Fronteras
España retoma los vuelos de deportación hacia Mauritania

El Ministerio de Interior está retomando en plenitud el funcionamiento de los diferentes dispositivos de criminalización, detención y expulsión de personas migrantes en situación irregular. A la puesta en actividad de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), se suma ahora la confirmación de un vuelo de deportación con destino Mauritania, y una nueva instrucción policial para la incoación de procedimientos sancionadores.

Pese a estar en medio de una segunda ola de la pandemia y en un momento en que se debate la posibilidad de volver a un confinamiento domiciliario, el próximo 10 de noviembre habrá un nuevo vuelo de deportación con salida desde Madrid, parada en Canarias y destino final el aeropuerto de Nuadibú, en Mauritania.

Mauritania se ha convertido en el último año, junto a Marruecos, en el principal valedor de la política de externalización de fronteras española

Que el país elegido sea este no es casual: existe entre ambos Estados un acuerdo de readmisión firmado en 2003, por el cual Mauritania acepta recibir a migrantes de terceros países expulsados desde España, siempre y cuando quede acreditado que en su tránsito hacia España han pasado por su territorio.

La redacción del mismo tiene un nivel de indefinición tal que alcanza para la aceptación la mera presunción de que la persona expulsada ha pasado por aquel país. De esta forma, Mauritania  —junto a Marruecos —se ha convertido en el último año en el principal valedor de la política de externalización de fronteras española, dando una solución a las dificultades que tiene España de expulsar a ciudadanos de otros países del África subsahariana.

Tampoco parece casual la coincidencia en la reactivación de los vuelos con la llegada a Canarias de siete agentes de Frontex que apoyarán las tareas de identificación que realiza la policía. Un rápido triaje facilitaría la deportación el día 10 y evitaría a Interior tener que hacer traslados a la península desde las islas.

Las políticas de disuasión de la Unión Europea y el Estado español, y toda la industria del control fronterizo con fuerte presencia en el Mar de Alborán en los últimos años, no ha hecho más que desplazar la llegada de cayucos hacia la denominada “ruta Canaria”, que se ha reactivado hasta convertirse en la más importante de las utilizadas para llegar a España a través del Mediterráneo.

Según el informe presentado el 30 de junio de este año por el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en 2019 seis de los diecinueve vuelos de repatriación organizados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) en conjunto con la Agencia Europea de Control de Fronteras (FRONTEX), tuvieron como destino final Nuadibú.

En 2019, seis de los 19 vuelos de repatriación organizados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) en conjunto con la FRONTEX tuvieron como destino final Nuadibú

La particularidad en todos ellos, es que la mayoría de las personas expulsadas no eran de allí, sino de otros países subsaharianos, como Senegal, Costa de Marfil, Mali, Gambia, Guinea Bossau o Guinea.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo advierte en su informe que “en ninguna de las resoluciones de devolución que sustentaban estas repatriaciones se indicaba que el lugar de procedencia de las pateras en las que arribaron las personas repatriadas fuera Mauritania o que hubiesen transitado por este país. Tampoco se hacía referencia al citado acuerdo”.

En los primeros meses de 2020 al menos cuatro vuelos tuvieron como destino aquel país. El último intento se produjo el lunes 23 de marzo, cuando el Ministerio de Interior pretendió expulsar a 15 internos del CIE de Aluche, en Madrid. Las protestas de la policía por tener que ejecutar una operación en plena pandemia y sin el material sanitario de protección indispensable, obligó a suspenderlo.

Desde finales de diciembre de 2019, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Evelop Airlines y Air Nostrum, tienen la concesión del contrato para llevar a cabo los vuelos de deportación. El acuerdo alcanzado con el Ministerio de Interior es por 9,9 millones de euros y tiene una duración de 18 meses.

Entre 2014 y 2019 las empresas que llevan a cabo los vuelos de deportación se han repartido 45,6 millones de euros

En los últimos cinco años, el preciado botín que significan estas prácticas ha ido alternando entre esta UTE y el acuerdo entre la recién rescatada Air Europa Líneas Aéreas, Aeronova y Swiftair, las dos últimas encargadas del transporte de personas migrantes entre distintos puntos del territorio nacional.

Según la investigación de la Fundación Por Causa “El control de la migración, un oscuro negocio”, entre 2014 y 2019 estas empresas se han repartido 45,6 millones de euros destinados a estos vuelos.

Una nueva instrucción para seguir haciendo lo de siempre

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha reaccionado rápido a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que el pasado 8 de octubre dictaminó sobre los procedimientos sancionadores por encontrarse en forma irregular en territorio español, que debe existir una motivación de la sanción de expulsión, en atención a la concurrencia de elementos negativos o agravantes que justifiquen la proporcionalidad de la medida.

En tal sentido, la nueva Instrucción dictada el pasado 23 de octubre ordena dar “prioridad a la tramitación de aquellos expedientes sancionadores en los que por su naturaleza (concurrencia de elementos negativos, expulsiones cualificadas, infracciones muy graves, etc…) se proponga la sanción de expulsión”.

También establece que cuando se proponga sanción de expulsión por infracción al artículo 53.1a) de la Ley de extranjería, “se deberá motivar en el propio expediente sancionador dicha propuesta”, un extremo que hasta ahora no se producía y que propiciaba la arbitrariedad policial.

Entre otros “elementos negativos” que a entender del Ministerio de Interior motivarían un expediente de expulsión se enumeran: tener antecedentes penales o hacer sido detenido cometiendo un delito, invocar una falsa nacionalidad, la existencia de una prohibición de entrada anterior, carencia de domicilio y documentación, el incumplimiento de una salida obligatoria, y la imposibilidad de comprobar cómo y cuándo la persona ingresó a territorio español porque carece de documentación o del sello de entrada en su documento de viaje”.

Diferentes fuentes consultadas lamentan que entre las motivaciones de la nueva instrucción haya “demasiadas” cuestiones administrativas. “Es sabido que muchas personas migrantes tienen dificultad para empadronarse o han perdido el documento (papel) que se les entrega al llegar. En definitiva, son los mismos argumentos que durante mucho tiempo han sostenido las resoluciones administrativas de expulsión. No hay nada nuevo”, certifican.