Universidad
Robo de cerebros: el colapso de la investigación pública

En su último libro, Llega el monstruo. Covid-19, gripe aviar y las plagas del capitalismo, Mike Davis concluía recordándonos la necesidad existente en nuestras actuales sociedades de poner la “ciencia al mando”. Una necesidad que “no requiere la supresión de la democracia” sino todo lo contrario, esto es, la necesidad de reconocer junto a la misma “la importancia crucial de las organizaciones de base y de su preparación” científica, técnica y política. La postura adoptada por Davis coincide en lo fundamental con el llamamiento realizado por la Coordinadora de Investigación y Universidades de la CGT en su convocatoria a la huelga del 21 de Octubre del personal investigador técnico docente. En ella se afirmaba la necesidad de “desarrollar un sistema de financiación totalmente público y controlado por aquellos que hacen funcionar la universidad y los centros de investigación: investigadores, técnicos, profesorado, PAS y estudiantes”.

A este respecto, resulta crucial comprender que el principal problema de la investigación en nuestras universidades no consiste únicamente en la simple infra-financiación de las mismas, sino en el actual modo “público-privado” de producción, distribución y consumo del conocimiento, de tal forma que un simple incremento en el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a la investigación no solucionará los graves problemas sistémicos que condicionan la aplicación material, democrática y eficiente del conocimientos producido por la comunidad científica.

Por supuesto, la actividad investigadora en España está completamente infra-financiada en relación con el resto de países europeos y de la OCDE. Concretamente, la inversión pública en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) de nuestro país ha caído un 30% en los últimos diez años, dedicándose únicamente el 1,2% del PIB frente al 2% en el que se sitúa la media europea. Del mismo modo, la precarización del trabajo de investigación y formación de investigadores ha llegado a una situación completamente insostenible en la que los y las becarias llegan a cobrar alrededor de 500 euros al mes, trabajando sin ninguna expectativa ni mínima seguridad sobre su futura situación laboral. Además, en el caso de que tengan intención de desarrollar una carrera académica en España, el futuro que les espera es el de entre 5 y 10 años trabajando como (falso) “profesor asociado” hasta que, con suerte, logren un contrato a jornada completa en la Universidad. Esta situación ha provocado una continua “fuga de cerebros” por la que gran parte de las personas con alta formación académica —graduados y doctorados— decide emigrar a otros países en busca de mejores condiciones laborales.

Si bien este es uno de los grandes problemas de la investigación científico-técnica en España que debemos solucionar, la gran atención mediática que ha empezado a obtener en los últimos años ha contribuido a silenciar el debate público sobre las condiciones estructurales en las que se desarrolla la producción de conocimiento en nuestras sociedades.

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PROPIEDAD INTELECTUAL DEL CONOCIMIENTO

Más allá de las leyes de patentes industriales y modelos de utilidad (Ley 24/2015), las últimas tres décadas han visto un incremento sin igual en la aplicación de las leyes de propiedad intelectual (RDL 1/1996). Un aumento sin duda alguna coincidente con la revalorización del conocimiento inmaterial debido al auge de las sociedades de la información y el desarrollo de las tecnologías de comunicación. En un mundo en el que cualquier persona del planeta se vuelve un posible consumidor del conocimiento producido en cualquier otra parte y existe la infraestructura material necesaria para poder darle acceso de forma instantánea, las leyes de propiedad intelectual devienen la clave de bóveda del poder económico y político.

Si bien esta es una cuestión que afecta directamente a la producción de conocimiento, es importante recordar que no se reduce exclusivamente a la misma, sino que forma parte de una nueva revolución histórica de las relaciones de producción en general. En las sociedades agrarias que han caracterizado la mayor parte de la historia, la clave de bóveda con la que tratar de controlar las relaciones de producción fueron las reformas agrarias. Las grandes Constituciones de Solón o Pericles en las que basamos el mito occidentalocéntrico de la polis griega, en realidad no fueron más que reformas agrarias destinadas a vincular una serie de derechos políticos con la propiedad de la tierra. Por su parte, gran parte de las luchas de clases propias de las sociedades industriales tuvieron al urbanismo y la movilidad urbana como herramientas clave con las que tratar de controlar las nuevas relaciones de producción hegemónicas, entonces concentradas en las metrópolis. No por nada, el escrito más famoso del arquitecto más famoso de la primera mitad del siglo XX (Le Corbusier) se titulaba “Arquitectura, o Revolución” (1923). En la actualidad, las leyes de propiedad intelectual están ejerciendo el mismo papel que las reformas agrarias y/o urbanísticas cumplieron en el pasado, esto es, la de establecer las normas estructurales que determinan el funcionamiento y control de los medios de producción hegemónicos en un momento dado: la propiedad del suelo rural en las sociedades agrarias, el control de las infraestructuras de movilidad material en las sociedades industriales, y el intercambio y aplicación del conocimiento inmaterial en las sociedades de la información.

El problema de la investigación científica en España no puede reducirse a su infra-financiación. Es un problema estructural que depende del modo de producción del conocimiento.

Concretamente, en el ámbito de la investigación, tanto en España como en el resto del mundo, los productores directos del conocimiento (las personas concretas que se dedican a investigar y que mejor conocen el potencial valor de uso de los conocimientos que producen o necesitan) poseen únicamente los “derechos morales” de propiedad intelectual, pero no los “derechos de explotación”. Estos últimos son los que incluyen el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y/o cualquier otra forma de disfrute o aprovechamiento del conocimiento. En cambio, los “derechos morales” quedan reducidos a los meros “derechos de autoría”, esto es, a la obligación de citar el nombre de los autores en cualquier empleo mercantil en el que se ejerzan los derechos de explotación.

ROBO DE CEREBROS Y EXPROPIACIÓN DEL GENERAL INTELLECT

Uno de los principales problemas estructurales en el actual sistema de producción del conocimiento radica en que los propietarios de los derechos de explotación no son sus productores directos (los investigadores), pero tampoco los centros en los que trabajan y que les pagan un sueldo, normalmente financiado de forma pública mediante impuestos junto a lo aportado por las matrículas de los estudiantes, en caso de que los haya.

Los actuales propietarios del conocimiento producido por los investigadores son grandes grupos editoriales como Taylor & Francis, Routledge, JSTOR o Springer, dueños de las revistas científicas en las que los investigadores están obligados a publicar sus resultados de investigación si quieren poder acceder a un trabajo estable en la universidad. En el caso de España, este acceso depende obligatoriamente del logro de las acreditaciones, estatales o autonómicas, que permitan a los investigadores poder presentarse a los concursos públicos en los que se sacan las plazas para sus posibles puestos de trabajo. En cualquiera de los casos, el principal mérito valorado es el número de artículos publicados en revistas científicas indexadas en el primer cuartil (Q1) de los principales ránkings de revistas científicas publicados por agencias nacionales o internacionales de calificación como Web of Science, Scimago, Scopus o el FECYT.

No nos encontramos ante una simple fuga de cerebros. El problema fundamental es el robo de cerebros que se produce con cada nueva publicación en una revista de “primer cuartil”.

Se produce de este modo una situación absolutamente vergonzosa por la cual el conocimiento producido por una comunidad científica financiada pública y localmente (impuestos + matrículas) queda en propiedad de unas agencias (normalmente) internacionales que ceden a otras universidades y centros de investigación el acceso a dichos conocimientos (¡a veces incluso producidos por esas mismas entidades en el pasado!) a cambio de costosas licencias. En caso de que seas un usuario individual que pretende investigar de forma alternativa al circuito universitario, únicamente podrás acceder al conocimiento publicado en sus revistas artículo a artículo (siendo el precio habitual de cada uno entre 20 y 40 dólares) o revista a revista (siendo el precio anual de suscripción a cada una entre 80 y 100 dólares), pero sin poder obtener acceso general a todo el repositorio. Por su parte, en caso de que los investigadores decidan no publicar sus investigaciones en revistas que no ofrecen sus contenidos de forma open access verán drásticamente reducidas la cantidad de revistas Q1 en las que poder publicar, dándose el caso de que pueda no existir absolutamente ninguna en su área de especialización. Lo cual les impediría automáticamente poder lograr las acreditaciones necesarias para presentarse a los concursos públicos de contratación.

La increíble fuerza de los intereses políticos y económicos existentes en establecer un férreo control de la producción y distribución del conocimiento según las actuales leyes de propiedad intelectual quedó más que patente durante el paradigmático caso de Aaron Swartz al final de las posteriormente denominadas como Hacker Wars. Hacktivista (que no hacker) e investigador de la universidad de Harvard, Swartz fue arrestado y acusado de irrupción en la propiedad, hurto mayor, acceso no-autorizado y nueve delitos más sancionados en su conjunto con una pena máxima de 50 años de prisión y multa de cuatro millones de dólares por desarrollar y utilizar un script con el que descargó de forma automatizada 4,8 millones de artículos y documentos propiedad de JSTOR. Lo más asombroso de todo, sin embargo, es que el propio Swartz, en tanto que personal investigador de la Universidad de Harvard, tenía acceso abierto para realizar dichas descargas gracias a la licencia de acceso que la universidad de Harvard pagaba a JSTOR, lo cual obligó a la fiscalía a incluir en la denuncia “la intención” de compartirlos en otros sitios de descargas pese a que no existía ninguna evidencia de ello. Como resultado de la presión a la que fue sometido durante el proceso, Swartz, “el chico de internet”, se ahorcó en su apartamento el 11 de enero de 2013 a los veintiséis años de edad.

En un sistema como el descrito, aumentar la financiación en I+D por supuesto que podría contribuir a paliar las vergonzosamente precarias condiciones laborales del personal investigador, pero a menos que dicho aumento de financiación vaya precedido de una reforma estructural de las actuales condiciones de producción y distribución del conocimiento orientadas a implementar el empoderamiento democrático de sus usuarios y destinatarios finales, únicamente funcionará como un mero acelerador de los ciclos de producción capitalistas que se han adueñado de aquellas instituciones (las universidades) que al menos en su discurso siempre tuvieron como principal objetivo garantizar una libre producción de conocimiento válido y accesible para todos. Es decir, universal.

Desde este punto de vista, el principal problema de nuestro actual sistema de investigación no es la simple “fuga de cerebros”, sino el “robo de cerebros” que se produce como expropiación legalmente sancionada de cada conocimiento producido en común por el General Intellect descrito por Marx y Negri cada vez que sus resultados son publicados en una revista Q1. Frente a este problema necesitamos urgentemente reivindicar un acceso universal al conocimiento producido en común mediante una reforma estructural y absoluta del sistema universitario y de investigación científica, así como de sus procedimientos de acreditación y evaluación del personal docente investigador. Sin esta reforma, todos los intentos de instituir espacios de investigación científica alternativos como Uninómada, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas o cualquier otro posible espacio de conocimiento cuyas publicaciones no estén indexadas en los principales repositorios de acreditación de la “calidad” científica quedarán condenados a una posición subalterna completamente silenciada, e incluso en riesgo continuo de ser criminalizada. Pues no nos olvidemos de la gran sabiduría contenida en aquella famosa sentencia en la que Lenin afirmó que cuando los ricos le quitan lo suyo a los pobres lo llaman negocio, pero cuando los pobres tratan de recuperar lo que aquellos les quitaron lo llaman violencia, o robo.

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