Laboral
Montero bloquea el refuerzo de la plantilla de la Inspección de Trabajo

Hacienda bloquea desde hace 20 meses un acuerdo para reforzar la plantilla de la Inspección de Trabajo con al menos 300 trabajadores más. Las plantillas de técnicos de la inspección laboral llevaban desde 2015 esperando que los sucesivos gobiernos aplicasen una ley ordenadora del servicio que obligaba a crear una nueva relación de puestos de trabajo, y tras sucesivas reuniones con la dirección general dependiente del ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, desde julio de 2021 parecía que el cumplimiento de la legislación estaba más cerca. Esta mañana, organizaciones sindicales y profesionales con representación en el cuerpo presentarán una denuncia ante la oficina de la Comisión Europea en Madrid ante lo que consideran “incumplimientos de compromisos vinculados a la Inspección”.

“La última modificación en la relación de puestos de trabajo es de hace 22 años”, relata a El Salto José Juan Fernández, miembro de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y trabajador administrativo en el servicio. Desde entonces, las sucesivas reformas laborales, o sucesos como la pandemia, han multiplicado sus competencias y su carga de trabajo. Los cerca de 3.000 empleados de la inspección (entre inspección activa y personal técnico y administrativo) se han visto sobrepasados por la gestión, por ejemplo, de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) puestos en marcha para responder al shock económico producido por el Estado de alarma. “Hemos trabajado de 8 a 8, incluyendo fines de semana”, dice Fernández.

Hacienda bloquea desde hace 20 meses un acuerdo para reforzar la plantilla de la Inspección de trabajo con al menos 300 trabajadores más

La plataforma sindical de la plantilla lleva tiempo reclamando que la ratio española se acerque a la recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT): una persona actuante (es decir, descontando los puestos puramente administrativos y de gestión) por cada 5.000 puestos de trabajo. La actual proporción supera en el triple esa cantidad. Con el acuerdo alcanzado con Trabajo, la situación quedaría más cerca de una ratio 1/7.500, “con eso casi nos dábamos por contentos”, señala Fernández. Esta reivindicación, asegura la plataforma sindical, cuenta con lo dispuesto en la ley ordenadora de 2015, y con recursos asignados desde los Presupuestos Generales del Estado de 2020, pero el acuerdo sigue desde julio de 2021 en el cajón del ministerio de Hacienda. Ante preguntas de El Salto, Hacienda responde que “la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) está siendo negociada en estos momentos por todas las partes implicadas”.

El responsable de CIG asegura que no conocen los motivos aducidos por Hacienda para no reforzar ya la plantilla en los términos acordados con Trabajo. La última reunión con responsables del ministerio de María Jesús Montero fue en abril de 2022, fecha en la que, asegura Fernández, Hacienda se comprometió a sacar adelante la nueva relación de puestos de trabajo. “Va a hacer un año esperando para que Hacienda tenga a bien decirnos lo que quiere hacer con el organismo, si quiere que siga estancado sin medios o si quiere que para adelante”, se lamenta. Una situación que, en ausencia de explicaciones legales o económicas, atribuye a falta de voluntad política: “la inspección de trabajo en este caso se convirtió en un cromo más en el juego político”. De momento, toda la información que les llega a través del ministerio de Trabajo es que Hacienda les ha solicitado documentación y que la están estudiando.

Por su parte, en respuesta a El Salto, el ministerio de Yolanda Díaz asegura estar “comprometido con la mejora de las condiciones y recursos” de la Inspección de Trabajo“, si bien evitan contestar la pregunta de si el ministerio sigue respaldando el acuerdo de julio de 2021. Trabajo defiende que ”nunca ha habido tantos efectivos en el sistema de inspección como hasta ahora“, y destaca que en los últimos tres años ”el presupuesto del organismo ha pasado de 145,8 a 206,3 millones de euros", en un incremento del 41,5%.

La plataforma sindical no descarta llegar a la convocatoria de una huelga indefinida, y de otras acciones de protesta, si no hay avances en la situación. De momento, la carta ante la Comisión Europea pretende poner de manifiesto que este bloqueo pone en riesgo el cumplimiento, por parte del organismo, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su componente 11, que hace referencia a la modernización de la administración pública. Más en concreto,las organizaciones sindicales y profesionales presentes en la plataforma (CC OO, CIG, CSIF, Sindicato de Inspectores de trabajo y de Seguridad Social, Sindicato de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud, y Unión Progresista de Inspectores de Trabajo)consideran que todos los compromisos del plan estratégico de Trabajo sobre la materia para 2021 y 2023 quedan “en entredicho”.

Esta misma semana, Trabajo presentaba una campaña por la que el ministerio, a través de la Inspección, quiere controlar el posible abuso en la contratación temporal que se pueda estar dando a través de ETTs, con el envío de más de 4.600 cartas que afectan a unas 45.000 relaciones laborales. Trabajo ha detectado empresas que de forma sistemática recurren a la cobertura de puestos de trabajo a través de ETT. Es solo un ejemplo de la cantidad y el calibre de los expedientes manejados por la inspección.