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Derechos Humanos
La dignidad en movimiento de las personas encerradas en la escuela Massana de Barcelona
El encierro de personas migrantes de la escuela Massana de Barcelona ya dura un mes. Reivindican el fin de la ley de extranjería y del decreto sanitario 16/2012. Cuenta con la participación de 400 plataformas y entidades de la sociedad civil.
“Se están construyendo los privilegios de las mujeres sobre los cuerpos de las mujeres migradas”, protesta la presidenta de la Asociación de Mujeres Latinoamericanas (Amalgama), Ana Camargo. Con el pelo oscuro y la mirada cálida, Camargo está sentada junto a otras tres compañeras que forman parte de la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, de las cuales un 70 % son migrantes.
La reunión no es en una cafetería o en una plaza, sino en la antigua escuela Massana, situada en Plaça Gardunya del barrio del Raval de Barcelona, donde las culturas se mezclan en cada callejón. Desde el 21 de abril este inmueble ya no está abandonado, sino que se ha convertido en el hogar de decenas de activistas que protestan por la constante vulneración de derechos y racismo que sufren las personas migradas.
El Encierro contra el racismo y por los derechos de los migrantes y refugiadas, que se ha extendido en el barrio de Poblenou y en la ciudad de Badalona —y que hasta el momento está permitido por el Ayuntamiento de Barcelona, que no ha desalojado el local— vuelve a poner en evidencia las desigualdades que afrontan las personas migradas y exige al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya y al Gobierno de España que empiecen a tomar partido con medidas gubernamentales efectivas.
El antecedente de esta protesta se remonta al 2001, cuando se produjo una movilización alrededor del territorio para reclamar derechos. La más destacada fue el encierro que tuvo lugar en la iglesia del Pi de Barcelona, que reunió a unas cuarenta personas. Aquella experiencia duró aproximadamente cuarenta días y finalizó con la regularización de los manifestantes.
Esta noche duermen un total de 25 personas en el local, explica Pedro, un hombre de ojos grises, pelo canoso y sonrisa amable que se encarga de que todo el mundo tenga una servilleta para comer, una taza de te caliente y un colchón para dormir.
Este venezolano de 59 años, que está acabando sus deberes de catalán, señala que algunos de los carteles de la manifestación que tendrá lugar este domingo 27 de mayo a las 12h en Plaça Catalunya están escritos en pakistaní, castellano y árabe para captar la atención de la población migrante. Con voz cansada y dulce, Pedro afirma que en el encierro está aprendido muchísimo, ya que hay más de diez nacionalidades conviviendo, pero que sobre todo espera que las autoridades escuchen y pueda conseguir su permiso de residencia sin necesidad de contrato.
De hecho, una de las exigencias del encierro, al cual se han adherido más de 400 entidades, es la derogación de la Ley de Extranjería, puesto que para la tramitación y la renovación de sus papeles exigen un contrato de un año y cuarenta horas semanales. Dado que en el contexto actual de precariedad laboral tener uno de estos contratos está fuera del alcance de una mayoría social, las personas inmigradas llevan más de diez años luchando por tener papeles sin contrato.
Otra de las demandas es retirar el examen para tener la nacionalidad, debido a que son muy difíciles de aprobar, lo que provoca que personas que llevan viviendo 20 años aquí no consigan su documentación. Además, recuerdan que ninguna administración tiene programas de alfabetización y estudios para las personas inmigradas los sábados y domingos.
Silencio de las administraciones
Pancartas de “No Somos Mercancía”, cartas enviadas a Delegado el Gobierno en Catalunya, Enric Millo, a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y al secretario de Migración de la Generalitat, Oriol Amorós, así como pegatinas de la feminista afroamericana Angela Davis decoran el espacio diáfano de la escuela.
La noche cae y el apetito se abre, y las mujeres que estaban sentadas en el sofá se disponen a cenar un pollo marroquí delicioso que sujetan entre las manos. Abdelaziz Naimi, un hombre de 52 años de mirada dulce y sonrisa acogedora, explica que el truco para conseguir que los sabores de las especias y el limón se mezclen con el pollo es dejarlo reposar toda la noche.
Abdelaziz, que ha sido manipulador de alimentos y plegador en una encuadernadora de libros, pero que desde la crisis ve muy complicado encontrar trabajo, está en el encierro para luchar para conseguir, entre otras cosas, el derecho a la sanidad pese a estar en situación irregular. El Real Decreto Ley 16/2012, promovido por el gobierno del Partido Popular, modificó el sistema sanitario público para dejar fuera de cobertura a las personas en situación administrativa irregular. Una medida que se ha seguido desigualmente en las distintas Comunidades Autónomas, pero que acrecienta la inseguridad de las personas migrantes.
Mientras el plato se vacía, la presidenta de Servicio Doméstico Activo, Carolina Elías, denuncia que faltan políticas con perspectiva de género que vayan más allá de la violencia machista, e insiste en la discriminación triple que sufre su colectivo por el hecho de ser mujeres, migrantes, y trabajadoras domésticas.
Uno de los objetivos que llevan tiempo persiguiendo es que el Gobierno de España ratifique el artículo 189 de la Organización Internacional del Trabajo declarado el 2011 en el que se insta a equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar con los de cualquier otra actividad laboral, decisión que de momento ha sido denegada por el gobierno actual porque la legislación del país es mejor, afirmación que las activistas desmienten. “No tenemos prestación de desempleo, ni de maternidad, ni de jubilación”, protestan.
Este colectivo había obtenido una pequeña victoria con la ley 1620/2011, en la que el Gobierno de España se comprometía a trabajar por la equiparación de los derechos laborales para las trabajadoras del hogar, pero en los presupuestos actuales esta la discusión se ha prorrogado hasta 2024 “sin que ningún partido ni asociación feminista que hubiese visto el borrador de los presupuestos las alertara”, lamentan.
Después de un intenso debate las activistas se van, pero el pequeño hogar, que seguirá ocupado de forma indefinida, acuna aún a varias personas que siguen conversando antes de ir a dormir. Este local, donde se han celebrado varias charlas, debates y asambleas, se ha convertido en un espacio de intercambio de ideas entre la población migrada pero también entre los vecinos y otros movimientos sociales, como la jornada del 4 de mayo en las que las mujeres del encierro convocaron a mujeres del movimiento feminista para tejer estrategias de forma conjunta.
Los bostezos aumentan y, justo antes de irme a dormir después de una clase intensiva de catalán, aprendo que en bambara, lengua que se habla en Mali, Guinea, Burkina Faso y Senegal, “I ni su” quiere decir “Buenas noches”.
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Toda mi solidaridad con los encerrados.
En esta ocasión, no podré participar en los encierros, pero estoy con vodotr@s.
Muchos ánimos y adelante.