Leganés
La empresa pública de suelo de Leganés deja en el aire 350 viviendas públicas

“En Leganés todo el mundo sabe lo que es Emsule. Igual otras empresas municipales que haya no, pero la de vivienda sí porque al final no es un sitio tan grande y todo el mundo tiene un conocido, un primo, lo que sea, que ha podido tener una casa gracias a ella”, explica una vecina. Las siglas de la empresa no tienen misterio: Empresa Municipal del Suelo de Leganés, Emsule. En los últimos meses, el centro de la disputa política en el municipio madrileño, ilustrando la debilidad del nuevo gobierno del PP apoyado por un partido local (y sin Vox), los problemas de acceso a la vivienda en la región (o en toda España) y las diferencias entre los diferentes partidos de la izquierda madrileña.

Lo más llamativo son 350 viviendas públicas adjudicadas por el gobierno saliente del PSOE en funciones y cuando aún se negociaba quién sería nuevo alcalde tras las municipales. Una obra que debe entregarse en dos años y que ahora mismo el nuevo gobierno del PP afirma que no tiene financiación para llevarse a cabo. Pero de fondo se encuentran también una solicitud de auditoría que abarca hasta 2007, incluyendo tres mandatos socialistas y uno popular, y dos querellas por malversación y prevaricación contra el nuevo alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), por su labor como concejal de Urbanismo entre 2011 y 2015 al frente de la propia Emsule.

Las 350 viviendas (134 en régimen de compra y 216 de alquiler) iniciaron su proceso de concesión a finales del anterior mandato, cuando aún gobernaba el Partido Socialista y ocupaba la alcaldía Santiago Llorente, con apoyo de Ciudadanos tras romperse en 2021 su pacto de gobierno con Más Madrid. De hecho, tan a finales del mandato que se solaparon con las elecciones municipales, e incluso PP, Unión por Leganés (ULEG) y Podemos recurrieron el proceso por considerarlo irregular.

El sorteo de los inmuebles tuvo lugar el 5 de junio, pasadas las elecciones y con el PSOE negociando una reelección vía un cuatripartito que finalmente no se logró. El acto físico tuvo lugar en el Pabellón Deportivo Europa del municipio, se utilizaron cuatro bombos al estilo de un sorteo de lotería y se retransmitió por Teleleganés y hasta por YouTube. Al proceso se habían apuntado 13.667 vecinos. Todo el evento fue calificado de “lotería de la precariedad” por la oposición, y el PP mantiene que su propósito, al anunciarse en abril en plena precampaña, era puramente electoralista.

En Leganés, el precio de la vivienda ha subido casi un 8% solo este último año y el del alquiler un 15,2%, lo que lo convierte en el municipio madrileño donde más lo hace

Se había anunciado que los alquileres sociales serían de 550 euros en las viviendas de dos dormitorios (110 pisos en total de estas características) y 650 en las de tres (96). Otros 10 inmuebles se reservaban para personas con necesidades especiales o movilidad reducida. En Leganés, según el índice inmobiliario del portal Fotocasa, el precio de la vivienda ha subido casi un 8% solo este último año y el del alquiler un 15,2%, lo que le convierte en el municipio madrileño donde más lo hace. El alquiler medio se situaría en 800 euros y la compra de vivienda en 155.000.  

Después de las elecciones

En las municipales del 28 de mayo el PP obtuvo una mayoría ajustadísima: 9 concejales de 27, solo uno más que el PSOE. El ‘popular’ Recuenco consiguió el bastón de mando en un pleno celebrado el 17 de junio, más de 10 días después del sorteo de las viviendas, en el que todo dependía del voto de ULEG. El partido local decidió apoyar a su propio candidato y no sumarse al acuerdo de las izquierdas que habría mantenido a Llorente en la alcaldía (para más inri roto por la única concejal de Podemos, que también se votó a sí misma), de manera que a los populares les bastó formar gobierno con sus propios ediles. Más tarde, ULEG pactó una entrada en un gobierno en minoría de 12 ediles que excluía a Vox. La extrema derecha quedó en la oposición junto al PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, esta última formación con sus dos concejales, uno de IU y otra de Podemos, votando diferente según el caso.

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En solo un municipio, Móstoles, el PP consigue una mayoría holgada que le permitirá gobernar con Vox. En Leganés consiguen mayoría incierta, que les obliga a un pacto que está en el aire y en Alcorcón la izquierda suma para poder gobernar.

La precariedad del gobierno PP-ULEG se hizo evidente en la constitución del nuevo Consejo de Administración de Emsule

Este gobierno tiene un valor simbólico no menor para el PP madrileño. Emblema del “cinturón rojo”, el PSOE, en solitario o con apoyos, ha gobernado siempre Leganés en democracia excepto entre 2011 y 2015. Eso sí, en las municipales de 2003 y 2007 el PP ganó en votos y ediles, e incluso en este último año la candidata popular, Guadalupe Bragado, llegó a ser investida para ejercer el cargo apenas un mes, antes de ser desalojada por una moción de censura de PSOE e IU. La precariedad del gobierno PP-ULEG se hizo evidente en la constitución del nuevo Consejo de Administración de Emsule. Sin más votos que los propios era imposible aprobar el traspaso de poderes y la empresa pública quedó “congelada”. El PP afirmó que se ponía en riesgo que los trabajadores cobrasen sus sueldos, el PSOE señalaba que la responsabilidad era del gobierno entrante con el objetivo precisamente de paralizar las obras de VPO que dejó cerradas.

Levantar las alfombras de Emsule 

El principal escollo para conseguir algún apoyo era la propuesta de pedir una auditoría a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre todos los contratos públicos de la Emsule desde 2017. Finalmente, a propuesta de Más Madrid con apoyo de Podemos, se amplió dicha auditoría hasta 2007, abarcando no solo los mandatos de Llorente del PSOE desde 2015, sino también el de Jesús Gómez Ruiz (PP), entre 2011 y 2015, y Rafael Gómez Montoya (PSOE), 2007-2011.

El concejal de Urbanismo del nuevo gobierno, Javier Oporto (PP), explica a preguntas de El Salto que al no haberse completado el proceso administrativo que le otorgará plenos poderes como presidente de Emsule “no hemos podido conocer toda la información suficiente” sobre el proceso de las 350 viviendas públicas, para el que ha “solicitado informes. Pero la información que tenemos ahora mismo es que no existe financiación suficiente. Eso no significa que no las vayamos a hacer todo lo contrario, pero tenemos que comprobar qué decisiones se pueden tomar”.

Los socialistas alegan que solo es necesario formalizar un ‘préstamo-puente’ que permita financiar la obra

Laura Oliva, concejal del PSOE, alega que “lo único que tienen que hacer PP y ULEG es terminar los pasos que se han dado y que los técnicos de Emsule y Urbanismo conocen porque están acostumbrados”. Los socialistas alegan que solo es necesario formalizar un ‘préstamo-puente’ que permita financiar la obra. En abril de este año, justo ante de la campaña electoral y aún con Llorente (PSOE) como alcalde, Emsule vendió varias parcelas municipales por valor de 22 millones de euros que cubren parte del presupuesto, pero aún quedarían pendiente otros 60 que se buscaba cubrir con otras ventas de suelo público similares. Oliva cree que el nuevo equipo de gobierno “solo quiere enredar y ejercer de oposición de la oposición, pero este procedimiento se ha hecho muchas veces. ¿Qué se van a tener que bregar en el préstamo-puente y otras cosas? Pues sí, pero como siempre, como todos los ayuntamientos”.

Lo que responde Oporto es que “nada de eso está hecho, el procedimiento nos parece un poco irregular y por eso necesitamos los informes. Se lanzaron a iniciar todo de cara a las elecciones, pero no han hablado con ninguna entidad financiera de ese préstamo ni existe informe del interventor municipal sobre si es posible pedirlo”. E insiste: “problemas de financiación no implica que no queramos hacerlas. Cuando podamos analizar la situación veremos qué podemos hacer.

También separa todo esto de la auditoría, que el PP y ULEG proponen, según él, “para comprobar que los contratos de la empresa se adecúan a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, del año 2017. En el Consejo de Administración un grupo político propuso ampliarlo hasta 2007, nos pareció correcto, y así se va a solicitar a la Cámara de Cuentas”.

Ese grupo político fue el de Más Madrid, que no lo interpreta como un proceso tan rutinario. Según María Victoria García Gómez “la empresa tiene un recorrido muy polémico en los últimos años y ha estado bastante alejada de su rol de ejecutar las políticas públicas de vivienda”. Por eso piden “levantar las alfombras” y han querido abarcar en la auditoría “toda la época reciente de la empresa, teniendo en cuenta los dos últimos mandatos del PSOE y el mandato durante el cual el actual alcalde ostentó la presidencia de la empresa”.

Contra Recuenco pesan dos querellas presentadas por el gobierno anterior, acusándolo de prevaricación, malversación y malversación continuada. Las denuncias las presentó la propia Emsule

Recuenco en el ojo del huracán 

Porque a esto se añade la circunstancia de que en el anterior, y hasta ahora único gobierno ‘popular’ en Leganés, el concejal de Urbanismo y presidente de Emsule fue el nuevo regidor Miguel Ángel Recuenco. Contra él pesan dos querellas presentadas por el gobierno de Llorente, acusándolo de prevaricación, malversación y malversación continuada en aquel periodo. Las denuncias las presentó la propia Emsule, que ahora controla el PP, pero el destino de dichos procesos es incierto: se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque en la última legislatura Recuenco fue diputado en la Asamblea de Madrid y estaba aforado, pero al abandonar las listas regionales en 2023 el caso debería cambiar de tribunal.

Oporto alega, para no pronunciarse, que actualmente su partido desconoce “en qué punto se encuentra la tramitación procesal, creemos que una de esas querellas ni siquiera está admitida a trámite”. Ante la posibilidad, insinuada por el PSOE, de que las retiren cree “se ha hecho un mundo con todo esto, pero nadie ha tenido la intención de retirarlas, porque para empezar antes de poder hacer eso primero tendremos que saber en qué punto están, información a la que no hemos tenido acceso”.

En la retransmisión televisiva y en redes del sorteo las crónicas destacaron ver a vecinas llorando al ser una de las beneficiadas por un piso. Todos los partidos han expresado su deseo de que las 350 personas que cumplían los requisitos y resultaron elegidas sepan cuánto antes que va a ocurrir con ellas, pero al mismo tiempo, desmentían la frase con la que arrancaba este reportaje. A veces, no todo el mundo tiene un conocido o un familiar que ha accedido a una vivienda gracias a políticas públicas.