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Derechos reproductivos
Aborto en Argentina: balance de una conquista
El pasado 30 de diciembre las feministas argentinas obtuvieron en las leyes lo que habían durante años peleado en la calle, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Atrás quedaban años de lucha e intentos fallidos. Por delante, hacer cumplir la ley, frente a un importante sector anti-derechos que no va a dejar fácilmente la lucha.
“Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo”. Con estas palabras de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández, se anunció el giro de la historia. A las 04.12 de la madrugada del 30 de diciembre de 2020, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, y tras una votación de 12 horas, Argentina finalmente despenalizó y legalizó el aborto.
Y entonces el grito de la marea verde apostada en las calles de todo el territorio se hizo eco en el mundo. El aliento contenido durante décadas de batallas contra mandatos jurásicos se transformó en el remolino de esperanza de un continente. La fecha histórica que culminó una historia de desobediencias.
“Fue un día histórico porque lo ganamos con múltiples y creativas alianzas. Porque la política feminista se hace de persistencia y este gran evento legislativo confirmó la justeza de nuestro hacer y nos apodera para seguir complotándonos por todo lo que nos deben. Fue histórico porque impactará en América Latina y el Caribe”. La que habla es Ruth Zurbriggen, integrante de Socorristas en Red, una articulación federal de organizaciones que desde 2009 acompaña la demanda de abortos seguros mediante el uso de misoprostol.
“Fue un día histórico porque lo ganamos con múltiples y creativas alianzas. Porque la política feminista se hace de persistencia y este gran evento legislativo confirmó la justeza de nuestro hacer”
Porque las mujeres abortan, con o sin ley. Hoy y en todos los tiempos y en todas las tierras. Pero algunas, muchas, mueren con sus cuerpos invadidos de precariedad clandestina.
Crónica de una resistencia anunciada
El contexto de pandemia atrasó los planes y recién en noviembre de este año el presidente argentino Alberto Fernández envío al Congreso un proyecto propio de ley de “Regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto”.
Una enorme porción del país esperaba el anuncio, con el mismo tesón que el resto azuzaba para posponerlo. Había sido promesa de campaña. Un compromiso público frente a la Asamblea Legislativa a principios de 2020. Y la primera vez que en Argentina un primer mandatario retomaba una gran demanda de los movimientos feministas: ampliar derechos para que todas las personas gestantes puedan decidir de manera autónoma sobre sus cuerpos.
“La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública”, dijo Fernández en un mensaje de video a través de su cuenta de Twitter el día de la presentación.
El Poder Legislativo en Argentina es ejercido por el Congreso Nacional compuesto por dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores. Ambas se reúnen en sesiones ordinarias que se extienden hasta el 30 de noviembre de cada año. El Poder Ejecutivo, igualmente, está habilitado a convocar a sesiones extraordinarias con un temario a tratar. Esta facultad permitió, de refilón, que el aborto legal, seguro y gratuito quedara incluido en la agenda parlamentaria 2020.
La hoja de ruta se inició en Diputados: tres jornadas de exposiciones, más de 70 voces de especialistas a favor y en contra de interrumpir un embarazo hasta la semana 14. Con 131 votos positivos, 117 negativos y 6 abstenciones, el 11 de diciembre se obtuvo media sanción bajo una atenta vigilia popular en las aceras durante las 22 horas de sesión.
El resultado en Diputados fue el pase a debate en la Cámara Alta y al temido déjà vu de 2018, cuando el aborto se frenó en el Senado. Ese espacio de representación de las provincias al que dan forma (más) senadores y (menos) senadoras con un promedio de edad de 57 años. La estructura de la política vetusta.
“Las provincias del norte siempre están a la cabeza de las resistencias a la ampliación de derechos porque, entiendo, acá tienen un maridaje más potente los poderes de gobierno y las Jerarquías Eclesiásticas”
“Las provincias del norte siempre están a la cabeza de las resistencias a la ampliación de derechos porque, entiendo, acá tienen un maridaje más potente los poderes de gobierno y las Jerarquías Eclesiásticas. No es casual que hayan vaticinado la judicialización de la ley en pleno tratamiento o que hayan puesto en práctica performance políticas como bandera a media asta por duelo en algunos municipios. Tampoco es casual que sea en las provincias del noroeste y del noreste argentino donde están las cifras más altas de fecundidad adolescente: un promedio de 2 de cada 10 nacidos vivos tiene como madre a una menor de 19 años. Eso muestra que se ingresa a la ciudadanía con la maternidad y que la feminización de la pobreza es una política de Estado que se promueve a falta de educación sexual integral, mezquinando anticoncepción y negando abortos legales”. Soledad Deza habla desde el mismo norte conservador. Es abogada feminista y de Tucumán: algo así como la doble generala.
La rosca política no descansó ni en Navidad. El intenso trabajo de acuerdos/tires-aflojes-y negociaciones del oficialismo y los feminismos durante los días previos a la maratónica sesión del 29 y 30 de diciembre en el recinto fue clave para inclinar la balanza del poroteo ─término “argento” que inventamos para referirnos al conteo de votos─ y evitar que el proyecto rebote.
Con el derecho adquirido, la foto final de la votación insiste en clarear la grieta de colores que atraviesa el país ─un sur muy verde con un norte muy celeste─ y dónde, seguramente, habrá que dar las disputas más duras para que la norma no sea solo papel mojado.
Oriunda de Salta, la abogada Mónica Menini sabe con qué bueyes se ara y se milita: “El patriarcado machista está instalado en nuestras provincias del noroeste y del noreste. Las mismas provincias que votaron en contra de la IVE, las mismas provincias en las que las niñas son obligadas a parir y donde las internaciones por complicaciones de aborto son de las más altas. El cambio en la legislación es una herramienta enorme de concientización y empoderamiento de mujeres y personas gestantes, pero el camino de la implementación ya sabemos que está lleno de obstáculos. Lo sabemos porque lo vivimos y sufrimos con las interrupciones legales por causales, por el siempre complicado acceso a métodos anticonceptivos y por la falta de educación sexual integral en las escuelas y colegios secundarios. Pero tenemos cómo y con qué activar la implementación de la ley. No todo está mal. Tenemos activismo en cada rincón de las provincias porque hemos territorializado nuestra causa y abierto puentes con las más jóvenes, en un trasvasamiento generacional que nunca antes habíamos logrado”.
“El cambio en la legislación es una herramienta enorme de concientización y empoderamiento de mujeres y personas gestantes, pero el camino de la implementación ya sabemos que está lleno de obstáculos”
Tsunami verde
Según el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla en inglés), durante las últimas décadas el mundo avanzó en la garantía del derecho de las mujeres al aborto con casi 50 países liberalizando sus legislaciones. En la actualidad, 970 millones de mujeres ─que representan el 59% de las mujeres en edad reproductiva─ viven en territorios que permiten ampliamente el aborto.Parte de las reformas han sido graduales, con supuestos que lo autorizan en determinadas situaciones. Muchos otros cambios fueron totales transformaciones que revocaron las prohibiciones absolutas del aborto en favor de la autonomía reproductiva de las mujeres.En América latina, el panorama es complicado: la mayoría de los países se reparten entre la prohibición sin excepciones y un abanico de causales. Sin embargo, la aprobación argentina envalentonó esperanzas de un coletazo en la región.
Así lo explica Mayra Gissela Soria Escobar, abogada penalista y experta en temas de violencia de género de Ecuador: “El impacto más grande que tuvo la decisión sobre el aborto en Argentina para Ecuador es social, porque es un reconocimiento a la lucha y a la constancia de las colectivas de mujeres. No importó que les dijeran que no, siempre siguieron con los procesos legislativos a pesar de las negativas. Ver cómo han luchado los movimientos feministas durante años y a partir de las bases es el mayor impacto. Saber que debes luchar, que se deben gestar procesos de participación ciudadana y construirlos con grupos.
En América latina, el panorama es complicado: la mayoría de los países se reparten entre la prohibición sin excepciones y un abanico de causales. Sin embargo, la aprobación argentina envalentonó esperanzas de un coletazo en la región.
Todo caló muy fuerte en la consciencia colectiva latinoamericana. Al punto de que al día siguiente de la votación apareció una convocatoria de una colectiva feminista ecuatoriana que decía: `Las pibas lo lograron, ahora les toca a las guambras´, que es un término Kichwa para hablar de nuestras mujeres jóvenes. Porque si ellas lo consiguieron y nosotras las acompañamos, el aborto también puede ser parte de nuestra realidad. Es como abrir paso en una selva y cada proceso que han vivido las mujeres en Argentina nos orienta a toda la región. Nos da esperanzas para no desanimarnos ni a conformarnos con lo que tenemos”.
En Perú, la quijotada verde posibilitó otros diálogos. “No se ha visto mucho en las noticias y los comentarios que se han hecho, también en las redes sociales, no han sido buenos. A pesar de ello, se ha puesto en los diálogos familiares y en algunas conversaciones. Las personas han estado hablando del tema. Y para nosotras, las activistas, es inspirador, es una referencia y la toma de consciencia de que se trata de un trabajo de largo aliento. Tenemos que continuar articulando e instalar el aborto en la agenda política y mediática del Perú. Sobre todo, de cara a las elecciones presidenciales en abril”, planifica Kelly del Sol, activista feminista de la Colectiva Audiovisual Mujer Dispara.
Lo que se viene
La ley de IVE marca una conquista feminista pero sobre todo un piso importante desde donde seguir machacando para la emancipación de los cuerpos de mandatos patriarcales. Al menos en lo formal, en estos sures se acabó el binomio reproducción-maternidad.Comienza, entonces, otra etapa: hacer frente a la contraofensiva antiderechos. Virulenta y con ganas de revancha.Cual jugada de ajedrez, Claudia Florentín, teóloga feminista y miembro de la Iglesia evangélica Valdense del Río de la Plata, anticipa nuevos (y peligrosos) movimientos: “Creo que hay que leer con atención las declaraciones post votación del presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, porque plantea que los legisladores y las legisladoras no representan a las provincias, ni el ‘sentir popular’. Están deslegitimando la representación política. Pero como saben que no pueden salirse del juego de la democracia apuntan a formar futuros gobernantes. Es decir, no se van a quedar quietos. Al contrario. Y cada vez más van a buscar deslegitimar a los y las representantes y van a empezar a ampliar su base política”.
Las cartas están echadas. Protagonizamos la revolución que necesitábamos. Nuestro derecho ya es ley… Lo haremos valer.