Laboral
La larga lucha de los trabajadores del aeropuerto de la Base de Rota contra los despidos

Alrededor del 1953, dos mil hectáreas de terrenos agrícolas fueron expropiadas para construir la Base Naval Militar de Rota. Fue un tratado firmado por Franco y el Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la estructura militar en España, lo que dotó al país norteamericano de la apropiación de la zona norte de la bahía. Entre otras cosas, esta zona incluía terrenos pertenecientes a agricultores roteños o "mayetos", que es el término popular con el que se conocen localmente a los trabajadores del cultivo de la tierra en Rota cuando se realiza durante el mes de mayo.

El profesor de Historia Actual de la Universidad de Cádiz, Alejandro Román Antequera, en su estudio La Instalación militar estadounidense en España: La base aeronaval de Rota y el cambio del Ecosistema Humano de la zona norte de la Bahía de Cádiz, asegura que, durante la década de 1950, algunos mayetos empezaron a trabajar dentro de la Base, a lo que Román Antequera llama “el modelo en el que la Base conllevó la condena del mundo rural”; no solo por el aislamiento comunicativo que sufrió Rota, sino también por la realidad socioeconómica a la que se tuvo que enfrentar. Aunque al principio el nivel de vida subió porque aumentaron las rentas de la población, Rota empezó a depender de la Base económicamente, puesto que, como explica el autor del estudio, esta modernización de los patrones culturales y el régimen demográfico era un “espejismo para la localidad”.

Progresivamente, la Base Naval de Rota fue posibilitando nuevos puestos de trabajo que favorecían la incorporación de los roteños y roteñas. Estos empleos dependían de los acuerdos que tomaran el Gobierno de España y la Marina de Estados Unidos, favoreciendo que Rota se fuera convirtiendo en una zona concurrida de paso de buques antimisiles, aviones y demás material logístico durante y tras la Guerra Fría, propiedad de países pertenecientes a la OTAN.

El aeropuerto militar que incorpora la Base de Rota se encuentra bajo las órdenes de la empresa concesionaria Louis Berger Aircraft Services (LBAS)

Partiendo de esa base, el aeropuerto militar que incorpora la Base es uno de los epicentros de trabajo que incluyen a españoles en su plantilla a partir del convenio bilateral entre EEUU y España. El aeropuerto se encuentra bajo las órdenes de la empresa concesionaria Louis Berger Aircraft Services (LBAS). Esta se encarga de realizar operaciones de gestión de pasajeros militares y civiles, de trabajo en pista y de operaciones de estiba y desestiba de materiales.

Pero cuando surgen situaciones de conflicto, los trabajadores españoles se encuentran en una delicada situación a la hora de regirse legalmente. Aunque los convenios estén ahí, los acuerdos internacionales pesan políticamente, lo que se traduce en falta de respaldo para los trabajadores del aeropuerto de la Base.

La legislación española, contra las cuerdas

A gritos de “¡Readmisión ya!”, los trabajadores del Aeropuerto de la Base Naval de Rota se concentraron en la frontera que separa a España con el territorio perteneciente a la Marina estadounidense el pasado 3 de octubre. Justamente tres años después de que comenzaran los conflictos, los trabajadores siguen demandando el cumplimiento de unos derechos laborales que parecen no ser contemplados por los gobiernos de Estados Unidos ni España.

La Marina estadounidense en la Base de Rota, tiene a LBAS como empresa concesionaria en el aeropuerto, regulada bajo el convenio bilateral firmado por la Navy y el Gobierno de España, o por lo menos, así debería ser. El problema, según el comité de empresa de LBAS, es que la firma estadounidense ha dejado de seguir el convenio e incumple, por lo tanto, la legislación española. El inicio de este conflicto no es reciente, sino que se prolonga desde 2015 sin un final aún a la vista.

Seis años son los que lleva LBAS operando en el aeropuerto de la Base: hasta 2013 con el nombre de CAV Europa y a partir de este año, como LBAS, tras la compra de la firma anterior. La confrontación que llega hasta la actualidad tiene lugar a finales de 2015, dos años después de la compra de CAV Europa por Louis Berger. La empresa denunció el convenio colectivo y se creó una mesa de negociación en noviembre de 2015. Esta reunión fue un punto decisivo para las negociaciones laborales ya que determinó la dirección de un conflicto que solo acababa de empezar.

Los trabajadores fueron notificados de una sentencia en EEUU en la que el Departamento de Justicia del mismo país sostenía que la empresa Louis Berger llevaba a sus espaldas escándalos de corrupción como malas prácticas y sobornos en países como Indonesia, Kuwait, India o Vietnam

Meses más tarde, los trabajadores fueron notificados de una sentencia en EEUU en la que el Departamento de Justicia del mismo país sostenía que la empresa Louis Berger llevaba a sus espaldas escándalos de corrupción como malas prácticas y sobornos en países como Indonesia, Kuwait, India o Vietnam. Sin embargo, aunque la sentencia instaba a la Marina estadounidense al cese de la empresa, en agosto del mismo año el juez revocó la sentencia.

A partir de ese momento, en la siguiente mesa negociadora entre empresa y trabajadores, en lugar de llegar a una negociación del convenio colectivo, la empresa modificó y redujo los contratos sin previa negociación de algunos directivos de departamento con antigüedad. “Este es el primer rifirrafe. Louis Berger nunca ha venido a negociar nada. Ha venido a someter a la plantilla”. Así describe las dinámicas utilizadas por la empresa Edgard Schmidt, secretario del comité de empresa y antiguo trabajador de LBAS, despedido tras más de veinte años de experiencia en el sector.

Edgard cuenta que LBAS se basó en un estudio de la auditoría y consultoría Deloitte, en el que se mostraba una sobredimensión de la plantilla en 45 personas, lo que suponía pérdidas a la empresa. En una reunión en el Sercla, la empresa expuso como medida la reducción de 15 trabajadores en vez de 45, siempre y cuando la plantilla asumiera un recorte salarial. “Dentro de una negociación de convenio colectivo no se utilizan los despidos como arma para negociar nada”, protesta Edgard. Para los trabajadores, la base de la negociación es el convenio colectivo, sin excepciones. Esta reunión irresoluta desencadenó una atmósfera de conflicto y vulnerabilidad sociolaboral que los trabajadores llevan más de dos años resistiendo.

La coacción, moneda de cambio de las multinacionales

El despido de los quince trabajadores y el recorte salarial equivalente a treinta puestos de trabajo, fue la propuesta de la empresa en el último Sercla, frente a la del comité de empresa sobre los sueldos congelados, los costes de los asesores y la situación que estaban viviendo los trabajadores en general desde 2015. “Nos sentimos desamparados”, lamenta Edgard, quien advierte que "nosotros cumplimos con todo, pero a la empresa nadie le dice nada”.

El 31 de enero de 2017 se produjeron los primeros doce despidos y el 26 de septiembre de ese mismo año, la problemática acarreaba ya 30 despidos además de modificaciones salariales y reducción de derechos laborales. Las primeras manifestaciones y huelgas comenzaron entre marzo y abril de 2017, algunas de ellas causantes de sanciones.

La segunda huelga tuvo lugar entre julio y agosto de 2017, la tercera a finales de año y a principios del 2018, donde una de las actuaciones fue el encierro en el ayuntamiento de Rota durante veintitrés días, la cuarta fue entre abril y mayo de 2018, después otra desde junio a septiembre y la última fue convocada el pasado 3 de octubre como huelga indefinida. En total seis huelgas llevan los trabajadores hasta el momento y la última se estima que se prolongue hasta 2021 con expectativas de que el conflicto se resuelva lo antes posible.

En el perfil de Twitter 'Trabajadores Terminal Aéreo de Rota' aparecía publicado: “El sindicato CCOO afirma que el incumplimiento de las leyes laborales españolas provocan una persecución contra miembros del comité de empresa, instaurando un régimen de terror y coacción dentro de la Base”. Las medidas no oficiales, como la presión, la manipulación o las amenazas de despido avivan la conflictiva situación en la que se siguen viendo inmersos los trabajadores de la empresa Louis Berger Aircraft Services, y aquellos que lo eran.

“Doble moral”

Desde que comenzaron la lucha, la empresa LBAS ha despedido ya a 22 trabajadores del aeropuerto por causas productivas y organizativas y a ocho basándose en causas disciplinarias. Uno de estos despidos por motivos de seguridad resultó ser, según la sentencia, improcedente. Edgard recalca la “doble moral” de la empresa a la hora del despido a trabajadores por causas como conducir marcha atrás un vehículo sin guía, mientras que la misma daba instrucciones, según ha argumentado el comité, sobre la viabilidad de conducir vehículos sin la ITV. Entiende que un despido improcedente es consecuencia de que las causas acreditadas por la empresa para despedir son insuficientes.

Del mismo modo, estas medidas de seguridad del aeropuerto se ven vulneradas debido al contrato de americanos que carecen de conocimiento suficiente como para cubrir las responsabilidades laborales del aeropuerto. Esta es también una de las razones en las que se basa la disconformidad de los trabajadores españoles. CCOO destaca un reconocimiento que se le otorgó a la empresa Louis Berger como “excepcional” por sus servicios de ‘handling’ en el aeropuerto. El sindicato pone en duda este galardón basándose en el hecho de que las cualificaciones de los trabajadores no son las mismas que las de los anteriores (refiriéndose a los españoles), por lo que es contradictorio que se les premie desde la US Navy.

Jesús Rivera, trabajador del aeropuerto de Rota, entiende qué es trabajar en el sector ya que hace 20 años reconoce que su plantilla fue galardonada como el mejor servicio de manejo de carga de equipaje fuera de Estados Unidos; “Sabemos lo que es hacer bien el trabajo, y ahora no se está haciendo, ahora es salir del paso”.

Son muchas las situaciones de tensión a las que los trabajadores se han tenido que enfrentar. Lo que demandan es llegar a una negociación cuanto antes

Jesús recuerda una anécdota en la que su jefe de departamento fue trasladado a un puesto de trabajo de categoría inferior y fue sustituido por otra persona no especializada en aeropuertos. Son muchas las situaciones de tensión como esta a las que Jesús y sus compañeros se han tenido que enfrentar. Lo que demandan es llegar a una negociación cuanto antes. Según el comité de empresa, LBAS ha rechazado todos los intentos de negociación, mientras que, desde la oposición, la empresa acusa al comité de justamente lo mismo: “los representantes del comité fallaron a los trabajadores en su obligación de negociar la reestructuración que necesita LBAS y no ofrecieron una solución alternativa”, expuso LBAS en una nota de prensa en su página web. Jiry Maly, presidente de la empresa, declaró en una entrevista para La Voz de Cádiz que “las consecuencias de no llegar a un acuerdo pueden ser que afecten a la economía de Rota y Cádiz”, por lo que la situación entre ambas partes es difícil de erradicar.

Sobre su despido, Edgard dice que se le aplicó un convenio diferente al convenio colectivo. Una sentencia del pasado 21 de junio de 2018, respalda el despido de Edgard, sustentando que el convenio de aplicación es el convenio colectivo firmado por el Gobierno de España y por la Marina de EEUU. Un convenio que la empresa denunció y lleva incumpliendo desde hace cuatro años y no el que aplicó la misma para su despido.

Hacer huelga: un derecho vulnerado

Desde la comisión, los trabajadores reclaman al Gobierno de España que se manifieste de cara al Gobierno estadounidense. “Los tratados están para respetarlos. Lo único que tiene que hacer el Gobierno español es cuestionarse por qué no se está cumpliendo algo que se ha firmado. Así se arreglarían muchos problemas”, señala Jesús.

Uno de los problemas para Edgard que agudiza el conflicto es “la vulneración del derecho a huelga. Nos sustituyen militares americanos, eso es ilegal. Según la Constitución tú no puedes sustituir a huelguistas”. Ante esta situación, el comité de empresa creado por el colectivo de trabajadores, asegura que se vulnera el derecho a la huelga incumpliéndose el apartado 5 del artículo 6 del Real Decreto Ley 17/2977 sobre las relaciones de trabajo, en el que se afirma que “En tanto que dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa”, anulando así derechos básicos recogidos en la Constitución Española cuando se sustituyen a los huelguistas por otros trabajadores con condiciones laborales diferentes.

Cuando se plantea una huelga, los servicios mínimos existen para que no cese el desarrollo básico de la empresa a nivel de mantenimiento. Para Jesús, son aquellas máquinas que no se pueden parar y en el caso de los controladores aéreos del Aeropuerto de la Base de Rota es un servicio que debe someterse a control. Sin embargo, este se cuestiona si es necesario que se exija al 80% de la plantilla a mantenerse en sus puestos de trabajo sin poder ejercer su derecho a huelga. Edgard confiaba que, con el cambio de Gobierno del PSOE, se reformaran los servicios mínimos, pero son los mismos que los regidos por el PP: “Nosotros cumplimos con esos servicios mínimos, que son una barbaridad. Por ejemplo, esta mañana habrá tan solo tres o cuatro personas que puedan ejercer su derecho a huelga”. 

“Le hemos dicho al Gobierno de España que alguien tiene que hablar con los americanos; alguien tiene que decirles que lo que está haciendo la Marina americana y esta empresa americana es ilegal”

Edgard indica que lo que reclama el colectivo de trabajadores es implicación por parte de las instituciones: “Nosotros le hemos dicho al Gobierno de España que alguien tiene que hablar con los americanos; alguien tiene que decirles que lo que está haciendo la Marina americana y esta empresa americana es ilegal”.

Según Antonio Franco, portavoz de Izquierda Unida en Rota, la empresa LBAS ha eludido cualquier llamamiento a la negociación. Desde la formación se llevó a pleno una moción con el fin de hacer un llamamiento al comandante de las actividades navales de EEUU: “No somos una colonia, somos un estado independiente y debe contestar y recibir a los partidos políticos.”

La trayectoria fraudulenta de Louis Berger Aircraft Services

Además de las actividades comerciales indebidas realizadas por algunos de los directivos de LBAS entre 1998 y 2010 en Asia y Oriente Medio, la empresa estadounidense posee antecedentes por casos de corrupción en otros países.

A principios de 2018, el diario indio The Wire publicaba que Louis Berger fue uno de los consultores que trabajan en India junto con la Autoridad Nacional de Carreteras del país, la NAIH. El cuerpo de texto afirma que la empresa concesionaria LBAS “se enfrentó a una investigación por presunta evasión de impuestos de servicio y reembolso fraudulento”. Sin embargo, la investigación tuvo que ser pausada temporalmente y esta aún no está cerrada. Además esta misma empresa, también se ha visto involucrada en demás prácticas corruptas como las financiadas por el Banco Mundial en Vietnam y en sucesos como el derribo de un puente en marzo de 2017 en Miami, en el que Louis Berger fue la empresa contratada para la verificación del diseño del mismo.

El Comité de empresa reunido con el secretario general de Política de Defensa

Proponer un mediador en el conflicto también es una posibilidad que se baraja. El miércoles de esta misma semana en la Comisión de Defensa del Congreso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, respondió a Javier Cano, diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, después de exponer la necesidad de nombrar un mediador para solucionar la problemática. La ministra de defensa anunció que ayer, jueves 7 de febrero, se mantendría una reunión conformada por el comité de empresa de LBAS y el secretario general de Política de Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez Núñez. Además, la ministra aseguró que se informaría en días posteriores sobre lo acordado en el encuentro.

Tres años y medio son los que llevan los trabajadores de la empresa americana Louis Berger Aircraft Services conviviendo con condiciones sociolaborales ínfimas a la espera de que las instituciones alcen la voz y propicien una solución. “Aguantar es lo único que nos queda, no hay otra”, concluye Edgard.