Educación
Steilas advierte de que la ley educativa responde al “espíritu privatizador” del Gobierno vasco

Destaca que el Proyecto de Ley de Educación del País Vasco contiene 26 veces el concepto “contrato programa”, mientras que no ofrece “cambios sustanciales” para el euskera.
Jokin Bildarratz, consejero de Educación 1
Jokin Bildarratz, consejero de Educación, durante la presentación del proyecto de Ley de Educación del País Vasco. Foto: Irekia

El Proyecto de Ley de Educación del País Vasco contiene 26 veces el concepto “contrato programa”. Es uno de los más repetidos en el texto y significa que los centros, tanto públicos como privados, deberán competir entre sí para conseguir una mayor financiación, que justificarán en base a su modelo de innovación educativa y pedagógica. El sindicato mayoritario entre el profesorado de la red pública, Steilas, es claro en su valoración: advierte de que el texto “responde al espíritu privatizador del Gobierno vasco” y que, por tanto, se inserta en la “lógica neoliberal”, secundada también por los partidos que “apoyan esta aventura”. 

El sindicato también alerta de que el texto sigue sin dar pasos concretos para luchar contra la segregación, el problema de fondo que genera tensión entre ambas redes —el índice socioeconómico del alumnado de la concertada es más alto que el de la pública—. 

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Sobre el euskera, Steilas indica que el proyecto ley no ofrece “cambios sustanciales”. “Reconoce su carácter como lengua minoritaria y minorizada, pero sigue sin existir obligatoriedad para que sea lengua vehicular en todos los centros educativos, es decir, siguen sin darse pasos hacia un modelo de inmersión” y apunta que “será difícil que los centros concertados sean laicos, gratuitos o euskaldunes, ya que se debe respetar la identidad del centro”, como remarca el texto legal.

El sindicato nombra una cuarta crítica en relación a la creación de un Consejo Asesor sobre condiciones laborales. “Esta entelequia, con cuestionable encaje legal, es un claro ejemplo de lo que pretende la ley: negociar los derechos de las y los trabajadores de la escuela pública y privada en la misma mesa”. Algo que solo tendría sentido en casos de publificación de un centro, y la consiguiente subrogación de la plantilla. 

El proyecto de ley, asegura Steilas, blinda a la privada y permanece inamovible a las reivindicaciones de la red pública, pero “constituye un marco legal para los decretos de planificación, admisión y conciertos económicos”. “Hace tiempo que el objetivo de este Gobierno está claro: blindar la red educativa concertada ante la bajada de la natalidad. Ahora solo queda ver qué opinan quienes conforman el arco parlamentario”, concluyen.

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El euskera, el Estatuto, la Lomloe y el proyecto de ley

Al igual que con la segregación y la red dual, los partidos políticos no nombran con claridad el otro problema de fondo para la redacción del proyecto de ley educativa del País Vasco: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obligaba a la Generalitat a que el 25% de las materias impartidas en los centros escolares del territorio fuera en castellano, a pesar de que en la última norma estatal, la Lomloe, desapareció la mención de que el castellano fuera lengua vehicular de la educación en todo el Estado. Por este motivo, Esquerra Republicana de Catalunya votó a favor de la Lomloe —el PdeCat votó en contra—. 

Concretamente, el artículo 89.1 de la Lomoe dice: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”.

Al igual que con la segregación y la red dual, los partidos no nombran con claridad el otro problema de fondo para la redacción del proyecto de ley educativa del País Vasco: la sentencia del TSJC que obligaba a la Generalitat a que el 25%

El Estatut de Catalunya, el artículo 6 señala que la “lengua propia de Catalunya es el catalán”, por lo que es la lengua de uso normal y preferente en las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos, “y es también la normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”, añade. Tras la sentencia del TSJC, el Govern de la Generalitat publicó el decreto ley 6/2022 con un nuevo marco legal que “prioriza” que los centros se adapten a su “entorno sociolingüístico” y cuyo objetivo sea que el alumnado consiga al final de la enseñanza obligatoria el dominio oral y escrito de ambas lenguas.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco no es preciso como el catalán y no incluye al euskera como lengua vehicular en la enseñanza

El Estatuto de Autonomía del País Vasco no es preciso como el catalán. No nombra la enseñanza y el artículo 6.1 señala que el euskera es la “lengua propia”, por lo que tiene carácter oficial en Euskadi y “todos sus habitantes tienen el derecho a conocerla y a usar ambas lenguas”, en referencia al castellano, pero desde que la ley de 1983 estableciera los modelos lingüísticos en la enseñanza, la implantación del aprendizaje en euskera ha aumentado hasta ocupar una posición hegemónica, sin conflictos sociales relevantes.

La sentencia del TSJC está recurrida y el proceso se encuentra ahora en el Tribunal Constitucional. Se ocupaba la magistrada Laura Díez, propuesta por el Gobierno español, y jueza que firmó los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya —era su vicepresidenta— favorables a no imponer ese porcentaje en las aulas. Díaz se mostró partidaria de que los centros establecieran los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos. Pero en enero de este año ha indicado que se abstendrá de pronunciarse sobre la sentencia del 25% en el TC.

Catalunya funcionaba hasta 2022 por inmersión lingüística; el País Vasco por modelos lingüísticos desde 1983: A (todo en castellano), B (alterna castellano y eusksera) y D (todo euskera). El modelo A y B disminuyeron paulatinamente y son los modelos mayoritarios en los centros privados (del Opus Dei) y están presentes en algunas escuelas concertadas religiosas. Concretamente, en la CAV 95 centros ofrecen el modelo A, 190 el B y 896 el D, según los datos del Departamento de Educación.

Pero la realidad sociolingüística de la CAV ha cambiado en las últimas dos décadas y a la red de enseñanza se han incorporado alumnos y alumnas que no solo deben aprender euskera, sino también castellano, además de inglés. Para conseguirlo, más que voluntad por parte de los niños, las familias y el profesorado, se requieren recursos económicos para la contratación de más profesorado de refuerzo. El proyecto de ley no lo aborda de esta manera. Por una parte, indica que elaborará un Pacto contra la Segregación y, por otra, da potestad a los centros en diseñar su propio modelo lingüístico, como el decreto catalán, y solicitar recursos a través de los contratos programa. 

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