Laboral
Atento acusa a dos delegadas sindicales de CGT de provocar varios escapes de gas

“Nos acusan de atentar contra la salud de todas y todos los trabajadores de la planta. Pero nosotras no hemos parado de defender sus derechos”. Caroline Doigou, delegada de CGT en Atento Madrid, ha sido suspendida de empleo y sueldo durante 30 días. Su compañera Yolanda Hernando ha sido despedida. A ambas las acusan de un supuesto escape de gas pimienta que sucedió en la planta de Getafe el pasado 13 de noviembre. Y, además, la multinacional relaciona estos hechos con dos escapes de gas que hubo en junio en sus oficinas.

Para encajar estas piezas, Caroline, que atiende a El Salto antes de acudir a un acto de conciliación con la empresa, empieza por el principio. Cuenta que todo comenzó en julio de 2018. El día 25 hubo un escape de gas en las oficinas. Algunas teleoperadoras tuvieron que ser atendidas y otras ingresadas. El día 31 se repitió la escena. “Vinieron los bomberos, el Samur y la Policía. Se hizo una investigación y no encontraron la causa”, explica Doigou. El pasado 13 de noviembre hubo otro escape. “Esta vez no vino nadie y no hubo ningún ingreso, solamente gente quejándose porque les picaban las mucosas. La empresa, de repente, decidió que esos tres acontecimientos eran responsabilidad de CGT”, resume Doigou.

Según los informes redactados por Atento para justificar ambas sanciones, Caroline habría comprado un bote de gas pimienta y Yolanda lo habría accionado el 13 de noviembre. “¿Por qué motivo vamos a atentar nosotras contra nuestros propios compañeros cuando día sí día también estamos defendiendo sus derechos y además estábamos nosotras también dentro?”, se defiende Doigou. “Han decidido castigarnos a nosotras dos. ¿A quién castigan? A las mujeres, siempre es así”, se queja.

Para Doigou la acusación de Atento no es más que una estrategia para que la sección de CGT, “muy peleona” en la empresa y que ha ganado las últimas elecciones, se vaya debilitando. “Éramos 11 y, entre bajas, despidos y abandonos, ahora somos siete”, asegura. “El centro está totalmente destartalado, hay goteras, hace frío en invierno, calor en verano… Nosotras hemos sido muy activas a nivel de denuncias ante la inspección de salud. De estas inspecciones hemos ganado un montón”.

Hoy Yolanda, quien fuera delegada de salud y seguridad, está muy afectada. Tiene dos hijas y no se ve en la calle. Caroline, por su parte, tendrá que sobrevivir un mes sin sueldo. “Cobro 12.300 euros al año. Con estos sueldos no puedes estar un mes sin cobrar. Tengo que hacer números y va a ser muy complicado”.

Sin demanda por lo penal

Ante unas acusaciones tan graves, desde CGT ironizan con la ausencia de demanda penal al respecto. “Si somos terroristas, esperamos como agua de mayo la demanda por lo penal”, expresa Rebeca Muñoz, delegada sindical por CGT en Atento Madrid. “Y nadie lo ha hecho, solo se basan en la testifical de mandos intermedios. Además, solo se desalojó una parte de la planta, no llamaron al Samur ni a los bomberos”, prosigue.

Muñoz indica que los documentos entregados por Atento, redactados en base a las declaraciones de coordinadores y supervisores, incluyen datos que no se corresponden con la realidad. Entre otras cosas, en uno de ellos se indica que en los escapes de gas sucedidos en julio los efectivos del cuerpo de bomberos y ambulancias que se personaron “indicaron que el origen de los olores que provocaron sendas evacuaciones” pudo ser la“inhalación de gas pimienta”. Sin embargo, el informe redactado por los bomberos el 31 de julio, al que ha tenido acceso El Salto, indica que no se detectó “ninguna anomalía” y remiten a los peritos competentes en la materia para que estos sean los “responsables de definir las características del siniestro”.

“Esta represión no es la primera ni la última. Hemos ganado un ERE y denunciamos todos los atropellos de la empresa contra los derechos de los trabajadores. Lo más rocambolesco es que tuvimos que reclamar a Inspección de trabajo un descanso para ir al baño, que fuera a parte de nuestro descanso laboral. No podíamos ni ir al baño fuera de nuestro descanso. Este es el cutrerío que hay en nuestra empresa”, sentencia Muñoz.

Hace un mes, tal y como publicaba El Salto, la misma sección sindical fue sancionada por repartir un boletín sobre violencia de género el 27N. En él denunciaban que la empresa de telemarketing no cuenta aún con un plan de Igualdad, pese a estar obligada por ley. Destacaban también que la compañía ha negado derechos a las compañeras víctimas de violencia de género. “A mí ya me han sancionado una vez, esta es la segunda. Nos sancionaron a todos los miembros del comité que estábamos en activo. Yolanda estaba de baja”, cuenta Caroline Doigou. “Obviamente la empresa, muy conforme con nosotros y nosotras, no está. Y el que lucha es el que paga”. 

Por su parte, Rebeca Muñoz avisa de que en esta ocasión se han coordinado con el resto de las secciones a nivel estatal. “Hemos hecho un plan de lucha. Vamos a hacer tres concentraciones al mes y vamos a seguir emitiendo comunicados. Queremos unir la represión sindical con las presiones que sufren los trabajadores y trabajadoras: presionados para vender, presionados para no coger una baja por que te despiden…”. También han comenzado una campaña en redes recopilando fotos de personas que sujetan pancartas con el lema ‘Yoli y Carol somos todxs”. Están dispuestas a hacer ruido y quieren que este caso transcienda a los muros de la planta de Getafe. “Somos un sindicato combativo y seguiremos”, asegura Muñoz.