobernado desde la aprobación de la Constitución, es (...) el mayor responsable de la situación descrita”, apuntan en un comunicado que pide “un horizonte de esperanza, futuro y seguridad para la inmensa mayoría social que padece para acceder y mantener una vivienda digna y adecuada ”.

Estas organizaciones quieren que la presión de banca, fondos buitre y constructoras cristalice en una ley sin contenido —o con requisitos que no se vayan a cumplir— que proteja a la avaricia especuladora. En ese sentido, la fotografía que Pedro Sánchez se tomó el otro día en una reunión con Larry Fink, CEO de BlackRock —el fondo estadounidense que manda en el Ibex35— ha sido anotada por el movimiento de vivienda, que quiere contrarrestar con su movilización el poder de la gran patronal y la banca.

Medidas para el alquiler

Pablo Martínez, del Sindicato de Inquilinas —que también forma parte de la Iniciativa— resume para El Salto cuál es el conjunto de artículos que su organización exige para la nueva Ley de Vivienda. “Si se aprueba como está ahora mismo el borrador, la ley no va a ser efectiva por cinco motivos”, apunta este portavoz.

En primer lugar, considera que la consideración de gran propietario —que el PSOE parece dispuesto a rebajar de diez a cinco inmuebles— debe ser aplicada independientemente del número de viviendas si la función de estas son especulativas. Es decir, el criterio no debe ser cuantitativo sino cualitativo: “Nos da igual que un pequeño propietario que tenga una sola vivienda en alquiler la tenga por encima del mercado o por el índice de control de precios que se vaya a generar”, señala Martínez.

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Militantes de Nadie sin Hogar, Sindicato de Inquilinas y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en la concentración frente al Congreso. David F. Sabadell


“Para que la ley sea efectiva”, indica este portavoz, “debe cumplirse uno de los criterios que se establecen en el borrador para la declaración de área tensionada”. Esta declaración es la que debe permitir a las administraciones autonómicas o locales operar para obligar a bajar los precios. Según está ahora el borrador, serán requeridos dos criterios. Al ser criterios “exigentes”, en palabras de Martínez, de facto no se produciría esta declaración de área tensionada en ninguna de de las ciudades del Estado.

Ley de Vivienda
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El Sindicat de Llogateres de Catalunya y el Sindicato de Inquilinos de Madrid señalan que con la actual redacción de la futura Ley de Vivienda solo se podría aplicar la regulación en Teruel, Cuenca, Cáceres, Ourense, Cádiz, Alacant y València.


Otros aspectos que con el redactado actual resultan conflictivos tienen que ver con la vigilancia e inspección sobre el cumplimiento de la ley para evitar una serie de argucias por parte de la especulación organizada en cuestiones como el respeto al actual límite de subidas del 2%, las prácticas de mobbing inmobiliario o el abuso de la definición de contrato temporal, aquel que se utiliza cuando una familia se traslada a un inmueble durante unas obras o un viaje.

La ponencia que comienza hoy en el Congreso ha registrado más de 850 enmiendas y el plan del Ejecutivo es que la nueva ley esté preparada para llegar al pleno del Parlamento en un plazo de cuatro a ocho semanas. En las discusiones previas al periodo de ponencias, Unidas Podemos habría conseguido que el PSOE acepte que la regulación en zonas tensionadas se vaya a aplicar en los nuevos contratos, y no solo en los contratos vigentes, con lo que se pretende evitar la “retirada” de pisos alquilados del mercado por parte de los arrendadores.

En noviembre de 2022, el Consejo de Europa recriminó al Gobierno español el bajo número de viviendas de protección social como resultado de años de escasa inversión pública, el alto precio del alquiler y compra de vivienda, los desalojos forzosos y el creciente número de personas sin hogar en nuestro país, problemas que, afirma, deben abordarse “con urgencia”. En esa comunicación, el Consejo exigía al Parlamento que apruebe sin más dilación el proyecto de Ley de Vivienda.

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25/1/2023 14:16

¡¡¡Ah, qué divertido!!!

¡¡¡Como si las leyes que benefician a la megamafia megacriminal del Vigente Neoliberalismo se elaborasen en el Charlamento y no las redactasen y dictasen los gabinetes jurídicos de esas multinacionales del Vigente Neoliberalismo!!!

¡¡¡Qué gran sentido del humor!!!

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