Las trabajadoras gallegas son el colectivo con una de las mayores brechas salariales de todo el Estado español, situada en el 18,7%. Según un reciente estudio de la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sueldo medio anual de las mujeres es de 20.840 euros, mientras que el de los hombres asciende a 25.527 euros, lo que supone una diferencia retributiva de 4.687 euros anuales.

En Galicia, las mujeres constituyen el 49% de la población activa, pero continúan sufriendo discriminación en términos de salario, promoción y acceso a puestos de liderazgo. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), las mujeres gallegas ocupan el segundo puesto de menor retribución por hora de todo el Estado español. Desde los sindicatos denuncian la supresión de la Secretaría Xeral de Igualdade del organigrama del gobierno de la Xunta y reivindican la necesidad urgente de implementar políticas públicas efectivas para paliar la desigualdad de género en el ámbito laboral.

El informe presentado por la CIG revela el aumento de la brecha de género en lo que respecta a las modalidades de contratación, ya que el 60% de los contratos fijos-discontinuos están suscritos por mujeres. En el caso de los contratos indefinidos a jornada completa, solo el 45,6% de las mujeres tienen este tipo de contrato; frente a los 71% de los hombres. “La reforma laboral del 2021 ha incrementado la parcialidad y la temporalidad; y este tipo de contratos precarios afecta en mayor medida a las mujeres” explica Nicolasa Castro, responsable de la Secretaría das Mulleres de la CIG.

Trabajadoras invisibilizadas

“Cuando me presenté al cargo de vicepatrona tuve que aguantar amenazas e insultos constantes” relata Rita, mariscadora a pie en la Cofradía de Carril. “Muchas mujeres no se presentan por miedo a las represalias y al acoso psicológico”. Las mariscadoras denuncian un machismo estructural en el sector pesquero, así como la infrarrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. 

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Javier H. Rodríguez

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La Xunta autoriza el vaciado de 890.000 metros cúbicos de aguas con metales pesados en un río para reactivar la mina de volframio de San Finx.

El colectivo femenino supone un 42,3% de la población pesquera en Galicia, en el sector del marisqueo a pie, más del 74%. A pesar de esto, según un estudio realizado por la Diputación de A Coruña junto con la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca), todos los patrones mayores de las cofradías de pescadores son hombres. Asimismo, en las Juntas Generales de las cofradías las mujeres suponen el 19,24% sobre el total de representantes.

Las mujeres gallegas han formado una parte fundamental del sector primario, pero su labor ha sido invisibilizada. La asunción de una mayor carga de cuidados, la infravaloración de las propias capacidades para acceder a los puestos de representación y los retos asociados a las condiciones sociolaborales siguen perpetuando la desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

“Las mariscadoras a pie tenemos un sueldo anual de unos 7.000 euros brutos, llevamos años sin poder ganar el sueldo mínimo vital”, afirma María Porto, presidenta de la agrupación de Mariscadoras de Carril. La contaminación y los efectos del cambio climático tienen un brutal impacto en la producción de marisco en las rías gallegas, pero según explica María, la Consellería do Mar no autoriza la compatibilización del marisqueo con otra actividad que genere más ingresos. “Aún sin llegar al sueldo mínimo vital y a pesar de la situación extraordinaria que se está viviendo, nos arriesgamos a perder la licencia de marisqueo”. 

El Sindicato Labrego Galego (SLG) lleva años trabajando por la incorporación de las mujeres a los derechos económicos del sector agrario. “Hay muchas mujeres que no están dadas de alta como autónomas ni constan como titulares de los proyectos agrarios que hay en la unidad familiar”, afirma María Ferreiro, ganadera y responsable de la Secretaría das Mulleres del SLG. “En el sector agrario el espacio productivo y el espacio reproductivo es el mismo, porque la mayoría de las actividades labradoras está al lado de la casa familiar. Estás dándole de comer a las vacas; pero llegan las doce de la mañana y vas a prender el fuego para preparar la comida”.

Durante la elaboración de la Ley sobre Titularidad Compartida —que busca el reconocimiento jurídico, social y económico de la actividad agraria femenina— se estimó una cifra de unas 55.000 mujeres susceptibles de pasar a figurar como titulares de una explotación. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solo hay 1.358 inscripciones de titularidad compartida en toda España; en Galicia, 44. 

Desde el sindicato también denuncian los elementos discriminadores de las mujeres en la reforma de la Política Agraria Común (PAC). “La PAC es la gran ayuda del sector, pero las granjas cobramos en función de las hectáreas de terreno de las que disponemos”, explica María. “Si miramos la distribución de fondos, quien percibe la mayoría de las ayudas son los hombres, ya que las granjas de titularidad femenina son mucho más pequeñas”, recalca. 

El documento de la Estrategia para la Igualdad de las Mujeres Rurales del ministerio reconoce que en todas las comunidades autónomas la superficie media de las explotaciones de titularidad masculina es superior a la de las explotaciones de titularidad femenina. Según un estudio de la Fundación Mundubat y la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES), el importe medio de la ayuda de la PAC en Galicia es de 9.736,53 euros en el caso de los hombres; y de 4.106,07 euros en el caso de las mujeres.

Incumplimiento de la Ley de Igualdad

“Hace un año que se constituyó la mesa de negociación del Plan de Igualdad para los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública, y no se ha hecho absolutamente nada” afirma Nicolasa Castro. “La administración es la primera en incumplir la legislación en materia de igualdad”. A pesar de que existe un Plan Igualdad de la Xunta de Galicia, este excluye a la enseñanza pública, del que dependen unas 30.000 personas. Este medio contactó con la Consellería de Educación para obtener información sobre el estado del Plan de Igualdad en la enseñanza pública, pero no recibió respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo.

CNT Galicia ha llevado al Tribunal Supremo un conflicto colectivo en el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, organismo de la Xunta que gestiona centros de día, servicios de cuidado a personas mayores y centros de la Galiña Azul. Desde su creación en el 2006, todo el personal fue contratado como temporal. “El 98% del personal del consorcio en todas las categorías son mujeres; alrededor de unas 1.500”, explica Rita Giráldez, abogada del sindicato. “Estamos hablando de un ente público que trabaja con su personal en fraude de ley por abuso de temporalidad en la contratación”. 

Según un reciente estudio de la Federación de Mulleres Rurais de Galicia (FADEMUR Galicia), las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar apenas perciben el Salario Mínimo Interprofesional, con una media de 8,23 euros por hora. El gasto público en Galicia, pese al envejecimiento poblacional, es el sexto más bajo del estado Español. Además, la espera para acceder a la dependencia supera el año de tramitación.

Los últimos datos del Instituto de las Mujeres revelan que el 92,94% de las personas que tienen una jornada parcial por el cuidado de hijos o adultos dependientes son mujeres. Los sindicatos alertan de las graves consecuencias del desmantelamiento de los servicios públicos en relación a la precariedad laboral y a la inseguridad económica. “Los cuidados se están convirtiendo en un gran problema social en Galicia”, explica Nicolasa Castro. “La carencia de servicios públicos afecta a todas las mujeres trabajadoras porque no cuentan con el apoyo suficiente para ser suplidas en las tareas de cuidado” , remata.