Juicio del 1 de Octubre
Ángel Gonzalo afirma que no se usó gas pimienta el 1-O, sino un gas que “irritaba los ojos”

El jefe de la Policía Nacional en Catalunya, Sebastián Trapote, ha mantenido hoy, en la sesión decimotercera del juicio al Procés, lo que ya defendió hace dos días el coronel coordinador del operativo policial del 1 de octubre Diego Pérez de los Cobos: el plan inicial era dar apoyo a los mossos, pero pasarían actuar si estos no lo hacían, y que el plan de actuación presentado por el jefe de estos, el mayor Trapero, era “ineficaz e insuficiente”.

Trapote ha declarado como testigo ante la Sección Segunda del Tribunal Supremo después de que Pablo Raventós, administrador de la empresa de mensajería Unipost, se negara a declarar, advirtiendo de su condición de investigado en el procedimiento llevado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. El envío de material electoral a través de esta empresa es uno de los hechos por los que las acusaciones acusan de malversación de fondos a los doce acusados en el proceso que juzga el Supremo.

El jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Catalunya, que a día de hoy ya está jubilado, ha afirmado, a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, que los incidentes “más significativos” fueron los sucedidos el 20 de septiembre, citando la actuación policial en la sede de la CUP en Barcelona, cuando una sentada pacífica en la que participaron miles de personas evitó la entrada policial en esta sede, mientras las comitivas registraban las sedes gubernamentales.

Sobre la relación con Trapero, jefe de los Mossos d’Esquadra, Trapote afirma que el dispositivo que planteó para el 1 de octubre era “para unas elecciones normales, pero no para un dispositivo de la envergadura que va a requerir un referéndum declarado inconstitucional”.

Recuerda que “todos éramos conscientes de que ese día iba a ser muy complicado”, en referencia al día del referédum. La información sobre las acciones llevadas a cabo el 1 de octubre explica que las obtuvo de “fuentes abiertas, redes sociales y medios de comunicación”. “Había un llamamiento de los miembros del Govern y de asociaciones independentistas para que el día del referéndum acudiera el personal de manera masiva a los colegios para bloquear la entrada e impedir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y garantizar que se llevara cabo”, afirma.

“En este caso, había que tener una especial sensibilidad”, continúa. “Había que garantizar la seguridad colectiva y por otro lado dar cumplimiento a un mandato judicial”, lo que calificaba de “misión complicada”.

El jefe de la Policía Nacional señala lo ocurrido en un centro electoral en Horta, en Barcelona, donde afirma que intentaron entrar para intervenir el material y tuvieron “que desistir porque la virulencia era tal que lo tuvimos que dejar. Si no, las consecuencias hubieran sido graves tanto para los policías como para los ciudadanos que estaban allí concentrados”.

“A veces era más complicado salir que entrar en los colegios. Los ciudadanos que estaban fuera estaban mucho más cabreados, enrabietados y las reacciones eran más violentas y las unidades se tenían que emplear de una manera más fuerte que a la entrada, no podíamos consentir que nos rodearan y nos bloquearan y no nos dejaran salir. Una serie de individuos cuya agresividad era de una alta virulencia. Esto estaba todo perfectamente organizado. No eran cualquiera, estaban perfectamente organizados, llamados por las redes, hacían cadenas humanas, nos bloqueaban, nos agredían…”, afirma.

Tras el interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal continúa la abogada del Estado Rosa María Seoane, a la que concreta que el número de agentes de la Policía Nacional heridos en la jornada de referéndum fue 65. “De éstos, 24 en Barcelona, 20 en Lleida, siete en Girona, siete en Tarragona, seis en Sabadell y uno en L'Hospitalet”, concreta. Más tarde, a preguntas de las defensas, admite que ninguno de estos agentes tuvo que ser hospitalizado.

El abogado de Joaquim Forn toma el testigo y le pregunta sobre el público de los centros electorales. “Había ancianos y algunos niños, pero principalmente había individuos con comportamientos violentos contra los cuerpos de seguridad. Estaban perfectamente organizados”, afirma Trapote. A preguntas del abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, sobre los policías heridos, admite que “casi todos, fueron como consecuencia de practicar las entradas y registros. Si hay algún caso de que se ha pegado con la furgoneta o se ha caído, como están las actas perfectamente redactadas y los partes facultativos, ahí consta cómo se ha producido la lesión”, afirma, tras evitar contestar a si estas lesiones se debieron a ataques por parte de los ciudadanos.

“Intentamos garantizar la seguridad colectiva, pero llega un momento en que no se puede. Ante las agresiones que estamos manteniendo, hay que emplear la mínima fuerza imprescindible”, explica a preguntas de Andreu Van den Eynde. El letrado pregunta si hubo “mediación” con los ciudadanos, y el excomisario responde. “¿Cómo vamos a mediar, si la resistencia era brutal? No había nadie allí que quisiera mediar”.

Trapote afirma el acoso a policías en los hoteles, y también que “algún representante del Partido Popular fletó un autobús con personas afines para dar apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad", confirmando lo dicho ayer por el propietario del hotel Travé, en Figueres, que refirió que hubo dos concentraciones, una de estudiantes y otra de partidarios de la actuación policial ante el referéndum.

El exjefe policial también ha admitido que hay “unos 50” procedimientos judiciales abiertos por brutalidad policial en esta jornada, pero que otros 17 ya se han archivado y en otros cuatro ha habido sentencia absolutoria.

Sobre el uso de pelotas de goma, armamento policial prohibido en Catalunya en 2013, Trapote afirma que “el uso de material antidisturbios lo elige el jefe de grupo. Si es menester usarlo porque la situación lo requiere, lo utiliza. si puede dejar de usarlo, se hace”.

Alex Solà, abogado de Jordi Cuixart, pregunta al exjefe de policía sobre si las acciones de resistencia pasiva estaban contempladas de alguna manera en sus instrucciones, a lo que el juez Marchena interrumpe tachando que “opinión” el considerar si lo que hicieron los ciudadanos en los centros electorales fue resistencia pasiva.

Continúa preguntando sobre un informe policial en el que se hacía referencia a la “obstinada resistencia pasiva de los ciudadanos”. “No lo recuerdo, la información que me transmiten fue que hubo que dejar de intervenir porque las circunstancias lo aconsejaban y podrían producirse enfrentamientos graves entre la policía y las personas allí concentradas”. También por determinadas imágenes tomadas por la policía de las actuaciones en centros de votación en Tarragona, Lleida y Gerona, que no se habrían facilitado para el sumario de la causa, a lo que Trapote afirma que están a disposición judicial.

El abogado pasa ahora a preguntar por lo ocurrido en la sede de la CUP el 20 de septiembre. “Se estableció el dispositivo ante el hecho de que en esta sede se pudiera acumular una gran cantidad de material, como publicidad o banderolas”, explica Trapote. Continúa explicando que, al observar la salida de personas “portando bultos y papelería que introducen en un vehículo, dejamos que el vehículo se aleje del lugar y procedemos a su interceptación, y en este hay una cantidad importante de publicidad y propaganda sobre el referéndum”. Tras esto, pidió una orden de entrada y registro a la sede de la CUP, pero la juez rechazó facilitársela y marcharon del lugar a las 20h.

El exjefe de la policía termina sus respuestas a la sala volviendo sobre las agresiones sufridas por los agentes de policía el 1 de octubre: “Se entrelazaban para que tuviéramos que saltar por encima, nos golpeaban a los policías... todo tipo de agresiones, no hubo ayuda ninguna”, afirma equiparando la resistencia pasiva e incluso la falta de colaboración con las agresiones a los policías. “Las lesiones que sufren los policías son como consecuencia de entrar allí”, concluye.

El siguiente en comparecer es Ángel Gonzalo, jefe de la Guardia Civil en Catalunya durante el 1 de octubre, que, a preguntas de la fiscal dice, al igual que Trapote, que la actuación planeada por los Mossos d’Esquadra era para “una celebración convencional de elecciones”, no para un “referéndum ilícito” que había que impedir.  Gonzalo hace también referencia a talleres impartidos en los centros de votación para “defender” el referéndum, tachándolo de lenguaje “bélico”. “Eso de defender es, si se me permite, un lenguaje prebélico, ¿defender de qué?”.

Gonzalo hace también referencia, a preguntas del fiscal Fidel Cadena, a talleres impartidos en los centros de votación para “defender” el referéndum, tachándolo de lenguaje “bélico”. “Eso de defender es, si se me permite, un lenguaje prebélico, ¿defender de qué?”.

“¿Observaron murallas o muros humanos?”, pregunta el fiscal Fidel Cadena. Gonzalo responde que había un “número considerable de personas” frente los colegios. “Estaban sentados o bien obstruyendo el acceso único. Pero luego esa resistencia mutaba en un grado mayor con empujones, insultos, lanzamiento de objetos, etcétera”, continúa. El jefe de la Guardia Civil descarta que la resistencia estuviera organizada mediante una estructura: “Tampoco hace falta un máster”.

El teniente general afirma que la Guardia Civil realizó 71 intervenciones el 1 de octubre, de las que 20 tuvieron “un nivel de incidencia algo menor” y en el resto hubo más “contundencia” por parte de los ciudadanos. Se vieron “obligados a dar una respuesta más determinada”.

Afirma que hubo 55 guardias con contusiones y lesiones, cinco de los cuales necesitaron atención médica. También que un guardia civil cayó al suelo y recibió varias patadas y se detuvo a dos personas. Narra sobre “muestras de desafecto a la Guardia Civil”, como concentraciones en las casas cuarteles y presiones a las esposas e hijos de los agentes.

Hubo “maniobras de oposición activa” ante la actuación policial, ha insistido Gonzálo sobre la actitud ciudadana ante la actuación policial el 1 de octubre, a preguntas del abogado Xavier Melero, en los primeros minutos de la sesión de la tarde. 

El abogado Jordi Pina le pregunta sobre los coches de la Guardia Civil que habrían sido, según la acusación, objeto de ataques el 20 de septiembre. “¿Se ha abierto expediente de asuntos internos sobre las armas que se dice que había dentro?”, pregunta el abogado. “Efectivamente había armas largas con munición de proyectiles de goma. Esas armas estaban en principio custodiadas en el equipo que llevaba a la comitiva. Estuvo al frente de la custodia de esos vehículos hasta que humanamente fue posible, y cuando no fue posible el jefe del equipo ordenó que pasara a estar observantes de los vehículos”. El abogado pregunta por qué no se pusieron los cordones que se suelen usar para marcar un perímetro de seguridad alrededor de estos coches. El exgeneral afirma que no hay un protocolo sobre esto.

Sobre posibles casos de desproporcionalidad por parte de la Guardia Civil, o episodios de agresiones a manifestantes, afirma que “nuestros guardias civiles se encontraron ante una situación muy difícil de gestionar, con un número de gente muy elevado y alto grado de excitación, y efectivamente nuestro objetivo era que tendiera a cero la alteración de esa convivencia y hacer un uso racional del ejercicio legal de la fuerza”.

—¿Le consta que se usó gas pimienta en algunos colegios?
—El gas pimienta no figura en el kit de la Guardia Civil así que niego la mayor, ningún guardia civil ha usado gas pimienta
Pina hace referencia a las imágenes de Aiguaviva, en las que se ve a agentes rociar a manifestantes con un líquido.
—Esto no es gas pimienta. Esas unidades de orden público tienen un espray de defensa personal. No es gas pimienta.
—¿Es un inmovilizador?
—Sí, a distancias cortas puede repercutir hasta al agente que lo usa.
Gonzalo concluye afirmando que no le consta que ningún ciudadano haya denunciado que se le rociara con ningún tipo de gas.

No me consta que ningún ciudadano haya denunciado que se le rociara con ningún gas, a pesar de que estos hechos fueron recogidos por decenas de medios de comunicación.

—¿Qué era ese gas? —pregunta el siguiente abogado, Alex Solà.
Gonzalo responde que no conoce la composición, pero que sirve para “incomodar al ciudadano” provocándole “irritación en los ojos” y “para así poder apartarle y favorecer el movimiento de entrada y salida que se pretende”.