Feminismos
Milei cierra el Ministerio de Igualdad y deja a las mujeres sin protección frente a la violencia machista

En Argentina, el Gobierno de Milei ha pasado de las amenazas a los hechos. Con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, no solamente se desarticula un entramado de políticas de protección a las víctimas de violencia de género, sino que se pasan por alto convenciones internacionales y legislaciones nacionales. Es el caso de la Ley 26.485, sancionada en 2009, de Protección integral contra la violencia hacia las mujeres, que establece que el Poder Ejecutivo debe tener un órgano rector para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. 

Con este cierre, Javier Milei cumple una de sus promesas de campaña y construye diferentes batallas culturales para ocultar los preocupantes índices económicos: según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) durante el primer trimestre de 2024 el índice de desocupación creció dos puntos con respecto a 2023 hasta llegar al 7,7%. Es en este contexto de vaciamiento estatal, en estos seis primeros meses ya se han producido 25.000 despidos de organismos estatales, según el Sindicato ATE (Asociación de trabajadores del Estado). De ese número, 600 corresponden al Ministerio de Mujeres: el 80% de su planta fue eliminada, en su mayoría profesionales de las Ciencias Sociales y con una relación laboral precaria, lo que significa que no cuentan con indemnización, sumado a que en Argentina, como en la mayoría de los países de América Latina, no existe un seguro laboral.

“Milei quiere volver a 1921 con la derogación de la ley del aborto”

Santiago Mayor

Argentina

Elizabeth Gómez Alcorta “Milei quiere volver a 1921 con la derogación de la ley del aborto”

Santiago Mayor

Ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad de Argentina durante el último gobierno, esta abogada feminista y por la defensa de los derechos humanos, desgrana la situación social y económica después de tres meses de Gobierno de Javier Milei.

Nazareno, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, tiene 30 años y acaba de ser despedido. Dice que desde que asumió Javier Milei lo supo y desde ese momento busca trabajo, pero aún no tuvo ninguna entrevista laboral. “Yo trabajé para el Estado por convicción. Empecé a trabajar como asesor del Programa Acompañar, una política del Ministerio que brindaba un plan integral [con ayuda económica] a las víctimas de violencia de género. Ahora este programa ya no sigue y desde que asumió el Gobierno no dieron respuesta sobre qué iba a pasar con las personas víctimas de violencia de género que estaban esperando que esta ayuda y asesoría les llegue. A modo personal, estos últimos meses para mí fueron una pesadilla: durante el verano funcionamos como una cooperativa: teníamos que gestionar el Ministerio sin respuestas y sin presupuesto, pero respondiendo a las demandas de las víctimas y a eso se le sumaba los constantes ataques y desprestigios que sufrimos por parte de los funcionarios actuales”. 

Una conquista colectiva (perdida) 

El Ministerio fue creado en diciembre del 2019, durante el mandato presidencial de Alberto Fernández y tuvo como primera ministra a Elizabeth Gómez Alcorta y luego Ayelen Mazzina. Anteriormente fue el Consejo Nacional de la Mujer creado en 1992. Sin embargo, las políticas de género y diversidades llegaron con más fuerza en los últimos 15 años. Durante el primer Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2009) se creó la línea 144 de asesoramientos, contención y derivación en casos de violencia de género que funciona —ahora con personal reducido— las 24 horas los 365 días del año y recibe 350 comunicaciones diarias. Recientemente fue absorbida por el Ministerio de Justicia, redujo su personal y su actual ministro, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que ésta iba a pasar a dar asesoramientos a “todos los argentinos que estén en situación de violencia y riesgo”, desconociendo las desigualdades estructurales de género. 

En Argentina, según la ONG feminista La Casa del Encuentro, desde enero de este año se registraron 127 femicidios. Si bien los femicidios no han descendido, con las diferentes políticas estatales se apuntó a la concientización y la contención de las víctimas. Uno de los programas que llevó a cabo esta política fue el Acompañar. Hoy hay 7.000 víctimas de violencia de género registradas a la espera de este programa, que brindaba una ayuda económica de meses a la víctima, no era necesario que lleve a cabo una denuncia judicial y contaba con un plan integral para poder salir de la violencia machista. 

“Ahora este programa ya no sigue y desde que asumió el Gobierno no dieron respuesta sobre qué iba a pasar con las personas víctimas de violencia de género que estaban esperando que esta ayuda y asesoría les llegue”, dice un extrabajador despedido

Claudia Perugio, abogada y ex directora del programa dice: “En tres años se acompañó y brindó ayuda a 352.000 mujeres víctimas de violencia de género, muchas en grado altísimo. Para que esta política se lleve a cabo en todo el país, se crearon 859 unidades de acompañamiento, porque en muchos lugares del país no existía un espacio con perspectiva de género para que la víctima pueda ser asistida. Toda este entramado de trabajo y contención está desmantelado y muchas de las personas que lo solicitaron quedaron a la espera y sin ayuda”, como le sucedió a María del Pilar Jiménez, víctima de feminicidio, el pasado 16 de junio, mientras se celebraba el Día del Padre. La mujer, de 43 años y madre de tres hijos, fue apuñalada por su pareja, Marcelo Cosme Sambran, un peón rural que luego se suicidó. Ocurrió en un camino vecinal, en el paraje tucumano de Árboles Grandes, muy cerca del límite interprovincial con Santiago del Estero. María había llenado la solicitud para ingresar al Acompañar meses atrás pero nunca fue incorporada. 

Barbará, psicóloga y despedida en diciembre del 2023, tiene 40 años y dos hijos pequeños, su tarea como analista de políticas públicas consistía en evaluar y analizar y derivar los diferentes casos de violencia de género del Programa Acompañar del norte del país, en las provincias de Misiones, Chaco y Formosa. “Hay muchas mujeres que la están pasando mal, sin ningún tipo de ayuda y muchas lograron animarse a denunciar o a pedir ayuda al Estado y esas víctimas tienen que volver a la casa con su agresor o se lo cruzan en el pueblo. Mi situación personal es compleja, porque pasamos el verano súper ajustado económicamente. Mi compañero, el padre de mis hijos, también trabaja en el Estado Nacional. Pagamos una hipoteca y sobrevivimos ajustando nuestra economía todo el tiempo”. Bárbara logró encontrar un nuevo trabajo en la comuna donde vive, pero sus ingresos bajaron a la mitad. 

Los feminismos se organizan

La batalla cultural, aquella que el Gobierno quiere llevar a cabo rompiendo lazos sociales y comunidad, mientras los feminismos siguen organizándose, no van a detenerse. Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), junto a otras organizaciones, se presentó una demanda por incumplimiento de leyes y tratados internacionales al Ejecutivo reclamando certezas sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir la violencia contra las mujeres. 

Las cocineras populares, quienes resisten en los territorios más aislados y conflictivos de Argentina y que el Gobierno dejó a sus comedores —muchos improvisados en sus casas— sin comida y dinero, refuerzan sus redes de cuidados y sus asambleas políticas alrededor de una olla popular, porque en Argentina, donde se ha desarrollado en las últimas décadas un feminismo popular, en las calles, en los clubes, en las villas y en los espacios sindicales, el pensamiento —y la acción— política se respira. 

El teléfono de atención a la violencia de génera pasará a ser un número para dar asesoramientos a “todos los argentinos que estén en situación de violencia y riesgo”, desconociendo las desigualdades estructurales de género

En paralelo al desguace de las políticas de género, las periodistas argentinas han llevado a cabo una denuncia colectiva sobre las prácticas machistas de acoso sexual que durante 30 años el conocido periodista de política internacional Pedro Brieger —parte del grupo Puebla— ejerció sobre colegas y alumnas menores de 30 años que empezaban sus carreras profesionales. Pidieron capacitaciones en los lugares de estudio y de trabajo donde sucedieron los hechos, se le pidió al agresor que se disculpara públicamente —cosa que finalmente hizo—, y se pidió legislación concreta para el acoso sexual en ámbitos laborales, aunque en Argentina está vigente y con carácter de ley. En el país la Convención 190 de la Organización Internacional del Trabajo aborda la violencia y el acoso sexual en lugares de trabajo. Se mencionó, también, que las lógicas punitivistas no conducen a la concienciación y se visibilizó el silencio por parte de compañeros, colegas y resto de la comunidad cercana al periodista que “se sabía, pero no se decía nada”. “Esto era un silencio a voces”, decían. 

En cuestión de semanas, además, el exgobernador peronista de la provincia de Tucumán, José Alperovich —un hombre poderoso de la política y en la economía— fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual a su sobrina, una causa que fue acompañada y gestionada por la justicia y la comunicación feminista, en otro ejemplo de justicia y luchas que el movimiento social despliega al mismo tiempo que el Gobierno de Milei recorta derechos.