A pesar de ser un restaurante con una discoteca, a su inauguración acudieron representantes institucionales de la política gallega y nombres habituales en el entramado hostelero de las Rías Baixas. La prensa regional llevaba meses publicando reportajes en teoría no pagados, infografías con alzamientos 3D renderizados con paletas de colores cálidas y titulares sobre “grandes inversiones” y “generación de empleo”. Habían creado expectación, pero desde luego no por su originalidad. El que otrora fuera un pazo del siglo XVII del Marquesado de Valladares, en pleno casco histórico de la ciudad de Vigo, se había convertido en el enésimo local de hostelería y restauración: el Palacio de la Oliva. Un barrio cada vez más hostil para la población local y lugar simbólico de la gentrificación del sur de Galicia había entrado en el punto de mira de la multinacional pesquera Interatlantic y del cocinero galardonado con una estrella Michelín, Pepe Solla. A punto de cumplir un año de actividad, el Ayuntamiento de Vigo ha ordenado cesar su actividad “por no ajustarse a la autorización que tenía concedida, de uso sociocultural y recreativo”. Es decir, durante 11 meses, una discoteca en una de las zonas más concurridas por el ocio nocturno en Galicia operó sin la licencia necesaria que debía haber expedido el Ayuntamiento.

La información la adelantó el diario Faro de Vigo el pasado domingo y esta redacción ha podido corroborarla a pesar de los intentos del Ayuntamiento de entorpecer el derecho a su acceso, una dinámica habitual y contraria al derecho a la información que ha denunciado en varias ocasiones el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. A pesar de todo y con la tragedia acontecida en una discoteca en la Región de Murcia todavía fresca en el imaginario social, la Administración local ha ordenado su cese inmediato. Fuentes de la unión temporal de empresas formada por la multinacional pesquera y la sociedad de Solla, mostrándose incrédulas ante algo que no esperaban, han preferido no contestar a ninguna de las preguntas de este diario, al igual que el Ayuntamiento.

Esa misma sala que ha sido clausurada, acogió una ornamentada inauguración a la que acudieron representantes del Ayuntamiento, Zona Franca y la patronal de mayoristas de pesca

La situación ha generado una alarma en los despachos de las instituciones locales. Las contradicciones son manifiestas. Esa misma sala que, por ahora, ha sido clausurada, acogió una ornamentada inauguración a la que acudieron el entonces delegado de Zona Franca y hoy diputado del PSOE en el Congreso, David Regades, el presidente de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar, la patronal del comercio pesquero), Eloy García y, micrófono en mano, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero: “El primer error que se cometió hace algunos años fue abandonar el Casco Vello, la arquitectura lanzaba llamadas de auxilio. Y hoy, Luis Cabaleiro, estamos delante de una recuperación histórica en Vigo que se hizo en excelencia”, decía entonces. Cabaleiro es el presidente de la multinacional Interatlantic.

Un tesoro patrimonial en un barrio gentrificado

El pazo perteneció históricamente al marquesado de Valladares, probablemente la familia aristócrata más vinculada a la ciudad de Vigo desde finales del siglo XVIII. De hecho, fue el rey Carlos II, el último monarca de la dinastía de los Austrias españoles, quien designó a Luis Sarmiento de Valladares como el primer marqués, dando inicio a un marquesado con sede en la ciudad más grande de Galicia. Pero el pazo acabaría en manos de La Caixa, tras el declive a un estado de máxima ruina al abrigo de los años más duros de la crisis financiera comenzada en 2008.

En una de las ciudades gallegas más asfixiadas por el turismo junto a Santiago de Compostela y A Coruña, este tipo de “recuperaciones históricas” no hacen otra cosa que encarecer alquileres e ir dispersando servicios básicos como supermercados, farmacias, fruterías o colegios. De hecho, en un repaso histórico al barrio viejo de la ciudad, el encarecimiento de los alquileres, al igual que en el resto del Estado, ha sido una herramienta eficaz de administraciones, promotoras y fondos de inversión para expulsar a las familias locales con pocos recursos que viven, además, una situación inflacionaria sin precedentes.

“Nosotros hemos venido observando con mucha preocupación, ascendiendo la problemática exponencialmente cada verano, la proliferación de pisos turísticos en la ciudad. Creemos que habría que inspeccionar esas licencias [turísticas] y asegurar un número razonable de estas opciones para que no se produzca un turismo que pueda llegar a dañar el barrio”, explicaba a este diario hace unos meses Carla Leiras, asesora jurídica y parte del núcleo duro de Os Ninguéns, uno de los colectivos sociales de referencia en Galicia en materia de vivienda y de exclusión social de personas empobrecidas.

Reacciones desde la política

Una de las pocas figuras políticas que ha reaccionado a la revelación de esta información ha sido Xabier P. Igrexas, concejal del BNG en la ciudad y portavoz de su grupo: “Resulta chocante que cuando está a punto de cumplirse un año de la apertura del llamado Palacio de la Oliva, se conozca ahora que parece que no contaba con todas las licencias, y que esto trascienda después de numerosas quejas vecinales por los ruidos”. Desde el BNG, confirma, acaban de solicitar formalmente que se les dé acceso a los expedientes municipales referidos tanto a las licencias como también a si existen o no actuaciones por las infracciones urbanísticas o si se hicieron mediciones de ruidos.

En ese mismo sentido, en el Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo que se va a celebrar este martes, 14 de noviembre, interpelarán al Gobierno municipal sobre esta situación. “Lo que es claro para el BNG es que ningún establecimiento, por más VIP que sea, puede estar por encimma de las normas urbanísticas y de las ordenanzas municipales, ni del derecho del vecindario del Casco Vello a su descanso”, remata Igrexas.