Lawfare
Manos Limpias: génesis de la querella como arma política de la ultraderecha

La querella como herramienta política está instigada desde las facciones más ultraderechistas situadas en los márgenes del bipartidismo. Casi siempre se ejerce apelando a la supuesta corrupción de cualquiera que amenace la unidad de la patria. Es básicamente una de las patas de El Estado feroz, como lo describe Pablo Elorduy en un libro de próxima publicación, que se mueve entre el ultracatolicismo y el falangismo, personándose contra la alternativa progresista a través de jueces neoconservadores afines. Además, cuenta con medios de comunicación digitales propios que publican las informaciones sostenidas después desde distintas organizaciones, algunas de ellas incluso se presentan con banderas contra la corrupción, para iniciar casos contra adversarios políticos.

Este modus operandi comenzó a finales de los años 80, después de una de las intentonas de la ultraderecha española para formar un partido político fuera de lo que ahora conocemos como PP. Entre los ideólogos de este movimiento estaban dos nombres que trataron de capitalizar el descontento del imaginario social más reaccionario con el proceso de reforma del Régimen.

De un lado, Miguel Bernad, fundador del ahora conocido como ‘pseudosindicato’ Manos Limpias, exmiembro del otrora ‘sindicato’ Fuerza Nacional del Trabajo, y entonces secretario general del Frente Nacional. Si bien este fue disuelto en 1993, el primero sigue en activo y actualmente está estudiando transformar su denuncia contra Begoña Gómez en querella para estar personados en la causa contra la mujer del presidente del Gobierno.

De otro, Jesús Gil, cuya condena por estafa se extinguió en 2004, por fallecimiento. El entonces edil en Marbella y presidente del Atlético de Madrid estaba conspirando para crear un partido político con el fundador del grupo empresarial Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, cuyos seis hijos se enfrentan a día de hoy a 16 años de prisión por estafar a miles de inversores con la emisión de pagarés. El nuevo partido también iba a contar con el apoyo del industrial vasco Luis Olarra, que en los 70 participó en Unión Foral del País Vasco (UFV), una coalición que integró a Manuel Fraga Iribarne y Jaime Mayor Oreja.

Con las formaciones políticas de extrema derecha en horas bajas, algunos de los jugadores más trileros, como Ruiz-Mateos, siguieron otra década intentando erosionar a sus enemigos políticos

La periodista Gloria Benítez escribió en Cambio 16 que a todos les unía “una desconfianza radical en los valores de la democracia”, si bien su comunión se torció cuando Olarra abandonó la idea. El resto de personajes acudieron a las elecciones por separado, cada uno bajo su propia sigla: Grupo Independiente Liberal y Agrupación Ruiz-Mateos. El propio Bernad se lamentaba en 1989 del fracaso de esta iniciativa política, señalando sobre la candidatura de Ruiz-Mateos que “200.000 de sus votos eran, en realidad, nuestros”.

Con las formaciones políticas de extrema derecha en horas bajas, algunos de los jugadores más trileros, como Ruiz-Mateos, siguieron otra década intentando erosionar a sus enemigos políticos, el Gobierno del PSOE, a través de información judicial recabada desde los propios juzgados y filtrada a los medios. Entre las figuras que participaron en estos procesos destacó un abogado de las cloacas del Estado, Emilio Rodríguez Menéndez, abogado de los policías imputados por el “caso Nani” en el juicio que comenzó a finales de los 80.

MAR y las cloacas del Estado

Tras el asalto al poder del autodenominado centro-derecha liberal, el PP comenzó a sofisticar la utilización de la querella como arma política. De hecho, el Secretario de Estado de Comunicaciones y portavoz del Gobierno de Aznar (1996-1998), Miguel Ángel Rodríguez, más conocido por MAR, y el autodenominado Sindicatos de Funcionarios Manos Limpias, creado en abril de 1995, iniciaron una campaña de desgaste contra el PSOE utilizando la desinformación y la querella judicial como herramienta política. Eran tiempos en los que desde la portavocía del Gobierno de José María Aznar, el ahora asesor de Isabel Díaz Ayuso llegó a amenazar al PSOE con desclasificar papeles del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y con difundir información sobre los Fondos Reservados.

Miguel Ángel Rodríguez llegó a amenazar al PSOE con desclasificar papeles del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y con difundir información sobre los Fondos Reservados

Paralelamente, Miguel Ángel Rodríguez estaba alimentando, con sus declaraciones en Moncloa y ante los medios de comunicación, una campaña judicial y mediática contra la gestión de los responsables de Hacienda del anterior Gobierno socialista, encabezado por Felipe González. Esta se centró en poner bajo sospecha una iniciativa de 1991, promovida por el entonces ministro de Economía Carlos Solchaga, para regularizar dinero negro de evasores que El País denominó como “caso Amnistía Fiscal”. Así, el PP, sofisticando el modus operandi de Ruiz-Mateos y Rodríguez Menéndez, denunciaba un presunto trato de favor a determinados contribuyentes. Pero el recorrido judicial de la denuncia concluyó con una sentencia del Tribunal Supremo en febrero de 1996.

Pero a raíz de una nueva denuncia del sindicato Manos Limpias, la Fiscalía General del Estado ordenó a la Fiscalía Anticorrupción que abriera diligencias de investigación para esclarecer los hechos. Estas fueron remitidas al juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, encabezado por Baltasar Garzón tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción interpuesta por el pionero de la querella como arma política, Ruiz Mateos. Finalmente, el exsecretario de Estado rechazó la personación en el “caso Amnistía Fiscal” de Ruiz-Mateos, así como la de Manos Limpias, y archivó finalmente la causa en diciembre de 1997. 

Caso Roldán del PSOE

Aún podría mencionarse otro precedente en la sofisticación de la querella como estrategia política. En 1995, coincidiendo con la constitución del sindicato Manos Limpias, la Audiencia de Madrid desestimó el recurso de Unión del Pueblo Navarro (UPN), el partido que gobernaba en la Comunidad Foral, contra su personación en el caso que involucraba, en una trama de comisiones ilegales, al anterior director de la Guardia Civil, Luis Roldán, así como al expresidente del Gobierno navarro Gabriel Urralburu, a su vez secretario general del Partido Socialista Navarro.

Aunque UPN intentó personarse en el sumario de “la trama navarra del caso Roldán” como acusación particular, finalmente el juzgado nacional instó al partido político que concurría electoralmente con el PP a ejercitar la acción popular a través de Ruiz-Mateos, ya personado en la causa.

En el “caso Roldán” también estaba intentando personarse el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, lo hacía en nombre de la Asociación de Estudios Penales, la misma organización con la que el abogado se había querellado por tráfico de influencias contra el hermano del vicepresidente socialista Alfonso Guerra en 1990 y con la que consiguió personarse años más tarde en el juicio por la malversación de los Fondos Reservados

Rodríguez Menéndez llegó a ser director de Ya, revista relacionada con la difusión del vídeo sexual del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y fundador del medio Dígame, donde acusó de pedófilo al periodista Fernando Jáuregui. Al igual que el Ruiz-Mateos, el abogado Rodríguez Menéndez utilizaba las personaciones en macro-jucios para sacar información que bien filtraban a los medios o utilizaban para tratar de chantajear. En las siguientes décadas, la implicación de los medios en la estrategia de la querella como arma política ha enfangado aún más las decisiones judiciales y pervertido la profesión del periodista.

Desinformación tras los monopolios mediáticos y cierres de prensa libre

En lugar de deslegitimar a la ultraderecha y apoyar a medios combativos que denunciaban el uso de la querella como herramienta de la ultraderecha, durante finales de los años 90 y principios de la siguiente década, la Audiencia Nacional decretó la política de clausura de hasta un total de tres medios de comunicación progresistas, e incluso fueron ilegalizados dos partidos políticos de la izquierda.

Así se explica el cierre del diario 'Egin' (1998), tras años de criminalización por parte del PNV, mientras los juzgados daban carpetazos a investigaciones sobre diversos delitos cometidos por las cúpulas del BBVA y Banco Santander.

Así se explica el cierre del diario Egin (1998), tras años de criminalización por parte del PNV, que ocurrió mientras los juzgados daban carpetazos a investigaciones sobre diversos delitos cometidos por las cúpulas del BBVA y Banco Santander. También que el juez Garzón decretara la clausura de la revista Ardi Beltza (2001), así como la suspensión total de actividades de Batasuna (2002). O que un año más tarde, en 2003, el juez Juan del Olmo ordenara el cierre del diario Egunkaria (2003), mientras Garzón ordenaba la suspensión de actividades del Partido Comunista de España Reconstituido, PCE(r).

Con los medios críticos silenciados y los partidos que no seguían las normas del bipartidismo fuera de juego, el 80% de los que se veía, oía y leía a principios del decenio de los 2000 se encontraba en manos de dos grandes grupos de comunicación, Prisa y Vocento, financiados por los presidentes de sendos gigantes bancarios, Emilio Botín (Banco Santander) y Emilio Ybarra (BBVA), respectivamente. El primero estaba casado con Paloma OShea, perteneciente a una familia vasca de Neguri, como el propio Ybarra. Aquellos fueron unas décadas ventajosas para las voces de sus amos, para la caverna mediática y el centenar de periodistas alineados con el fondo de reptiles.

Hasta entonces, la guerra sucia en el frente mediático se había centrado en las filtraciones procedentes de espías como Juan Alberto Perote, del fuego amigo del exbanquero Mario Conde, y de los intereses lucrativos de empresarios como Javier De La Rosa, por citar algunos casos sonados. En los últimos años, las filtraciones han cambiando ligeramente, teniendo como epicentro al excomisario José Manuel Villarejo, y han estado acompañadas del fuego aliado del extesorero Luis Bárcenas, así como de los intereses corporativos del empresario Juan Villalonga, por señalar algunos actores importantes de un estilo que se mantiene en el tiempo. Y han coincidido con los prolegómenos de la creación del partido ultraderechista VOX.

De aquellos polvos estos lodos. Mientras, junto a la Cope y Trece TV como mecanismos de esparcimiento de bulos, se desplegaban, dirigidos por el empresario navarro y exmiembro del PP catalán Julio Ariza, otros pseudomedios digitales como Radio Intereconomía, Toro TV y La Gaceta. Tas décadas de monopolio comunicativo y varios cierres judiciales de periódicos y revistas, comenzó a proliferar la amenaza de la desinformación con la creación de otros digitales como Ok Diario, Vozpópuli, The Objective, El Debate, El Cierre Digital, EDATV o 7NN. Todo ello mientras periodistas de Ahotsa, Argia y Hala Bedi eran víctimas de la Ley Mordaza.

El lawfare ha propiciado que un tribunal de excepción como la AN criminalizase a directores de medios como Javier Salutregi (Egin), Pepe Rei (Ardi Beltza), Mertxe Aizpurua (Gara) y Martxelo Otamendi (Egunkaria), o más recientemente a Jesús Rodríguez (La Directa)

El lawfare no solo ha permitido que la ultraderecha gane posiciones en el campo judicial, así como presencia mediática, sino que también ha propiciado que un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional criminalizase a directores de medios como Javier Salutregi (Egin), Pepe Rei (Ardi Beltza), Mertxe Aizpurua (Gara) y Martxelo Otamendi (Egunkaria), o más recientemente a Jesús Rodríguez (La Directa), entre otros. 

El rol de las asociaciones contra la corrupción

Sea como fuere, en los intentos de movilizar la querella como técnica de la ultraderecha ha tenido un papel fundamental el asociacionismo en la lucha contra la corrupción. A principios de los 90, la querella que desembocó en la investigación por el “caso Filesa”, ligado a la financiación del PSOE, fue obra de la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (AINCO), promocionada por Pedro J. Ramírez. En 2018, siguiendo el ejemplo de Manos Limpias, se creó la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP). Tras ser promocionada por Javier Negre y Alvise Pérez en distintos espacios mediáticos, la organización pasó a especializarse en lanzar bulos. 

En cambio, las organizaciones que tenía un fin distinto al de la desinformación y la personación particular en juicios políticos corrieron una suerte distinta. Por ejemplo, la Asociación de Consumidores, Usuarios y Contribuyentes Kontuz! en el caso del saqueo de Caja Navarra, o la asociación Gidari en el caso Bidegi en Gipuzkoa. Ambas, sin ningún ánimo de lucro y tratando de velar por el bien común, sufrieron infinidad de obstáculos judiciales para poder personarse como acusaciones. Algo similar le ocurrió a la plataforma Nunca Máis, obligada a depositar una fianza de 3.000 euros para poder personarse en el “caso Prestige”.

En 2003, mucho antes de las denuncias de Podemos contra las cloacas del periodismo y contra la policía patriótica liderada por el ministro de Interior Jorge Fernández, hijo de militar navarro y casado con la hija de una raquetista de Mallabia, toda la oposición del Congreso de los Diputados en bloque criticó la orden del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, de investigar a Nunca Máis por un presunto delito de estafa a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias.

Aunque la investigación fue archivada, la entidad ultraderechista, con la máquina de generar bulos bien engrasada, llegó a acusar a la plataforma gallega de destinar a fines políticos el dinero entregado por personas que pretendían colaborar de esta forma a reparar los daños causados por el vertido del buque Prestige.

Recordemos que antes de su nombramiento como Fiscal General en 1997, el juez Cardenal, quien junto al exsubsecretario de Justicia y exsecretario de Estado de Seguridad Ignacio Astarloa, hijo de un barítono de Mallabia y una soprano navarra, había protagonizado la tarea de ilegalizar Batasuna. Cardenal había sido profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Económicas de la Universidad del País Vasco, fiscal de la Audiencia Territorial de Bilbao y juez de menores de Bilbao. Allí nació precisamente el fundador del autodenominado Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernad.

Conexiones vascas

El asesor jurídico de Manos Limpias, Ramiro Grau, presentado en los mentideros como “el primer denunciante del caso Koldo“, un asunto que debe su nombre al exescolta vasco ascendido a edil socialista en Nafarroa y más tarde asesor del Gobierno español Koldo García, colabora habitualmente en “pseudomedios”, entre ellos, Alerta Digital. El citado “pesudomedio” promociona al expresidente de Falange Vasca, Santiago Fontenla, fundador de Minuto Digital y Alt News, director de Radio Cadena Española.

Fontenla está casado con la exsecretaria de Falange Vasca, Yolanda Couceiro, fichada por el PP tras liderar en Euskadi la Plataforma España y Libertad. De hecho, la Plataforma España y Libertad acompañó al PP y a Manos Limpias en distintas denuncias judiciales, como en el ”caso OPA sobre Endesa" en 2008 por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias imputados a altos cargos del Gobierno socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2018, el xenófobo Partido por la Libertad-Manos Limpias, liderado en Euskadi por Couceiro, trató de integrarse en VOX, formación política que ejerció la acusación en el juicio del 1-O catalán, dirigida por un exedil de Laudio, exjuntero alavés y exparlamentario vasco, Santiago Abascal. El de Amurrio fue miembro del PP, al igual que un correligionario suyo en VOX, el exfalangista Jorge Buxadé.

Asimismo, la constitución de VOX no podría entenderse sin María San Gil, expresidenta del PP vasco que hizo de celestina entre Abascal y el exfalangista Javier Ortega Smith, ni sin Vidal-Quadras, expresidente del PP catalán y cuyo hijo llegó a ser consejero de la productora de televisión vasca 3 Koma. 

Ante el cierre por orden judicial de medios que combatieron a la ultraderecha, hubo periodistas que aplaudieron y asociaciones de prensa que callaron. Ahora, ellos mismos son víctimas de las listas negras de VOX y del desprestigio de una profesión inundada por la desinformación, bulos y fake news difundidos desde los “preudomedios” de una ultraderecha apoyada por el lawfare.