Precariedad laboral
Organizaciones No Gubernamentales: La excusa de la solidaridad

En una vida anterior fui trabajador por cuenta de diferentes Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) desarrollando tareas como técnico de proyectos. Este periodo, que se extendió por un tiempo aproximado de seis años, me permitió tener toda una suerte de vivencias que, combinadas con mi condición de operador jurídico, propician que el análisis que ejecuto se lleve a cabo con conocimiento de causa.

Si hacemos una fotografía del sector podemos afirmar que son denominadores comunes en las ONGD y por extensión de las ONG, todas bajo la forma jurídica de asociación o fundación:

• Fraude contractual: la dinámica de contratación de las organizaciones se configura a partir de suscripción de contratos por obra y servicio (modelos 401/501) o eventuales por circunstancias de la producción (402/502) si bien el objeto de los mismos no respeta los requisitos establecidos en el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores. La lógica que marca la celebración de los mismos no es otra que el ciclo de proyecto aunque el trabajo desarrollado por la persona en cuestión sea a todas luces estructural e inherente a la labor desarrollada por la entidad y en ningún caso sujeta a la supuesta temporalidad que justifica estos contratos precarios.
• Jornada laboral: las personas laboran, como regla general, excediendo la jornada y horario consignados en sus contratos de trabajo y en virtud de los cuales están siendo retribuidas y cotizan a la Seguridad Social. Prevalece en cualquier caso el compromiso de la persona con la causa o la obligación impuesta por la empleadora de cara a alcanzar unos objetivos que no están en ningún dotados con los recursos necesarios (eficacia - eficiencia).
• I Convenio de Acción e Intervención Social: el 13 mayo de 2015 fue suscrito este convenio colectivo por los sindicatos mayoritarios y las asociaciones empresariales del sector el cual es aplicable a un amplio espectro del tercer sector. La falta de adhesión a este convenio colectivo y de cumplimiento efectivo al mismo implican, necesariamente junto a los factores antes indicados, la negación de los derechos de estos trabajadores y trabajadoras, lo cual se traduce en una pérdida ostensible de poder adquisitivo presente (salario) y futuro (prestación por incapacidad temporal y permanente, jubilación).

Esta contextualización parte de las conclusiones del seminario bajo el título “realidad y retos laborales en el Tercer Sector andaluz” implementado por CCOO en 2016 con la participación de 22 entidades del tejido asociativo andaluz además de mi propia experiencia personal como antes indiqué desde mi visión como jurista.

Las propuestas enfocadas a contrarrestar este panorama de precariedad laboral, quizás estén directamente relacionada con la casuística que provoca la misma, siendo simultáneamente causa y consecuencia.

En primer lugar, señalar el papel crucial que desarrollan los financiadores en este sector. Salvo excepciones, las ONG se financian principalmente a partir de subvenciones de Administraciones Públicas a las que acceden a través de procedimientos en concurrencia competitiva. La financiadora en cuestión otorga una cantidad fija en un pack que sufraga tanto la construcción de fosa séptica en una comunidad de Honduras, por ejemplo, como el salario de la persona que hace el seguimiento del proyecto en cuestión en la sede de Sevilla. Pues bien, en la solicitud de financiación que se presenta a la convocatoria de subvenciones no se contempla ni el salario previsto en el Convenio de Acción e Intervención Social ni las horas reales de trabajo a emplear ya que ante el decremento de recursos destinados a este sector la necesidad de las entidades de tener chicas y chicos para todo determina la supervivencia de la propia organización. Es por tanto, que las Administraciones Públicas son quienes generan de base esta situación por no establecer en sus propias convocatorias de subvenciones que los salarios se adecuen a la norma convencional de aplicación.

En segundo lugar, la existencia de delegados y delegadas de personal y comités de empresa es aún muy reducido si lo comparamos con otros sectores productivos, lo que evidencia una escasa cultura sindical. Es quizás ésta una herramienta necesaria para las personas que trabajan por cuenta de las entidades sin ánimo de lucro ya que en las mismas se desarrollan dinámicas de explotación laboral similares a las que imperan en cualquier pequeña y mediana empresa del mercado laboral andaluz.

Concluir por tanto que la actual situación no es sino producto de la inacción de las propias personas afectadas quienes tampoco han tenido el apoyo de los sindicatos para no ya conquistar derechos sino para minimizar los efectos de unas agresiones patronales que tienen como excusa la "solidaridad".