Italia
Decreto Salvini: profundizar la condición de apartheid en Italia

El 24 de septiembre de 2018, el Gobierno italiano aprobó un decreto ley llamado decreto Salvini, que introduce nuevas normas sobre el derecho de asilo y los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y nuevas normas sobre la así llamada seguridad.

El decreto ley tiene carácter de urgencia y, por tanto, se convierte en ley vigente en pocos días, antes de ser debatido en el Parlamento. Los contenidos más relevantes sobre la seguridad se refieren a la  represión de la ocupación de viviendas, previendo hasta cuatro años de cárcel para quien ocupa; a la ampliación de la lista de delitos que permiten la denegación o la revocación del asilo, incluyendo la resistencia a la policía; al incremento de la relevancia penal para los bloqueos del tráfico de vehículos.

Desde el punto de vista de las migraciones, el decreto introduce el aumento del número de meses de  detención en los Centros de deportación —de los actuales tres a seis meses), la drástica reducción de la posibilidad de recurso en caso de denegación de la solicitud de protección, la cancelación de la  protección humanitaria —substituida por papeles para casos especiales—, la limitación de la recepción  en el sistema de segunda acogida, la exclusión de la posibilidad de inscribirse en el padrón municipal para las personas solicitantes de asilo —a quienes se le reconoce un documento especial— y el incremento de los recursos económicos para aumentar las expulsiones.

Mas allá del Gobierno Gentiloni-Minniti

Una parte de las nuevas medidas ya había sido parcialmente anticipada por el Gobierno precedente,  pero ahora se produce una aceleración, sustentada sobre todo por cinco medidas: la que niega la  inscripción en el padrón municipal a los solicitantes de asilo, la que borra la posibilidad de la  protección humanitaria, la que reduce las posibilidades de recurso y excluye del procedimiento de  solicitud a las personas condenadas por un tribunal en primer grado de juicio, la que contrae el  sistema de acogida —favoreciendo, de hecho, a los grandes centros de acogida— y las que endurecen  el carácter penal de las ocupaciones de vivienda y de la resistencia a la policía.

La primera medida tiene efectos negativos importantes sobre la vida cotidiana de las personas solicitantes de asilo, puesto que en Italia la inscripción en el padrón municipal está conectada al ejercicio de algunos derechos fundamentales, como, por ejemplo, el acceso al servicio sanitario público.

La segunda medida, que deroga el permiso por razones humanitarias, tiene el efecto de incrementar  ampliamente el número de personas sin papeles. En el 2017, en Italia, sobre cien solicitudes de asilo  58 se han rechazado, ocho se han reconocido como protección internacional, ocho como protección  subsidiaria y 25 como protección humanitaria. Es decir, una de cada cuatro personas solicitantes ha  obtenido la protección humanitaria. Si esta posibilidad se limita, subordinándola a condiciones  particularmente especiales, se produce el efecto de incrementar el número de personas con  solicitudes rechazadas y, entonces, sin papeles.

La tercera, que limita las posibilidades de apelación para los solicitantes de asilo, introduce un  régimen jurídico especial para una parte de la población debido a su estatus administrativo.  La cuarta medida transforma el sistema de acogida de segundo nivel que, de sistema de protección para solicitantes de asilo y refugiados, se convierte en sistema de protección para beneficiarios de protección internacional y menores extranjeros sin familia, excluyendo a través de la ley, y no solo  de hecho como ahora, a las personas solicitantes de asilo que no tienen alternativa a los centros de  acogida extraordinaria o a la búsqueda de soluciones autónomas, como vivir en la calle o intentar  llegar a otro país europeo, escapando a los vínculos del Reglamento de Dublín.

Las últimas medidas, ambas usualmente conectadas con el ejercicio del conflicto social, tienen el  efecto de reducir el protagonismo político de las personas solicitantes de asilo, y más en general de los y las migrantes, porque subordina la obtención de los papeles al respeto de una legislación que es bastante usual violar en momentos de conflicto y reivindicación social, como pone en evidencia la larga tradición de todos los movimientos sociales”. 

Hacia un régimen de apartheid social y político

El conjunto de estas medidas tiene el efecto general de profundizar la condición de apartheid y  racismo institucional a costa de la población solicitante de asilo o con protección humanitaria,  aumentando su posición de vulnerabilidad administrativa y marginalidad social y política.

El decreto Salvini confirma la tendencia hacia la construcción de específicos enemigos públicos que  incluyen a las personas migrantes —especialmente si son solicitantes de asilo y, sobre todo, de África y de piel negra—, a los que se autoorganizan para defender su derecho a la vivienda y a los y las activistas que participan en estos procesos de liberación. El ataque a los migrantes tiene el objetivo claro de producir que una parte de la población sea más débil en sus derechos y condiciones materiales de vida, una población que se puede utilizar en los circuitos de la represión, en el caso de conductas de relevancia penal, o de la propaganda, continuando con la construcción de los migrantes como un peligro que necesita de más medidas policiales de seguridad y control, reproduciendo una lógica infinita de falta de seguridad, control y represión.

Lo que hace el ministro del Interior es empeorar la vida de las personas solicitantes de asilo y con  protección humanitaria y, paralelamente, incrementar el número de personas sin papeles. No es un hecho aislado concreto, sino que es el objetivo de una estrategia política muy evidente. La producción de población débil, pobre y con estatus jurídicos diferenciados es necesaria para una parte de la economía nacional y, también, para una parte del mundo político, que puede seguir alimentando su propaganda y, por tanto, obtener más consenso por parte de una sociedad cada vez más racista y dispuesta a seguir a quien propone ser fuertes contra los débiles porque no está interesada en organizarse en luchas colectivas para defender sus derechos y necesidades.

Construir movimientos mestizos

En conclusión, lo que se produce es un proceso de fortalecimiento del apartheid institucional en  Italia, profundizando el proceso de producción de población migrante débil, debido al riesgo de su  conversión, a niveles masivos, en población sin papeles. Es un cuadro peligroso de cuestionar y por eso son necesarias las propuestas y las movilizaciones políticas, que pongan en el centro de las  necesidades a la población que está pagando la crisis, más allá de las pertenencias nacionales,  construyendo movimientos mestizos que rompan con las políticas actuales fundadas en la represión  y el racismo institucional.